Berta Cáceres y el río Gualcarque (Honduras)

El asesinato de Berta Cáceres sigue siendo un caso paradigmático de violencia contra personas defensoras del territorio. Su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca evidenció la colusión entre empresas, élites políticas y fuerzas de seguridad.

Diez años después, la justicia continúa incompleta y las responsabilidades estructurales siguen sin esclarecerse plenamente.

Contexto

El río Gualcarque corre entre piedras y árboles en el occidente de Honduras. Las mujeres lencas saben cuándo trae abundancia y cuándo está herido. Para ellas, el río es la vida misma: sostiene la alimentación, la memoria, los cuidados. Así vivió y así defendió la vida Berta Cáceres. Desde el territorio concreto, desde las asambleas, desde la coherencia radical entre lo que se piensa y lo que se hace. Ella misma lo nombraba sin eufemismos:

«No es fácil ser una mujer a la cabeza de procesos de resistencia indígena. En una sociedad increíblemente patriarcal, las mujeres están muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de alto riesgo, campañas sexistas y misóginas. Esto es algo que puede ejercer más influencia en la decisión de abandonar la lucha.» El 2 de marzo de 2016, alguien entró en su casa en La Esperanza y la mató. Diez años después, ese crimen sigue hablando, y lo que dice atraviesa el presente como una exigencia política.

Desde Entrepueblos acompañamos el proceso de denuncia y justicia desde hace diez años. Hemos trabajado junto a organizaciones hondureñas y redes europeas para situar este caso en la agenda pública, porque entendemos que la violencia que mató a Berta viajó con el capital. El modelo extractivo que necesitaba el río Gualcarque disponible, el territorio lenca desmovilizado y la voz de Berta silenciada, es el mismo modelo que financia bancos europeos, que opera a través de multinacionales con sede en Madrid o Amsterdam, que sigue activo en territorios donde comunidades indígenas denuncian impactos ambientales y vulneraciones de derechos. La reciente decisión de Trump de levantar las sanciones al petróleo venezolano -abriendo el paso a empresas como Repsol- recuerda con urgencia que la transición energética corre el riesgo de reproducir las mismas lógicas contra los derechos humanos con etiqueta verde.

Hasta la raíz… de la impunidad.

Consulta la campaña completa Hasta la raíz: 10 años del asesinato de Berta Cáceres