Declaración ante la crisis financiera y política de la Comisión Interamericana de DD.HH.
Fuente: Observatorio Ciudadano (Chile) e IWGIA (Dinamarca)
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte apoya la Declaración sobre la crisis que afecta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es solo financiera, sino que responde a una estrategia política impulsada por los estados miembros de la OEA destinada a poner término al sistema de protección de DD.HH. en la región.
La grave crisis que vive el organismo, llega al punto que deberá suspender todas las visitas a países programadas para el presente año y las audiencias programadas para los meses de julio y octubre. Además, deberá despedir el 40% de su personal. Esta crisis se genera debido a que los Países miembros de la Organización de Estados Americanos han disminuido sustancialmente las contribuciones voluntarias destinadas a esta entidad o han dejado de contribuir, por razones fundamentalmente de orden político.
Fuente: Observatorio Ciudadano (Chile) y Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) (Dinamarca)
DECLARACIÖN ANTE LA CRISIS FINANCIERA Y POLÍTICA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DD.HH.
En conferencia de prensa realizada esta mañana, representantes de organizaciones de derechos humanos de distintos países de la región dieron a conocer la declaración pública en que un centenar de organizaciones de América Latina y Europa, además de personas de diversas nacionalidades, exigen a los Estados establecer un fondo de emergencia para revertir la crisis por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la más grave desde su creación, he hicieron un llamado a adoptar medidas concretas que garanticen su funcionamiento.
Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano, hizo hincapié en que “esta crisis no es tan solo financiera, sino fundamentalmente política, lo que en definitiva vulneraliza un elemento fundamental de la democracia, como es la defensa de los derechos humanos. Esta es una acción concertada de algunos estados en respuesta a la eficacia de este sistema, que ha puesto en cuestión el modelo neoliberal y extractivo que se ha instalado en nuestros estados, precisamente por su impacto en estos derechos”, señaló.
“La CIDH ha sido clave en la transición democrática de los países de la región tras las dictaduras, concitando gran respaldo de los estados, pero la actitud cambia cuando hablamos de la industria extractiva y los impactos en las comunidades, retirando sus aportes y sumiendo a la Comisión en la actual crisis. La esencia de los estados es la protección de los derechos humanos, por lo que no es pensable ni admisible un estado republicano que no cuente ni sustente esta garantía”, añadió la abogada.
Por su parte María José Veramendi, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destacó que la suspensión de fondos de la cooperación internacional, principalmente europea, “llevará a la desarticulación de grupos con labores específicas, como el que tiene a su cargo la determinación de medidas cautelares”. Agregando es “inaceptable que los Estados no quieran financiar un sistema que ellos mismos crearon. Hoy solo 6% del presupuesto de la OEA es destinado a este sistema de protección. Pero mientras tanto encontramos soluciones estables en el tiempo, hay que adoptar medidas de solución urgentes, y en ello está la necesidad de fondos de emergencia”, planteó.
Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina aclaró que “si bien esta no es la primera crisis de la CIDH, es sin duda la más grave”, poniendo en riesgo el rol fundamental que ésta ha desempeñado “en contextos de dictadura, donde sentencias como la del caso Operación Cóndor de hace algunas semanas, no habría sido posible sin sentencia de Barrios Altos referida a la ley de amnistía. Así como en una amplia agenda de temas en materia de libertad de expresión, migraciones, pueblos indígenas, en los que sigue siendo una institución fundamental para para el ejercicio de derechos”.
“Esta crisis no habla bien de los estados de la región, pues los aportes que entregan son ínfimos y hacen que en definitiva ésta dependa de organismos internacionales o entidades Europa. Lo que debe ser puesto en discusión. Una comisión debilitada, no es bueno para los pueblos de la región y sus derechos humanos. Los estados deben decir de una vez si están de acuerdo en sostener o no el funcionamiento del sistema. Mientras tanto, como organizaciones estaremos en un estado de movilización permanente”, aseguró.
En la misma línea, Raphaela Lopes, miembro de Justicia Global de Brasil, recordó que como organización han “recurrido en forma reiterada ante la CIDH para defender derechos de comunidades y nuestros pueblos afectados. Y algo que nos preocupa en el contexto actual de Brasil, con un golpe dado por las fuerzas conservadoras y una presidencia temporaria que es representante de grupos de grandes empresarios y de violadores de derechos humanos, es que se agudice la trasgresión de estos derechos, sin un sistema regional de protección fuerte que los reguarde”, recalcó.
En cuanto a la verificación de los daños en las personas vulneradas en su dignidad y derechos, que ha sido uno de los principales aportes del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) de Chile, “no solo de torturas durante dictadura sino también en el marco de las protestas sociales que actualmente se levantan en Chile, su director ejecutivo, José Miguel Guzmán, relevó que “los medios de comunicación tienen que cumplir el rol de dar a conocer esta situación, que ha nuestro entender es gravísimo”, alertando a la ciudadanía sobre los riesgos de perder estas instancias internacionales de protección.
Finalmente, José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano afirmó que si bien Bachelet manifestó el compromiso de Chile de cumplir con sus aportes a la Comisión, los que viene reduciendo respecto a años anteriores (a la mitad el 2015, respecto de 2014), esto no es suficiente, “y se debe buscar un mecanismo permanente de financiamiento”. Indicando que “Chile no solo tiene un déficit de carácter financiero respecto a este sistema de protección, sino también con las sentencias de la Corte interamericana a las que no ha dado cumplimiento. Por lo que esta disminución en sus aportes, es también consistente con esta actitud tibia del estado respecto de las condenas que ha recibido de parte de este organismo por vulnerar derechos humanos”.
Declaración Pública ante la crisis que afecta a la CIDH
Text de la Declaració en català
LA CRISIS QUE AFECTA A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS NO ES SOLO FINANCIERA, RESPONDE A UNA ESTRATEGIA POLÍTICA IMPULSADA POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA DESTINADA A PONER TÉRMINO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN.
Un anuncio reciente efectuado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explicita la grave crisis financiera que vive el organismo, al punto que deberá suspender todas las visitas a países programadas para el presente año y las audiencias programadas para los meses de julio y octubre. Además, deberá despedir el 40% del personal que labora en el organismo.
Sin embargo, lo más grave es que esta crisis no deriva de problemas de gestión atribuibles a la CIDH. La crisis se genera debido a que los Países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han disminuido sustancialmente el monto de las contribuciones voluntarias destinadas a esta entidad o han dejado de contribuir, por razones fundamentalmente de orden político.
Canadá durante la última administración de línea conservadora, suspendió sus aportes a la CIDH y hasta la fecha, no obstante el cambio de gobierno, no ha reanudado su contribución. Colombia, otrora importante donante, dejó de contribuir. Argentina, hizo aportes fundamentales a la CIDH para hacer efectiva la responsabilidad del Estado Argentino y sus agentes por las masivas violaciones a los derechos humanos generadas en ese país durante la Dictadura. Sin embargo, en la medida que otros temas de derechos humanos fueron abordados por la CIDH, la donación Argentina se redujo al diez por ciento. México, por su parte, está dispuesto a aportar fondos cautivos, destinados exclusivamente a financiar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) para esclarecer los hechos que derivaron en la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Chile, en tanto, redujo el 2015 su aporte a la CIDH a la mitad del año anterior. El resto de los países miembros de la OEA están morosos en sus cuotas permanentes a esta institución, lo que gravita en que ésta no esté en condiciones de transferir en su totalidad la asignación que corresponde a la CIDH como fondo regular para su funcionamiento.
A nuestro entender, existe un problema estructural que se expresa en la necesidad de tener un fondo permanente para garantizar el funcionamiento efectivo de la CIDH, de un modo que sea eficaz en la protección y defensa de los derechos humanos en la región. En el pasado, el funcionamiento de la CIDH ha sido garantizado por el aporte de Estados observadores y las Agencias de Cooperación Internacional, quienes también han restringido sus donaciones a la CIDH, lo que en el contexto de la actual crisis financiera implica finiquitar los contratos de trabajo del 40 por ciento del personal que era contratado con recursos provenientes de estos donantes.
Lamentablemente, la situación de derechos humanos en la región se torna cada vez más crítica. Las desapariciones forzadas de personas, la violencia contra las y los defensores de derechos humanos y su criminalización, el despojo de los territorios, tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas, la precarización de las economías de subsistencia de pueblos indígenas, campesinos y comunidades locales, son una realidad insoslayable. En general, los problemas más complejos de derechos humanos, hace algunas décadas atribuibles a las dictaduras que proliferaban en el continente, hoy tienen su origen en el impacto que está generando la Industria Extractiva, principalmente en América Latina, y que ha sido respaldado por los Estados para preservar un modelo económico globalizado, fundado en el libre mercado de los recursos naturales –commodities.
En estas circunstancias, es un hecho incuestionable que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha jugado un rol fundamental para cautelar los derechos humanos en las Américas. En efecto, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, constituyen instancias insustituibles para proteger los derechos de las personas, los pueblos indígenas, los defensores y defensoras de derechos humanos, quienes viven sistemáticas vulneraciones de sus derechos humanos, observándose un clima creciente de violencia y amenaza a la vida e integridad de las personas y de los pueblos en todos los países, con la anuencia de los Estados y sus instituciones.
En razón de lo expuesto, las organizaciones que firmamos esta declaración hacemos un enérgico llamado a todos los Estados miembros de OEA a deponer esta actitud y hacer explícita su vocación democrática, la que no tienen otra vía de expresión que no sea el compromiso pleno e irrenunciable con la protección y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas y los pueblos. Los Estados deben ser conscientes que la efectiva implementación de los derechos humanos implica tener mecanismos -a nivel interno e internacional- que permitan reclamar frente a la vulneración de derechos, de modo que las víctimas accedan a justicia y a reparación.
Por ello la crisis financiera de la CIDH, cuya magnitud hace inviable el cumplimiento de su mandato, la que como ha sido señalado es atribuible a los Estados de las Américas, implica privar a las ciudadanas, los ciudadanos y los pueblos que habitamos este continente, de marcos institucionales democráticos para el pleno goce y disfrute de los derechos, lo que resulta intolerable.
Exigimos, por tanto, a todos los Estados miembros de la OEA que generen un fondo de emergencia para la estabilización institucional de la CIDH, de modo que pueda cumplir el cronograma de actividades trazado para el año 2016. Asimismo, los conminamos a definir en la próxima Asamblea General de la OEA un fondo regular permanente que asegure el pleno cumplimiento del mandato de los órganos que integran el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.
Observatorio Ciudadano (Chile)
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) (Dinamarca)
ORGANIZACIONES ADHERENTES
Comunidad Agrícola y Diaguita de los Huascoaltinos (Chile)
Organización Mapuche AD-MAPU (Chile)
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) (Chile)
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) (Chile)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CINPRODH) (Chile)
Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy (Chile)
Memoria y Derechos Humanos en los Ríos (Chile)
Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN A.G. (Chile)
Centro de Estudios de la Mujer (CEM) (Chile)
Fundación Terram (Chile)
ONG FIMA (Chile)
Fundación Iguales (Chile)
ONG Agenda Pública (Chile)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (Argentina)
Centro de Derechos y Desarrollo en Perú (CEDAL) (Perú)
Asociación Pro Derechos Humanos (Perú)
Taller de Derechos Humanos Alfredo Torero, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Perú)
Red Peruana por una Globalización con Equidad (Perú)
Perú Equidad (Perú)
Servindi (Perú)
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) (Bolivia)
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) (Bolivia)
Centro de Investigación y Promoción del Campesino (CIPCA) (Bolivia)
Casa de la Mujer (Bolivia)
Red ACLO (Bolivia)
Mujeres en Acción (Bolivia)
Radio Pío XII (Bolivia)
Comunidad de Juristas Akubadaura (Colombia)
Colectivo Jenzera (Colombia)
Instituto Curicaca (Brasil)
Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos-INREDH (Ecuador)
Tierraviva (Paraguay)
Madre Tierra México A.C. (México)
FIAN Internacional (México)
Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca SURCO A.C. (México)
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) (México)
Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanos “México Mejor Sin TPP”
Convergencia de Movimientos Sociales contra el Acuerdo Transpacífico (México)
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) (México)
Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas (RAPAM) A.C. (México)
Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (México)
Asociación de Industriales de la Transformación (México)
Actuar Familiares Contra la Tortura (México)
Red de Alerta Temprana (México)
Fundación Diego Lucero A.C. (México)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM) (México)
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) (México)
Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP) (México)
Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH) (México)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDHH) (México)
Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C. (México)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C. (México)
Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM) (México)
Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México (México)
Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN (México)
Artillería Visual (México)
Movimiento Nacional Aquí Estamos (MONAE) (México)
Derechos en el Mundo del trabajo (México)
Bloque de Organizaciones Sociales Emiliano Zapata (México)
UPVA 28 de octubre (México)
Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto, (UCFCP) (México)
Nuestra Voz Radio y Emisión Alterna (México)
Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban” (México)
Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV) (México)
Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. (México)
Asociación Proteger, Miembro Observador Permanente Convención de Cambio Climático (ONU)
Almáciga (Estado español)
Asociación Perifèries (País Valencià, Estado español)
alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas (Catalunya, Estado español)
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte (Esrado español)
Rainforest Foundation Norway (Noruega)
Grupo de Apoyo a los Pueblos de América Latina (GRAPAL) (Noruega)
Nordeco (Dinamarca)
IL CERCHIO, Coordinación italiana de apoyo a/por los Nativos Americanos (Italia)
Declaració Pública davant la crisi que afecta la CIDH
LA CRISI QUE AFECTA LA COMISSIÓ INTERAMERICANA DE DRETS HUMANS NO ÉS NOMÉS FINANCERA, RESPON A UNA ESTRATÈGIA POLÍTICA IMPULSADA PELS ESTATS MEMBRES DE LA OEA DESTINADA A POSAR FI AL SISTEMA DE PROTECCIÓ DE DRETS HUMANS A LA REGIÓ.
Un anunci recentment efectuat per la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) explicita la greu crisi financera que viu l'organisme, al punt que haurà de suspendre totes les visites a països programades per enguany i les audiències programades per als mesos de juliol i octubre. A més, haurà acomiadar el 40% del personal que treballa a l'organisme.
Tanmateix, el més greu és que aquesta crisi no deriva de problemes de gestió atribuïbles a la CIDH. La crisi es genera a causa que els Països membres de l'Organització d'Estats Americans (OEA) han disminuït substancialment la suma de les contribucions voluntàries destinades a aquesta entitat o han deixat de contribuir, per raons fonamentalment d'ordre polític.
Canadà durant la última administració de línia conservadora, va suspendre les seves aportacions a la CIDH i fins a la data, no obstant el canvi de govern, no ha reprès la seva contribució. Colòmbia, en altres temps important donant, va deixar de contribuir. Argentina, va fer aportacions fonamentals a la CIDH per fer efectiva la responsabilitat de l'Estat Argentí i els seus agents per les massives violacions als drets humans generades en aquest país durant la Dictadura. Tanmateix, en la mesura que altres temes de drets humans van ser abordats per la CIDH, la donació Argentina es va reduir al deu per cent. Mèxic, per la seva banda, està disposat a aportar fons captius, destinats exclusivament a finançar al Grup Interdisciplinari d'Experts Independent (GIEI) per aclarir els fets que van derivar en la desaparició de 43 joves estudiants de Ayotzinapa. Xile, en tant, va reduir el 2015 la seva aportació a la CIDH a la meitat de l'any anterior. La resta dels països membres de l'OEA són morosos en les seves quotes permanents a aquesta institució, el que suposa que aquesta no estigui en condicions de transferir íntegrament l'assignació que correspon a la CIDH com a fons regular per al seu funcionament.
Al nostre entendre, hi ha un problema estructural que s'expressa en la necessitat de tenir un fons permanent per garantir el funcionament efectiu de la CIDH, d'una manera que sigui eficaç en la protecció i defensa dels drets humans a la regió. Al passat, el funcionament de la CIDH ha estat garantit per l'aportació d'Estats observadors i les Agències de Cooperació Internacional, que també han restringit les seves donacions a la CIDH, el que en el context de l'actual crisi financera implica liquidar els contractes de treball del 40 per cent del personal que era contractat amb recursos provinents d'aquests donants.
Lamentablement, la situació de drets humans a la regió es torna cada vegada més crítica. Les desaparicions forçades de persones, la violència contra les i els defensors de drets humans i la seva criminalització, la despulla dels territoris, terres i recursos naturals dels pobles indígenes, la precarització de les economies de subsistència de pobles indígenes, camperols i comunitats locals, són una realitat indefugible. En general, els problemes més complexos de drets humans, fa algunes dècades atribuïbles a les dictadures que proliferaven al continent, avui tenen el seu origen en l'impacte que està generant la Indústria extractiva, principalment a Amèrica Llatina, i que ha estat recolzat pels Estats per preservar un model econòmic globalitzat, fundat en el lliure mercat dels recursos naturals -commodities.
En aquestes circumstàncies, és un fet inqüestionable que el Sistema Interamericà de Drets Humans ha jugat un paper fonamental per cautelar els drets humans a les Amèriques. En efecte, la CIDH i la Cort Interamericana de Drets Humans (Cort IDH), òrgans que conformen el Sistema Interamericà de Drets Humans, constitueixen instàncies insubstituïbles per protegir els drets de les persones, els pobles indígenes, els defensors i defensores de drets humans, els que viuen sistemàtiques vulneracions dels seus drets humans, observant-se un clima creixent de violència i amenaça a la vida i integritat de les persones i dels pobles en tots els països, amb l'anuència dels Estats i les seves institucions.
En raó de l'exposat, les organitzacions que signem aquesta declaració fem una enèrgica crida a tots els Estats membres d'OEA a deposar aquesta actitud i fer explícita la seva vocació democràtica, el compromís ple i irrenunciable amb la protecció i defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals de les persones i els pobles. Els Estats han de ser conscients que l'efectiva implementació dels drets humans implica tenir mecanismes -a nivell intern i internacional- que permetin reclamar davant la vulneració de drets, de manera que les víctimes accedeixin a justícia i a reparació.
La magnitud de la crisi financera de la CIDH fa inviable el compliment del seu mandat, la qual com ha estat assenyalat és atribuïble als Estats de les Amèriques, implica privar les ciutadanes, els ciutadans i els pobles que habitem aquest continent, de marcs institucionals democràtics per al ple gaudi i gaudi dels drets, el que resulta intolerable.
Exigim, per tant, a tots els Estats membres de l'OEA que generin un fons d'emergència per a l'estabilització institucional de la CIDH, de manera que pugui complir el cronograma d'activitats traçat per a l'any 2016. Així mateix, els comminem a definir en la propera Assemblea General de l'OEA un fons regular permanent que asseguri el ple compliment del mandat dels òrgans que integren el Sistema Interamericà de protecció dels drets humans.
