Som Defensores. Davant la repressió defensem els DDHH. Somos Defensoras. Ante la represión defendemos DDHH
El referéndum de autodeterminación en Cataluña, previsto para el 1 de octubre y que pide la mayoría de la ciudadanía catalana, pretende determinar cuál es la relación de Cataluña con el Estado español. El referéndum es un mecanismo para visibilizar y transformar el conflicto político existente. La respuesta represiva del Estado español para impedirlo, con actuaciones judiciales y policiales contra las instituciones catalanas democráticamente elegidas, supone un grave retroceso en materia de garantía de derechos humanos y libertades individuales y colectivas en Cataluña, y un deterioro de la democracia y el Estado de derecho en su conjunto. Estas actuaciones resultan inaceptables en el marco de estados democráticos. Es por eso que desde la sociedad civil llamamos a la solidaridad y al apoyo nacional e internacional y pedimos la adhesión a este comunicado.
SOMOS DEFENSORAS. ANTE LA REPRESIÓN DEFENDEMOS DERECHOS HUMANOS (Manifest en català)
El referéndum de autodeterminación en Cataluña, previsto para el 1 de octubre y que pide la mayoría de la ciudadanía catalana, pretende determinar cuál es la relación de Cataluña con el Estado español. El referéndum es un mecanismo para visibilizar y transformar el conflicto político existente. La respuesta represiva del Estado español para impedirlo, con actuaciones judiciales y policiales contra las instituciones catalanas democráticamente elegidas, supone un grave retroceso en materia de garantía de derechos humanos y libertades individuales y colectivas en Cataluña, y un deterioro de la democracia y el Estado de derecho en su conjunto. Estas actuaciones resultan inaceptables en el marco de estados democráticos. Es por eso que desde la sociedad civil llamamos a la solidaridad y al apoyo nacional e internacional y pedimos la adhesión a este comunicado.
Como entidades con larga trayectoria de defensa de los derechos humanos denunciamos que las medidas adoptadas por el Estado español como respuesta a la convocatoria del referéndum del 1 de octubre -suspendido pero todavía no declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional-, tienen finalidades básicamente intimidatorias, en muchos casos se han hecho sin amparo judicial, y contravienen tratados internacionales ratificados por el Estado como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la propia Constitución Española y disposiciones del Estatuto de Autonomía Catalán. Estas medidas son innecesarias, claramente desproporcionadas y suponen la vulneración de cuatro derechos humanos fundamentales: el derecho a un juicio justo y a tutela judicial efectiva; el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y la privacidad de las comunicaciones; el derecho a la libertad de expresión y de información, y el derecho a la libertad de reunión y manifestación.
En cuanto al derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva, y ante la orden del Fiscal General citando a declarar a cargos públicos, DENUNCIAMOS que se trata de una actuación procesal abusiva que vulnera, entre otros, el principio de proporcionalidad y de intervención penal mínima. Se trata de una criminalización prematura – los hechos a perseguir no se consumarán, en todo caso, hasta el 1 de octubre-, así como innecesaria ya que de la misma orden del fiscal se desprende que ya se han interpuesto querellas judiciales que comprenden estos hechos.
En cuanto al derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y la privacidad de las comunicaciones, y ante las actuaciones en empresas públicas y privadas de servicios postales, DENUNCIAMOS que el derecho a la intimidad, en el domicilio privado y social, y a la privacidad de las comunicaciones son derechos básicos en un Estado de derecho y sólo pueden ser limitados, mediante orden judicial, por una finalidad legítima, y de forma proporcionada. Estas actuaciones son innecesarias dado que no pretenden proteger un interés superior y han sido decididas de forma arbitraria.
En cuanto al derecho a la libertad de expresión y a recibir información, y ante las diferentes actuaciones para evitar la difusión de determinados mensajes y campañas, recordamos que las restricciones a la libertad de expresión, derecho que forma parte del núcleo esencial del principio democrático y del pluralismo político, sólo están justificadas cuando las ideas en causa impliquen una vulneración directa y grave de otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, o sean susceptibles de conllevar un daño o riesgo real y serio. En relación a los medios de comunicación, los posibles límites en cuanto al derecho de informar deberían fundamentarse en la protección de otros derechos fundamentales. DENUNCIAMOS que las informaciones que se han intentado prohibir o sobre las cuales se ha limitado su difusión no suponen ningún daño grave, y que las medidas adoptadas contra los medios de comunicación son interferencias desorbitadas y no justificadas.
En cuanto a las limitaciones al derecho a la libertad de reunión y manifestación, y ante la prohibición de actos, DENUNCIAMOS la absoluta falta de justificación de estas limitaciones, dado el constatado carácter pacífico de estos actos y como expresión del pluralismo político, uno de los valores superiores según el artículo. 1.1 de la Constitución. Se trata de decisiones que tratan de judicializar y criminalizar la legítima movilización ciudadana, al tiempo que se rechazan las necesarias vías de diálogo y negociación de un conflicto político expresado de manera pacífica.
Es por estos motivos y razonamientos jurídicos que consideramos imprescindible detener de manera urgente la escalada represiva en materia de derechos humanos y libertades fundamentales que se está produciendo en Cataluña. Y para que así sea,
Exigimos a los y las representantes políticos responsabilidad y valentía y que abran todas las vías de diálogo posibles.
Animamos a la ciudadanía a seguir defendiendo sus derechos a través de la movilización, a través de concentraciones, manifestaciones o acciones populares de desobediencia civil siguiendo los principios de la no violencia y la paz.
Nos solidarizamos con todas las personas que han sufrido hasta ahora la represión.
Ante cualquier otra vulneración de derechos fundamentales anunciamos que ponemos en marcha una Red de Observadores y Observadoras de derechos para hacer el seguimiento necesario el 1 de octubre, junto con acompañamiento legal y psicosocial, y activamos mecanismos de denuncia, asesoramiento y de protección para hacer frente a actuaciones policiales y judiciales desde ahora y hasta el día del referéndum y que, si es necesario, los mantendremos con posterioridad.
Barcelona, 22 de septiembre de 2017
Adhiérete al manifiesto http://www.lafede.cat/somos-defensoras/
Manifest
El referèndum d’autodeterminació a Catalunya previst per a l’1 d’octubre i demanat per una àmplia majoria de la ciutadania catalana pretén determinar quina és la relació de Catalunya amb l’Estat espanyol. El referèndum és un mecanisme per visibilitzar i transformar el conflicte polític existent. La resposta repressiva de l’Estat espanyol per tal d’impedir-lo, amb actuacions judicials i policials contra les institucions catalanes democràticament escollides, suposa un greu retrocés en matèria de garantia de drets humans i llibertats individuals i col·lectives a Catalunya, i un deteriorament de la democràcia i de l’Estat de dret en el seu conjunt. Aquestes actuacions resulten inacceptables en el marc d’estats democràtics. És per això que des de la societat civil fem una crida a la solidaritat i al suport nacional i internacional i demanem l’adhesió a aquest comunicat.
Com a entitats amb llarga trajectòria de defensa dels drets humans denunciem que les mesures adoptades per l’Estat espanyol com a resposta a la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre, suspès però encara no declarat inconstitucional pel Tribunal Constitucional, tenen finalitats bàsicament intimidatòries, en molts casos s’han fet sense empara judicial, i contravenen tractats internacionals ratificats per l’Estat com ara el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Conveni Europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, la pròpia Constitució espanyola i disposicions de l’Estatut d’Autonomia. Aquestes mesures són innecessàries i clarament desproporcionades, i suposen la vulneració de quatre drets humans fonamentals: el dret a un judici just i a la tutela judicial efectiva; el dret a la intimitat, a la inviolabilitat del domicili i a la privacitat de les comunicacions; el dret a la llibertat d’expressió i d’informació, i el dret a la llibertat de reunió i manifestació.
Quant al dret a un judici just i a la tutela judicial efectiva, i davant l’ordre del Fiscal General citant a declarar càrrecs públics, DENUNCIEM que es tracta d’una actuació processal abusiva que vulnera, entre d’altres, el principi de proporcionalitat i d’intervenció penal mínima. Estem davant d’una criminalització prematura – els fets a perseguir no es consumaran, en tot cas, fins l’1 d’octubre-, així com innecessària, ja que de la mateixa ordre del fiscal es desprèn que ja s’han interposat querelles judicials que comprenen aquests fets.
Quant al dret a la intimitat, a la inviolabilitat del domicili i a la privacitat de les comunicacions, i davant les actuacions a empreses públiques i privades de serveis postals, DENUNCIEM que el dret a la intimitat, al domicili privat i social i a la privacitat de les comunicacions són drets bàsics en un Estat de dret i només poden ser limitats, mitjançant ordre judicial, per una finalitat legítima, i de forma proporcionada. Aquestes actuacions són innecessàries donat que no pretenen protegir un interès superior i han estat decidides de forma arbitrària.
Quant al dret a la llibertat d’expressió i a rebre informació, i davant les diferents actuacions per evitar la difusió de determinats missatges i campanyes, recordem que les restriccions a la llibertat d’expressió, dret que forma part del nucli essencial del principi democràtic i del pluralisme polític, només estan justificades quan les idees en causa impliquin una vulneració directa i greu d’altres drets o béns constitucionalment protegits, o siguin susceptibles de comportar un dany o risc real i seriós. En relació als mitjans de comunicació, els possibles límits pel que fa al dret d’informar haurien de fonamentar-se en la protecció d’altres drets fonamentals. DENUNCIEM que les informacions que s’han intentat prohibir o limitar-ne la difusió no suposen cap dany greu i que les mesures adoptades contra els mitjans de comunicació són interferències desorbitades i no justificades.
Quant a les limitacions al dret a la llibertat de reunió i manifestació, i davant la prohibició d’actes, DENUNCIEM l’absoluta manca de justificació d’aquestes limitacions, donat el constatat caràcter pacífic d’aquests actes i en tant que expressió del pluralisme polític, un dels valors superiors segons l’article. 1.1 de la Constitució. Es tracta de decisions que miren de judicialitzar i criminalitzar la legítima mobilització ciutadana, alhora que es rebutgen les necessàries vies de diàleg i negociació d’un conflicte polític expressat de manera pacífica.
És per aquests motius i raonaments jurídics que considerem imprescindible aturar de manera urgent l’escalada repressiva en matèria de drets humans i llibertats fonamentals que s’està produint a Catalunya. I per tal que sigui així,
Exigim als representants i a les representants polítics responsabilitat i valentia i que obrin totes les vies de diàleg possibles.
Animem a la ciutadania a seguir defensant els seus drets a través de la mobilització, a través de concentracions, manifestacions o accions populars de desobediència civil seguint els principis de la no-violència i la pau.
Ens solidaritzem amb totes les persones que han patit fins ara la repressió.
Davant qualsevol altra vulneració de drets fonamentals anunciem que posem en marxa una Xarxa d’Observadores de drets per fer el seguiment necessari l’1 d’octubre, juntament amb acompanyament legal i psicosocial, i que activem mecanismes de denúncia, d’assessorament i de protecció per fer front a actuacions policials i judicials des d’ara i fins el dia del referèndum, i que si escau, els mantindrem amb posterioritat.
Barcelona, a 22 de setembre de 2017
