Última hora: han sido liberadas las 8 personas detenidas, entre ellas, 3 extranjeras. La detenciones se habían producido cerca de la laguna Cortada cuando se disponían a participar de una inspección hacia la laguna El Perol, en territorio de Conga.

Algo inaudito ocurrió en Cajamarca. El comunicador indígena César Estrada Chuquilín fue detenido por la policía junto a otras doce personas cuando cumplía su labor periodística.

El hecho es de suma gravedad dado que hace algunos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas para garantizar su vida e integridad junto con la de otras personas que se oponen al proyecto minero Conga.

La abogada Zulma Villa del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) llamó la atención sobre este hecho, el cual vinculó con un pronunciamiento del Ministerio de Justicia a favor de la continuidad de los trabajos de la empresa Yanacocha en la zona.

 

14 de mayo: han sido liberadas las 8 personas detenidas, entre ellas, 3 extranjeras. La detenciones se habían producido cerca de la laguna Cortada cuando se disponían a participar de una inspección hacia la laguna El Perol, en territorio de Conga.

Fuentes: Servindi, La Primera y Cooperacción

Servindi, 13 de mayo, 2014.- Algo inaudito ocurrió este mediodía en Cajamarca. El comunicador indígena César Estrada Chuquilín fue detenido por la policía junto a otras doce personas cuando cumplía su labor periodística.

El hecho es de suma gravedad dado que hace algunos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas para garantizar su vida e integridad junto con la de otras personas que se oponen al proyecto minero Conga.

La acción represiva de hoy se llevó a cabo en el sector donde se ubica la tranquera de ingreso a la laguna El Perol y que es territorio ancestral de las comunidades.

La abogada Zulma Villa del Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) llamó la atención sobre este hecho, el cual vinculó con un pronunciamiento del Ministerio de Justicia a favor de la continuidad de los trabajos de la empresa Yanacocha en la zona.

 

Inspección pacífica

Zulma Villa precisó que la visita a las inmediaciones de la referida laguna, en la que participaron mayoritariamente campesinos y campesinas de las rondas, así como activistas de otros países, se realizó en el marco de una inspección para verificar el estado de las reservas naturales de agua.

Estaba previsto que de esta inspección serían parte pobladores de las provincias de Bambamarca, Cajamarca y Celendín.

Afirmó, en ese sentido, que de la misma estaban enterados la policía, el ministerio del Interior, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

La detención se habría dado sin razón alguna. No existía orden judicial de por medio ni tampoco flagrante delito.

Los efectivos policiales rodearon a los campesinos y activistas para pedirles sus documentos, posteriormente registraron a todos para finalmente detenerlos.

La abogada recalcó, sin embargo, que la detención no fue lo más grave. Según información recogida por medios de comunicación locales luego de ser detenidos las doce personas fueron golpeadas.

La abogada del IIDS responsabilizó por esta acción a Jorge Gutiérrez, jefe del Frente Policial de Cajamarca, quien dio la orden de detención pese a estar plenamente informado de la inspección y de su naturaleza pacífica.

Los detenidos

Según últimas informaciones, los doce detenidos se encuentran en la caseta policial que se ubica entre las lagunas Azul y Cortada.

En el tiempo que tuvo para comunicarse, Estrada informó que entre los detenidos se encuentran personas originarias de centros poblados como El Alumbre, Piedra Redonda, entre otras, y que pertenecen a la zona de la cuenca del río Jadibamba.

Según información brindada por la abogada y algunos medios locales, los detenidos son: Idelfonso Cisneros Vásquez, Juan Yamoctanta Cruzado, Javier Ortiz Vásquez, Fabiolita Huahua Garay, Juan Uriarte García, Manuel Ramos Campos, César Estrada Chuquilín.

No es la primera vez que Estrada es víctima de los efectivos del orden al servicio de intereses empresariales.

También se encuentran, Víctor Vásquez Peralta, Elvis Vásquez y Percy Coluche, este último originario de Chota. Coluche tendría una herida de gravedad en la cabeza.

También estarían entre los detenidos la joven activista Elvira Vásquez y los ciudadanos extranjeros María Norden, Johana Muller, ambos de Suecia, y el chileno Víctor López Abarca.

Esta nueva detención se realiza a una semana de que la CIDH ordene al Estado adoptar medidas para garantizar la vida e integridad de 46 líderes y lideresas de comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, así como de la familia Chaupe y del comunicador César Estrada Chuquilín.

Justamente la detención de este último estaría dando cuenta de una nueva forma de operar del Gobierno, advirtió Villa.

Ella manifestó su preocupación al respecto y tal como señala la CIDH en la medida cautelar 9/2014, destacó el papel de los comunicadores en situaciones de conflictos sociales como pasa en esta parte del país con el caso Conga.

De otro lado argumentó que la actuación de la policía este mediodía responde a lo vertido por Juan Jimenez Mayor, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), hace algunos días.

Como se recuerda, Jimenez, respecto a la reciente medida cautelar de la CIDH, sostuvo que la misma permite la continuidad de las obras del proyecto Conga en Cajamarca a cargo de Yanacocha.

“Esto es claramente las consecuencias de las declaraciones de Juan Jimenez Mayor”, sentenció.

La población de la zona se viene organizando para pedir ante la opinión pública la liberación de los detenidos.

 

La verdad sobre la CIDH y el caso Conga

La Primera

Con fecha 5 de mayo del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre las dos medidas cautelares solicitadas por la AIDESEP (1), la CCP (2), la CNA (3), la CONACAMI (4) y la ONAMIAP (5), en el caso CONGA. La primera medida cautelar solicitaba la protección a las autoridades, población indígena, comunidades y rondas campesinas y población en general de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc quienes se encontrarían en situación de riesgo debido a su oposición a la ejecución del proyecto minero.

Estas organizaciones también solicitaron que se proteja el territorio ancestral de las comunidades y rondas campesinas de la provincia de Cajamarca, Celendín y Bambamarca. Dicha solicitud guardaba relación con la petición P716-12, que presentaron a la CIDH el 12 abril de 2012.

Sobre el primer punto, la Comisión considera que está demostrado que los líderes y lideresas identificados en el procedimiento se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, pues su vida e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo. En consecuencia, le exige al Estado Peruano que adopte una serie de medidas para garantizar la vida y la integridad de dichas personas.

Sobre el segundo pedido, encontramos su pronunciamiento en la parte referida al análisis de los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad. En esta parte se hace un recuento de lo argumentado por las organizaciones sociales y el Estado, y la CIDH concluye lo siguiente:

“En este escenario, la CIDH observa que existiría una controversia sobre diversos aspectos que podrían ser materia de una petición o caso contencioso. Por consiguiente, considera que el mecanismo adecuado para abordar dichos alegatos y la información aportada sería la petición P716-12.”

Si bien es cierto, que para el segundo pedido la CIDH no otorgó la medida cautelar, es claro también que se nos remite al procedimiento de la petición presentada (P716-12), en el cual se abordará la afectación del territorio ancestral.

Para entender lo sucedido, debemos recordar que las medidas cautelares sirven para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso de un caso pendiente, en situaciones de gravedad y urgencia y las peticiones para denunciar las violaciones o amenazas a derechos humanos.

Por lo tanto, José Miguel Morales Dasso, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), falta a la verdad cuando dice: “Yo creo que lo que ha hecho la Comisión es ratificar que las adjudicaciones que se le han dado al proyecto Conga son válidas, entonces no vemos razón alguna para que haya oposición de nadie”. Esta afirmación no guarda correspondencia con lo decidido por la CIDH.

Lo que llama la atención, es que no sea de preocupación del empresariado minero y del Estado peruano, el que la CIDH concluya que la vida e integridad de un conjunto de personas estarían amenazadas y en grave riesgo. Nos debería preocupar a todos los peruanos, que en un Estado democrático de derecho, se esté afectando los derechos fundamentales de líderes sociales por el solo hecho de oponerse a un proyecto minero.

…

1 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.
2 Confederación Campesina del Perú.
3 Confederación Nacional Agraria.
4 Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería.
5 Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú.

Ana Leyva V
Cooperación.