La siembra de Berta: diez años de exigencia, raíz y práctica política

En el décimo aniversario del asesinato de Berta Cáceres, publicamos este artículo cuando la agenda global está saturada de otra crisis. Lo publicamos igualmente, porque los sistemas que criminalizan a quienes defienden la vida (en Honduras, en Galicia, en cualquier territorio donde los intereses económicos chocan con los derechos colectivos) siguen operando sin pausa. Berta Cáceres lo sabía. Su legado también.

El río Gualcarque corre entre piedras y árboles en el occidente de Honduras. Las mujeres lencas saben cuándo trae abundancia y cuándo está herido. Para ellas, el río es la vida misma: sostiene la alimentación, la memoria, los cuidados. Así vivió y así defendió la vida Berta Cáceres. Desde el territorio concreto, desde las asambleas, desde la coherencia radical entre lo que se piensa y lo que se hace. Ella misma lo nombraba sin eufemismos: 

«No es fácil ser una mujer a la cabeza de procesos de resistencia indígena. En una sociedad increíblemente patriarcal, las mujeres están muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de alto riesgo, campañas sexistas y misóginas. Esto es algo que puede ejercer más influencia en la decisión de abandonar la lucha.»

No abandonó. El 2 de marzo de 2016, alguien entró en su casa en La Esperanza y la mató. Diez años después, ese crimen sigue hablando, y lo que dice atraviesa el presente como una exigencia política.

En enero de 2026, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo público su informe final sobre el asesinato de Berta Cáceres. El documento es demoledor en su precisión: concluye que fue un crimen empresarial, financiero y político, ejecutado a través de una arquitectura criminal compleja que articula intereses económicos, financiamiento internacional, estructuras de seguridad privada y pública, y graves omisiones del Estado hondureño. Una red desvió el 67% de los más de 18,5 millones de dólares aportados por bancos internacionales de desarrollo -entre ellos, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Neerlandés de Desarrollo Empresarial- para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Una cifra, un rastro de papel, una cadena de responsabilidades que llega hasta Europa.

Días después de publicarse el informe, el Banco Central de Honduras anunciaba un nuevo billete de 200 lempiras con el rostro de Berta. El Estado que durante años persiguió, criminalizó y abandonó a quienes la defendían, ahora la convierte en símbolo nacional. Es el tipo de paradoja que no admite mirada neutral: el mismo Estado cuya responsabilidad por omisión documenta el GIEI, el mismo Estado que permitió que el proyecto Agua Zarca avanzara mientras la amenaza sobre Berta se acumulaba sin protección, ahora estampa su cara en el dinero. La memoria como lavado de conciencia institucional tiene nombre, y nombrarla ya es un acto político

Desde Entrepueblos acompañamos el proceso de denuncia y justicia desde hace diez años. Hemos trabajado junto a organizaciones hondureñas y redes europeas para situar este caso en la agenda pública, porque entendemos que la violencia que mató a Berta viajó con el capital. El modelo extractivo que necesitaba el río Gualcarque disponible, el territorio lenca desmovilizado y la voz de Berta silenciada, es el mismo modelo que financia bancos europeos, que opera a través de multinacionales con sede en Madrid o Amsterdam, que sigue activo en territorios donde comunidades indígenas denuncian impactos ambientales y vulneraciones de derechos. La reciente decisión de Trump de levantar las sanciones al petróleo venezolano -abriendo el paso a empresas como Repsol- recuerda con urgencia que la transición energética corre el riesgo de reproducir las mismas lógicas contra los derechos humanos con etiqueta verde.

La campaña estatal Hasta la raíz: 10 años del asesinato de Berta Cáceres arranca de esta doble certeza. Por un lado, la exigencia de justicia integral sigue abierta: responsabilidades empresariales y financieras que el GIEI ha documentado y que deben traducirse en consecuencias reales, en reformas estructurales, en reparación para la familia Cáceres, para el COPINH, para la comunidad lenca de Río Blanco, para el propio río Gualcarque como espacio espiritual y cultural. Por otro lado, hay una pregunta política que el mero aniversario no puede responder: ¿cómo estamos cuidando hoy la vida que Berta defendió?

Esta pregunta nos interesa porque tiene respuestas concretas ya en marcha. Cuando acompañamos a Lizbeth Abarca a la Casa de la Radio, ataviada con su traje tradicional de Cotabambas, en el corazón del corredor minero del sur andino peruano, y la escuchamos explicar ante el micrófono de Cinco Continentes que la COP30 ha vuelto a decepcionar porque los pueblos y comunidades que habitan la Amazonía siguen sin recibir la relevancia que merecen, entendimos que su voz llegaba desde adentro. Docente y defensora ambiental, Abarca lleva casi una década siendo criminalizada por protestar pacíficamente frente a la mina Las Bambas. Hoy integra la Asociación de Defensoras y Defensores Criminalizados de Cotabambas y es una de las voces que mejor articula el vínculo entre derecho al agua, salud comunitaria y defensa del territorio: sin redes que sostengan a quienes defienden la tierra, sin cuidado colectivo que proteja los cuerpos que resisten, la criminalización acaba haciendo el trabajo que no consiguió el miedo. La lideresa indígena ecuatoriana Blanca Chancoso nos recuerda, en la misma dirección, que la defensa del agua y la tierra es la base material de la dignidad de los pueblos, no un activismo entre otros. Y los testimonios de mujeres defensoras recogidos en la Revista Entrepueblos número 84 muestran que cuidar el territorio implica también cuidar los vínculos, los tiempos y la seguridad colectiva: esa dimensión cotidiana es la que permite que las luchas se sostengan en el tiempo.

En el Estado español, la conexión es directa. La reciente paralización del proyecto de Altri en Galicia, detenido tras una amplia movilización social en defensa del territorio en A Ulloa, muestra que la tensión entre extractivismo y vida está en los titulares de esta semana, en los ayuntamientos, en los ríos que también tienen nombre. Lo que las comunidades de A Ulloa han conseguido detener es exactamente lo que Berta Cáceres llevó años intentando en el Gualcarque: que los intereses empresariales no sean más grandes que la decisión colectiva de un territorio de defenderse. Y avances como la resolución favorable de la campaña Regularización Ya nos recuerdan que garantizar derechos a las personas es siempre una condición material para sostener la vida de forma colectiva. La justicia ambiental y la social se tocan, siempre.

La campaña se inscribe además en el Manifiesto 8M de Entrepueblos, que señala que las violencias contra defensoras no son hechos aislados sino parte de un sistema que explota territorios y cuerpos de manera simultánea. Son las mujeres quienes sostienen la vida comunitaria cuando esos territorios son atacados, y es esa misma razón la que las convierte en objetivo. Defender el Gualcarque era, para Berta, inseparable de defender los cuerpos y las comunidades que dependían de él.

La campaña recorrerá distintas ciudades entre marzo y abril con un formato que combina la exigencia política con la memoria viva. El 2 de marzo, aniversario del asesinato, Entrepueblos entregará frente a la Embajada de Honduras en Madrid una carta de adhesiones que exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Ese mismo día, en Bilbao, diversos colectivos se concentrarán ante el Consulado de Honduras para hacer llegar un manifiesto por memoria, verdad y justicia. Y a lo largo de todo el mes, la artista y activista hondureña Karla Lara recorrerá el Estado español en gira estatal. La conexión entre Karla y Berta no es solo contemporánea: es de raíz. Ambas compartieron la convicción de que defender el territorio sin defender los cuerpos (y defender los cuerpos sin defender el territorio) son abstracciones que no funcionan. Ambas entendieron la cultura como forma de resistencia sostenida, no como ornamento de la política. En cada acto de la gira, Karla trae esa doble presencia: la reflexión política sobre la coyuntura hondureña actual y el lenguaje impregnado de emoción que, como ella misma dice, sirve para “descolonizar los recuerdos y arraigar la pertenencia”. En Bilbao, esa memoria estará también encarnada en la voz del exilio: Dalila Argueta, defensora hondureña de derechos humanos y del territorio refugiada en Euskal Herria, acompañará los actos como testimonio vivo de lo que significa seguir defendiendo la vida lejos del territorio que la hizo.

Hasta la raíz inaugura el primero de cinco casos emblemáticos que Entrepueblos desarrollará a lo largo de 2026, conectando responsabilidades empresariales transnacionales con defensoras concretas y territorios en disputa. Al caso de Berta le seguirán el derrame de Repsol en Ventanilla y la explotación petrolera en el Yasuní ecuatoriano; la historia de María Teresa Rivera, víctima de violencia obstétrica en El Salvador y hoy exiliada en Suecia, donde los cuerpos de las mujeres son también territorio en disputa; la lucha de la UDAPT frente a la contaminación histórica de Chevron-Texaco en Ecuador; y las afectaciones en Espinar (Cusco, Perú) vinculadas a la actividad de Glencore Antapaccay, donde la contaminación por metales tóxicos y la ausencia de consulta previa mantienen abierto el conflicto. Casos distintos, lógica idéntica: la misma arquitectura de poder que documentó el GIEI para Honduras reproduce sus patrones en cada uno de ellos.

Diez años después, el informe del GIEI ha puesto nombre a la arquitectura criminal. Ahora nos toca a nosotras (organizaciones, ciudadanía, instituciones, empresas…) decidir qué hacemos con esa información. La memoria de Berta pide responsabilidad. Compartir su imagen sin estar dispuestas a cambiar la forma en que habitamos el mundo es otra forma de olvido. La siembra sigue abierta. ¿Qué plantamos?

Más información en la página de la campaña Hasta la raíz, el Dossier de Prensa y en la agenda de Entrepueblos-Entrepobles-Herriarte.