Comunicado 28S. Día Internacional por la Despenalización del Aborto.
Defender los derechos humanos y las libertades colectivas en todo el mundo.
Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte se une, un año más, a las movilizaciones feministas del 28S y a las organizaciones que trabajan para garantizar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
Ante la ofensiva internacional contra los derechos sexuales y reproductivos, reafirmamos nuestro compromiso con el acceso universal a un aborto libre, seguro y gratuito.
El aborto es un derecho humano y una cuestión de salud pública, justicia social y calidad democrática. Sin autonomía para decidir sobre el propio cuerpo no puede existir una igualdad real.
Este año llegamos al 28S en un contexto especialmente preocupante. Fuerzas de extrema derecha, fundamentalismos religiosos y movimientos antigénero actúan de manera coordinada en diferentes países. Mediante su presencia en las instituciones públicas, la difusión de desinformación y el señalamiento de las organizaciones feministas, estas redes pretenden erosionar derechos sexuales y reproductivos ya reconocidos.
No se trata de ataques aislados: estas actuaciones responden a un modelo de sociedad que cuestiona la autonomía reproductiva, restringe la diversidad familiar y vuelve a presentar la maternidad como destino y obligación de las mujeres.
De la criminalización al exilio: perseguidas por ejercer sus derechos
La experiencia internacional demuestra que los avances logrados pueden ser revertidos o quedar reducidos a declaraciones sin aplicación efectiva. Estos retrocesos avanzan mediante reformas legislativas, campañas de desinformación, acoso ante las clínicas, debilitamiento de los servicios públicos y obstáculos administrativos que alimentan el miedo, la culpa y el estigma.
Las consecuencias más extremas de negar este derecho continúan presentes en diferentes países. En El Salvador, la prohibición absoluta del aborto ha provocado la persecución y el encarcelamiento de mujeres después de sufrir abortos espontáneos y emergencias obstétricas.
María Teresa Rivera fue condenada a 40 años de prisión tras sufrir una emergencia obstétrica. Después de permanecer más de cuatro años encarcelada, recuperó la libertad en 2016, pero tuvo que abandonar su país ante el riesgo de volver a ser procesada. En 2017, Suecia le concedió asilo y se convirtió en la primera mujer del mundo reconocida como refugiada por motivos relacionados con la criminalización del aborto. Nueve años después, todavía no puede regresar con seguridad a El Salvador.
Su historia muestra hasta dónde puede llegar la violencia institucional cuando una emergencia sanitaria se convierte en delito. También evidencia que la criminalización afecta especialmente a las mujeres empobrecidas, que dependen de los servicios públicos de salud y están más expuestas a la denuncia, el estigma y la persecución.
En 2026, Entrepueblos incorpora la historia de María Teresa a la campaña Hasta la raíz, dedicada a denunciar diferentes expresiones de impunidad y a visibilizar a quienes defienden los derechos humanos, los cuerpos y los territorios. La autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos forma parte de la lucha por proteger la vida y la dignidad frente a las estructuras patriarcales, racistas, capitalistas y autoritarias.
Esta realidad exige reforzar las alianzas feministas e internacionalistas y apoyar a las organizaciones, profesionales y redes de acompañamiento que defienden los derechos sexuales y reproductivos allí donde los Estados los niegan o dificultan.
Del reconocimiento legal al acceso efectivo en el Estado español
En el Estado español, la Ley Orgánica 1/2023 reforzó el derecho al aborto y la obligación de garantizar una atención gratuita, accesible y próxima. Sin embargo, su aplicación sigue siendo desigual: persisten las derivaciones a centros privados, los desplazamientos entre territorios, las dificultades relacionadas con la objeción de conciencia y la insuficiencia de servicios en la sanidad pública.
A estas barreras se suma una ofensiva política e institucional contra los derechos sexuales y reproductivos. En el ámbito estatal, PP y Vox se opusieron a incorporar el derecho al aborto a la Constitución. En el autonómico, la Comunidad de Madrid ha reconocido al «concebido no nacido» como miembro de la unidad familiar para acceder a determinadas ayudas, una medida que Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que extendería al conjunto del Estado si llega al Gobierno.
En el ámbito municipal, PP y Vox promovieron en Elche una moción para derogar la legislación sobre el aborto; Santander fue declarada «Ciudad por la Vida»; el Gobierno municipal de Córdoba defendió los rezos ante las clínicas como ejercicio de la libertad de expresión, y en Alicante y Sevilla se han financiado o puesto en marcha oficinas de «atención a la maternidad» cuestionadas por su orientación antiaborto.
Estas barreras asistenciales y medidas institucionales afectan especialmente a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, administrativa, territorial o social. Las mujeres migrantes, las personas trans y no binarias, las personas con diversidad funcional, quienes disponen de menos recursos y quienes viven lejos de los centros que realizan la prestación encuentran mayores dificultades para ejercer su derecho.
Garantizar el acceso al aborto exige erradicar estas desigualdades, fortalecer la sanidad pública y asegurar una educación sexual integral, métodos anticonceptivos accesibles, información rigurosa y una formación adecuada de las y los profesionales. El reconocimiento legal debe traducirse en servicios disponibles y en una atención equitativa para todas las personas.
La fuerza feminista que conquista y sostiene derechos
Los avances conseguidos en materia de aborto son el resultado de décadas de movilización, incidencia y acompañamiento feminista. Las organizaciones, las profesionales comprometidas y las redes comunitarias han sido fundamentales para transformar las leyes y continúan siéndolo para convertir los avances jurídicos en realidades concretas.
Desde Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte denunciamos la persecución y criminalización de quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos. Su protección exige compromisos públicos y una solidaridad internacional capaz de responder a unas redes antiderechos que actúan de manera organizada más allá de las fronteras.
Este 28 de septiembre reclamamos:
- La garantía efectiva de un aborto libre, seguro, gratuito y accesible en la sanidad pública, en condiciones de equidad en todos los territorios y para todas las personas.
- Una regulación efectiva de la objeción de conciencia que garantice que su ejercicio individual no impida la prestación del servicio en ningún centro sanitario público.
- La eliminación de las barreras territoriales, administrativas, económicas y discriminatorias que afectan especialmente a las personas migrantes, trans y no binarias, con discapacidad, con menos recursos o alejadas de los centros sanitarios que realizan la prestación.
- Una atención sanitaria pública y de calidad, que garantice el acceso a todos los métodos de interrupción voluntaria del embarazo disponibles, información rigurosa y accesible y profesionales con formación adecuada, junto con una educación sexual integral y el acceso universal a los métodos anticonceptivos.
- El reconocimiento y la protección de las redes de acompañamiento y de las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, junto con una respuesta política firme frente a los fundamentalismos, la extrema derecha y los movimientos antigénero.
No basta con impedir retrocesos. Debemos seguir ampliando derechos y construyendo las condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercerlos con libertad, seguridad y dignidad.
¡NI UN PASO ATRÁS!
¡ABORTAR ES UN DERECHO, NO UN DELITO!
¡POR LA AUTONOMÍA, LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA REPRODUCTIVA!
Conoce la historia de María Teresa Rivera y la campaña Hasta la raíz
