El río sigue envenenado. Chevron sigue sin pagar.
Hay un río en la Amazonía ecuatoriana que lleva décadas enfermo, no por accidente. En la provincia de Sucumbíos, entre 1964 y 1992, la empresa Texaco -hoy Chevron- extrajo petróleo durante casi treinta años usando técnicas que ya entonces eran ilegales en su propio país de origen: piscinas abiertas de residuos tóxicos, vertidos directos en ríos y suelos, quema de gas sin control. Al marcharse, dejó más de 900 piscinas de desechos enterradas en la selva, 60.000 millones de litros de agua contaminada y territorios envenenados que hoy, tres décadas después, siguen registrando al menos 200 nuevos casos de cáncer cada año.
Las comunidades indígenas y campesinas de la zona -pueblos Siona, Siekopai, Cofán, Waorani, Kichwa, Shuar- no se resignaron. En 1993 presentaron su primera demanda judicial. Tres décadas después, en 2011, ganaron: la justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares para reparar el daño. La sentencia fue ratificada cuatro veces, hasta llegar a la Corte Constitucional. Cuatro instancias. Cuatro confirmaciones. Chevron no ha pagado un solo dólar.
Lo que ocurrió después es la historia que más importa entender, porque no es solo la historia de Ecuador. Es la historia de cómo las grandes empresas transnacionales han construido un sistema para no responder de sus crímenes.
Cuando la justicia gana pero no puede cobrar
Chevron sabía antes de que llegara el fallo que iba a perder en los tribunales ecuatorianos. Por eso, sistemáticamente, fue retirando sus activos del país. Cuando la sentencia llegó, lo único que quedaba de Chevron en Ecuador era una cuenta bancaria con 350 dólares. La organización que agrupa a los afectados, la UDAPT (Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco), intentó ejecutar la sentencia en Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. En todos los casos, los tribunales dijeron lo mismo: Chevron en cada uno de esos países es una empresa diferente, una subsidiaria distinta. Chevron Corporation -la matriz, la responsable- no tiene activos registrados a su nombre en casi ningún lugar del mundo. Los tiene repartidos entre más de 70 filiales constituidas en paraísos fiscales, precisamente para esto.
Y entonces, Chevron contraatacó. Utilizó los tratados de inversión internacionales para demandar al propio Estado ecuatoriano ante un tribunal arbitral privado, argumentando que el gobierno había cometido una «denegación de justicia» al no bloquear la demanda de las comunidades. En noviembre de 2025 ese tribunal le dio la razón: Ecuador fue condenado a pagar 220 millones de dólares a Chevron. No las comunidades afectadas. El Estado ecuatoriano, al que las comunidades llevan décadas exigiendo que ejecute la sentencia a su favor, terminó pagando a la empresa que las envenenó.
Sumado a un laudo anterior de 2014, Ecuador habrá entregado cerca de 400 millones de dólares a Chevron. Las comunidades siguen esperando los 9.500 millones.
El nombre del sistema: impunidad corporativa con apellido jurídico
Lo que ha pasado en Ecuador tiene un nombre técnico: ISDS, o sistema de arbitraje inversor-Estado. Es un mecanismo incluido en los tratados de inversión internacionales que permite a las empresas demandar a los gobiernos cuando consideran que sus beneficios han sido perjudicados. Nació, en teoría, para proteger a los inversores de expropiaciones arbitrarias. En la práctica, se ha convertido en el escudo jurídico del extractivismo global: una herramienta que pone los intereses económicos de las empresas por encima del derecho de los pueblos a un entorno sano, y por encima de las sentencias de los propios tribunales nacionales.
Este mecanismo no es exclusivo de Ecuador. Opera en tratados de inversión vigentes en Europa y en el Estado español. Las mismas lógicas que protegen a Chevron en la Amazonía ecuatoriana protegen a empresas con actividad en territorios latinoamericanos que, como sabemos desde la campaña Hasta la raíz, incluyen a empresas energéticas y financieras españolas.
La UDAPT y la lucha que no se detiene
La UDAPT lleva más de treinta años sosteniendo simultáneamente tres frentes: el legal, el de incidencia internacional y el comunitario. Más de 200 colectivos de todo el mundo respaldan su lucha. Cada año, en mayo, en torno al Día Anti-Chevron y la junta de accionistas de la empresa, organizaciones de todos los continentes coordinan acciones de denuncia. La UDAPT ha solicitado el embargo inmediato del crédito de 220 millones como compensación parcial para las comunidades, y hace tres años presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que establezca que los derechos humanos deben prevalecer sobre los intereses corporativos.
La pregunta que la UDAPT lleva décadas sosteniendo es sencilla y devastadora: ¿de qué sirve ganar en los tribunales si la empresa puede comprar su impunidad?
Qué puede cambiar: el Tratado Vinculante
La respuesta más concreta que existe hoy a esa pregunta está en negociación en Ginebra. Desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas trabaja en un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que obligue legalmente a las transnacionales a responder por sus daños, que rompa el velo corporativo entre matrices y subsidiarias y que garantice el acceso a la justicia para las comunidades afectadas. En octubre de 2026 se celebra su 12ª sesión de negociación, con Ecuador en la presidencia. Si ese tratado hubiera existido cuando Texaco operaba en Sucumbíos, las comunidades afectadas tendrían hoy otra historia que contar.
Los países del Norte Global, incluida la Unión Europea, han sido los principales frenos al avance de ese tratado, defendiendo marcos voluntarios frente a obligaciones vinculantes. La posición del Estado español en esas negociaciones es parte de lo que esta campaña interpela.
El río de Sucumbíos sigue enfermo. Las comunidades que lo defienden llevan treinta años sin rendirse. Hoy, Día Mundial de la Madre Tierra, presentamos el segundo de los cinco casos emblemáticos de la campaña Hasta la raíz, con la que Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte acompaña a lo largo de 2026 la lucha de quienes defienden territorios frente a la impunidad corporativa transnacional. Porque defender la tierra es lo que hacen cada día las comunidades de la UDAPT en la Amazonía ecuatoriana. Y entender cómo funciona el sistema que las condena a esperar es parte de lo que nos toca hacer desde aquí.