Perú: Organizaciones feministas y de DDHH denuncian el archivo de las investigaciones sobre las esterilizaciones forzadas.
El Fiscal libra de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicados en la esterilización forzada de miles de mujeres durante el régimen fujimorista, con lo cual se extendería el manto de la impunidad sobre una de las más graves violaciones a los DDHH cometidas en Perú.
Así, representantes de DEMUS, CNDDHH y Cladem demandaron, en rueda de prensa, justicia y reparación a las víctimas y han presentado las acciones legales precisas contra la decisión del Ministerio Público. Las víctimas de esa política de Estado irán hasta la CIDH si el fiscal superior no reabre el caso.
El Ministerio Público ha librado de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicados en la esterilización forzada de miles de mujeres durante el régimen fujimorista, con lo cual se extendería el manto de la impunidad sobre una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Perú. Ante la CIDH el Estado peruano se comprometió a investigar y sancionar a los presuntos responsables.
Así, representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Demus – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Cladem demandaron, en rueda de prensa, justicia y reparación a las víctimas y han presentado las acciones legales precisas contra la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicados. Víctimas de esa política de Estado aplicada durante el régimen de Fujimori esperan que las jueces sancionen a todos los responsables que estaban en lo más alto de la cadena de poder. Si el fiscal superior no reabre el caso irán hasta la CIDH.
FISCAL ARCHIVA INVESTIGACIONES CONTRA ALBERTO FUJIMORI Y SUS EX MINISTROS SOBRE LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS.
Fuente: Demus
Lima, 24 enero 2014. Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, expresó hoy su indignación por la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicados en la esterilización forzada de miles de mujeres durante el régimen fujimorista, con lo cual se extendería el manto de la impunidad sobre una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país. La institución feminista deploró la Resolución, con fecha 22 de enero de 2014, emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, asesores y directores involucrados en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.
Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilización de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento. Por lo menos 18 murieron como resultado de estas prácticas.
Demus informó que ayer 23 de enero, el titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, Marco Guzmán Baca, emitió la referida notificación que pondría fin a la investigación fiscal que se reinició en noviembre del 2012 ante el exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia donde se monitorea el Acuerdo de Solución Amistosa en torno al caso de María Mamérita Mestanza Chávez, víctima mortal de esterilización forzada, y que involucra a 2,074 mujeres denunciantes a nivel nacional.
Ante la CIDH el Estado peruano se comprometió a investigar y sancionar a los presuntos responsables de la muerte de Mamérita Mestanza, lo que se desdice con la decisión fiscal.
La Resolución señala que los hechos denunciados no constituirían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistemático de parte de Alberto Fujimori. Y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado por falta de dolo de parte de los ex ministros, asesores y directores de salud.
Demus sostiene que con esa apreciación, el fiscal no toma en cuenta la política estatal vigente entre los años 1996-2000, que era de conocimiento del entonces presidente Alberto Fujimori, los titulares de Salud de ese periodo y de los funcionarios, quienes ordenaban y monitoreaban el cumplimiento de las metas establecidas, que tuvo como consecuencia un número considerable de esterilizaciones sin consentimiento.
“Esta resolución vulnera, nuevamente, el derecho a la verdad y al acceso a justicia y reparación de las víctimas de esterilización forzada en nuestro país”, remarcó la institución que junto con otras organizaciones de derechos humanos ha venido acompañando el caso de Mamérita Mestanza.
Subrayó que las esterilizaciones forzadas implican delitos contemplados en la legislación penal peruana y constituyen graves violaciones a los derechos humanos de acuerdo al sistema internacional de derechos humanos, configurando un crimen de lesa humanidad por haber sido una práctica sistemática y generalizada, que amerita investigación y sanción.
La primera investigación fiscal se archivó en mayo del 2009 durante el gobierno aprista, y en este 2014, un poco más de cuatro años después, la justicia nacional le cierra sus puertas una vez más a las miles de peruanas esterilizadas forzadamente que siguen con las secuelas de ese hecho violento en sus vidas. El Estado les responde con la impunidad.
SOCIEDAD CIVIL EXIGE JUSTICIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS.
Fuente: DEMUS y CNDDHH
“El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además, las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener”, denuncia Rossy Salazar, representante legal de Demus. La abogada precisa que se han presentado tres fundamentos en el recurso de queja con la esperanza de que la Fiscalía Superior cambie la resolución emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca, que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.
El primer punto que se ha sustentado es que el fiscal provincial no necesitaba pruebas contundentes para denunciar, sino evidencias de que se ha cometido un delito, y como precisa Rossy Salazar, “hay suficientes evidencias dentro del expediente fiscal”. Además, denuncian que el propio fiscal no ha cumplido con el formalismo establecido, pues para archivar un caso de 2.074 mujeres, se debía explicar caso por caso, sin embargo, la resolución sólo ha hecho mención al suceso de Mamérita Mestanza, campesina que fue sometida a una operación quirúrgica de esterilización en 1998 y falleció ocho días después de la intervención.
Y por último, la consideración de que se han fundamentado de manera contundente todas las evidencias que hay en el expediente fiscal que determinan que fue un delito de lesa humanidad, a través de los informes y memorándums señalados como con las declaraciones de las más de 2 mil mujeres que han contado cómo han sido “engañadas, amenazadas, chantajeadas para que se lleve a cabo ese tipo de política y declaraciones de médicos y enfermeras que señalan cómo eran amedrantados para cumplir con estas metas”, explica Salazar.
“Esterilizaciones forzadas, ¡Sanción y Justicia ahora!”, es el reclamo que hacen las mujeres víctimas de este delito y las organizaciones de la sociedad civil tras la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios implicados en las esterilizaciones forzadas durante todo el régimen fujimorista desde 1996 hasta 2001. Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilizaciones de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales. Es el caso de Sabina Huillca procedente de Cusco. “Me indigna este caso, no encontramos justicia, ¿Por qué lo han archivado? Casi no sabemos leer ni escribir, ¿Será por eso que fue archivado?”, se pregunta indignada.
Mientras la parlamentaria andina Hilaria Supa señala que Fujimori hizo mutilar a las mujeres más pobres del Perú que no conocían sus derechos. “Este Estado nunca ha reconocido a esta población y hasta hoy siguen siendo discriminadas”, dice.
“El Estado a través de sus operadores de salud anuló la libertad de las mujeres a decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Además, el impacto en las mujeres de una determinada cosmovisión en nuestro país donde el vientre de la mujer es fecundo como la tierra, también se anuló la capacidad de dar vida. Se sienten incompletas.”, explica Mariel Távara, responsable de línea psicológica de Demus.
“En estos 17 años mi vida ha sido duro, no poder ser madre fue una frustración muy grande. Nuestro testimonio debe valer mucho más que un papel. Nosotras solamente queremos justicia, y es indignante que siempre tengamos que estar pidiendo por favor la justicia”, se lamenta Victoria Vigo víctima de la esterilización forzada.
“La decisión de archivamiento es contraproducente, porque el espíritu de reapertura del caso es contrario a lo que se ha decidido, y abusiva, porque se juzga como si los responsables hubieran sido los médicos, cuando todos sabemos que ha sido una política nacional cuyo responsable fue el mismo gobierno de Fujimori y sus ministros”, señala Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, otra víctima mortal de las 18 que se han registrado por esta causa.
Así, representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNNDDHH) y Demus – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Cladem (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer) demandaron justicia y reparación a las víctimas tras la presentación de la acción legal emprendida ante la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicado.
“A dos años y medio del gobierno de Ollanta Humala y frente a su compromiso con las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas demandamos al Ejecutivo reparación a todas las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir buscando justicia. “No vamos a dejar que estos delitos de lesa humanidad queden impunes”, finalizó María Ysabel Sedano directora de Demus.
Dato: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vería en marzo caso de esterilizaciones forzadas.
MUJERES ESTERILIZADAS IRÁN HASTA LA CIDH SI EL FISCAL SUPERIOR NO REABRE EL CASO.
Fuente: La República
Miercoles, 29 de enero de 2014. Víctimas de esa política de Estado aplicada durante el régimen de Alberto Fujimori esperan que las jueces sancionen a todos los responsables que estaban en lo más alto de la cadena de poder.
"Ahora vas a poder tener cinco o seis maridos", le dijo una enfermera con sorna a la piurana Laura Manchay (39), cuando apenas tenía 21 años y aún no sabía que la habían esterilizado.
Con dolor, recuerda que médicos y enfermeras la subieron a una camilla so pretexto de eliminarle los dolores de cabeza que la ampolla anticonceptiva le generaba, para luego aplicarle una "inyección" en la columna que la dejó "muerta de la cintura para abajo".
Inmediatamente le hicieron firmar un documento que no entendió por ser analfabeta, y minutos después vió cómo le cortaron su barriga para "hacerle un lavado de la sangre".
Por más que preguntó una y otra vez a los profesionales que la intervinieron en el Centro de Salud de Huancabamba nunca recibió respuesta.
Recién, seis meses después, se dio cuenta de que no podía ser madre otra vez, que la operación a la que la sometieron se trató de una ligadura de trompas, y por eso hoy desconfía tanto de los médicos que jamás ha regresado a una posta u hospital para aliviar sus dolores.
"Tengo miedo", se justifica la mujer que ya bordea las cuatro décadas.
A su lado, la cusqueña Micaela Flores (56), recuerda que hace 18 años una enfermera llegó hasta la puerta de su casa en Anta, hasta en tres oportunidades, y le dijo que fuera a la posta porque unos médicos llegarían de Lima para atender a los niños.
Así, creyendo que hacía bien, acudió con su hijo pequeño y su esposo al puesto de salud de Zurite y la subieron a una ambulancia con todas las mujeres que pudieron meter.
Su destino final fue el centro de salud Pampa Izcuchaca. Allí, Micaela y otras 30 mujeres fueron retenidas en contra de su voluntad en una sala a la que le "metieron candado".
Hasta ese momento no sospechaba nada, pero los gritos de las otras mujeres y su curiosidad la llevaron hasta uno de los ambientes en los que vio como "les cortaban la barriga".
Cuando quiso huir, dos hombres la arrastraron, la amarraron a una camilla, le pusieron un suero y horas después despertó sobre una frazada en el suelo y con dolor en el vientre. Sin que eso importara mucho, la subieron nuevamente a la ambulancia y la llevaron de regreso.
"Tienes que darle gracias a Fujimori. Más hijos ya no vas a tener", le dijeron.
Impugnación
Por esos hechos que consideran violatorios a sus derechos humanos, ambas esperan que el Poder Judicial actúe eficazmente y les otorgue "justicia, verdad y reparaciones".
Por ello, junto con la parlamentaria andina, Hilaria Supa, y el abogado de Instituto de Defensa Legal (IDL), Sigfrido Florián, presentaron un recurso de impugnación, ante la Segunda Fiscalía Penal Supranacional.
Rossy Salazar, abogada de DEMUS, refiere que esperan que el fiscal superior formule una denuncia penal contra todos los responsables de esa práctica delictiva y dolosa; es decir, que incluya a los ministros de salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, así como al ex presidente Alberto Fujimori.
En caso de que ocurra todo lo contrario y se decida el archivamiento definitivo del proceso, la abogada explicó que a nivel de fiscalía todo ha concluido y por eso recurrirían de inmediato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para encontrar justicia.
Supa repudia archivamiento
La parlamentaria andina Hilaria Supa lamentó que esta sea la quinta vez que se pretende archivar el caso de las esterilizaciones forzadas que afectaron a las mujeres más pobres del pais.
"Repudio que esto ocurra a pesar de que hemos presentado 57 evidencias. Esto es discriminación. Hasta ahora no hay justicia y muchas mujeres víctimas siguen muriendo", subrayó.
El informe final de la Comisión Especial sobre las actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), en el que participó Supa, presentó como indicios de delito oficios que el ex ministro Marino Costa dirigió a Fujimori para manifestarle "las cifras con tendencia creciente" en la producción del servicio de AQV.
También señala que en Cusco se esterilizaron mujeres jóvenes con uno, dos hijos y hasta sin ellos.
Determinaron también que las esterilizadas eran –principalmente– mujeres analfabetas o con primaria incompleta. Tras las esterilizaciones forzadas fallecieron 18 mujeres por esa práctica en pésimas condiciones.
