Desde Entrepueblos y en colaboración con el alumnado de Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universidad de Valencia publicamos el informe…
16 defensores y defensoras de derechos humanos y de la naturaleza de Centroamérica participarán los días 18 y 19 de junio en Barcelona en las jornadas ‘Derechos humanos y Paz en América Central: retos y oportunidades’, que se celebrarán en el Museu d’Història de Barcelona (Sala Martí l’Humà).
Este encuentro supondrá el inicio de la actividad de la recién constituida Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a l’Amèrica Central (Mesa Catalana por los Derechos Humanos y la Paz en América Central), una red de 20 organizaciones no gubernamentales y para el desarrollo (ONGDs) que quiere reforzar el diálogo y la respuesta de Cataluña ante los problemas de vulneración de DDHH en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
“El contexto de represión, persecución y violencia política que vive la región nos hace convocarnos para dirigir la atención internacional en pro de reforzar los muchos lazos de solidaridad ya existentes”, señala la Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a l’Amèrica Central.
Con este propósito la Taula convoca, junto al ICIP (Instituto Catalán Internacional para la Paz), “estas primeras jornadas de reflexión y diálogo en torno a los importantes retos que tiene por delante Centroamérica, pero también para dar visibilidad a las denuncias, ideas, iniciativas y alternativas que se presentan desde la sociedad civil y que pretenden volver a poner en el centro de los debates el valor de la vida”.
En el marco de las jornadas ‘Derechos humanos y Paz en América Central: retos y oportunidades’, y con la intención de dedicar toda una semana a conocer y reflexionar acerca de la situación actual en Centroamérica, tendrán lugar también los siguientes eventos:
Día 20 de junio: Entrega del premio Valors del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, a los abogados y abogadas de Nicaragua, que recogerá personalmente una de las personas que estará presente en las jornadas, Ana Margarita Vigil.
Día 21 de junio: Presentación del Informe de IM-Defensoras ‘Datos que nos duelen, redes que nos salvan’ 10+ años de agresiones contra defensoras de derechos humanos de Mesoamérica (2012-2023). Se trata del informe más importante de esta organización que registra y documenta las agresiones a defensoras de DDHH en Centroamérica anualmente y en esta publicación presenta las conclusiones de más de una década de trabajo.
Días 27 y 28 de junio: Realización de las Jornadas Defendiendo el Territorio Norte-Sur: ¿Cómo desafiamos el modelo político y económico desde nuestras acciones y saberes?. Estas jornadas reúnen a 6 defensoras de los derechos humanos y del territorio de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua con activistas por la defensa del territorio de Catalunya y el País Valencià; y nos invitan a relacionarnos con el territorio desde nuestros lenguajes y ópticas, diferenciando tres aspectos para ampliar y profundizar alianzas, entendimientos y acciones: territorio agua, territorio tierra y territorio casa.
Las entidades que forman parte de la Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a l’Amèrica Central (Mesa Catalana por los Derechos Humanos y la Paz en América Central) son:
Ecuador vive tiempos convulsos, tanto política como socialmente. Pero no todos los conflictos trascendentales salen en las páginas de los principales diarios a pesar de ser ejemplo de resistencia comunitaria y defensa del territorio y la naturaleza.
Es el caso de Palo Quemado, pequeña parroquia de Cotopaxi, en la que una parte de la población afectada por el proyecto minero La Plata se opone a que la empresa canadiense Atico Mining, obtenga la licencia ambiental para su ejecución, un permiso que otorga el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
Palo Quemado es la tierra de ocho comunidades indígenas y en una de sus zonas hay importantes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc. El pasado 15 de marzo, esta parroquia y la de Las Pampas, la otra afectada por el proyecto, se vieron ocupadas por cientos de militares, personal de seguridad privada de la empresa y policía estatal para llevar a cabo una consulta de dudosa legalidad, generar miedo y coacción social, y reprimir a quienes se habían organizado para impedir la entrada de la multinacional extractiva. Su objetivo es defender su economía agrícola y ganadera, sus campos y ríos.
En los enfrentamientos posteriores de las fuerzas de seguridad (que dispararon gases lacrimógenos y perdigones), al menos 20 miembros de la comunidad resultaron heridos y 70 fueron procesados. Entre las víctimas, el campesino Mesías Robayo, que se encuentra en estado crítico, con heridas en la cara y fracturas provocadas por los perdigones.
“No se puede considerar legítima una consulta realizada con solo 40 personas, y menos aún si se le pone un fusil a la población”, señaló Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Naciones Indígena de Ecuador, CONAIE.
“Estamos viviendo un problema bastante complejo a partir de esta consulta ambiental del año anterior que logramos frenar. A raíz de eso se han duplicado las fuerzas policías y militares. Pero lo más grave es que la empresa minera ha implantado bastante división y odio. Aquí somos pueblos pequeños, todos nos conocemos entre parroquias Y ahora hay bastante odio de los trabajadores de la empresa, no se cansan de publicar las fotos de los que defendemos poniendo que somos terroristas y se busca”, explica Luis Martínez, miembro de Defensores del Agua y Vida de Las Pampas.
El pasado 27 de marzo, a través del Frente Nacional Antiminero y la CONAIE, supimos que la consulta ambiental fue paralizada cautelarmente y que, gracias a la presión comunitaria, con protestas en los territorios y también en Quito, y la orden judicial emitida, la policía y los militares abandonaron estos territorios, aunque se sigue exigiendo la nulidad de este referéndum, que las organizaciones que respaldan a las comunidades consideran “excluyente, discriminatoria y extemporánea”. La resistencia contra éste y otros proyectos mineros en todo el país continúa, y requerirá de apoyo internacional por parte de todas las organizaciones y personas que acompañamos a los pueblos de Ecuador.
Puedes ampliar información en:
Imagen cedida por CONAIE.
10 cortos de 14 jóvenes de diferentes comunidades de la Amazonía peruana forman parte de la iniciativa ‘Háblame como el Río’, impulsada por un grupo de realizadores y activistas, en el marco del proyecto ‘Mujeres y hombres Awajún de Amazonas: por una gestión indígena del bosque amazónico’, financiado por la Generalitat Valenciana.
Del 22 al 30 de julio de 2023, los y las jóvenes autores, de siete naciones indígenas (Awajun, Wampis, Achuar, Kukukama, Kichwa, Arazaire y Shipibo,) y de las regiones de Loreto, Ucajali, Madre de Dios, Amazonas, San Martín, Huánuco y Lima, se reunieron en la ciudad de Lamas San Martín para realizar un taller de cine. Se formaron en técnicas de entrevista, ‘storyboard’, escritura de guiones, rodaje y edición. En sus vídeos, exploraron lo que significa ser joven e indígena en una época en la que su hogar común, la selva amazónica, se enfrenta a una crisis de vida o muerte.
Háblame como el Río – introducción from Halal Scripted on Vimeo.
Los temas de sus historias incluyen, entre otros, la preservación de las tradiciones culturales indígenas, el impacto de ser un defensor del territorio en la vida individual, y los riesgos para la seguridad alimentaria en una comunidad con la integración en una economía monetizada. Todas las películas fueron escritas y conceptualizadas por los propios participantes, y para la mayoría era la primera historia audiovisual que creaban.
Fuego from Halal Scripted on Vimeo.
La formación fue realizada por los cineastas Sjoerd Oostrik, Gabriela Urco y Guusje van Deuren, y en el proyecto, además de Entrepueblos, han participado Amazon Watch y Welthungerhilfe.
El proyecto establece modelos concertados para una gobernanza integral y sostenible de los agro-ecosistemas locales incidiendo en el empoderamiento socio…
Hace 8 años Berta Cáceres fue asesinada, pero el legado de la defensora hondureña permanece vivo y se multiplica, generando conciencias solidarias en quien conoce más de cerca su lucha e historia.
Desde Entrepueblos, hemos querido acompañar a nuestra organización hermana, la COPINH, en el recuerdo del legado de Berta celebrando en Palma de Mallorca y Barcelona su 8a Siembra, y reclamando ¡Justicia para Berta!, ya que las sentencias contra David Castillo y los autores materiales del crimen no están todavía confirmadas. Además, la familia y compañeras de comunidad de Berta Cáceres reclaman que “todos los autores intelectuales, miembros de la familia Atala Zablah, sean capturados, enjuiciados y condenados por su responsabilidad en el crimen, así como todos los funcionarios públicos del régimen de Juan Orlando Hernández vinculados al mismo”.
Os dejamos varias imágenes del acto que el pasado 2 de marzo tuvo lugar en Palma, en el mural dedicado a la activista en el parc de Ses Veles.
En Barcelona, el domingo 3, también conmemoramos la Siembra de Berta, con un acto organizado en colaboración con la Asociación Mujeres Migrantes Diversas, en el Memorial Berta Cáceres del Parc de les Glòries. Gracias a las participantes por este precioso vídeo:
Hoy 3 de marzo, nos reunimos en Barcelona organizaciones de mujeres migrantes, organizaciones feministas, organizaciones por la Justicia Global y de solidaridad internacionalista, entidades vecinales de la ciudad y del distrito de Sant Martí para:
-Conmemorar 8 años de la siembra de Berta Cáceres
-Acuerpar su lucha llevada a cabo desde Honduras
-Replicar su legado en defensa de la vida, de los bosques, de los ríos (Defensa de nuestra Madre Tierra) ante los modelos extractivos y devoradores de gobiernos y empresas transnacionales.
-Replicamos también la palabra y el despertar de conciencias para cuidar de la vida y de nuestras cosmovisiones.
-Denunciar los genocidios que se están perpetuando en la actualidad de diferentes formas (nuestro rechazo al genocidio que está cometiendo el estado de Israel contra el pueblo de Palestina).
-Denunciar los silencios de los espacios de poder de los estados que pueden parar las guerras, no son genocidios aislados de la colonización y el capitalismo.
Pedimos justicia para Berta Cáceres, para su familia, para el COPINH y todo el pueblo Lenca,
Todos los movimientos presentes nos sumamos a sus demandas ante la corte exigiendo la confirmación de las sentencias ante el caso del feminicidio de Estado de Berta Cáceres, que han costado sacrificios y esfuerzos.
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan. Los pueblos saben hacer justicia”
“La palabra vive al replicarse”
¡Así lo dijo Berta Cáceres!
Compartimos el Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, al que perteneció Berta Cáceres y que continúa defendiendo los territorios del pueblo lenca y su derecho a vivir en armonía con la naturaleza.
El COPINH, junto a las hijas, hijo y madre de la compañera Berta Cáceres, se dirige al pueblo Lenca, al pueblo hondureño y a la comunidad internacional en este octavo aniversario del cruel crimen contra nuestra querida Berta.
Por ello, en esta fecha de conmemoración de la vida y lucha de Berta Cáceres y el Pueblo Lenca exigimos:
Berta Vive, la Lucha Sigue, en el latir eterno de nuestras comunidades y en la resistencia que emana de nuestra identidad ancestral.
Tras las movilizaciones masivas de los últimos meses en varias ciudades españolas, y en especial la del pasado 20 de enero, el próximo 25 de febrero tendrá lugar una nueva convocatoria estatal para seguir presionando al gobierno del estado español para que ponga fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel. Apúntate la fecha e inscribe tu ciudad en este enlace de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, entidad convocante.
Esta es una de las muchas acciones de apoyo al pueblo palestino desde el pasado 7 de octubre, cuando se produjo un ataque de Hamás a Israel que provocó que 1.200 personas perdieran la vida y casi 3.500 resultaran heridas, y al que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió declarando oficialmente la guerra y bombardeando la Franja de Gaza. Desde entonces, han muerto 26.000 gazatíes y el número de heridos en la Franja supera los 65.000 (cifras del Ministerio de Salud local).
Con motivo de los cuatro meses desde el inicio del conflicto, desde Entrepueblos apoyaremos también, el 7 de febrero, la jornada de lucha ‘Ama Palestina. Defiende la Vida’, que organiza defensempalestina.org y cuyo manifiesto puedes leer en este enlace.
“No podamos ni queremos normalizar el genocidio. Este que es un aviso a todas las que creemos en la libertad y la justicia social. Queremos que las palestinas sepan que no están solas en la legítima resistencia contra el colonialismo y el imperialismo”. Manifiesto de la jornada de lucha del 7 de febrero.
Para entender el origen y contextualizar este conflicto, te animamos a ver la charla-coloquio que el catedrático de Historia y miembro de Entrepueblos, José Antonio Antón Valero, impartió el pasado 9 de enero en Fuente del Maestre, Badajoz.
Además de ver la charla, puedes leer en la Revista 80 Entrepueblos, el artículo El terrorismo de ‘Jamás’, de la economista y activista, Laila Jichi Ribera.
¡Defendamos la vida! ¡Paremos el genocidio!
Se cumplen dos años del ecocidio de Repsol en la costa peruana de Ventanilla y, según Cooperacción Perú, nuestra organización aliada en el terreno, “la mayoría de playas que fueron afectadas en enero del 2022, aún siguen afectadas y no son aptas ni para bañistas ni para el regreso de las actividades pesqueras”. Igualmente, la zona de pesca no está rehabilitada y el ministerio de Producción no autoriza a los pescadores a salir a trabajar.
Tal y como informa Climática-La Marea, “las asociaciones de pescadores artesanales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay denuncian que el ecosistema no ha sido reparado y siguen reclamando que la empresa, con matriz española, se haga responsable de lo que consideran un ecocidio“. Además, según hemos podido comprobar en Entrepueblos, la mayoría de las y los empadronados han recibido una compensación, que las asociaciones de pescadores no consideran justa ni conclusiva, ya que a fecha de hoy aún no pueden pescar (se trataría de una compensación hasta 2023).
Como denunciaron Luis Díaz y Zenón Gallegos, dos representantes de los afectados, el año pasado durante una gira por el estado español, Repsol intentó que las asociaciones de pescadores afectadas no pudieran personarse como parte en las demandas, aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la falta de apoyo de las autoridades peruanas, siguió una estrategia de conseguir renuncias a posibles demandas por parte de quienes aceptaron unos pagos exiguos en concepto de anticipo.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años.
Un informe de Cooperación Perú y otras tres entidades independientes concluye no solamente que el daño ambiental persiste y que la primera respuesta de Repsol fue “tardía e insuficiente” sino que el Estado español “es responsable por no haber garantizado que una empresa domiciliada en su territorio respetara los derechos humanos en el marco de sus operaciones en el extranjero”.
“Además, España incumplió su obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos en las operaciones de sus propias inversiones empresariales en el extranjero, teniendo en cuenta que REPSOL se había beneficiado de un importante apoyo financiero del Estado español para la renovación de la Refinería La Pampilla S.A”, se indica en el estudio Repsol: una catástrofe que se pudo evitar. Impactos del derrame de petróleo en el mar peruano y en los derechos de la población en Ventanilla”, que se puede descargar en PDF aquí.
Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora de gases de efecto invernadero del Estado español. Como el resto de empresas del Ibex35, Repsol ha contado durante décadas del apoyo incondicional de todo el aparato de la diplomacia española para extender internacionalmente sus inversiones, maximizando beneficios y disfrutando de impunidad. La misma refinería de Ventanilla responsable de este vertido se amplió en 2017 con un crédito asegurado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), empresa con mayoría de capital público. Y Felipe VI presidió su inauguración en noviembre de 2018. Es decir, que todas nosotras avalamos la inversión en ese desastre.
En la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores por parte de las autoridades peruanas: seis iniciados por el OEFA (institución encargada de la fiscalización ambiental ), cinco por el Osinergmin, uno por DICAPI y uno por el Serfor. De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.
En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.
En el contexto de la emergencia climática, ecológica y energética en la que nos encontramos, cada vez más gente reclama que el ecocidio debe ser reconocido como un delito universal y que se acabe con esta situación de impunidad corporativa.
Avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, reparar a las poblaciones afectadas y remediar los impactos socioambientales generados, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.
Más información: Repsol y la impunidad corporativa, artículo de Àlex Guillamón en la Revista Entrepueblos 79
Todos los testimonios visuales de este reportaje han sido elaborados por Cooperacción Perú y Entrepueblos. Gracias a todas las participantes por sus palabras.
El Estado guatemalteco ejerce la autoridad con violencia, para la exclusión de las mayorías. Desde la aprobación de la Constitución vigente, en 1985, once gobiernos (incluyendo los transitorios de Ramiro de León Carpio y Alejandro Maldonado Aguirre), optaron por el desprecio de lo público y lo colectivo. Presidentes histriónicos, hepáticos, mentirosos, corruptos, bravucones y muy violentos cuando fue necesario (Álvaro Colom u Otto Pérez Molina como ejemplos, con estados de excepción y encarcelamiento de centenares de defensoras y defensores del territorio) apuntalaron sus negocios y los de élites empresariales nacionales y transnacionales, sin miedo al despojo y robo de los bienes del pueblo.
A pesar de ello, estos gobiernos peleados con el bien común y la misma Constitución que juraron defender, generaban más frustración y pasividad que resistencia y organización activa, concretamente en la decisiva (en términos de opinión y decisión política) ciudad capital. Las comunidades indígenas y campesinas, y los movimientos sociales populares, pese a resistencias cotidianas y épicas confrontaciones de poder (listo abajo algunas, 2) no lograban revertir este ejercicio impune de poder, entre otras razones por:
Esta realidad comenzó a interrumpirse, y ojalá revertirse, en cuatro momentos (se listan cronológicamente, no en orden de importancia, y se hace referencia a momentos inmediatos, en el entendido de que estos procesos en el caso de los pueblos indígenas se alimentan de luchas históricas de los pueblos y de grandes experiencias organizativas).
En primer lugar, las movilizaciones de mujeres jóvenes, urbanas e indígenas, feministas o no, en 2019 y las jornadas de noviembre de 2020 y 2021, como inicio de un nuevo ciclo de luchas: nuevas propuestas, formas de organización de organización y acción, embrión de liderazgos nuevos.
En segundo lugar, el reforzamiento del autogobierno comunitario durante la pandemia COVID-19: las comunidades fortalecieron y ampliaron redes de control y cuidado, en ausencia absoluta del Estado.
El tercer momento, el proceso electoral (primera y segunda vueltas) en el que la ciudadanía harta de la política de excesos buena para unos pocos, optó por un candidato y un partido de la corrección y la contención, que no prometen ni van a hacer las grandes transformaciones estructurales necesarias, pero se alejan de las bravuconadas y la arrogancia desbordadas de las elites gobernantes, sin excepción. En mi opinión, esta es una de las razones del insólito crecimiento de simpatías experimentado por el partido Movimiento Semilla y por el Presidente y la Vicepresidenta electas.
Xa jun qab’anom
Xa jun qatzij
Mani jachoj
Xa jun quchuq’a’ öj Kaji’ Amaq’ wave’ Chi Iximulew
Pakal B’alam Rodríguez Guaján (1)
El cuarto momento, a partir del 2 de octubre, cuando inicia el Paro Nacional Indefinido. Más allá de demandas específicas necesarias, el impacto del paro reside en que el actuar de dirigentes y comunidades indígenas convocantes (dialogante, incluyente, “limitado” por el mandato de asambleas comunitarias y el consenso necesario con otros pueblos) remarca las diferencias con el Estado violento y alejado de las demandas de la población.
Si bien la convocatoria de este ciclo de protestas y construcción de otros escenarios políticos, y el mayor peso movilizador y organizativo, corresponde a 48 Cantones y Alcaldía Indígena de Sololá, se alejan tentaciones o prácticas de hegemonizar u homogeneizar discursos. Es un principio en las comunidades mayas escuchar, dar y recibir consejos, aprender de todas y todos. Ninguna palabra es menor que otra, y ninguna palabra es más que la otra. Todas las voces aportan, especialmente las de aquellos sectores que, en el ámbito urbano, se han marginado o han sido marginados de las luchas sociales (por ejemplo, comerciantes).
Así, el ejercicio democrático comunitario de organización y administración de pueblos originarios (sin idealizar, camina entre tensiones como el machismo) es posibilidad de acción y organización, no solamente en esta coyuntura y en la urgencia de abandonar la espiral de la dictadura política y económica, sino en la acción colectiva en general y en la administración pública. Estamos conociendo formas diferentes de hacer las cosas (cosas, término académico utilizado en contextos de transición galopante para referir la acción la acción política colectiva y la gestión del Estado para el bien común).
El plantón permanente en las instalaciones centrales del Ministerio Público (inició el 2 de octubre y se mantiene en el momento de redactar estas letras, el primero de noviembre) es símbolo de este ejercicio del poder. Espacio de pluralidad y coralidad, convoca voces diversas, para las que se abren los micrófonos, se reservan toldos y bocinas, se amplían posibilidades de expresión (por veces apagada por la expresión de las vuvuzelas-trompetas). La paradoja es que son aquellas y aquellos a quienes se ha negado la ciudadanía (voz, expresión, idioma, indumentaria, formas propias de organización, el agua, el derecho de decisión en sus territorios y un larguísimo etcétera) las que motivan plazas donde toma la palabra quien quiera expresarse, incluso quienes, hasta hace unos pocos días o todavía ahora, desconocemos casi todo de las cosmovisiones indígenas y seguimos considerándolos desde visiones y prácticas racistas (incluido paternalismo) muy interiorizadas. Esta es una de las razones (probablemente no la más fuerte, pero sí importante) de la masiva adhesión ciudadana a las movilizaciones convocadas, y el respaldo-afecto al papel de Autoridades Indígenas.
El ejercicio de autoridad compartida, no obstante, enfrenta retos. Enumero los siguientes:
Esta coyuntura compleja plantea para pueblos indígenas una doble hoja de ruta. En lo inmediato:
Pero la democracia electoral y la institucionalidad republicana no son el fin. Más allá de esta agenda, continuarán las luchas por la transformación de la institucionalidad dominante y el pacto elitario constitucional de 1985 (de visión centralista, uniformadora, racista-excluyente o paternalista de los pueblos indígenas), para avanzar hacia la democracia comunitaria, desde las diversidades y las formas propias de los pueblos.
2. Normalizar el poder político de los pueblos originarios y sectores populares.
La vertiginosa anormalidad de estos días puede convertirse en una nueva normalidad: un escenario en el que se naturaliza la presencia de pueblos indígenas en las dinámicas y decisiones políticas fundamentales, más allá de manifestaciones y demandas del momento, como sujetos decisores en todos los ámbitos, con referencia e influencia a nivel nacional, más allá de la capacidad reconocida de administrar la vida comunitaria.
Posiblemente entramos en una fase de disputa continua, en el que todas las fuerzas -no solo las de los pueblos indígenas- serán necesarias. El camino andado (articulaciones amplias y pacíficas de sectores sociales: pueblos, sectores urbanos, pobladores, mercados, comerciantes, transportistas dañados por la corrupción y el desastre de infraestructura y otros) no puede tener vuelta atrás (3).
El intercambio de ideas, voluntades y sentires, la posibilidad de aprendizaje, debe ir más allá de la espera para la defenestración (se alejó la posibilidad de renuncia) de la Fiscal General. Este intercambio puede ser especialmente fluido con visiones, como la del feminismo, que comparten propuestas integrales para el cuidado de la red de la vida.
Además de saludar la fortaleza y capacidad de conducción de los pueblos indígenas para abrir una ruta de salida de la crisis, es importante incorporar a nuestras prácticas (sectores urbanos, movimientos populares en general) los principios y valores que orientan la acción política y la vida cotidiana de los pueblos originarios. La escucha, el consenso, la colectividad y la comunidad como centro, la concepción de servicio…son aportes para para reconstruir una sociedad muy dañada por la imposición violenta, el individualismo y la ruptura de lazos comunitarios especialmente en centros urbanos, y como herramientas para transformar visiones, formas de organización y representación (liderazgos), una vez agotados o estancados los modos con los que, hasta ahora, intentamos cambiar la realidad.
Además de la dimensión de las movilizaciones (capacidad de paralizar el país en casi 200 puntos simultáneos, durante varios días) y más allá del balance demandas-logros, este contexto puede leerse en clave de esperanzas.
En 2023, las elites económicas y políticas continuaban vinculando su suerte a la indiferencia y la resignación de la población, y al proceso electoral como distractor y relegitimador.
La indignación se desbordó con gotas que rebalsaron el vaso (vasos comunicantes rebalsados en territorios y sectores múltiples y diversos) y comenzaron a abrirse ventanitas de esperanza, donde lo imposible no es todavía posible, ni se consuma el asalto al Palacio de Invierno de la dictadura bananera, ni combatientes victoriosos avanza derribando estatuas y símbolos del oprobio (incluida la bandera), pero crece la conciencia a partir de la información, se generalizan diálogos sociales sobre el nuevo país que queremos, se manifiesta el pluripaís que somos en toda su amplitud, se expresan todos los actores. En fin, se construyen posibilidades y condiciones para una vida digna y un futuro mejor.
Sin pensarlo demasiado, muchas y muchos nos colamos de cabeza por estas pequeñas ventanas, antes que pudieran cerrarlas. Aquí estamos, al parecer y más allá de logros o retrocesos coyunturales, por largo tiempo.
Un artículo de opinión de Andrés Cabanas, periodista y escritor. Publicado en la Revista 80 Entrepueblos.
Desde Entrepueblos os traemos la nueva revista número 80 donde analizamos la situación política y social de Guatemala e incluimos un especial ‘Yasunicemos…
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