El cuerpo también es territorio: el caso Maria Teresa Rivera y la criminalización del aborto en El Salvador
El 24 de noviembre de 2011, María Teresa Rivera llegó a un hospital de San Salvador desangrándose. Salió de allí esposada. Entre una cosa y la otra no hubo un médico que la atendiera: hubo un funcionario que la denunció.
Tenía 28 años, trabajaba en una maquila por menos de un dólar la hora y criaba sola a un niño de cinco. Había sufrido un parto precipitado en la letrina de su casa, un embarazo que asegura no conocer porque sus ciclos nunca fueron regulares. Nada de eso importó. En El Salvador, una mujer pobre que pierde un embarazo no es una paciente. Es una sospechosa.
Ocho meses después, un juez la condenó a 40 años de prisión por homicidio agravado. Cuarenta años. La misma pena que cumpliría quien hubiera planeado y ejecutado un asesinato. La diferencia es que María Teresa no había hecho otra cosa que sangrar en el lugar equivocado, siendo la mujer equivocada, en el país equivocado.
Un sistema que funciona como fue diseñado
Conviene decirlo claro, porque la tentación de leer este caso como un error es grande, y es falsa. El caso de María Teresa Rivera no es una anomalía del sistema judicial salvadoreño. Es el sistema haciendo exactamente aquello para lo que fue construido.
Desde 1998, El Salvador prohíbe el aborto sin ninguna excepción. Ni cuando el embarazo es fruto de una violación, ni cuando el feto no podrá vivir, ni cuando la vida de la madre está en juego. Un año después, la Constitución blindó esa prohibición reconociendo la vida desde el instante de la concepción. Sobre ese andamiaje legal, la práctica judicial añadió su propia vuelta de tuerca: los abortos espontáneos y las emergencias obstétricas empezaron a juzgarse como homicidios agravados, multiplicando las penas hasta los 50 años.
El mecanismo es de una eficacia terrible y tiene tres piezas. La primera: una norma que obliga al personal sanitario a denunciar a las mujeres que llegan con una hemorragia sospechosa. La segunda: una fiscalía que recalifica esas urgencias médicas como asesinatos. La tercera: unos jueces que condenan a mujeres que casi nunca pueden pagar una buena defensa. El resultado es que el hospital público, el único lugar al que puede acudir una mujer sin dinero, se convierte en la puerta de entrada a la cárcel. Quien tiene recursos va a una clínica privada, donde nadie la denunciará. Quien no los tiene, se juega la libertad cada vez que necesita un médico.
Entre 2000 y 2019, al menos 181 mujeres recorrieron ese camino. Eran jóvenes -dos de cada tres tenían entre 15 y 25 años-, pobres, solteras, con estudios escasos o ninguno. Más de la mitad no tenía ingresos propios. No es casualidad: es el retrato robot de a quién está dirigida esta maquinaria.
Cuatro años presa, un océano de por medio
María Teresa pasó cuatro años y cinco meses en el penal de Ilopango. La llamaban asesina. Su hijo creció sin ella. En 2016, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto consiguió que un tribunal revisara el caso y la absolviera. Pero la libertad, en su caso, venía con una condición: marcharse. El acoso no cesaba, la fiscalía había apelado la absolución y el riesgo de volver a prisión era real.
Pidió asilo en Suecia. Se lo concedieron en marzo de 2017, con un argumento que debería sonrojar a quien la juzgó: la habían perseguido por ser mujer y por sus ideas, y su condena de 40 años equivalía a tortura. Fue el primer caso reconocido en el mundo de una refugiada por la criminalización del aborto. Una mujer salvadoreña tuvo que cruzar el Atlántico para que un Estado europeo nombrara como tortura lo que su propio país llamaba justicia.
Hoy vive en Fors, un pueblo a dos horas de Estocolmo. Estudia para ser auxiliar de enfermería. Hace años que decidió bajar el volumen de su vida pública, y conviene respetarlo. Pero una frase suya de aquellos años de viajes y seminarios sigue resumiendo el caso mejor que ningún informe: ninguna mujer es libre mientras haya otras en la cárcel.
Lo que no ha cambiado y lo que ha empeorado
Han pasado nueve años desde aquel asilo. ¿Qué ha cambiado en El Salvador? En lo esencial, nada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al país dos veces -por Manuela, que murió de cáncer en prisión en 2010, y por Beatriz, a quien se negó interrumpir un embarazo inviable que acabó costándole la vida-, y el Código Penal sigue intacto, sin que se haya tocado una sola de sus comas.
Lo que sí ha cambiado es para peor. En mayo de 2025, el gobierno de Nayib Bukele aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que grava con un 30% los fondos que las organizaciones reciben del exterior y permite al Estado disolver la que considere incómoda. En febrero de 2026, la Agrupación Ciudadana, que en veinte años había sacado de la cárcel a 80 mujeres, echó el cierre. Fue la quinta organización en hacerlo.
Primero criminalizaron el cuerpo de María Teresa. Ahora criminalizan a quienes defendían ese cuerpo. La misma lógica, ampliada: del cuerpo individual al cuerpo colectivo que lo protege.
Por qué este caso forma parte de Hasta la raíz
Este es el cuarto caso de la campaña Hasta la raíz. Los tres anteriores hablaban de empresas: del petróleo de Chevron en la Amazonía ecuatoriana, del cobre de Glencore en los Andes peruanos, de la contaminación que se queda en la sangre de quienes nunca firmaron el contrato. Este habla de un Estado. La pregunta es legítima: ¿qué hace el caso de una mujer encarcelada por abortar en una campaña sobre impunidad corporativa y defensa del territorio?
La respuesta la lleva años dando el ecofeminismo latinoamericano: el cuerpo de las mujeres es también un territorio. Y sobre ese territorio operan las mismas lógicas de captura, despojo e impunidad que sobre un río o una montaña. El sistema que permite a una minera envenenar el agua del pueblo K’ana sin rendir cuentas y el sistema que permite al Estado salvadoreño encarcelar a una mujer por sufrir un aborto comparten una misma raíz: la certeza de que hay cuerpos y territorios cuyo dolor no tendrá consecuencias para quien lo provoca.
El 28 de septiembre, Día por el Derecho al Aborto Libre y Gratuito en América Latina y el Caribe, vuelve a poner el foco sobre esa raíz. Y el caso de María Teresa Rivera es uno de sus argumentos más sólidos. Porque mientras escribimos esto ella sigue siendo refugiada, no por lo que hizo, sino por lo que su país se niega a dejar de hacer.
El caso de María Teresa Rivera y la criminalización del aborto en El Salvador es el tercer caso emblemático de la campaña Hasta la raíz, impulsada por Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte a lo largo de 2026. La campaña visibiliza cinco conflictos donde la impunidad tiene nombre y responsables identificados. Porque defender la tierra y defender el cuerpo son, al final, el mismo gesto.
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