Desde el movimiento “Nos plantamos” reclamamos una transición agroecológica justa y urgente.

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Desde Entrepueblos nos sumamos a la campaña del movimiento “Nos plantamos”. En el día de luchas globales campesinas, 17 de abril, lideradas por La Vía Campesina, el movimiento estatal Nos plantamos, se suma a las reivindicaciones de la organización internacional para reivindicar la necesidad de una transición agroecológica urgente que favorezca y apoye a la agricultura familiar y social. Ante la crisis actual de la agricultura, el movimiento aboga por la defensa de la soberanía alimentaria, basada en el cuidado de las personas y los ecosistemas.

  • En el día de luchas globales campesinas, 17 de abril, lideradas por La Vía Campesina, el movimiento estatal Nos Plantamos, del que formamos parte Entrepueblos, se suma a las reivindicaciones de la organización internacional
  • Nos Plantamos reivindica la necesidad de una transición agroecológica urgente que favorezca y apoye a la agricultura familiar y social
  • Ante la crisis actual de la agricultura, el movimiento aboga por la defensa de la soberanía alimentaria, basada en el cuidado de las personas y los ecosistemas

Con motivo del Día Mundial de la Lucha Campesina, 17 de abril, el movimiento Nos Plantamos, del que formamos parte más de 50 organizaciones, reclamamos la necesidad de apostar por una transición urgente hacia métodos de producción agroecológicos, sostenibles y diversificados, bajo proyectos familiares prósperos y a pequeña escala. Reivindicamos, a su vez, un sistema agroalimentario en manos de las personas agricultoras y consumidoras, que no esté dominado por el poder de la industria agroalimentaria, los grandes supermercados ni los lobbies de la agroindustria. Las personas consumidoras quieren poder acceder fácilmente a alimentos sanos, producidos de forma justa y sostenible.

Este modelo agroecológico, que responde a los retos sociales y ambientales actuales, busca también la preservación de la biodiversidad y la paz con justicia social, soluciones campesinas a la crisis alimentaria y climática que se vive en España y en otros lugares del mundo. Ante esta transición, desde el colectivo también consideramos imprescindible el acceso a la tierra, precios justos para las productoras y las consumidoras, la promoción de la agroecología y las semillas campesinas y la defensa de la soberanía de los pueblos.

La disminución del número de personas agricultoras, el aumento de la superficie de las explotaciones de gran tamaño y la disminución de las de pequeño y mediano tamaño o la distribución desigual de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), muestran la realidad de un modelo imperante en España: una agricultura sin agricultores, dominada por los mercados, los acuerdos de libre comercio, y normas y políticas a medida de la agroindustria, que deja atrás la agricultura familiar y social basada en la agroecología.

Este sistema agroalimentario industrial sigue impulsando la pérdida de población rural, de agricultura familiar y social, y la falta de relevo generacional. También conlleva consecuencias ambientales graves, como el aumento de la contaminación de las aguas por la agricultura intensiva y la pérdida de biodiversidad. A esto se suma el impacto de la crisis climática y de biodiversidad sobre la agricultura de pequeña y mediana escala, con pérdidas de hasta el 80 % según el cultivo.

La agricultura familiar en España supone el 82 % de las explotaciones agrarias, y es fundamental para la cohesión social en el mundo rural, para el cuidado de la biodiversidad agraria que produce alimentos sanos y sostenibles, y para el desarrollo del modelo agrario socialmente justo y sostenible. Sobre esta agricultura deben centrarse el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes ante la crisis ecosocial, climática y de biodiversidad.

Por ello, desde las organizaciones que conformamos La Vía campesina, así como desde Nos plantamos, recordamos la importancia de apoyar a las fincas familiares y sociales a pequeña escala hacia una transición más sostenible y justa desde un enfoque social, medioambiental y económico que fortalezca la soberanía alimentaria.

Dos años después del vertido de Repsol en Perú, la costa no está rehabilitada y los pescadores no pueden salir a trabajar

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Se cumplen dos años del ecocidio de Repsol en la costa peruana de Ventanilla y, según Cooperacción Perú, nuestra organización aliada en el terreno, “la mayoría de playas que fueron afectadas en enero del 2022, aún siguen afectadas y no son aptas ni para bañistas ni para el regreso de las actividades pesqueras”. Igualmente, la zona de pesca no está rehabilitada y el ministerio de Producción no autoriza a los pescadores a salir a trabajar.

Tal y como informa Climática-La Marea, “las asociaciones de pescadores artesanales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay denuncian que el ecosistema no ha sido reparado y siguen reclamando que la empresa, con matriz española, se haga responsable de lo que consideran un ecocidio“. Además, según hemos podido comprobar en Entrepueblos, la mayoría de las y los empadronados han recibido una compensación, que las asociaciones de pescadores no consideran justa ni conclusiva, ya que a fecha de hoy aún no pueden pescar (se trataría de una compensación hasta 2023).

Como denunciaron Luis Díaz y Zenón Gallegos, dos representantes de los afectados, el año pasado durante una gira por el estado español,  Repsol intentó que las asociaciones de pescadores afectadas no pudieran personarse como parte en las demandas, aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la falta de apoyo de las autoridades peruanas, siguió una estrategia de conseguir renuncias a posibles demandas por parte de quienes aceptaron unos pagos exiguos en concepto de anticipo.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años.

Responsabilidad del gobierno Español

Un informe de Cooperación Perú y otras tres entidades independientes concluye no solamente que el daño ambiental persiste y que la primera respuesta de Repsol fue “tardía e insuficiente” sino que el Estado español “es responsable por no haber garantizado que una empresa domiciliada en su territorio respetara los derechos humanos en el marco de sus operaciones en el extranjero”.

“Además, España incumplió su obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos en las operaciones de sus propias inversiones empresariales en el extranjero, teniendo en cuenta que REPSOL se había beneficiado de un importante apoyo financiero del Estado español para la renovación de la Refinería La Pampilla S.A”, se indica en el estudio Repsol: una catástrofe que se pudo evitar. Impactos del derrame de petróleo en el mar peruano y en los derechos de la población en Ventanilla”, que se puede descargar en PDF aquí.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora ​​de gases de efecto invernadero del Estado español. Como el resto de empresas del Ibex35, Repsol ha contado durante décadas del apoyo incondicional de todo el aparato de la diplomacia española para extender internacionalmente sus inversiones, maximizando beneficios y disfrutando de impunidad. La misma refinería de Ventanilla responsable de este vertido se amplió en 2017 con un crédito asegurado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), empresa con mayoría de capital público. Y Felipe VI presidió su inauguración en noviembre de 2018. Es decir, que todas nosotras avalamos la inversión en ese desastre.

13 procesos administrativos en Perú

En la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores por parte de las autoridades peruanas: seis iniciados por el OEFA (institución encargada de la fiscalización ambiental ), cinco por el Osinergmin, uno por DICAPI y uno por el Serfor. De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.

En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.

En el contexto de la emergencia climática, ecológica y energética en la que nos encontramos, cada vez más gente reclama que el ecocidio debe ser reconocido como un delito universal y que se acabe con esta situación de impunidad corporativa.

Avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, reparar a las poblaciones afectadas y remediar los impactos socioambientales generados, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.


Más información: Repsol y la impunidad corporativa, artículo de Àlex Guillamón en la Revista Entrepueblos 79

Todos los testimonios visuales de este reportaje han sido elaborados por Cooperacción Perú y Entrepueblos. Gracias a todas las participantes por sus palabras.

Oscar Recinos: ‘La agroecología es básica para la soberanía de El Salvador’

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Artículo publicado el día 29 de noviembre de 2022  en la Revista Nexe 

La Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central (FECORACEN) del país centroamericano trabaja con las comunidades y cooperativas para promover y fortalecer la agroecología como vía de desarrollo local.

“Soy Oscar Recinos, tengo 55 años, soy campesino, gerente de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central (FECORACEN) y miembro de la comisión política de Vía Campesina en El Salvador. Para mí, “el cooperativismo es una alternativa social, incluso cultural, que permite integrarlo todo para mejorar la vida de las comunidades”. Así se presenta este especialista en cooperativismo y agronegocios, que ya acumula treinta años de experiencia como activista, luchador social y defensor de los derechos del campesinado de El Salvador.

El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, es conocido para tener una alta susceptibilidad ante acontecimientos climáticos y una problemática multidimensional donde se mezcla la desigualdad social y económica; la desocupación; la migración; la violencia social; el crimen organizado; el machismo y una elevada presión sobre los recursos naturales. Factores, todos ellos, que durante la pandemia de la COVID-19 se han visto agraviados.

Según Oscar Recinos, las prioridades del Gobierno de Nayib Bukele, presidente del país desde 2019, no están en focalizados en la agricultura, sector que se ha visto afectado por el cierre de los programas que ayudan la agricultura familiar, la acuicultura y el desarrollo rural. “No hay planes estatales por el sector agrario, y los créditos bancarios que se han establecido, acaban en manos de las grandes empresas, mientras que por los pequeños agricultores el acceso es muy limitado”.

Tampoco la pandemia no ha permitido mejorar la situación del campesinado. Más bien al contrario: en lugar de adquirir los productos de las familias campesinas, el Estado se dedicó a comprarlos al extranjero. Un hecho que, según Recinos, ha agraviado el abandono que sufren los pequeños y medios agricultores por parte de la administración.

Por el veterano cooperativista y activista social, El Salvador ha acontecido un país “bastante atrasado”, en que se ha priorizado la política de importación y se ha abandonado la agricultura. Una situación que, a parecer suyo, solo se resolverá si el Estado destina las ayudas necesarias para que el sector no caiga en manos de las compañías que conciben la producción de alimentos como una mercancía.

Ante esta problemática, Recinos explica que el objetivo de FECORACEN es impulsar la producción local desde una mirada ecológica, teniendo en cuenta que “el producto es mucho más sano, menos contaminado y menos nocivo para la salud”, afirma. Para lograr este objetivo, la entidad ha definido cuatro líneas de trabajo, como son la incidencia en políticas públicas, la transformación agropecuaria, la soberanía alimentaria y el enfoque de la actividad con perspectiva de género y orientado especialmente a la juventud. Alrededor de estos temas, establece colaboración con las comunidades y el conjunto de cooperativas, a quienes proporciona asesoramiento técnico en producción y gestión jurídica, y forma en agroecología, género, juventud y masculinidades.

En torno a la formación, Oscar Recinos señala que se ha hecho una gran labor, puesto que se desarrollan cursos destinados a chicos y chicas que tienen lugar, por un periodo de uno o dos meses, en una escuela ecológica. Por el representante de FECORACEN, con esta formación, los participantes conocen el proceso de transición que tiene que llevar a sustituir los productos nocivos a aplicar la agroecología: “Esta cuestión, y las que hacen referencia a la soberanía alimentaria, el cooperativismo y el papel de las mujeres y de la juventud, son fundamentales en orden a construir un país mejor para todo el mundo”.

También, en referencia a las masculinidades, Recinos apunta que las formaciones han permitido a los jóvenes darse cuenta de que las relaciones patriarcales son nocivas y no benefician a la sociedad salvadoreña. “Aprenden a tener otra visión de cómo tienen que ser las relaciones entre hombres y mujeres”, indica. Mientras que, en términos de cooperativismo, defiende que es crucial trabajar en colectividad y que “es interesante y gratificante hacerlo en esta dirección”, puesto que, “el sistema capitalista nos enseña el individualismo y que tienes que salir a triunfar, cuando lo más gratificante es que un colectivo busque el bien común”, dice Recinos.

Para avanzar hacia este horizonte, el gerente de FECORACEN cree necesario empoderar tanto las cooperativas como las comunidades en soberanía alimentaria y agroecología, de forma que adquieran la capacidad de producir sus propios alimentos en sistemas diversificados, “No podemos limitarnos a la producción de alimentos con carbohidratos, sino también con proteínas, las cuales son las que garanticen una buena de las comunidades”, comenta Oscar Recinos. Y esto, según insiste, pide ayudas al campesinado para que pueda alcanzar en la población, pero también al conjunto del mercado con sus propias semillas.

Oscar Recinos pone especial énfasis al ayudar los productores y productos para que puedan producir sus alimentos de acuerdo con la cultura que emana de los territorios. Al final, considera que “es un derecho de los pueblos tener acceso a la alimentación, y más en El Salvador, donde el problema no es la carencia de alimentos, sino el acceso a estos”, razón por la cual reclama que las instituciones vean en el campesinado un actor clave por el desarrollo de la economía local.

Según Recinos, por ahora, solo pueden acceder a los alimentos básicos las personas con poder adquisitivo, no quienes no tienen”, de aquí que, desde la Federación, se insta continuamente en el Estado a establecer planes que facilite a los productores y en el campesinado el uso de la tierra, el agua y el resto de recursos naturales. “Es básico que gire la mirada hacia el sector cooperativista, porque si bien tenemos tierras, no podemos producir por la falta de recursos” añade.

A propósito de esto, desde FECORACEN plantean la agroecología como una alternativa real que, más allá de garantizar el abastecimiento alimentario, supone la apuesta política por un modelo de producción que prioriza la diversidad ante el monocultivo. “Defendemos la agroecología porque es rentable y, a través del cooperativismo, permite fortalecer la economía local y transitar hacia el desarrollo social y ambiental de las comunidades”, concluye Oscar Recinos.

Pepa Roselló, técnica de Comunicación de Entrepueblos