El asesinato de Berta Cáceres continúa siendo un caso paradigmático de violencia contra personas defensoras del territorio. Su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca evidenció la colusión entre empresas, élites políticas y fuerzas de seguridad.
Diez años después, la justicia continúa incompleta y las responsabilidades estructurales siguen sin esclarecerse plenamente.
Contexto
El río Gualcarque corre entre piedras y árboles en el occidente de Honduras. Las mujeres lencas saben cuando lleva abundancia y cuando está herido. Para ellas, el río es la vida misma: sostiene la alimentación, la memoria, las curas. Así vivió y así defendió la vida Berta Cáceres. Desde el territorio concreto, desde las asambleas, desde la coherencia radical entre el que se piensa y el que se hace. Ella misma lo nombraba sin eufemismos:
“No es fácil ser una mujer al frente de procesos de resistencia indígena. En una sociedad increíblemente patriarcal, las mujeres están muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de alto riesgo, campañas sexistas y misóginas. Esto es una cosa que puede ejercer más influencia en la decisión de abandonar la lucha.” El 2 de marzo de 2016, alguien entró en su casa en La Esperanza y la mató. Diez años después, este crimen continúa hablando, y el que dice quiniela el presente como una exigencia política
Des de Entrepueblos acompañamos el proceso de denuncia y justicia desde hace diez años. Hemos trabajado junto a organizaciones hondureñas y redes europeas para situar este caso en la agenda pública, porque entendemos que la violencia que mató a Berta viajó con el capital. El modelo extractivo que necesitaba el río Gualcarque disponible, el territorio lenca desmovilizado y la voz de Berta silenciada, es el mismo modelo que financia bancos europeos, que opera a través de multinacionales con sede en Madrid o Ámsterdam, que sigue activo en territorios donde comunidades indígenas denuncian impactos ambientales y vulneraciones de derechos. La reciente decisión de Trump de levantar las sanciones al petróleo venezolano -abriendo el paso a empresas como Repsol- recuerda con urgencia que la transición energética corre el riesgo de reproducir las mismas lógicas contra los derechos humanos con etiqueta verde.
Hasta la raíz… de la impunidad.
Consulta la campaña completa Hasta la raíz: 10 años del asesinato de Berta Cáceres