Criminalización, dolor y muerte ante el derecho a emigrar y a defender este derecho

Denunciar la violencia y racismo institucional tiene precio: más de 7.500 euros en multas a la Caravana Abriendo Fronteras

El movimiento antirracista y por los derechos de las personas migrantes denuncia una represión desmedida por las protestas organizadas en la 6a edición de la Caravana Abriendo Fronteras este verano.

La Caravana Abriendo Fronteras, la Plataforma Defender a Quién Defiende y otros grupos afines han exigido hoy al Defensor del Pueblo que se tomen medidas ante la represión que se ha ejercido por parte de la Administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad contra el movimiento antirracista y las múltiples manifestaciones organizadas alrededor de la Caravana Abriendo Fronteras este pasado verano en las Islas Canarias. También se han denunciado las vulneraciones del derecho a la protesta de las personas migrantes que se han dado de forma continuada en el último año en las Islas.

Entre los días 17 y 25 de julio de 2021 tuvo lugar la 6ª edición de la Caravana Abriendo Fronteras, un movimiento de defensa de los derechos de las personas migrantes que desde el año 2016 recorre diferentes espacios de frontera de la Unión Europea. Ante el ejercicio organizado del derecho a la protesta de la Caravana Abriendo Fronteras, se han registrado múltiples vulneraciones a los derechos fundamentales por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en un claro esfuerzo de represión al movimiento.

Es la primera vez que la Caravana sufre sanciones después de 6 años de movilización, después de viajar a puntos calientes como Grecia, Italia, Melilla o Ceuta. Se han usado mecanismos de “burorrepresión” a través de sanciones administrativas, que alcanzan un total de más de 7500 euros. Entre ellas, se ha impuesto la desmesurada sanción económica de 6100 euros, por el artículo 36.6 de la Ley Mordaza, desobediencia o la resistencia a la autoridad, por una protesta en la sede de Frontex en Las Palmas el 20 de julio. Además, esta sanción se notificó a una persona que no fue identificada en el transcurso de la acción, denotando una clara perfilación y criminalización del activismo en Gran Canaria.

El 21 de julio en Santa Cruz de Tenerife, en el marco de una acción pacífica frente a la Subdelegación del Gobierno, se dieron tres presuntas agresiones físicas a mujeres por parte de la policía. Una de las agresiones requirió atención médica por la seriedad de la contusión. El mismo día se dio también una retención y tres identificaciones, una de ellas a una persona racializada y dos más a prensa, contra quien se dirigió una actitud de hostigamiento y presión limitando el derecho a la información.

Finalmente, cabe destacar que el 22 de julio tuvo lugar un episodio especialmente grave, en Los Cristianos, Arona, en la isla de Tenerife, en el cual una vez desconvocada la manifestación que se había llevado a cabo, dos personas migrantes que se alojan en el Centro de Las Raíces (y que habían participado en la manifestación) fueron detenidas. La detención se llevó a cabo  de manera arbitraria, discriminatoria y sin indicios suficientes de la comisión de un delito, y tuvo por tanto un efecto disuasorio para el resto del grupo de personas alojadas en Las Raíces que hasta ese momento habían participado y reivindicado sus derechos en las manifestaciones, limitando su derecho a la libertad de expresión y de participación. Cabe recordar que estas personas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad administrativa, y una detención, o incluso una identificación, puede suponer la apertura de procedimientos de expulsión. Así pues, denunciamos el racismo institucional que restringe de forma sistemática el derecho a la libertad de manifestación de las personas que se encuentran en una situación administrativa irregular.

Más allá de los incidentes ocurridos en el marco de la Caravana, cabe destacar diversas actuaciones represivas ejecutadas por parte de agentes de seguridad públicos y privados en los espacios en los que se ha alojado a las personas migrantes recién llegadas a las islas, tal como el Campamento de Las Raíces en Tenerife. En el último año, las personas afectadas, colectivos de apoyo y las organizaciones de derechos humanos han denunciado constantes violaciones al derecho a la protesta mediante un uso excesivo de la fuerza, agresiones racistas, amenazas y castigos hacia las personas alojadas en los recursos de acogida.

Fruto de la represión mencionada, 13 personas siguen presas pendientes de juicio o de sentencia, en algunos casos con peticiones de 11 años de cárcel por parte de la fiscalía. Es de destacar que 4 de ellas han sido liberadas sin cargos después de permanecer 7 meses encarceladas de forma preventiva.

En definitiva, la Plataforma Defender A Quién Defiende, conjuntamente con Caravana Abriendo Fronteras y otros colectivos afines, denunciamos la creciente restricción del derecho a la protesta mediante el uso de la Ley Mordaza y la impunidad ante el uso excesivo de la fuerza, en este caso concretamente contra el movimiento antirracista y por los derechos de las personas migrantes.

Y exigimos, tal como se ha expresado en la carta enviada al Defensor del Pueblo, 

1. La fiscalización de las actuaciones por parte de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en las que se hace un uso excesivo de la fuerza contra personas que ejercen el derecho a la libertad de manifestación, o en las que no se respeta el principio de no-discriminación.
2. La prohibición expresa de la elaboración de perfiles raciales en las políticas de seguridad, que incluyan la eliminación de los controles de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.
3. Medidas para que garanticen el derecho a la libertad de manifestación y reunión de todas las personas, independientemente de su situación administrativa.
4. La retirada de las sanciones impuestas.