De la Comuna de Quito al estallido en Chile [Ecuador, 1ª parte]

Análisis sobre los estallidos sociales en Ecuador y Chile.
Primera parte del texto de Raúl Zibechi  para el prólogo de un libro que se editará próximamente en América Latina.

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En los primeros días de junio de 1990, las comunidades de la provincia de Chimborazo se levantaron poniendo en práctica una decisión colectiva. “Los comuneros de Gatazo colocaron inmensas piedras en medio de la carretera Panamericana. De improviso aparecieron diez camiones llenos de militares que, ni bien se bajaron, comenzaron a perseguir a los indios ‘comuna adentro’. Los indígenas retrocedieron, iban cediendo terreno, los militares triunfalísticamente, incursionaban más y más en las comunas; pero no se percataron que desde el otro lado de la carretera, los indígenas de otras comunas, encabezados por mujeres, les estaban pisando los talones. Pronto se vieron completamente rodeados y atrapados por los indígenas. El susto de los militares fue muy grande. Uno de ellos, un joven desesperado, efectuó varios disparos y cayó asesinado Oswaldo Cuvi. Los indios reaccionaron enardecidos. Alrededor de 200 militares fueron ‘arrastrados’ 10 kilómetros bajo el grito: ‘Esto no es una huelga de los obreros, esto no es un paro de profesores ni de estudiantes. ¡¡Esto es levantamiento indígena!!’”1

El levantamiento del Inti Raymi de 1990 fue la mayor ruptura social y política en la historia del Ecuador, desde la llegada de los españoles. Los indios de la sierra y la selva paralizaron el país, cortaron carreteras, cerraron mercados y ocuparon haciendas. Esos días, “cientos de miles de manifestantes enarbolaron por primera vez ‘su’ bandera: refulgía al sol, el arcoiris de Tupac Amaru”2. El levantamiento de 1990 es el momento en que los indios pasan de su condición de “invisibles” a la de actores de primer orden, interlocutores privilegiados de los partidos de derecha e izquierda y del propio Estado, y en objeto de estudio priorizado por las academias. Para muchos observadores y analistas fue el mayor acto de afirmación colectiva de las poblaciones derrotadas cinco siglos atrás, con la Colonia, y marginadas hace dos siglos, con la República.

Es justamente en ese momento de afirmación colectiva cuando “reaparece” una bandera legendaria, la wiphala, identificada con la gran rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari (1780). Con ella entra a tallar una nueva generación, formada en universidades pero que se siente parte de una cultura, un pueblo o una civilización cuyas señas de identidad no arraigan en la modernidad ilustrada europea.

El levantamiento del Inti Raymi transformó al Ecuador y también a los indígenas. Una década después del levantamiento, uno de los fundadores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y referente del movimiento, Luis Macas, trazaba un balance preciso:

Las percepciones que tenía la sociedad ecuatoriana sobre los indígenas han ido cambiando, en el sentido de que ya no se nos mira como precaristas o huasipungeros, no somos un gremio de campesinos, como se nos ha considerado desde la sociología tradicional, inclusive aquella de izquierda, y que por lo tanto nuestra lucha debería ser una lucha reivindicativa, en torno al parcelamiento de tierras y la reforma agraria. Ahora la sociedad ecuatoriana mira al movimiento indígena de otra manera y el mismo movimiento indígena tiene ahora plena conciencia de su identidad, lo que ha servido de base para realizar su propuesta nacional y a largo plazo3.

Un aspecto central de aquel movimiento fue la presión para ser reconocidos como “entidades” culturales, políticas, históricas. Por eso se asumen como “nacionalidades” y pueblos, no como movimientos o sectores de la sociedad que demandan mejoras. Macas enfatiza en el hecho de que el Estado ecuatoriano respondió con medidas paternalistas, asistencialistas, clientelares, lo que supone desnudar su racismo para confinarlos en la exclusión o “para dirigir a los indígenas hacia el camino de la modernidad”. Tanto para el Estado como para la izquierda, los indígenas no son sujetos sociales y políticos sino objetos de caridad o de políticas sociales.

Para los dirigentes de la CONAIE una de las principales consecuencias de aquella irrupción fue el reconocimiento del carácter plurinacional de la sociedad y del Estado, que ha cambiado el discurso político del Ecuador con la propuesta de constituir un Estado Plurinacional, lo que se traduce en “considerar la diversidad étnico-nacional del Ecuador como un reconocimiento previo para construir la democracia”, según Macas.

La plurinacionalidad fue reconocida por la Constitución de 1998, luego de otro levantamiento indígena contra el gobierno de Abdalá Bucaram, acusado de corrupción y de incapacidad mental para gobernar. Importantes manifestaciones populares, especialmente en la ciudad de Quito, a principios de febrero de 1997, fueron convocadas no sólo por la CONAIE sino por varias organizaciones sociales en todas las ciudades del país. Este nuevo levantamiento se saldó con la destitución del presidente por el parlamento y se designó en el cargo a la vicepresidenta como establece la legalidad constitucional.

En su balance de una década del levantamiento, Macas reflexiona sobre el poder:

Para el movimiento indígena el poder radica en las comunidades, en la capacidad real y efectiva que tienen nuestra organizaciones nucleares, la comuna, el centro, la cooperativa, para decidir de manera soberana, independiente, participativa, justa, y ética el destino de cada pueblo, de cada persona. Ahí radica la esencia del poder.

Lo que el movimiento indígena ha propuesto es siempre una construcción desde abajo desde las bases, desde los cimientos, del poder. No es una idea nueva. Ahora dicen que los indígenas se quisieron tomar el poder, pero éste no está en asaltar el Congreso Nacional, el palacio de gobierno. En realidad ésos son mecanismos, no para tomarse el poder, sino para abrir el espacio de la política hacia la construcción del poder democrático y participativo4.

Sin embargo, Macas también reconoce que el objetivo del movimiento consiste en “trasladar el poder de la comunidad al Estado”. Para hacerlo, la CONAIE se dotó de una herramienta electoral, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País, en 1995, donde confluyó la Coordinadora de Movimientos Sociales, entre otros sectores. La alianza consiguió una importante representación que oscila en el 20% de los sufragios, que le permitió obtener diputados, prefectos y alcaldes. Se trataba de democratizar y transformar el Estado-nación colonial heredado por la República. Pero en los hechos esto nunca se consiguió y la cultura política estatista “invadió” las prácticas del movimiento indígena.

La historia de la CONAIE se remonta a 1986, cuando se coordinan las principales organizaciones de los pueblos originarios completando un ciclo de articulaciones regionales, entre quichuas de la sierra andina, pueblos amazónicos y de la costa. A diferencia de las organizaciones campesinas y sindicales, en las que estaban subsumidos hasta entonces los indígenas, no se demanda reforma agraria sino que aparecen conceptos nuevos como territorios y nacionalidades.

Desde sus primeros pasos, la CONAIE muestra una cultura política distinta a la de los movimientos tradicionales, incluyendo el uso de nuevas tácticas de acción directa, como el bloqueo de carreteras, la toma de edificios gubernamentales y de ciudades enteras, a través de levantamientos que paralizan el país.

En su programa aparece una lista de 16 demandas que a comienzos de la década de 1990 sorprendieron al país: plurinacionalidad, títulos colectivos de tierras a las nacionalidades, soluciones para el agua y el riego de las comunidades, expulsión del instituto lingüístico de verano (instrumento de penetración cultural de Estados Unidos), legalización de la medicina indígena y educación bilingüe, entre las más significativas.

La defensa y el fortalecimiento de la identidad y de la cultura indígena son aspectos innegociables para la CONAIE, que tiene sus baluartes en las provincias serranas del sur y del norte, como Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura. La articulación de cientos de comunidades le ha permitido convertirse, ya en los 90, en el principal movimiento y en referente obligado de todos los que rechazan el neoliberalismo.

Hubo en este devenir dos nuevos levantamientos. La autopercepción de la CONAIE y del conjunto del movimiento indígena, es la convicción de que ejerce el liderazgo del conjunto de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador, erigiéndose en interlocutor colectivo frente al Estado. De ese modo, pudo convocar a la mayoría de las organizaciones sindicales, sociales y políticas que de alguna manera aceptaron la guía de los indígenas. El momento de mayor protagonismo de la CONAIE se produjo entre fines de 1999 y enero de 2000, en contra de la dolarización del país en el marco de una fenomenal crisis bancaria. Todo el país estuvo atravesado por una potente organización indígena-popular enfilada hacia el poder y, sobre todo, anclada en la construcción de contrapoderes, que denominaron parlamentos populares en varias provincias.

El 11 de enero de 2000, un Parlamento del Pueblo integrado por 330 representantes indígenas y de la sociedad civil se instaló en Quito (epicentro siempre de las acciones colectivas), para elaborar un plan de gobierno alternativo al presidente Jamil Mahuad. “Nadie cree en la democracia que vivimos, entonces debemos rescatar la participación desde abajo de la sociedad civil para refundar la democracia ecuatoriana robada por los partidos políticos de derecha y los banqueros inescrupulosos”, dijo el dirigente Miguel Lluco, evidenciando que los pueblos originarios querían reconstruir la nación bajo sus propios criterios5.

El Parlamento del Pueblo se instaló en medio de los preparativos insurreccionales, con la participación de empresarios y profesionales, además de obreros, empleados, vendedores informales e indígenas que fueron su columna vertebral. El proyecto consistía en la instauración de una nueva forma de administración dirigida por una junta de gobierno, un consejo de Estado, un parlamento nacional y parlamentos provinciales.

El 22 de enero tomaron el Congreso durante unas horas, en alianza insólita con las fuerzas armadas, que fue seguramente el mayor error político y estratégico de la CONAIE. Al día siguiente debieron dar marcha atrás, ante la decisión de la institución militar de recorrer el camino de la sucesión institucional del presidente. La alianza fue continuada al incorporarse al gobierno del coronel Lucio Gutiérrez (2003-2005), provocando fisuras en la organización indígena.

Todavía hubo un tercer derrocamiento popular. En abril de 2005 un levantamiento urbano conocido como “rebelión de los forajidos”, forzó al coronel a escapar por los techos del Palacio de Carondelet para huir en helicóptero. Las protestas fueron violentas y se llegó a incendiar el Ministerio de Bienestar Social.

El movimiento que echó abajo tres presidentes en apenas una década, fue en gran media respuesta a la crisis estructural en la que se debatía Ecuador, ya que los gobiernos intentaban aplicar ajustes que los indígenas y los sectores populares rechazaban enérgicamente. La particularidad ecuatoriana fue el carácter destituyente de los movimientos ante gobiernos corruptos y antipopulares.

Bajo el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) los pueblos indígenas enfocaron sus resistencias contra las concesiones mineras, petroleras, madereras e hidroeléctricas, que fueron la principal característica del modelo económico a partir de ese período. Los conflictos fueron virulentos, ya que Correa se amparó en el amplio respaldo social que tuvo en sus primeros años para intentar desarticular las resistencias a su “revolución ciudadana” de corte extractivista.

El presidente arremetió con innecesaria violencia verbal y física contra los dirigentes y en ocasiones, como en agosto de 2015, con una de las oleadas represivas más fuertes que se recuerdan ante otro levantamiento indígena. El debilitamiento de la CONAIE y de los movimientos sindicales favoreció a la derecha, que tuvo las manos libres para operar cuando el sucesor de Correa, Lenín Moreno, asumió en 2017 huérfano de apoyos populares y dispuesto a recostarse en el poder económico.

En octubre de 2019 el gobierno de Moreno decidió imponer un paquete de medidas aconsejadas por el FMI que supone el fin del los subsidios a los combustibles, con un alza del 123% el galón de diesel y del 30% el de gasolina, acompañada de reformas laborales y tributarias para aumentar la recaudación.

Inicialmente la movilización correspondió al gremio de los transportistas, pero pronto se sumaron los mayores movimientos del país, en gran medida como rechazo al decreto que impone el estado de excepción, la suspensión de las garantías democráticas y la militarización del Ecuador.

La CONAIE, la central Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de educadores y la federación de estudiantes universitarios, promovieron movilizaciones en todo el país, especialmente en la sierra (con 300 cortes de carreteras), donde los pueblos originarios tienen mayor presencia.Decenas de grupos de mujeres, feministas, lesbianas, negras, ecologistas y trans, lanzaron un comunicado titulado “Mujeres contra el Paquetazo”, en el que denuncian cientos de detenidos y heridos.

La protesta ecuatoriana no es sólo una reacción contra el aumento de los combustibles. Es una reacción al mal gobierno de Moreno que se apoya en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos, y es la continuación de las resistencias al régimen autoritario de Rafael Correa (2007-2017).

El levantamiento de octubre de 2019 abreva en las tradiciones del movimiento popular ecuatoriano, intenta no recaer en errores anteriores y destaca por su perfil anti-neoliberal y anti-capitalista. El movimiento tuvo una duración de once días y contiene algunas peculiaridades que merecen ser detalladas.

La primera es el recambio generacional. En los últimos años emergió la tercera generación de dirigentes indígenas, formados en las universidades, ávidos lectores de Mariátegui, radicales y combativos, que parecen rechazar el péndulo lucha de calles/elecciones que ha caracterizado a las generaciones anteriores.

La segunda es la autonomía política, al levantar la consigna “Ni Moreno ni Correa, sólo el pueblo salvará al pueblo”. La nueva generación muestra distancias de lo que considera como tendencia “socialdemócrata” hegemónica en el seno del movimiento. Tienen un diálogo fluido con las bases, combinan la identidad indígena con la de clase y orientan al movimiento hacia un cambio radical, revolucionario, que no rechaza el diálogo pero que no se limita a incluirse en las instituciones existentes. Toma distancias del régimen de Correa y del conjunto del progresismo, así como de los partidos de izquierda, y está buscando definir su propio perfil político.

La tercera es la radicalidad y autoestima del movimiento indígena, capaz de detener a cientos de policías que fueron entregados a funcionarios de la ONU por mujeres indígenas. Esto revela la persistencia de una cultura política propia, nacida en la década de 1990, que ha cuajado una impresionante autoestima. La capacidad de expulsar infiltrados en las manifestaciones y el retener policía y militares, es una muestra de la potencia del movimiento. En el acto en que “devolvieron” a los uniformados, el presidente de la CONAIE Jaime Vargas, explicaba: “Ya no somos esos indígenas que nos maltrataron y nos tenían de esclavos. Hoy somos capaces, educados y con toda la capacidad de administrar este país”6.

La cuarta es la irrupción de indígenas urbanos y de sectores de las clases medias. Por primera vez se levantaron barrios populares de la periferia de Quito, migrantes de la sierra que nacieron en la capital. Se trata de jóvenes pobres que engrosaron las marchas, que provenían de la sierra sur y norte y le imprimieron un sello de combatividad al movimiento, como no habían tenido ninguno de los levantamiento anteriores. El dirigente Jorge Herrera enfatiza la solidaridad de los jóvenes de las barriadas populares: “La juventud vino emputada a Quito por la acumulación de indignación”.

Las clases medias profesionales se volcaron en solidaridad con los veinte mil indígenas que ocuparon el centro, haciendo de las universidades estatales y privadas espacios para sostener la logística de los combates, con ollas populares, cuidados sanitarios y de descanso de las y los combatientes.

La quinta es la autonomía táctica del movimiento, que fue capaz de poner fin al levantamiento en el momento que las bases lo decidieron, para evitar que sucediera lo mismo que en los anteriores, que perdieron ante la burocracia lo que ganaron en las calles. Entre quienes participaron en el movimiento de octubre o Comuna de Quito, existe consenso en que si la movilización hubiera durado dos días más, la caída de Moreno era inevitable. Pero los debates por la noche en el ágora de la Casa de la Cultura, epicentro de la lucha, hizo balance de los tres levantamientos anteriores que se saldaron con la caída de otros tantos gobiernos.

En esta ocasión la caída de Moreno implicaba que asumiera su vice, Otto Sonnenholzner, “un fiel representante de los intereses de la oligarquía”, explica Juan Carlos Guerra del colectivo Desde el Margen. El vice es un economista y empresario radial de origen alemán, ligado al empresariado de Guayaquil, donde reside la flor y nata del poder financiero. “Estamos ante un acumulado de aprendizajes de casi tres décadas”, sigue Guerra, que trasciende a los dirigentes y es ya patrimonio de amplias camadas de militantes indígenas y de los las organizaciones urbanas. “La lógica del movimiento consistió en tirar abajo el paquete del FMI, pero no necesariamente el gobierno”, afirma ante el desconcierto de intelectuales que deseaban que los pobres pusieran los muertos para que se cumplieran sus profecías.

La sexta es la convocatoria del Parlamento Popular de Pueblos y Organizaciones Sociales por iniciativa de la CONAIE. El llamado dice: “Convocar a las distintas organizaciones sociales y populares de la sociedad ecuatoriana a la conformación de manera inmediata del Parlamento de los pueblos que construirá a través de una minga plurinacional una propuesta de nuevo modelo económico que asegure el sumak kawsay (buen vivir)”.

Por parlamento entienden una minga colectiva para busca soluciones al país, integrada por todos los sectores sociales afectados por el capitalismo. Esta diversidad fue la nota dominante en la primera sesión. Estudiantes de melenas verdes, campesinos, agricultores, sindicalistas, artesanos, feministas, colectivos LGBT, además de cañeros y floricultores y hasta periodistas organizados, componen una diversidad imposible de homogeneizar. Todas y todos expresaban los agravios que sufrían.

Las demandas más importantes son contra la minería y el FMI, el paquetazo y los impuestos. Una vez leída el Acta Constitutiva del Parlamento Popular, se votan cuatro mesas de trabajo que deberán entregar sus propuestas en apenas tres días: economía, trabajo, impuestos y ambiente. El movimiento sigue, ahora con menos visibilidad callejera, tejiendo alianzas entre los diversos abajos, esperando el momento de salir a la superficie nuevamente, sin dejar de construir el mundo propio indígena, obrero y popular.

Raúl Zibechi

Quito-Montevideo, 23 al 28 de octubre de 2019

(Texto de urgencia escrito entre el parlamento indígena y popular de Quito y el viaje a Santiago para participar en actividades de la Quimantú)

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3 Luis Macas, “Diez años del Levantamiento del Inti Raymi de junio de 1990: Un balance provisional”, en Boletín ICCI Rimay, año 2, No. 15, junio del 2000.

4 Idem.

5 IPS, 11-01-2000.

6 El Telégrafo, 10 de octubre de 2019