Pescadores afectados por el vertido de Repsol en Perú exigen transparencia, justicia y reparación

Dos pescadores afectados por el vertido de Ventanilla recorrerán, del 14 de febrero al 3 de marzo, seis ciudades del estado español para reclamar la restitución del ecosistema dañado.

Zenón Gallegos y Luis Antonio Díaz, pescadores artesanales y dirigentes de las asociaciones de pescadores de Chancay y Aucallama, junto al sociólogo peruano Alejandro Chirinos, director de CooperAcción, se reunirán en Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, Bilbao y A Coruña con representantes políticos y de la sociedad civil para reivindicar justicia y reparación para los y las afectadas por el derrame de Ventanilla  y sus familias, unas 51.000 personas según datos de CooperAcción Perú, así como la restitución de los ecosistemas dañados en las 11.060 hectáreas afectadas por el vertido.

La visita se producirá en el marco de una gira organizada por Asociación Entrepueblos y CooperAcción, con la colaboración de Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), para reivindicar el fin de la impunidad y el colonialismo de las empresas transnacionales.

Además del impacto socioeconómico de este ecocidio en la pesca, el comercio y el turismo, las principales ocupaciones de la zona, 900 especies animales, algunas en peligro de extinción como la nutria marina o el pingüino de Humboldt, 48 playas y dos áreas naturales protegidas han sido afectadas por el vertido de 10.397 barriles.

Repsol tiene abiertos 13 procesos administrativos

Inicialmente la empresa comunicó a las autoridades que solo se habían vertido siete galones (0.16 barriles de petróleo) y que el área afectada era de apenas 2.5 metros cuadrados. RELAPSA, empresa subsidiaria de Repsol, indicó primero que el desastre fue causado por el oleaje anómalo debido a la erupción de un volcán en Tonga. Esta tesis fue desmentida por informes técnicos y datos meteorológicos.

En las semanas previas a cumplirse un año del derrame, la empresa publicó una serie de comunicados señalando que prácticamente todos los problemas generados por el derrame habían sido solucionados. Sin embargo, las autoridades peruanas siguen reportando 71 áreas afectadas, entre las que se encuentran las playas analizadas como Costa Azul, Bahía Blanca y Cavero.

En la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores por parte de las autoridades peruanas: siete iniciados por el OEFA, cinco por el Osinergmin y uno por el Serfor. De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.

Además, Repsol habría intentado, según las mismas fuentes, que las asociaciones de pescadores afectadas no pudieran personarse como parte en las demandas y además, aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la falta de apoyo de las autoridades peruanas. Sigue, por tanto, una estrategia de conseguir renuncias a posibles demandas por parte de quienes aceptan unos pagos exiguos en concepto de anticipo.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora ​​de gases de efecto invernadero del Estado español. Como el resto de empresas del Ibex35, Repsol ha contado durante décadas del apoyo incondicional de todo el aparato de la diplomacia española para extender internacionalmente sus inversiones, maximizando beneficios y disfrutando de impunidad. La misma refinería de Ventanilla responsable de este vertido se amplió en 2017 con un crédito asegurado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), empresa con mayoría de capital público. Y Felipe VI presidió su inauguración en noviembre de 2018. Es decir, que todas nosotras avalamos la inversión en ese desastre.

Urge regular las transnacionales

En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.

En el contexto de la emergencia climática, ecológica y energética en la que nos encontramos, cada vez más gente reclama que el ecocidio debe ser reconocido como un delito universal y que se acabe con esta situación de impunidad corporativa.

Avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, reparar a las poblaciones afectadas y remediar los impactos socioambientales generados, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.

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