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El Estado guatemalteco ejerce la autoridad con violencia, para la exclusión de las mayorías. Desde la aprobación de la Constitución vigente, en 1985, once gobiernos (incluyendo los transitorios de Ramiro de León Carpio y Alejandro Maldonado Aguirre), optaron por el desprecio de lo público y lo colectivo. Presidentes histriónicos, hepáticos, mentirosos, corruptos, bravucones y muy violentos cuando fue necesario (Álvaro Colom u Otto Pérez Molina como ejemplos, con estados de excepción y encarcelamiento de centenares de defensoras y defensores del territorio) apuntalaron sus negocios y los de élites empresariales nacionales y transnacionales, sin miedo al despojo y robo de los bienes del pueblo.
A pesar de ello, estos gobiernos peleados con el bien común y la misma Constitución que juraron defender, generaban más frustración y pasividad que resistencia y organización activa, concretamente en la decisiva (en términos de opinión y decisión política) ciudad capital. Las comunidades indígenas y campesinas, y los movimientos sociales populares, pese a resistencias cotidianas y épicas confrontaciones de poder (listo abajo algunas, 2) no lograban revertir este ejercicio impune de poder, entre otras razones por:
Esta realidad comenzó a interrumpirse, y ojalá revertirse, en cuatro momentos (se listan cronológicamente, no en orden de importancia, y se hace referencia a momentos inmediatos, en el entendido de que estos procesos en el caso de los pueblos indígenas se alimentan de luchas históricas de los pueblos y de grandes experiencias organizativas).
En primer lugar, las movilizaciones de mujeres jóvenes, urbanas e indígenas, feministas o no, en 2019 y las jornadas de noviembre de 2020 y 2021, como inicio de un nuevo ciclo de luchas: nuevas propuestas, formas de organización de organización y acción, embrión de liderazgos nuevos.
En segundo lugar, el reforzamiento del autogobierno comunitario durante la pandemia COVID-19: las comunidades fortalecieron y ampliaron redes de control y cuidado, en ausencia absoluta del Estado.
El tercer momento, el proceso electoral (primera y segunda vueltas) en el que la ciudadanía harta de la política de excesos buena para unos pocos, optó por un candidato y un partido de la corrección y la contención, que no prometen ni van a hacer las grandes transformaciones estructurales necesarias, pero se alejan de las bravuconadas y la arrogancia desbordadas de las elites gobernantes, sin excepción. En mi opinión, esta es una de las razones del insólito crecimiento de simpatías experimentado por el partido Movimiento Semilla y por el Presidente y la Vicepresidenta electas.
Xa jun qab’anom
Xa jun qatzij
Mani jachoj
Xa jun quchuq’a’ öj Kaji’ Amaq’ wave’ Chi Iximulew
Pakal B’alam Rodríguez Guaján (1)
El cuarto momento, a partir del 2 de octubre, cuando inicia el Paro Nacional Indefinido. Más allá de demandas específicas necesarias, el impacto del paro reside en que el actuar de dirigentes y comunidades indígenas convocantes (dialogante, incluyente, “limitado” por el mandato de asambleas comunitarias y el consenso necesario con otros pueblos) remarca las diferencias con el Estado violento y alejado de las demandas de la población.
Si bien la convocatoria de este ciclo de protestas y construcción de otros escenarios políticos, y el mayor peso movilizador y organizativo, corresponde a 48 Cantones y Alcaldía Indígena de Sololá, se alejan tentaciones o prácticas de hegemonizar u homogeneizar discursos. Es un principio en las comunidades mayas escuchar, dar y recibir consejos, aprender de todas y todos. Ninguna palabra es menor que otra, y ninguna palabra es más que la otra. Todas las voces aportan, especialmente las de aquellos sectores que, en el ámbito urbano, se han marginado o han sido marginados de las luchas sociales (por ejemplo, comerciantes).
Así, el ejercicio democrático comunitario de organización y administración de pueblos originarios (sin idealizar, camina entre tensiones como el machismo) es posibilidad de acción y organización, no solamente en esta coyuntura y en la urgencia de abandonar la espiral de la dictadura política y económica, sino en la acción colectiva en general y en la administración pública. Estamos conociendo formas diferentes de hacer las cosas (cosas, término académico utilizado en contextos de transición galopante para referir la acción la acción política colectiva y la gestión del Estado para el bien común).
El plantón permanente en las instalaciones centrales del Ministerio Público (inició el 2 de octubre y se mantiene en el momento de redactar estas letras, el primero de noviembre) es símbolo de este ejercicio del poder. Espacio de pluralidad y coralidad, convoca voces diversas, para las que se abren los micrófonos, se reservan toldos y bocinas, se amplían posibilidades de expresión (por veces apagada por la expresión de las vuvuzelas-trompetas). La paradoja es que son aquellas y aquellos a quienes se ha negado la ciudadanía (voz, expresión, idioma, indumentaria, formas propias de organización, el agua, el derecho de decisión en sus territorios y un larguísimo etcétera) las que motivan plazas donde toma la palabra quien quiera expresarse, incluso quienes, hasta hace unos pocos días o todavía ahora, desconocemos casi todo de las cosmovisiones indígenas y seguimos considerándolos desde visiones y prácticas racistas (incluido paternalismo) muy interiorizadas. Esta es una de las razones (probablemente no la más fuerte, pero sí importante) de la masiva adhesión ciudadana a las movilizaciones convocadas, y el respaldo-afecto al papel de Autoridades Indígenas.
El ejercicio de autoridad compartida, no obstante, enfrenta retos. Enumero los siguientes:
Esta coyuntura compleja plantea para pueblos indígenas una doble hoja de ruta. En lo inmediato:
Pero la democracia electoral y la institucionalidad republicana no son el fin. Más allá de esta agenda, continuarán las luchas por la transformación de la institucionalidad dominante y el pacto elitario constitucional de 1985 (de visión centralista, uniformadora, racista-excluyente o paternalista de los pueblos indígenas), para avanzar hacia la democracia comunitaria, desde las diversidades y las formas propias de los pueblos.
2. Normalizar el poder político de los pueblos originarios y sectores populares.
La vertiginosa anormalidad de estos días puede convertirse en una nueva normalidad: un escenario en el que se naturaliza la presencia de pueblos indígenas en las dinámicas y decisiones políticas fundamentales, más allá de manifestaciones y demandas del momento, como sujetos decisores en todos los ámbitos, con referencia e influencia a nivel nacional, más allá de la capacidad reconocida de administrar la vida comunitaria.
Posiblemente entramos en una fase de disputa continua, en el que todas las fuerzas -no solo las de los pueblos indígenas- serán necesarias. El camino andado (articulaciones amplias y pacíficas de sectores sociales: pueblos, sectores urbanos, pobladores, mercados, comerciantes, transportistas dañados por la corrupción y el desastre de infraestructura y otros) no puede tener vuelta atrás (3).
El intercambio de ideas, voluntades y sentires, la posibilidad de aprendizaje, debe ir más allá de la espera para la defenestración (se alejó la posibilidad de renuncia) de la Fiscal General. Este intercambio puede ser especialmente fluido con visiones, como la del feminismo, que comparten propuestas integrales para el cuidado de la red de la vida.
Además de saludar la fortaleza y capacidad de conducción de los pueblos indígenas para abrir una ruta de salida de la crisis, es importante incorporar a nuestras prácticas (sectores urbanos, movimientos populares en general) los principios y valores que orientan la acción política y la vida cotidiana de los pueblos originarios. La escucha, el consenso, la colectividad y la comunidad como centro, la concepción de servicio…son aportes para para reconstruir una sociedad muy dañada por la imposición violenta, el individualismo y la ruptura de lazos comunitarios especialmente en centros urbanos, y como herramientas para transformar visiones, formas de organización y representación (liderazgos), una vez agotados o estancados los modos con los que, hasta ahora, intentamos cambiar la realidad.
Además de la dimensión de las movilizaciones (capacidad de paralizar el país en casi 200 puntos simultáneos, durante varios días) y más allá del balance demandas-logros, este contexto puede leerse en clave de esperanzas.
En 2023, las elites económicas y políticas continuaban vinculando su suerte a la indiferencia y la resignación de la población, y al proceso electoral como distractor y relegitimador.
La indignación se desbordó con gotas que rebalsaron el vaso (vasos comunicantes rebalsados en territorios y sectores múltiples y diversos) y comenzaron a abrirse ventanitas de esperanza, donde lo imposible no es todavía posible, ni se consuma el asalto al Palacio de Invierno de la dictadura bananera, ni combatientes victoriosos avanza derribando estatuas y símbolos del oprobio (incluida la bandera), pero crece la conciencia a partir de la información, se generalizan diálogos sociales sobre el nuevo país que queremos, se manifiesta el pluripaís que somos en toda su amplitud, se expresan todos los actores. En fin, se construyen posibilidades y condiciones para una vida digna y un futuro mejor.
Sin pensarlo demasiado, muchas y muchos nos colamos de cabeza por estas pequeñas ventanas, antes que pudieran cerrarlas. Aquí estamos, al parecer y más allá de logros o retrocesos coyunturales, por largo tiempo.
Un artículo de opinión de Andrés Cabanas, periodista y escritor. Publicado en la Revista 80 Entrepueblos.
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