Berta Cáceres: hay condenas, pero no hay justicia
Como era de prever el veredicto pronunciado por el Tribunal de Sentencia hondureño, continúa sin condenar a las estructuras y a las personas que pagaron a los criminales que asesinaron a Berta Cáceres e intentaron asesinar a Gustavo Castro.
La familia de Berta Cáceres y el COPINH denuncian que, a pesar de las innumerables pruebas incriminatorias que el Tribunal recibió, los autores intelectuales, entre ellos la familia Atala Zablah, accionistas dueños de la empresa DESA, siguen gozando de la libertad, porque se ha negado sistemáticamente esta línea de investigación. Con este fallo se condena unicamente al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA.
¿Qué intereses están en juego y motivan que el Estado y sus instituciones protejan a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir con su responsabilidad??
La impunidad que hasta hoy muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta que la Dignidad, la Verdad y la Justicia, prevalezcan en esta causa y en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos territorios de Honduras y el mundo.
Desde el asesinato de Berta Cáceres gran cantidad de instituciones públicas, ayuntamientos, Parlamentos autonómicos, el Congreso, el Gobierno español y el Parlamento y la Comisión Europea, se han pronunciado en diferentes momentos y de diferentes formas sobre la necesidad de una verdadera justicia en torno al asesinato de Berta Cáceres, del intento de asesinato a Gustavo Castro, así como a las decenas de defensores y defensoras de movimientos, organizaciones sociales y comunitarias que han sido asesinadas o criminalizadas con toda impunidad.
Si, a pesar de la financiación recibida durante estos años por la cooperación internacional para mejorar el aparato judicial hondureño –especialmente por parte de la cooperación estatal española- los tribunales hondureños muestran esta clamorosa incapacidad de actuar de acuerdo al debido proceso, llega la hora de que la comunidad internacional se pronuncie sobre si estos asesinatos deben quedar impunes.
Desde las organizaciones y plataformas de solidaridad con el pueblos hondureño hacemos un llamamiento a la opinión pública, a las organizaciones y movimientos sociales, para seguir presionando a nuestros respectivos gobiernos para que se hagan responsables de que se haga justicia en unos hechos, en la raíz de los cuales no podemos olvidar que están implicados fondos de inversión públicos europeos.
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Hoy jueves 29 de noviembre, a las 4 PM en Honduras, el Tribunal de Sentencia dictará fallo en el juicio contra los primeros ocho imputados por el asesinato de la defensora de derechos humanos, lideresa lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres.
El 2 de marzo del 2016 personas desconocidas ingresaron a la vivienda de Berta Cáceres Flores, ubicada en La Esperanza, Intibucá y la asesinaron. En los hechos también resultó herido el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto, de nacionalidad mexicana.
En el marco de este juicio, hemos observado las múltiples irregularidades y violaciones al debido proceso que se han producido hasta la fecha en dicho juicio. Durante la etapa de investigación de los hechos, la representación privada de la familia enfrentó constantes obstáculos para acceder a la prueba recabada por parte del Ministerio Público; siendo así que en por lo menos treinta y cinco ocasiones se realizaron solicitudes expresas sin obtener ninguna respuesta.
Posteriormente en agosto del presente año, a más de dos años de haberse realizado los allanamientos, el Ministerio Público había informado que la mayoría de los elementos incautados no habían sido analizados. Entre ellos, había equipos electrónicos como computadoras, celulares e incluso, el arma de uno de los imputados. Incluso, el Tribunal realizó cuatro órdenes en las que dispuso su entrega, las cuales se incumplieron.
En la audiencia de proposición de pruebas, el Tribunal rechazó dos solicitudes de transmisión vía digital y de grabación en video y audio que se hicieran para garantizar la publicidad del proceso, además, denegó sistemáticamente la incorporación de prueba elemental para demostrar la culpabilidad de empleados y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la cual se considera la principal responsable del asesinato.
El máximo acto de parcialidad del Tribunal consistió en dejar sin representación privada a las víctimas y la familia en el proceso, negando la posibilidad a las víctimas de participar en el proceso y obligándoles a aceptar la representación del Ministerio Público, quien como ya se señaló, ha obstaculizado y ocultado información a las víctimas.
El antecedente de dicha decisión ilegal del Tribunal se basa en que, en vista de que se estaban consolidando las condiciones de un proceso irregular y arbitrario, se interpusieron varios recursos, entre ellos uno de recusación que fue denegado y que habilitó la interposición de una serie de recursos de amparo que a la fecha no ha sido resuelto y mantiene vigente la recusación en contra del Tribunal. Esta acción implica que la convocatoria a juicio realizada es ilícita, por lo cual los representantes de las víctimas no se presentaron a la audiencia, señalándole estos aspectos al Tribunal mediante una comunicación previa.
Consideramos que los autores materiales deben ser debidamente juzgados y sancionados, sin embargo, no se alcanzará justicia y no se esclarecerá la verdad respecto del asesinato, hasta que pueda desmantelarse la estructura criminal que está detrás del mismo.
El Estado de Honduras tiene la obligación internacional adquirida en virtud de la firma de diversos instrumentos internacionales y de su propio ordenamiento interno, de garantizar la plena representación de la familia de la víctima y el del COPINH en el procedimiento judicial, así como garantizar una investigación diligente, independiente y conforme al debido proceso, para que se identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables, materiales e intelectuales de todos los hechos y circunstancias en torno al asesinato de Berta Cáceres.
Hay condenas, pero no hay justicia.
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