La CONAIE y los retos del movimiento indígena
En un contexto crítico por el asedio de extractivismo en sus territorios, y, la dura pugna con el estado para limitar el protagonismo del movimiento indígena. Este artículo analiza la situación política de la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas del Ecuador –CONAIE–, los retos actuales, organizativos y políticos, para poder enfrentar este nuevo panorama amenazante. En primer lugar en un contexto crítico de sus comunidades de base, por el asedio de diferentes modalidades de extractivismo en sus territorios y bienes naturales, y, al mismo tiempo, ante una dura pugna con el estado, con los intentos de debilitación para limitar el protagonismo del movimiento indígena en la construcción del estado plurinacional y del Buen Vivir. Finalmente, se pretende visibilizar la limitación y control de la participación política de las organizaciones sociales en Ecuador.
Este artículo tiene como propósito aportar elementos de análisis sobre la situación política de la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas del Ecuador –CONAIE–, los retos actuales en términos organizativos y políticos para poder enfrentar un nuevo panorama amenazante. En primer lugar en un contexto crítico de sus comunidades de base, por el asedio de diferentes modalidades de extractivismo en sus territorios y bienes naturales, y, al mismo tiempo, ante una dura pugna con el estado, con los intentos de debilitación para limitar el protagonismo del movimiento indígena en la construcción del estado plurinacional y del Buen Vivir. Finalmente, se pretende visibilizar la limitación y control de la participación política de las organizaciones sociales en Ecuador.
En el 2008, el gobierno de Rafael Correa y su partido Alianza País, ratifican una cons- titución que reconoce la plurinacionalidad del país, los derechos de la naturaleza, y defiende el Buen Vivir. El contexto político ecuatoriano se está transformando, nacen nuevos horizontes y esperanzas por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas que históricamente han sido explotadas y excluidas de las dinámicas estatales, se avizora un camino de mayor participación política, con las expectativas de lograr el reconocimiento del derecho al autogobierno y la autodeterminación.
No obstante, y especialmente desde la reelección del actual presidente en 2012, se registra un fuerte proceso de reapertura de dinámicas económicas desarrollistas, entre las cuales el mayor impulso a la explota- ción a gran escala los recursos naturales y el territorio: oro, cobre, petróleo, entre otros. Como hemos visto en otros contex- tos, el desarrollo de este extractivismo acaba generando destrucción de la naturaleza y afectando a las comunidades indígenas, y tiene como efectos laterales no menores desplazamientos de población, enfermeda- des y contaminación. La situación presenta mayores agravantes cuando le sumamos la venta de tierras a empresas petroleras y mineras extranjeras sin consulta previa a los pueblos indígenas, perdiendo de vista el marco constitucional en donde está prevista tal consulta.
La CONAIE protagonista durante décadas de las luchas contra los gobiernos neoliberales, por el reconocimiento de la plurinacionalidad y la defensa del terri- torio como movimiento indígena, se ve enfrentada a ataques directos y unos de los momentos más críticos ante las amenazas de desarticulación y pérdida de credibilidad en su trabajo político.
Frente a esas políticas los pueblos indígenas se movilizan y resisten para defender su territorio y sus derechos. Denuncian estos procesos antidemocráticos, exigiendo la aplicación de sus derechos consagrados en la constitución. Ante la falta de puentes de diálogo entienden que desde el gobierno no se reconocen los aportes democráticos significativos de los pueblos indígenas, presentes por más de 500 años de lucha contra el colonialismo, sino que más bien se sigue la línea de contrarrestar la resistencia a través de estrategias que debilitan el movimiento indígena y criminalizan la protesta social.
Un caso emblemático de esta criminalización a las organizaciones y líderes comunitarios es el de Javier Ramírez, activista ecologista del valle de Intag (Ibarra), acu- sado de terrorismo y sabotaje, recluido por 10 meses en prisión preventiva antes de ser llevado a un juicio, y finalmente exculpado gracias a la solidaridad y la movilización social, y a la campaña de denuncia contra la estrategia de criminalización.
En este sentido se interpreta la creación en diciembre del 2014 de una organización indígena auspiciada desde las esferas gubernamentales: la «Alianza Indígena para la Revolución Ciudadana», a través de la cual se percibe el intento de llegar a las bases del movimiento indígena, especialmente en las zonas de conflictos ambientales, para reducir la resistencia y retomar el control político en estos procesos y localidades, todo ello con las elecciones de 2017 como telón de fondo.
La CONAIE ha tenido que hacer frente en los últimos tiempos a diversas presiones y campañas mediáticas con el objetivo de dividir al movimiento, entre los argumentos utilizados señalaremos, por ejemplo, las supuestas alianzas entre dirigentes indígenas y el gobierno, alianzas con la derecha, disputas internas, incumplimiento de obligaciones administrativas, etc.
Pero quizás uno de los golpes más importantes, por su carácter simbólico, fue la orden de desalojo de la sede de la CONAIE de diciembre de 2014 por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que pone fin al acuerdo de arrendamiento antes de la fecha prevista. Dicha institución pública daba un plazo de "15 días laborables para desalojar la sede ante la necesidad imprevista y urgente de contar con casas de acogida para drogadictos, que han superado la etapa de crisis por desintoxicación".
Frente a este intento de desahucio de su sede, la CONAIE organizó una asamblea de emergencia en la que declaraba la sede como «patrimonio ancestral de los pueblos indígenas». Organizaron una vigilia perma- nente en el edificio y un equipo de defensa jurídica, y denunciaron ante los medios de comunicación, nacionales e internacionales el abuso jurídico que la orden significa. A su vez se llamó a la solidaridad de los sectores sociales y populares de Ecuador, quienes respondieron congregándose en marchas, participando en las actividades de resisten- cia organizadas desde la casa, y haciendo público el apoyo a la organización. Se llamó también a la solidaridad internacional en la que encontraron el apoyo de 450 intelectuales del mundo, a través de una misiva dirigida al presidente Rafael Correa, en la que reclamaban diálogo y respeto hacia la lucha ancestral de la CONAIE por un país más justo y equitativo en el que se erradique el colonialismo.
A nivel interno, la orden de desalojo ha comportado un proceso de reactivación de la lucha y resistencia en la organización. Diversas organizaciones de base suben a la capital para apoyar a la sede, la defensa por la casa, renombrada como «La Casa de Todxs», tiene un poder de federación y movilización impresionante en un momento en el que la organización se hallaba débil.
Sin embargo, a pesar de esta capacidad de reacción del movimiento indígena, la CONAIE se enfrenta a la dificultad de elaborar estrategias colectivas a largo plazo, adaptadas al nuevo contexto político y a la nueva realidad del movimiento indígena. La organización debe afrontar la necesaria integración de la diversidad de nuevos sujetos que integran la lucha indígena, junto con sus contradicciones. Por ejemplo, ya no son todos indígenas rurales, sino también indígenas de las ciudades, con nuevas aspiraciones; también hay activistas del movimiento indígena que no se identifican con la resistencia ante la minería y creen en las oportunidades que pueden aportar las empresas mineras y petroleras.
La CONAIE se enfrenta al reto de crear nuevos mecanismos de lucha adecuados al nuevo contexto político del país, así como, conseguir integrar a los nuevos sujetos de la lucha indígena sin perder de vista su lucha ancestral contra las varias formas de colonialismo. Además, más allá de resistir los embates del estado y los intentos de desarticulación la CONAIE tiene el desafío de resistir a dinámicas internacionales capitalistas que ya han entrado en sus propias comunidades. Debe ser capaz de proponer alternativas sociales, políticas y económicas sostenibles para movilizar y unir el movimiento indígena, sin caer en la facilidad de copiar o integrarse en un modelo dominante estatal.
Es un desafío no menor el que tiene el movimiento indígena hoy por hoy. Defender valores y modos de vida marginalizados y estigmatizados por las tendencias aplastantes de un modelo capitalista, instalado en el país, pero con unas fuerzas que vienen de mucho más allá de las fronteras de Ecuador, en el que sólo prevalece el dinero, que ha transformado el ser humano en capital y la naturaleza en fuente de extracción.
Contrarrestar esta dinámica puede parecer utópico, no obstante, son ya siglos de lucha y resistencia indígena contra toda clase de colonialismos. Las debilidades actuales de este modelo y su incompatibilidad con las bases sociales y naturales de la vida, siguen siendo un poderoso estímulo para persistir en la lucha por construir uno más justo y equitativo, que valore lo humano, lo comunitario, lo ancestral y que permita defender la madre tierra desde la cosmovisión indígena, en el que cada cual encuentre su reconocimiento. Aspiraciones muy comunes, por caminos diversos, a las que inspiran a los movimientos sociales en todos los continentes.
Artículo elaborado por Zitouna Auryn con fotos de Orlan Cazorla Boletín n. 63 de Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos
