Desmontando la arquitectura de la impunidad de las empresas transnacionales

La investigadora Erika González (OMAL) y el activista Álex Guillamón (Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte)
presentan la Campaña “Stop Corporate Impunity” en Valencia

“Ninguna empresa del IBEX 35 respeta los derechos humanos”

En mayo de 2010 el Tribunal Permanente de los Pueblos, de carácter no gubernamental y con origen en el juicio a Estados Unidos por los crímenes cometidos en la guerra de Vietnam (Tribunal Russell), denunció a más de 40 multinacionales europeas por la violación de los derechos de las poblaciones. El tribunal “ético” señaló a la multinacional Agrenco, con sede en Países Bajos, por la destrucción de territorios indígenas en el estado de Mato Grosso (Brasil). También a la compañía Aguas de Barcelona, por la sobreexplotación de acuíferos en el municipio mexicano de Saltillo. A la transnacional francesa Louis Dreyfus, debido a la expansión del monocultivo de la caña de azúcar, que amenazaba a los pueblos Guaraní Kaiowá en Brasil. La empresa Syngenta, constataba la sentencia, contrataba mercenarios en Brasil y contaminaba la tierra con agrotóxicos, mientras que otra multinacional, Impregilo, amenazaba con una presa hidroeléctrica el río Sogamoso (Colombia) y su entorno. Entre otros proyectos, se denunciaban asimismo las centrales hidroeléctricas sobre el río Madeira del Banco Santander, Banif y GDF-Suez.

El 29 de noviembre de 2015 se presentó en el Centro Social La Colectiva del barrio del Cabanyal, en Valencia, la campaña “Stop Corporate Impunity, desmontando la arquitectura de la impunidad de las transnacionales”. Las ONG denunciaron en 2013 a la compañía Hidralia por desarrollar, mediante sus filiales, proyectos de represas hidroeléctricas en el norte de Guatemala. Álex Guillamón, coordinador-técnico de “Entrepobles”, señala a esta eléctrica gallega como ejemplo de actividades predadoras en América Latina. A partir de la experiencia de esta ONG en el acompañamiento a comunidades amenazadas, agrega otro ejemplo, el de Gas Natural Fenosa, que ha impulsado macroproyectos en Nicaragua, Guatemala, Colombia y República Dominicana. Las grandes represas “han provocado el desplazamiento de poblaciones sin la previa consulta a la que teóricamente tienen derecho”, apunta el activista. A ello se añaden las amenazas y la represión por parte de los servicios de “seguridad” de las empresas. En el caso de Gas Natural Fenosa, también dedicada a la distribución y el consumo de energía eléctrica, se han producido quejas por desatención a comunidades sin recursos y abusos en las tarifas.

“Ninguna empresa del IBEX 35 cumple con los derechos humanos, prácticamente todas han acumulado el poder económico y beneficios a costa de su violación”, sostiene Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) de la asociación “Paz con Dignidad”, que ha publicado el “Diccionario Crítico de empresas Transnacionales” y los libros “Contra la Lex Mercatoria” o “Marca España”. Participa en la iniciativa “Desmontando el poder corporativo”, de la que forman parte cerca de 200 organizaciones, plataformas y redes, y en la constitución de un Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Transnacionales. La investigadora, que ha participado con Álex Guillamón en la presentación de la iniciativa “Stop Corporate Impunity” en Valencia, recuerda que Repsol ha contaminado territorios en los que habitan pueblos indígenas y provocado desplazamientos en Colombia, Perú, Ecuador y Argentina. Denuncia asimismo actuaciones de Iberdrola, como la construcción de grandes campos eólicos en el Istmo de Tehuantepec (México); esta multinacional cuenta además con acciones en el consorcio que construye la gran presa hidroeléctrica de Belo Monte, en plena amazonía brasileña.

Uno de los puntos fuertes de la campaña es la crítica a la “Lex Mercatoria”, que Guillamón define como el conjunto de acuerdos y convenios entre gobiernos y transnacionales o TLC firmados por los estados, que permiten a las corporaciones “tener cada vez más poder para invertir donde y como quieran”. Erika González resalta mecanismos como la cláusula ISDS del Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos o el CIADI del Banco Mundial, tribunales de arbitraje a los que recurren las multinacionales cuando consideran que los estados han aprobado una ley o impulsan políticas que vulneran sus derechos comerciales.

La investigadora de OMAL pone el ejemplo de Abengoa, empresa al que el municipio mexicano de Zimapán le negó la posibilidad de construir un depósito de residuos peligrosos a través de la filial Befesa. La instalación estaba prevista a dos kilómetros de una reserva natural y a menos de 500 metros de una comunidad indígena. Tras la demanda de Abengoa por “lucro cesante”, en 2013 el CIADI resolvió que el estado mexicano tenía que abonar a esta corporación entre 42 y 45 millones de dólares. “No son públicos”, añade Álex Guillamón, “se trata de tribunales especiales de carácter privado que atacan el principio de justicia universal”. Los fallos no son apelables, además, las organizaciones sociales han señalado la dimensión crematística del procedimiento: se calcula un coste de mil dólares por hora y abogado, y se trata de letrados que en otros juicios defienden a las mismas transnacionales.

“Entrepobles” denuncia desde hace más de una década proyectos de corporaciones que vulneran los derechos humanos en América Latina. Álex Guillamón participa además en la campaña contra el TTIP. Subraya el impacto de proyectos como la central hidroeléctrica Neltume, impulsado por Endesa Enel en la Comuna de Panguipulli, en territorio mapuche. “América Latina está plagada de conflictos ambientales, que afectan sobre todo a comunidades indígenas y campesinas”, explica. Pero también es un territorio de resistencias, como la de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana contra la petrolera Texaco-Chevron, que durante 25 años ha contaminado ríos y provincias como las de Sucumbíos y Orellana. Erika González se fija asimismo en las agresiones perpetradas, durante décadas, contra las comunidades mapuches en Argentina. Se producían en la época en que YPF era una empresa estatal, cuando operaba como YPF-Repsol (entre 1999 y 2011), y en la actualidad de nuevo como YPF.

La activista recuerda, por otro lado, el enorme impacto de la presa hidroeléctrica de Ralco en Chile, inaugurada por Endesa Enel en la región del Alto Biobío en 2004. El macroproyecto afectaba a los territorios del pueblo mapuche Pehuenche. Otro ejemplo destacado es el de la central hidroeléctrica Quimbo, en el departamento colombiano de Huila. Pero las conductas predadoras de las compañías no se producen sólo en entornos rurales y del interior. Así, Telefónica ha sido denunciada por violación de la libertad sindical y derecho fundamental al trabajo digno en Chile. Y grandes bancos como Santander o BBVA, por participar con sus inversiones en el comercio de armas o en iniciativas de gran impacto ambiental.

¿Hay una responsabilidad de los gobiernos, tanto de los países de los que proceden las empresas matrices, como de los receptores de las inversiones? Erika González responde afirmativamente. “Lo hacen con medidas políticas y jurídicas que facilitan la expansión internacional de las empresas, con TLC y tratados de protección de las inversiones”. Además, “ponen a disposición de las corporaciones todo su aparato diplomático”. En cuanto a los países del Sur, cita el caso paradigmático de Colombia, país que desde antes de los gobiernos de Uribe hasta la actualidad, “ha amparado la violación de los derechos humanos cometidos por las transnacionales”. En otras ocasiones las fuerzas de seguridad del estado, sean de Colombia, Guatemala o Perú, entre otros países, se han puesto a disposición de las multinacionales y han reprimido con dureza la oposición social a éstas.

En los países del Norte, las complicidades pueden observarse en el mecanismo de las “puertas giratorias”. Guillamón recuerda las conexiones entre los partidos políticos y las empresas eléctricas en el estado español, de hecho, altos cargos del PP, PSOE, CIU y PNV han terminado en la dirección de Endesa, Iberdrola, Acciona, Repsol, Gas Natural Fenosa o Petronor. Constata además que prácticamente todos los países están aprobando legislaciones similares a la “ley mordaza” española, incluso “mucho más graves, ya que permiten a los cuerpos policiales y de seguridad de las empresas actuar impunemente”. Gobiernos de diferente signo, como los de Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú y sobre todo Colombia, “que ha militarizado su territorio”, han impulsado una legislación de estas características. “En Colombia tanto los grupos paramilitares como el ejército actúan totalmente como fuerzas de seguridad de las multinacionales”, remata el activista de “Entrepobles”.

“Ninguna empresa del IBEX 35 respeta los derechos humanos”  por Enric Llopis, en Rebelión