HONDURAS. Violaciones a derechos humanos contra el pueblo Garífuna y otras comunidades indígenas y campesinas
El pasado 6 de julio, efectivos policiales acudieron a la comunidad garífuna de San Juan, Tela, para ejecutar un desalojo violento e ilegal. En este marco fueron detenidas arbitrariamente las cinco personas antes mencionadas, posteriormente fueron liberadas, sin embargo continúan bajo proceso judicial acusadas de manera infundada de “usurpación agravada” de su propio territorio.
El 15 de julio, cuando estaba prevista la audiencia inicial en el Juzgado de Letras Seccional de Tela, la jueza Norma Fuentes emitió una resolución mediante la cual se declaró incompetente para realizar la audiencia y remitió el proceso al Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada con sede en San Pedro Sula.
La jueza fundamentó el traslado bajo el argumento de que la comunidad de San Juan sería una organización de crimen organizado. Además de la gravedad y carácter infundado de esta alegación de la jueza, la remisión del proceso a un juzgado alejado del lugar de origen de las personas defensoras incrementa la vulnerabilidad y riesgo en los que ya se encuentran en este proceso de criminalización.
Es importante señalar que la persecución judicial ilegal no solo genera graves impactos para estas cinco personas defensoras, sino que amenaza también la legítima labor de defensa de derechos humanos que realizan como OFRANEH y comunidad organizada.
Al respecto recordamos que las comunidades garífunas organizadas en la OFRANEH son reconocidas nacional e internacionalmente por su labor de cuidado del medio ambiente y por favorecer condiciones de vida digna para sus habitantes en un contexto de abandono de las instituciones, desigualdad, pobreza y racismo.
Cabe señalar también que la criminalización de las cinco personas defensoras se da en un contexto de intensificación de la violencia contra las comunidades garífunas y está vinculada con la entrada en vigor de la “Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas», publicada en el Diario Oficial la Gaceta el 26 de junio de 2026 mediante el decreto 107/2026. El contenido de esta ley supone una grave amenaza para la sobrevivencia de comunidades y pueblos, especialmente de aquellas que defienden la tierra y el territorio.
Finalmente es fundamental recordar que las violaciones cometidas contra el pueblo garífuna de San Juan y sus derechos a la propiedad colectiva han sido reconocidos a nivel internacional mediante la Sentencia emitida en el 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En este sentido, la detención arbitraria y judicialización de las cinco personas integrantes de la OFRANEH constituyen violaciones flagrantes de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras. Constituyen además un incumplimiento de la Circular DGPN-(S/D)-No.009-2026 de la propia Policía Nacional que exceptúa de la aplicación de la ley referida a las Tierras Indígenas y Tribales según el Convenio 169 de la OIT.
Con base en lo anterior, Distinguido Magistrado, le solicitamos respetuosamente que tome todas las acciones necesarias para:
- Garantizar el cese inmediato de la persecución judicial ilegal contra las cinco personas defensoras integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH): Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta.
- Garantizar el debido y total cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte IDH a favor del pueblo garífuna de San Juan que reconocen el derecho a la propiedad colectiva y condenan al Estado por violar derechos territoriales y culturales del pueblo garífuna y que ordenan asegurar la protección de líderes y lideresas.
- Prevenir cualquier otra situación de criminalización y violación de los derechos internacionalmente reconocidos a favor de la población de San Juan y demás comunidades garífunas.