Guatemala: anhelos democráticos y ruido de sables

➡️ Comunicado de las organizaciones sociales ante la crisis institucional en Guatemala

Rosalinda Hernández Alarcón, periodista mexicana, residente en Guatemala, integrante de la Asociación Feminista La Cuerda

De un lado, están las fuerzas conservadoras que recurren por todos los medios a mantener las fuentes de financiamiento ilícito y exacerbar las posturas reaccionarias que violentan derechos democráticos conquistados; y por otro, diversidad de grupos que demandan continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como defender la laicidad y la función del bien común que corresponde al Estado.

Esta confrontación de posiciones toma forma en un contexto en el que altos funcionarios públicos y privados cuestionan resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyos dictámenes deben ser acatados ya que es la máxima institución del ordenamiento jurídico guatemalteco; proliferan las descalificaciones y la criminalización de voces opositoras; se engavetan iniciativas de ley progresistas, reactivan controles militaristas y reprimen al movimiento indígena y campesino, principalmente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CORTE EVANGÉLICO

A pesar de que la Constitución Política de Guatemala establece la libertad de creencias y ha suscrito convenios internacionales que reconocen los derechos de las mujeres y de la población LGBTI, el mandatario Morales y dirigentes de su partido reivindican sus convicciones religiosas mientras actúan en su función pública.

A toda costa pretenden descalificar las posiciones emancipadoras en un país donde se registra la tasa más alta de natalidad en América Latina, el empobrecimiento de las personas crece al igual que las migraciones y van en aumento los embarazos en niñas (11 y 14 años) y las denuncias por violencias machistas.

Morales defiende como la pareja única permitida, la que integra un hombre y una mujer; que la mal llamada “ideología de género” atenta contra la armonía familiar; que la educación sexual únicamente corresponde a padres y quienes propugnan por postulados distintos a los suyos son “enemigos internos” (concepto utilizado durante la guerra para reprimir), ya que fomentan la polarización social.

Además de sus sesgos pentecostales, en los que la palabra de dios sobresale, altos funcionarios de la presidencia de la República han externado su oposición a obedecer la resolución de la CC que ordena dejar entrar a Guatemala, a Iván Velázquez, quien ha sido ratificado como titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, contrario a una orden presidencial que lo prohibió porque supuestamente atenta contra la soberanía nacional.

Asimismo, han manifestado su rechazo hacia otro dictamen de la CC, que ordena la realización de una consulta comunitaria previo a que la Mina San Rafael reanude sus funciones (explotación de plata, cobre, zinc, y en menor medida oro). En esta oposición, además de funcionarios de gobierno de alto nivel, figuran cámaras empresariales y ex magistrados conservadores que coinciden en imponer los proyectos “de desarrollo” a pesar de que son rechazados por la población de los territorios donde se ejecutan, porque destruyen bienes naturales, benefician principalmente a inversionistas extranjeros y es escasa su oferta laboral.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON MAYORÍA REACCIONARIA

La legislatura actual ha concertado un “pacto de corruptos”, integrado por diputados que intentan legislar en función de las exigencias evangélicas, califican de “enfermos” a la población LGTBI y como un atentado a la familia y el derecho a la vida los postulados feministas.

Otra de sus características es favorecer los intereses empresariales que han acumulado capitales a través del modelo extractivista. Los integrantes del “pacto de corruptos” defienden las fuentes de financiamiento ilícito como son: la construcción de infraestructura, la compra de medicamentos, la contratación de servicios, entre otras. Aspiran a cooptar el Sistema de Justicia.

Este grupo de parlamentarios también pretende la reelección ininterrumpida y el cambio de bancada sin restricción alguna, así como restar poder de decisión al Organismo Judicial en casos de desafuero de funcionarios públicos, inculpados en hechos de corrupción, tarea que quieren sea exclusiva al Congreso de la República.

Las demandas sociales, como la ley que buscaba una reparación digna para niñas violentadas sexualmente y apoyos económicos para mujeres rurales, son ignoradas. La agrupación Justicia Ya denunció que 129 (del total de 158) diputados intentan cambiar las reglas del manejo de financiamiento electoral para salvar a financistas y secretarios generales de partidos políticos.

ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS SENTENCIADOS

La función pública ha estado impregnada por hechos de corrupción en este país centroamericano, en los que se ha simulado hacer actividades comerciales a fin de apoderarse de recursos del Estado, práctica que –a partir de 2015– se demostró mediante la actuación conjunta del Ministerio Público (MP), a cargo de Thelma Aldana, y de CICIG, dirigida por el comisionado Velázquez.

A pesar del litigio malicioso ejercido por ex funcionarios gubernamentales y sus abogados, existen varias sentencias que demuestran plenamente cómo éstos se apoderaron bajo el amparo de sus cargos de importantes sumas de dinero; por ejemplo: la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti; el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; y el ex titular del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), estos dos últimos pertenecieron a la cúpula militar.

En los procesos judiciales que se siguen figuran como presuntos inculpados además: el ex presidente de la República, Otto Pérez Molina; varios ex magistrados y ex ministros, entre ellos, Williams Mancilla, ex titular de la cartera de la Defensa Nacional, así como dos familiares de mandatario, Sammy Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo.

Todos estos casos han sido presentados por MP y CICIP, en los que también figuran grandes empresarios, cuyos resultados son los que motivaron a Jimmy Morales a cerrarle el ingreso a Guatemala al comisionado Velázquez y oponerse a la extensión del mandato de dicha comisión de Naciones Unidas.

En sentido contrario, movimientos ciudadanos departamentales y en la capital, donde resalta la participación estudiantil y de población urbana, demandan intensificar la persecución penal contra las personas corruptas. Exigen la renuncia del presidente de la República y de los diputados, respetar el ordenamiento constitucional, reencauzar la acción legislativa y defender el Estado laico.

UN GOLPE DE ESTADO ESTÁ EN MARCHA

Mujeres indígenas y mestizas, quienes participan en diferentes espacios, se han constituido en una asamblea permanente para rechazar enérgicamente el Golpe de Estado que se está implantando, ante la desobediencia de las resoluciones de la CC y la militarización, que se observa con el fortalecimiento del ejército, su mayor injerencia en decisiones nacionales y presencia constante en las calles y comunidades donde hay movimientos de resistencia.

Para la denominada asamblea de mujeres, la impunidad “afecta de manera importante porque se nos niega el acceso a servicios públicos, impone peores condiciones de trabajo y alimentación, reproduce violencias en distintos ámbitos de nuestra vida, además suprime oportunidades en comunidades rurales y barrios urbanos”.

Representantes de los diferentes movimientos sociales denuncian de manera constante los ataques contra defensoras y defensores de derechos que luchan por sus recursos naturales y territorios. El más reciente hecho ocurrido en octubre, fue en la comunidad de Ixquisis (departamento de Huehuetenango), donde se ha puesto de manifiesto la existencia de un plan para promover una nueva ola de criminalización contra pueblos que rechazan los proyectos mineros, hidroeléctricas, agricultura extensiva.

En Guatemala se está violando el libre acceso a la información, así como la libertad de expresión y de creencias, mediante la difusión de discursos de odio, campañas de desprestigio y manipulación de informaciones públicas. Lo que importa resaltar es que en este país, al igual que en otros del continente (Brasil, Colombia, Costa Rica), la difusión de consignas religiosas fundamentalistas tiene el objetivo de controlar a las personas para mantener sus proyectos de acumulación, mientras que la militarización busca reprimir el descontento social y fomentar el miedo en la ciudadanía. Todo ello, contrario a las exigencias democráticas.

Artículo del Boletín 70 “La nueva ola feminista”

 

 

 

COMUNICADO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ANTE LA CRISIS INSTITUCIONAL EN GUATEMALA

Las Organizaciones abajo firmantes:

MANIFESTAMOS

1. Que las acciones que el Gobierno de la República, encabezadas por el Presidente Jimmy Morales, ha realizado desde octubre de 2018 son constitutivas de delito de desobediencia a resoluciones del máximo órgano constitucional.

2. El día de ayer en horas de la noche el investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- Yilen Osorio fue retenido ilegalmente con la pretensión de regresarlo a su país de origen por funcionarios de migración y de la Policía Nacional Civil, bajo órdenes de la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación y el propio Presidente de la República. Este acto es constitutivo de delito, en la medida que varios tribunales y la propia Corte de Constitucionalidad, habían dado un plazo de 12 horas para extenderles visa y permitir el ingreso de 11 investigadores de la CICIG entre ellos el señor Osorio.

3. Luego de varias acciones delictivas por parte del Presidente, la Canciller, el Ministro de Gobernación, el Procurador General de la Nación y funcionarios de Migración, a pesar de que el delito se ha realizado en flagrancia, el Ministerio Publico no ha coordinado las acciones de captura de los funcionarios responsables del delito de desobediencia y detención ilegales.

Frente a estos hechos, demandamos:

1. Al Ministerio Público ordenar el inmediato encausamiento penal de los funcionarios implicados flagrantemente en la desobediencia de la resolución del Juzgado 6to y de la Corte de Constitucionalidad.

2. A la Corte de Constitucionalidad certificar lo conducente contra: a) Presidente Jimmy Morales, b) Ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, c) Ministro de Gobernación Enrique Degenhart, d) Procurador General de la Nación Donaldo Vivar y los funcionarios de la Dirección de Migración y de la PNC que hayan participado en la retención ilegal.

3. A la ciudadanía manifestar su repudio frente al duro golpe a la institucionalidad, que está asestando el Pacto de Corruptos encabezados por Jimmy Morales y de ser necesario salir a las calles en defensa de la institucionalidad y democracia en Guatemala acogiéndose al principio constitucional de resistencia pacífica. Así como estar atentas y atentos ante la posibilidad de que el gobierno de Guatemala cancele unilateralmente el convenio firmado con Naciones Unidas. 4. A la comunidad internacional manifestar su condena ante los delitos que se han cometido por parte del gobierno de Guatemala y solicitar prevalezca el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país.

Guatemala, 06 de enero de 2019.

Firmantes: 1. ADRI 2. Alianza Política Sector de Mujeres 3. Asamblea Ciudadana contra la corrupción y la impunidad 4. Asamblea Social y Popular 5. Asociación Comunidad Esperanza, Cobán 6. Asociación Gente Positiva 7. Asociación de Estudiantes Universitarios AEU 8. Asociación La Alianza Guatemala 9. Asociación La Cuerda 10. Asociacion para el mejoramiento habitacional de Guatemala MEJORHA 11. Asoq’nil Chimaltenango 12. Asociación de mujeres indígenas de Santa Maria Xalapan 13. Asociación de mujeres empleadas y desempleadas unidas contra la violencia 14. Autoridades ancestrales mayas y garífunas de Guatemala 15. Consejo de mujeres cristianas 16. Articulación por la vida contra la impunidad y la corrupción 17. CALAS 18. Capítulo Guatemala de Afiliadas y Afiliados de Maryknoll 19. Cer Ixim 20. CIPREVICA 21. Colectiva Actoras de Cambio 22. Convergencia nacional maya Waqib Kej 23. Convergencia por los Derechos Humanos: 24. CAFCA, CALDH, CIIDH, ECAP, ICCPG, ODHAG, SEDEM, UDEFEGUA, UNAMG 25. Comité Cambridge 26. Covip Peten 27. Codevi Alta Verapaz 28. Concodig Huehuetenango 29. Conavigua 30. Consejo Nacional de Victimas 31. Consejo de autoridades ancestrales Maya Achi 32. CPR –Sierra- 33. Comité de Unidad Campesina 34. DEMOS 35. Educa Guatemala 36. Estudiantes por la Autonomía -EPA- 37. FADS 38. Frente Nacional de Juventud 39. Fundación Guillermo Toriello 40. Fundación Myrna Mack 41. Fundacion Rigoberta Menchu 42. Federación de organizaciones y asociaciones para el hábitat popular FODHAP 43. Impunity watch 44. IEPADES 45. Mujeres Transformando el Mundo – MTM 46. Mesa Nacional para las Migraciones – MENAMIG 47. Movimiento de trabajadores Campesinos MTC San Marcos 48. Otra Guatemala Ya 49. Oxlajú Kej Peten 50. Plantones por la Dignidad 51. Radio urbana 52. REDNOVI 53. Refugio de la Diversidad Quiche 54. Red de mujeres positivas en acción 55. Red de Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala 56. Sagrada Tierra 57. Sector Religioso Centinelas 58. SEFCA 59. SERJUS 60. UNSITRAGUA HISTORICA 61. Voces de Mujeres