ALERTA HONDURAS. Violaciones a derechos humanos contra el pueblo Garífuna y otras comunidades indígenas y campesinas
20 Agosto 2026
#Alerta | HONDURAS | Desde el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, OFRANEH-Garifuna/Organización Fraternal Negra Hondureña desmiente el «falso diálogo» y la campaña mediática racista emprendida contra el Pueblo Garífuna.
La OFRANEH no acepta un supuesto diálogo que pretendía ser una trampa llevando a quienes han usurpado los territorios ancestrales del Pueblo Garífuna.
No se puede establecer un dialogo sobre algo que desde hace 11 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado de Honduras cuatro veces.
La exigencia es clara: la Corte Suprema de Justicia debe cerrar definitivamente la persecución pemal contra lxs cinco miembrxs de la comunidad de San Juan y cumplir con las Sentencias Internacionales.
¡El Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna continua!
La lucha de OFRANEH no es contra ningún otro pueblo hondureño. Denunciamos la incitación al odio y confrontación racial contra el pueblo Garífuna emprendida por la Corte Suprema de Justicia. Es absurdo que pretendan un diálogo con quiénes han violentado los derechos del Pueblo Garífuna para violentar lo que la Corte Interamericana ya resolvió: cuatro sentencias a favor del Pueblo Garífuna
La exigencia es clara: la Corte Suprema de Justicia debe cerrar definitivamente la persecución penal contra lxs cinco miembros de la comunidad de San Juan y cumplir con las sentencias internacionales.
¡El Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna continua!
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó hace 11 años al Estado de Honduras, no una, sino 4 veces.
El Pueblo Garífuna y la OFRANEH ganaron las sentencias de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y Cayos Cochinos. Los procesos de diálogo y discusión ya pasaron frente una corte internacional.
El papel del Estado y sus instituciones (como el Instituto Nacional Agrario) debe ser hacer cumplir lo que dictan las sentencias y no proteger los intereses de terceros, empresarios y megaproyectos turísticos.
La incapacidad del Estado para cumplir las sentencias es la evidencia de un plan de despojo y genocidio cultural contra el Pueblo Garífuna.
La exigencia es clara: el cierre definitivo el proceso penal contra lxs cinco miembros de la comunidad de San Juan y cumplan con las sentencias internacionales.
¡El Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna continua!
17 Agosto 2026
Durante la noche del 16 de agosto, ante la llegada de más personas provenientes de otras comunidades y movimientos, así como el cierre momentáneo de un pequeño tramo de la calle como medida de seguridad para el campamento, las autoridades hondureñas desplegaron un amplio contingente de policías. De acuerdo con información compartida desde el campamento, alrededor de 60 elementos de la policía y antimotines llegaron al lugar, acompañados de tanquetas, con la intención de desalojar el campamento.
La presencia policial continúa el 17 de agosto. Durante la mañana, un representante de la Policía Nacional solicitó nuevamente el desalojo del campamento. Hasta este momento, agentes de la Policía Nacional permanecen en los alrededores, generando un escenario de fuerte vigilancia, intimidación y riesgo para las personas que participan en esta acción pacífica.
OFRANEH ha señalado que desconoce quién ordenó la movilización de la fuerza policial y ha denunciado la presencia policial. El Campamento por la vida del Pueblo Garífuna instalado en el Campamento Feminista Viva Berta fue establecido por la organización en alianza con diversos movimientos sociales del país, como una acción de protesta pacífica para exigir al Estado hondureño el respeto de los derechos del pueblo Garífuna, en particular el cese de la criminalización de cinco personas defensoras de la comunidad de San Juan, Tela.
Desde Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte condenamos el asedio, la hostilidad y el despliegue desproporcionado de fuerzas policiales contra el Campamento Feminista Viva Berta. Recordamos al Estado hondureño que la protesta social pacífica constituye un derecho y que las personas defensoras y comunidades que ejercen este derecho deben poder hacerlo sin amenazas, intimidaciones ni acciones destinadas a criminalizar o desmovilizar sus demandas.
Demandamos al Estado de Honduras respetar y garantizar el derecho legítimo a la protesta de la comunidad Garífuna, de las organizaciones y de los movimientos sociales que acuerpan el campamento, así como abstenerse de cualquier acción de hostigamiento, intimidación o represión contra quienes participan en esta movilización.
Asimismo, instamos a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público a cerrar el proceso de criminalización contra las cinco personas defensoras de la comunidad Garífuna de San Juan, y a garantizar el respeto de los derechos colectivos del pueblo Garífuna y de quienes defienden su territorio.
Desde Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte nos mantenemos vigilantes ante la situación del campamento y hacemos un llamado a las organizaciones sociales, feministas, de derechos humanos y a la comunidad internacional a mantenerse atentas ante cualquier nuevo intento de desalojo o escalamiento de la situación.
10 de agosto de 2026
Más de 120 organizaciones internacionales y de Honduras, entre ellas Entrepueblos, hemos hecho llegar una carta a Wagner Vallecillo Paredes, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial de Honduras, para exigirle el cese inmediato y definitivo de la persecución judicial ilegal contra las cinco personas defensoras integrantes de la comunidad garífuna de San Juan y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) , que fueron criminalizadas tras el desalojo violento de la comunidad el pasado 6 de julio.
Esta criminalización se da en un contexto de intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas y está vinculada con la entrada en vigor de la “Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas», cuyo contenido amenaza la sobrevivencia de comunidades y pueblos, especialmente de aquellas que defienden la tierra y el territorio. Esta situación viene acompañada por una campaña de odio racial que ha ido creciendo contra el pueblo Garífuna
Puedes ampliar información sobre el tema en este enlace: https://entrepueblos.org/honduras-violaciones-dh-garifuna-comunidades/
Hoy también OFRANEH instala campamento «Por la Vida del Pueblo Garifuna» de forma indefinida frente a la Corte Suprema de Justicia. ¡Sobreseimiento para los defensores territoriales de San Juan Tela! ¡Cumplimiento sentencias casos Garífunas emitidas por Corte IDH!, emitiendo el siguiente comunicado.
6 de julio de 2026
El pasado 6 de julio, efectivos policiales acudieron a la comunidad garífuna de San Juan, Tela, para ejecutar un desalojo violento e ilegal. En este marco fueron detenidas arbitrariamente las cinco personas antes mencionadas, posteriormente fueron liberadas, sin embargo continúan bajo proceso judicial acusadas de manera infundada de “usurpación agravada” de su propio territorio.
El 15 de julio, cuando estaba prevista la audiencia inicial en el Juzgado de Letras Seccional de Tela, la jueza Norma Fuentes emitió una resolución mediante la cual se declaró incompetente para realizar la audiencia y remitió el proceso al Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada con sede en San Pedro Sula.
La jueza fundamentó el traslado bajo el argumento de que la comunidad de San Juan sería una organización de crimen organizado. Además de la gravedad y carácter infundado de esta alegación de la jueza, la remisión del proceso a un juzgado alejado del lugar de origen de las personas defensoras incrementa la vulnerabilidad y riesgo en los que ya se encuentran en este proceso de criminalización.
Es importante señalar que la persecución judicial ilegal no solo genera graves impactos para estas cinco personas defensoras, sino que amenaza también la legítima labor de defensa de derechos humanos que realizan como OFRANEH y comunidad organizada.
Al respecto recordamos que las comunidades garífunas organizadas en la OFRANEH son reconocidas nacional e internacionalmente por su labor de cuidado del medio ambiente y por favorecer condiciones de vida digna para sus habitantes en un contexto de abandono de las instituciones, desigualdad, pobreza y racismo.
Cabe señalar también que la criminalización de las cinco personas defensoras se da en un contexto de intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas y está vinculada con la entrada en vigor de la “Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas», publicada en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de junio de 2026 mediante el decreto 107/2026. El contenido de esta ley supone una grave amenaza para la sobrevivencia de comunidades y pueblos, especialmente de aquellas que defienden la tierra y el territorio.
Finalmente es fundamental recordar que las violaciones cometidas contra el pueblo garífuna de San Juan y sus derechos a la propiedad colectiva han sido reconocidos a nivel internacional mediante la Sentencia emitida en el 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En este sentido, la detención arbitraria y judicialización de las cinco personas integrantes de la OFRANEH constituyen violaciones flagrantes de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras. Constituyen además un incumplimiento de la Circular DGPN-(S/D)-No.009-2026 de la propia Policía Nacional que exceptúa de la aplicación de la ley referida a las Tierras Indígenas y Tribales según el Convenio 169 de la OIT.
Con base en lo anterior, Distinguido Magistrado, le solicitamos respetuosamente que tome todas las acciones necesarias para:
- Garantizar el cese inmediato de la persecución judicial ilegal contra las cinco personas defensoras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.
- Garantizar el debido y total cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH a favor del pueblo garífuna de San Juan que reconocen el derecho a la propiedad colectiva y condenan al Estado por violar derechos territoriales y culturales del pueblo garífuna y que ordenan asegurar la protección de líderes y lideresas.
- Prevenir cualquier otra situación de criminalización y violación de los derechos internacionalmente reconocidos a favor de la población de San Juan y demás comunidades garífunas.