Manifiesto ante la represión contra personas defensoras de derechos en Espinar, Cusco, Perú
29 de julio de 2020
La Plataforma Europa Perú (PEP) manifiesta su preocupación por los hechos ocurridos en la provincia de Espinar, Cusco, a raíz de las protestas de las comunidades aledañas al proyecto minero de Antapaccay, quienes vienen sufriendo los impactos negativos de la minería en la zona por casi 40 años y que actualmente están pasando por una crisis excepcional tras la pandemia de Covid-19
Según informes, el 15 de julio, dirigentes de las comunidades de Espinar llamaron a un paro indefinido debido a la negativa de la empresa multinacional anglosuiza Glencore a aportar un monto económico individual de S/1000 a la población por la crisis económica resultante de la pandemia 1. Para la población, ese monto formaría parte de los compromisos que la empresa ha asumido a través del Convenio Marco, que fue firmado por la minera (en aquellos entonces BHP Billiton) y las comunidades aledañas y la provincia de Espinar en el año 2003.
De acuerdo con información recibida, la fuerza policial y militar ha intentado detener las protestas haciendo uso de bombas lacrimógenas y perdigones, lo que provocó la quema de pastos y el incendio de la casa de bombeo, ubicada en la zona de Camaccmayo. El 24 de julio, también hubo reportes de un enfrentamiento entre agentes policiales y un grupo de jóvenes que se encontraba en la entrada del distrito de Yauri. Los efectivos utilizaron perdigones, armas de fuego y bombas lacrimógenas resultando heridos 5 manifestantes, evacuados al Hospital de Espinar. Dos de ellos serían menores de edad, 17 y 16 años, respectivamente. La doctora Gloria Cárdenas Alarcón, del hospital de Espinar, reportó que 3 personas heridas sufrieron impactos de proyectil de arma de fuego y que ella misma está sufriendo hostigamiento por parte del sistema de justicia por denunciar estos hechos; según informes, ha sido citada por la fiscalía y tres policías se presentaron en su centro de trabajo.
En este contexto, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos resulta de especial preocupación. Las actividades mineras en la zona han tenido efectos muy adversos para las poblaciones aledañas, que sufren las consecuencias de la contaminación de metales pesados en sus cuerpos y en el agua que consumen o usan para actividades agrícolas 2. Las mujeres han sufrido particularmente los impactos negativos de la minería, tanto en temas de salud, alimentación, trabajo y economía. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar y se han visto más afectadas por abusos de las fuerzas policiales, habiéndose reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual.
Como instituciones y redes que promovemos el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, rechazamos todo acto de hostigamiento y criminalización de la protesta social. El pasado 6 de julio, el Tribunal Constitucional de Perú publicó una sentencia histórica reconociendo el derecho a la protesta como un principio fundamental y un derecho en sí mismo.3 La PEP acoge con gran satisfacción esta sentencia y exhorta a las autoridades en el Perú a que se abstengan de utilizar el sistema de justicia para fines coyunturales, como ocurre actualmente en contra de las y los líderes y dirigentes sociales de Espinar. Al respecto, hemos tomado conocimiento sobre disposiciones de investigación de la fiscalía por delitos que no se han cometido 4, sin investigar las causas de la protesta social y las demandas de Espinar. Hay que recordar que las investigaciones fiscales han sido reiteradamente utilizadas en Espinar y en otros casos con el objeto de obstaculizar las actividades de líderes y personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, mostramos preocupación ante el inicio de una campaña de desprestigio contra las y los líderes sociales de Espinar; así como el hecho que la empresa haya iniciado una fuerte campaña mediática con una propuesta paralela denominada “Reactiva Espinar”, que en lugar de facilitar el diálogo provocan y generan malestar en medio de un paro indefinido.
Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de diversos canales, han hecho un llamado al diálogo e invocado a las instancias correspondientes a garantizar la protección de los derechos humanos. Asimismo, la PEP da la bienvenida a los esfuerzos por reiniciar el diálogo a través de la formación de un grupo de alto nivel para discutir temas fundamentales para la población de Espinar. Es importante señalar que hay una agenda histórica pendiente a resolver en Espinar, como son la revisión y reformulación de un nuevo convenio marco, atender los impactos a la salud y el medio ambiente en las comunidades, la omisión de la consulta previa en los proyectos de Antapaccay y próximamente Coroccohuayco, entre otros temas. Por ello, confiamos que este diálogo tome en cuenta estos pendientes y cumpla con los requisitos que se requieren para ser exitoso, incluyendo garantías para que sea un diálogo horizontal y participativo. Ante lo mencionado, y en cumplimiento de las recomendaciones que el Relator de la ONU sobre la situación de personas defensoras hizo en enero de este año, en su visita a Perú, instamos a las autoridades peruanas a:
– que cesen los actos de criminalización de la protesta social y de hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además, que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público y se garanticen los derechos humanos de las personas defensoras, en especial su derecho a defender derechos, su derecho constitucional a la protesta, y la protección integral por su labor como defensores/as de derechos humanos ambientales.
– que dispongan la creación de un equipo encargado de investigar de manera inmediata actos de violencia de género física y sexual en agravio de mujeres defensoras, por parte de personal policial, militar, seguridad privada o trabajadores de la empresa, en el marco de intervenciones a vehículos en la zona y medidas adoptadas por el Estado para mitigar la movilización.
– que se redoblen los esfuerzos para resolver el conflicto de manera pacífica en esta parte de la región Cusco, una zona donde el derecho a la salud y la vida y el derecho a un medio ambiente sin contaminación han sido sistemáticamente vulnerados por parte de la minera Antapaccay, perteneciente a la compañía Glencore.
– finalmente, que el compromiso de iniciar un diálogo por el gobierno y la población se realice de manera pronta y efectiva, sin demoras, como ha sido el caso el último lunes, cuando el diálogo se canceló a último momento por funcionarios del gobierno nacional, lo cual solo genera más desconfianza en la población local.
- La pandemia del Covid-19, ha afectado a 48 trabajadores de Glencore, quienes han seguido operando durante la emergencia a pesar de no ser una actividad esencial, lo que ha impactado a pobladores de Espinar quienes viven en su mayoría de la actividad agropecuaria, pequeño y mediano comercio y servicios.
- Se han registrado 506 personas de 6 comunidades aledañas a la explotación minera de los cuales el 100 % se encuentran con niveles biológicos detectables de metales tóxicos; afectación a la producción agrícola y pecuaria, incremento de la mortandad de animales; la contaminación de los ríos Cañipía y Salado, los polvos del transporte minero y las explosiones de sus operaciones.
- https://idl.org.pe/tribunal-constitucional-reconoce-por-primera-vez-el-derecho-fundamental-a-la-protesta/
- El 15 de julio han sido notificados 8 dirigentes de las principales organizaciones de Espinar: Comité de Lucha de Espinar, Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) y Construcción Civil Espinar, en vía de prevención del delito por el Ministerio Público por la “comisión de delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Resistencia o desobediencia a la Autoridad, tipificado en el artículo 368° del CP, en agravio del Estado” que tiene un claro objetivo de amedrentamiento, criminalización y desmovilización.
PEP EXPRESSES CONCERN FOR REPRESSION AGAINST HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN ESPINAR, CUSCO, PERÚ
28 July 2020
The Perú Europe Platform (PEP) expresses concern for the recent events taking place in the province of Espinar, Cusco, as a result of protests by communities living near the Antapaccay mining project. These communities have been suffering from the negative effects of mining extraction in the area for almost 40 years, and are currently experiencing an exceptional crisis because of the Covid-19 pandemic.
On 15 July, community leaders from Espinar reportedly called for an indefinite strike due to the Anglo-swiss mining company Glencore’s refusal to provide a sum of 1,000 soles to each member of the population. They are in dire need of economic assistance as a result of the pandemic. The population is entitled to this amount as part of the commitments Glencore made under the Convenio Marco, a framework agreement signed in 2003 by the mine (at that time owned by BHP Billiton) and the communities in the province of Espinar.
According to information received, the police and military forces have used tear gas and pellets to stop the protests, which led to pastures and a fire station being set on fire in the Camaccmayo area. On 24 July, there were also reports of confrontations between the police and a group of young people in the district of Yauri. The troops used buckshot, firearms and tear gas, injuring five protesters who were taken to the hospital in Espinar. Two of them were 17 and 16 years old respectively. Doctor Gloria Cárdenas Alarcón, who works at the hospital, reported that three of the protesters suffered injuries caused by firearms. She also stated that she has been judicially harassed for denouncing the events; according to reports, she has been called to the prosecutor’s office to testify and has been visited by the police at her place of work.
In this context, the situation of women human rights defenders is of particular concern. Mining activities in the area have had severe adverse effects on the communities living near the mine, who suffer the consequences of heavy metal contamination in their blood and also in the water that they consume and use for agriculture activities. Women in particular have suffered from the negative effects of mining, in terms of health, food, work and economic issues. Accordingly, women are the ones who have gone out to protest in large numbers and they are the ones who have been most affected by abuses by the police forces, with local and social media reports of physical assaults and sexual violence.
As institutions and networks that promote and defend human rights, we reject all acts of harassment and the criminalisation of social protests. On 6 July, the Constitutional Tribunal of Peru published an historical ruling recognising the right to protest as a fundamental principle and a right on its own merit. PEP warmly welcomes this ruling and calls on the Peruvian authorities to refrain from using the justice system for economic purposes, as this is currently the case against community leaders in Espinar: we have learned of investigative measures taken by the prosecutor’s office for crimes that have not been committed, without investigating the causes of the social protest and the demands of the people of Espinar. It should be
remembered that judicial investigations have been repeatedly used in Espinar and other parts of the country with the intention of preventing community leaders and others from defending their human rights.
We are also concerned about a recent campaign to stigmatise community leaders from Espinar and about the fact that the mining company has recently started a strong media campaign to promote “Reactivate Peru”. Rather than facilitating dialogue, this generates mistrust amidst the indefinite strike.
Peruvian human rights organisations Derechos Humanos sin Fronteras, Red Muqui, CooperAcción and the Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, have called for dialogue through various channels and have asked the authorities to guarantee the protection of human rights for the people of Espinar. Likewise, PEP welcomes the efforts of the national government to reinitiate a dialogue through the formation of a high-level delegation formed to discuss fundamental issues for the people of Espinar. It is important to stress that there is a pending historical agenda that is yet to be resolved in Espinar, such as the revision and reformulation of a new framework agreement, to deal with the health and environmental issues caused by mining activities, and to remedy the lack of consultation so far for the Antapaccay mine and the Coroccohuayco mine that is due to commence operations. We therefore hope that this dialogue takes into account all pending issues and that it meets the requirements for a successful dialogue, including guarantees for a participatory and horizontal dialogue.
In the light of the above, and to comply with the recommendations of the Special Rapporteur on Human Rights Defenders following his visit to Peru in January, we ask the Peruvian authorities:
– To stop all acts of criminalisation of social protest and harassment against human rights defenders and ensure that human rights violations committed by public forces are properly investigated, and to guarantee that the legitimate activities of human rights defenders are protected, including their constitutional right to protest.
– To create a special team of prosecutors in charge of promptly investigating all acts of physical and sexual violence against women human rights defenders that are carried out by security forces, including the police, the army, private security personnel or mine employees, within the context of carrying out stop and search activities to vehicles and all other measures adopted by the State in order to mitigate the protests.
– To strengthen their efforts to resolve the conflict in a peaceful manner, in a region where the right to health and life and the right to a clean and safe environment have been systematically violated by the Antapaccay mine, owned by Glencore.
– Finally, to ensure that the recent commitment to begin a dialogue between the government and the population takes place promptly and effectively, without further delay, as was the case last Monday, when the dialogue was cancelled at the last minute by national government authorities, which only serves to increase the local population’s lack of trust.
Plataforma Europa Perú / Plataforma Europa Perú
– Asociación pro derechos humanos de España (España)
– Asociación Putumayo (Bélgica)
– Broederlijk Delen (Bélgica)
– Catapa (Bélgica)
– Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
– Commission Justice et Paix (Bélgica)
– Entraide et Fraternité (Francia)
– Entrepueblos (España)
– FOS (Bélgica)
– Informationsstelle Peru e.V. (Alemania)
– Kampagne “Bergwerk Peru – Reichtum geht Armut Bleibt”, Campaña Perú País Minero (Alemania)
– Peru Support Group (Reino Unido)
– Peru Kommiten for MR (Sweden)
– Secours Catholique (Francia)
– 11.11.11 (Bélgica)
