Entrevista a Pablo Fajardo, activista y abogado ecuatoriano
“Lo criminal del sistema es que le otorga a la moral de Chevron/Texaco más valor que a toda la Amazonía, a la salud de las personas y a los pueblos indígenas”.
Hace 5 años, la Corte Constitucional de Ecuador confirmaba en última instancia la histórica sentencia que obligaba a la petrolera Chevron (entonces Texaco) a indemnizar con 8.560 millones de dólares a la Amazonia ecuatoriana por verter lodos tóxicos sin control durante décadas. Es la multa más elevada a una transnacional por un delito medioambiental y supuso un gran hito para la defensa de los derechos humanos de los pueblos campesinos e indígenas ecuatorianos.
Sin embargo, este caso, liderado por el abogado Pablo Fajardo, se ve ensombrecido por el hecho de que la petrolera no solo no ha pagado una multa que permitiría reparar parte del daño hecho (hablamos de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico y 30.000 víctimas) sino que continúa pleiteando contra Ecuador y amenazando a quienes lideraron la causa, utilizando como herramienta la llamada “arquitectura de la impunidad”, un entramado corporativo e institucional, que Fajardo nos explica en esta entrevista.
Pregunta: Visto desde la perspectiva de estos 30 años de causa judicial y 5 de la sentencia definitiva, ¿qué supuso para la lucha de la Amazonia ecuatoriana el ‘caso Chevron’?
Es uno de los precedentes más importantes del mundo, porque hasta esa fecha no existía una sentencia contra una transnacional de esta naturaleza. Devolvió la esperanza a los pueblos de acceso a la justicia y por eso queremos seguir trabajando para lograr que paguen y se repare la Amazonía. Pero somos conscientes de que el sistema que se ha creado de impunidad corporativa global es muy fuerte, muy poderoso y dificulta nuestro acceso a esta justicia.
P: ¿Cuáles son estas dificultades?
El ‘caso Chevron’ es uno de los reflejos más interesantes de la “arquitectura de la impunidad” y de cómo dejar en total indefensión a los pueblos. Nuestro caso lo planteamos en Estados Unidos pero Chevron dijo: “No me gustan las cortes norteamericanas quiero ser juzgada en Ecuador”. Posteriormente, en Ecuador, sus representantes legales dijeron: “No me gustan las cortes ecuatorianas, son corruptas, son débiles…”. Y les preguntamos: “¿Dónde quieren ser juzgados?” En el fondo Chevron quería que su crimen nunca hubiera sido juzgado y que nunca hubiera una sentencia condenatoria. Porque no existe una corte internacional que permita juzgar a una transnacional.
“El daño es real, es evidente…, a mí jamás nadie podrá decirme nunca que aquí no hubo un crimen que, 50 años más tarde, se sigue cobrando vidas humanas”.
P: A pesar de ello, los juzgaron y los condenaron.
Sí, finalmente hubo cuatro sentencias condenatorias de todas las instituciones jurídicas de Ecuador, hasta la Corte Constitucional del país. Porque el daño es real, es evidente…, a mí jamás nadie podrá decirme nunca que aquí no hubo un crimen que, 50 años más tarde, se sigue cobrando vidas humanas.
Pero tras la sentencia se activó toda la maquinaria de la “arquitectura de la impunidad” de la que hablábamos. Por una parte, toda una campaña mediática en contra nuestra y de Ecuador. Chevron contrató 2.000 abogados para que la defendieran y para atacar a quienes formamos parte de este proceso. En segundo lugar, se activó la protección de Estados Unidos hacia su empresa transnacional, Chevron Corporation. Y comenzó un ataque sistemático al gobierno ecuatoriano a través de los arbitrajes internacionales y un uso interesado del sistema financiero internacional que se traduce en que el Fondo Monetario Internacional le da créditos a Ecuador condicionados a que ayude a Chevron a salir de esta situación.
P: ¿Cómo se articula la “arquitectura de la impunidad”?
Es lo que han ido construyendo las transnacionales en los últimos 50 años, o incluso antes, con mucha astucia, utilizando todo el entramado de las empresas holding o auxiliares y los denominados paraísos fiscales, que no solo usan para evadir impuestos sino también para evadir responsabilidades.
En paralelo, se han ido aprobando tratados bilaterales de inversiones o tratados de libre comercio en los que ponen cláusulas y reglas al capital o al comercio que protegen las inversiones, pero dejan en indefensión a los pueblos víctimas de crímenes corporativos. Y se crea todo un sistema de arbitrajes internacionales que garantiza esa “seguridad a la inversión” pero desmantela los procesos judiciales de derechos humanos. Instituciones como Naciones Unidas, a través de los grupos regionales, también conforman esta arquitectura de la impunidad, así como los medios de comunicación serviles y parte del sistema académico y las universidades, que acaban investigando lo que conviene a quien financia la investigación.
Y finalmente, una pieza clave es todo el sistema financiero internacional, con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que conceden créditos condicionados. Todos esos elementos rigen el planeta y el entramado se cierra con las puertas giratorias ya que miembros de las empresas acaban formando parte de los gobiernos, supuestamente en cargos de control.
Chevron usa muchísimo los elementos de esta arquitectura de la impunidad y consigue exactamente eso: impunidad corporativa ante el crimen cometido en Ecuador.
P: ¿Cuánto ha pagado Chevron hasta la fecha?
No han pagado nada. Han utilizado todos los elementos de la arquitectura de la impunidad para ir demorando el proceso y, es más, hoy son ellos los que quieren que el Estado ecuatoriano les pague.
En junio de 2018, la Corte Constitucional de Ecuador, en ultimísima instancia, emitió la condena: una sentencia ejecutable, irrevocable y que contiene todos los elementos para exigir a Chevron que pague todo lo que debe a la Amazonia ecuatoriana. Pero, dos meses más tarde, en agosto, la empresa obtuvo un laudo arbitral de un panel de arbitraje internacional con sede en La Haya, y en ese laudo se disponen algunas cosas bastante aberrantes, como ordenar al Estado ecuatoriano que anule la sentencia de los demandantes del caso, es decir nosotros. ¡Imagínese, un panel de arbitraje le ordena a un estado soberano que anule una sentencia de la Corte Constitucional de un país! Es un abuso a la soberanía del Estado y rompe con la división de poderes.
Además, los árbitros añaden que si no se anula la sentencia, el Estado ecuatoriano debe impedirnos a los demandantes del caso que podamos ejecutar la sentencia en Ecuador o en cualquier parte del mundo.
Y le dicen al Estado de Ecuador que tiene que pagar a Chevron las costas judiciales y el daño moral que le han causado en estos 25 años de proceso judicial. Es brutal. Un Estado soberano, independiente, con un gobierno serio jamás acataría eso. Aquí han muerto miles de personas de cáncer, leucemia, hay pueblos indígenas extinguidos, una naturaleza devastada… Pero la moral de Chevron vale para ellos mucho más que toda la Amazonía, que toda la vida de la gente, que los pueblos indígenas.
“Lo que está en juego es que se establezca un precedente nefasto que juegue en contra de los derechos humanos en todo el planeta”.
P: ¿Cómo ha respondido el gobierno ecuatoriano ante este caso?
La Procuradoría de Ecuador, en vez de defender sus instituciones, ha terminado por defender los intereses de Chevron, el Estado ha sido capturado por una transnacional, puesto al servicio de gran una empresa y en contra de su propia población e instituciones. Es gravísimo, porque lo que está en juego no es solamente la Amazonía ecuatoriana, éste no es un caso solo de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) en contra de Chevron. Lo que está en juego es que se establezca un precedente nefasto que juegue en contra de los derechos humanos en todo el planeta. Con esos antecedentes, en el futuro, ¿qué juez, en cualquier parte del mundo, se va a atrever a condenar a una transnacional?
P: ¿Tienen previstas nuevas acciones legales?
Tenemos varias acciones legales previstas, en otros estados y no descartamos interponer demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano, por interferir en un proceso del cual no es parte. Estamos analizando todas estas posibilidades, pero otro gran problema es el económico porque los pueblos indígenas no tienen recursos.
P: La UDAPT participa en las conversaciones para un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos. ¿Cómo ha ido la octava conversación que tuvo lugar en el mes de octubre?
El reporte que me transmitieron mis compañeros es que va rumbo al abismo. No quieren un tratado vinculante para las transnacionales.
P: ¿Por qué sería tan importante avanzar en la consecución de este tratado?
Hasta ahora en el contexto global no existen reglas ni instituciones que permitan juzgar a las empresas trasnacionales cuando cometen una vulneración de derechos humanos. En las cortes internacionales o regionales se juzga a las personas o estados, pero estas empresas siempre gozan de impunidad.
Y estas corporaciones han ido crecido tanto que algunas son más grandes económicamente que muchos estados juntos. Y son las que más inciden en el calentamiento global, por ejemplo, y las que más vulneran los derechos de los pueblos indígenas, de la naturaleza, de la soberanía de los estados. Se espera que el tratado vinculante sea ese instrumento que acorte la gigantesca asimetría que existe entre transnacionales y derechos humanos.
P: ¿En qué momento se encalló el tratado o a qué puede deberse?
Las empresas han ido capturando el sistema global de derechos humanos, de los grupos regionales y del proceso del tratado vinculante en cumplimiento de la Resolución 26/09. Son muy fuertes en Naciones Unidas y ejercen una enorme presión. No tengo el dato actual, pero hasta hace unos años, cuando iba a Europa y visitaba la Unión Europea, me encontraba a más lobistas que eurodiputados. Y en la ONU ocurre igual, te encuentras más lobistas que delegaciones de los estados oficiales.
La Unión Europea en su discurso se vende como un grupo regional en el que se respetan los derechos humanos, la naturaleza y la vida, pero, en la práctica, sus transnacionales son las que destruyen gran parte del Planeta e inciden en la vulneración de derechos. Por eso, no quieren un tratado vinculante, al igual que EEUU, China,… Las grandes potencias, donde más se vulneran los derechos humanos, son las que más se oponen a su regulación.
Montse Barba, Comunicación Entrepueblos
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