UE–Mercosur: un acuerdo que vuelve a imponerse a costa de los territorios, los derechos y la vida
En las próximas semanas, los gobiernos y las instituciones de la Unión Europea deberán pronunciarse definitivamente sobre la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. Un tratado que, tras más de dos décadas de negociaciones opacas y cuestionamientos sociales, reaparece en la agenda política con urgencia renovada, mientras en calles y campos de Europa vuelven a escucharse las protestas del sector agrario y de amplios sectores de la sociedad civil.
No se trata de una novedad. Tampoco de un debate técnico aislado. El acuerdo UE–Mercosur ha sido, desde su origen, un proyecto profundamente político que responde a un modelo económico extractivista, orientado a facilitar el comercio a gran escala, reforzar el poder de las grandes corporaciones, reducir las normas sanitarias y ambientales y profundizar la liberalización de mercados, a costa de los derechos laborales, la soberanía alimentaria, la protección de los bienes comunes y el equilibrio ecológico.
Desde Entrepueblos llevamos más de cinco años alertando de las consecuencias de este tratado. Lo hemos hecho en la Campaña Contra los Tratados de Comercio e Inversión, junto a organizaciones campesinas, ecologistas, feministas y de derechos humanos de Europa y de los países del Mercosur. Hemos analizado sus impactos sobre productos agrícolas clave, sobre el nexo agua–tierra–trabajo, sobre los ecosistemas y sobre las comunidades que sostienen la vida en los territorios. Nada de lo que hoy se anuncia como “oportunidad” es nuevo; sí lo son, en cambio, la magnitud de la crisis climática, el deterioro democrático y la urgencia de una transición ecosocial justa.
La reactivación del proceso de ratificación llega en un contexto especialmente grave. En América Latina, la expansión del agronegocio —especialmente de la ganadería intensiva y los monocultivos— continúa impulsando la deforestación, el acaparamiento de tierras, la contaminación del agua y la violencia contra comunidades campesinas e indígenas. En Europa, el pequeño campesinado se ve asfixiado por precios injustos, la competencia desleal de las multinacionales que controlan el comercio alimentario global y las políticas que favorecen a estos grandes actores del mercado. El acuerdo UE–Mercosur no solo no responde a estas crisis: las agrava.
Las protestas actuales del sector agrario europeo, con tractores bloqueando carreteras y plazas, no pueden leerse únicamente como un rechazo corporativo. Expresan un malestar estructural frente a un modelo agroalimentario que expulsa a quienes producen alimentos, precariza el trabajo rural y rompe el vínculo entre territorio, cuidados y sostenibilidad. Resulta profundamente contradictorio que, mientras se habla de transición ecológica y justicia climática, se impulse un tratado que incrementará las emisiones, acelerará la espiral de deforestación e incendios, fomentará el transporte de mercancías a larga distancia y consolidará un modelo agroindustrial insostenible.
Durante años, desde los movimientos sociales se han planteado alternativas claras: apoyar al pequeño campesinado que protege el territorio, impulsar la agroecología, mejorar las condiciones laborales, redistribuir la riqueza y avanzar hacia una transición energética y ecosocial real. Estas propuestas han existido, se han articulado y se han defendido. Sin embargo, no han recibido la respuesta política necesaria para frenar un acuerdo que favorece, una vez más, a los de siempre, a costa de las de siempre.
Hoy, cuando el acuerdo vuelve a situarse al borde de su aprobación definitiva, resulta imprescindible recuperar la memoria de las resistencias, escuchar las voces de los territorios y asumir responsabilidades políticas. No necesitamos más tratados de libre comercio; necesitamos marcos de cooperación internacional que pongan en el centro la vida, los derechos humanos, la justicia climática y la soberanía de los pueblos.
Desde Entrepueblos reiteramos nuestro rechazo a la ratificación del Tratado UE–Mercosur y nos unimos a quienes estos días reclaman a los gobiernos europeos -y en primer lugar al español- para que no legitimen un acuerdo incompatible con los compromisos climáticos, sociales y democráticos que dicen defender. Cambiar el modelo no es una consigna: es una necesidad urgente. Y hacerlo pasa, hoy, por decir claramente no a este tratado.