¿Por qué es un hecho histórico que la Corte Constitucional de Ecuador apruebe la Consulta Popular en el Yasuní?

El miércoles 10 de mayo recibimos la noticia de que la Corte Constitucional de Ecuador había aprobado la Consulta Popular por el Yasuní, impulsada por el colectivo YASunidos desde 2013 y que permitiría a los ecuatorianos y ecuatorianas frenar la explotación petrolera en una de las zonas con mayor riqueza biológica del planeta. 

Una semana más tarde, se confirmaba que el 20 de agosto de 2023, coincidiendo con las elecciones legislativas y presidenciales tras la llamada ‘muerte cruzada’ (disolución de la Asamblea Nacional) del presidente Guillermo Lasso, tendrá lugar la consulta popular bajo la pregunta:

“¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”.

En concreto, la ciudadanía decidirá acerca de la permanencia bajo tierra del crudo de los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha, el bloque petrolero 43 (que hace frontera con Perú), también llamado ITT, en el entorno del Parque Nacional Yasuní, declarado reserva de la biosfera por la Unesco en 1989.

Aunque una gran parte de la infraestructura petrolera ya está construida, tocará decidir si el crudo que aún está en el subsuelo permanece allí y que con esto la frontera petrolera no se extienda sobre el Ispingo –campo que linda con la zona intangible–, territorio de los pueblos Tagaeri y Taromenane (en aislamiento voluntario)”, escribía Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, una de las organizaciones que integran Yasunidos y con la que cooperamos en Entrepueblos, en su artículo para la Revista Entrepueblos 78.

El fallo judicial confirma que Petroecuador (petrolera estatal que opera ya en esta zona) tendría por tanto que salir de la zona ITT en el plazo de un año de forma ordenada y progresiva si la consulta tiene un resultado positivo, explicó Jorge Espinosa, integrante de Yasunidos, en una entrevista a Wambra Medio Comunitario.

Éxito para la democracia participativa

Además del reconocimiento de los derechos ambientales y la oportunidad histórica de no avanzar más en la destrucción del Yasuní, en su sentencia, la Corte Constitucional “reprocha el conjunto de acciones estatales que en su momento obstaculizaron el pleno ejercicio de los derechos de participación de los solicitantes”. En efecto, las integrantes de Yasunidos fueron acosadas y criminalizadas por su reivindicación de la consulta, boicoteada a lo largo de esta década por los sucesivos gobiernos de Correa, Moreno y Lasso.

Todos estos actores políticos no se comprometían, en parte, porque el extractivismo encadena al sector político, no es posible hacerlo dentro de toda esta lógica del crecimiento absoluto del Estado a cambio de la extracción de los recursos. Por eso esta consulta es un ‘bypass’ a toda esta lógica de la corrupción y la abundancia, a todo el sistema. Por primera vez, en todo el Planeta, estamos decidiendo colectivamente dejar el petróleo, y es la única medida real de hacer frente al cambio climático”, añade Espinosa.

El Yasuní llegó a ser una de las utopías más concretas del ecologismo ecuatoriano. Los últimos 12 años han sido una franca batalla por la utopía, por la comprensión de otras formas de pensar la existencia y por abrir fisuras con la participación ciudadana para conservar este territorio”, subraya también Esperanza Martínez.

Tras 10 años de lucha y activismo, esta decisión de la Corte supone un hecho histórico en Ecuador, ya que es la primera consulta popular de alcance nacional propuesta por la ciudadanía. Esto también marca un precedente mundial sobre la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.

Para Yasunidos, “esta consulta popular realza la importancia de la participación ciudadana y demuestra que podemos fiscalizar directamente al Estado e incluso detener actividades extractivas a través de procesos democráticos“.

El haberla conseguido es una muestra clara de que la organización popular puede defender derechos, impulsar cambios significativos y frenar el extractivismo que está destruyendo al planeta. Este proceso democrático abrirá un importante debate sobre el modelo de desarrollo actual y plantea nuevas opciones para el futuro del Ecuador. Estamos seguros de que este será el primero de muchos casos impulsados por una ciudadanía que busca un mejor futuro para todos y todas“, concluye Yasunidos.

La pregunta que desde YASunidos se propone para la consulta es:

Lee el artículo de Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, sobre la Consulta del Yasuní en la revista Entrepueblos.

 

Fuente: Comunicado Yasunidos.

Protesta por la megaminería en Intag

Intag contra el extractivismo minero: una nueva victoria

Las comunidades de Intag han vuelto a derrotar a la minería. La Corte Provincial de Imbabura aceptó el pasado 29 de marzo la acción de protección interpuesta por los pobladores de esta región del norte de Ecuador, una de las más ricas del Planeta en recursos biológicos y ambientales, en contra del proyecto minero Llurimagua operado por la minera chilena CODELCO y la estatal ecuatoriana ENAMI.

La sentencia emitida por la corte, según la información del Frente Nacional Antiminero, anula la licencia ambiental otorgada hace ya casi 10 años a la empresa estatal minera, por considerarse vulnerados los derechos a la consulta previa ambiental y los derechos de la naturaleza en el estudio de impacto ambiental aprobado.

Con la decisión de la corte provincial, ya son 6 las empresas mineras transnacionales que han debido abandonar la zona de Intag. Desde 1997, cuando la japonesa Bishimetals, subsidiaria del gigante Mitsubishi, fuera expulsada, otras 5 empresas, incluyendo ahora CODELCO, han tenido que retirarse de una zona donde su población, de manera firme, organizada y pacífica, se ha enfrentado a los proyectos mineros que amenazan la naturaleza y las comunidades.

Intag se encuentra en la región del Chocó y los Andes Tropicales, las zonas con mayor biodiversidad del planeta, y es cuna de 21 ríos primigenios, más de 80 mil hectáreas de bosques, una importante producción agrícola y una rica cultura campesina. Esta sentencia, junto con la emitida a favor del Bosque Protector Los Cedros, también en esta misma zona, marcan un hito en el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, enfoque pionero en el mundo, ante la depredación que sufren nuestros pueblos en manos del capitalismo.

El extractivismo es la explotación masiva e intensiva de la naturaleza para su exportación como materia prima a un precio muy bajo que no compensa el coste medioambiental asociado y que perjudica y amenaza la forma de vida de las comunidades y las personas que viven y cuidan de sus pueblos. A diferencia de la minería artesanal, la megaminería requiere inversiones muy elevadas y tiene impactos nocivos sobre el entorno natural y social de los territorios: acapara millones de hectáreas, contamina ríos, mares y lagunas, produce millones de desechos sólidos y líquidos y genera ganancias de millones de dólares para las empresas transnacionales.

Justicia para Eduardo Mendúa, líder de la nacionalidad kofán de Ecuador

El pasado 26 de febrero fue asesinado Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE, perteneciente a la nacionalidad Kofán de Sucumbíos, Ecuador. Se encontraba en su vivienda rural cuando varios encapuchados le dispararon, un crimen que entidades como CONAIE y UDAPT han relacionado al conflicto petrolero y, en concreto, a la actividad extractiva de la Empresa Pública de Hidrocarburos, EP Petroecuador.

Reconocido por su lucha y defensa de la Amazonía que sufre la destrucción medioambiental de las petroleras, Mendúa había denunciado y responsabilizado a EP Petroecuador y al Gobierno de Guillermo Lasso de la violencia generada en la comunidad de Dureno, Sucumbíos.

“No estamos para ceder ni un centímetro de nuestro territorio para que los forasteros petroleros destruyan a los seres espirituales y personas invisibles de nuestra selva, ríos, lagunas, lugares sagrados, quebradas, medicina, nuestros ceibos”, escribió en su último post de Twitter, 5 horas antes de ser asesinado.

Varias entidades ecuatorianas e internacionales de derechos humanos y defensa del territorio han manifestado su indignación por la muerte del líder indígena, reclamando que se investigue su muerte, que se haga justicia y que se garantice la seguridad de los defensores y defensoras del territorio.

La espiral de violencia que sufre el pueblo Kofán obedece a una manifiesta violación permanente a los Derechos Humanos y de la Naturaleza por parte del Gobierno del Ecuador, sus Carteras de Estado y su Empresas Públicas – PETROECUADOR, así como de las prácticas de las transnacionales extractivas que usan su poder económico para dividir a las comunidades amazónicas“, señala UDAPT (Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones Petroleras de Texaco) en su comunicado.

Desde Entrepueblos nos sumamos a la demanda de justicia e investigación de este crimen, para que no quede impune, y queremos transmitir nuestra solidaridad a su familia y a los hermanos y hermanas indígenas ecuatorianos.

#JusticiaEduardoMendua

 

Así apoya Entrepueblos a la UDAPT en Ecuador

En Entrepueblos colaboramos desde 2017 con la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) y, desde octubre de 2021, trabajamos conjuntamente en el proyecto “Defensa y exigencia de los DDHH y Derechos de la naturaleza para una reparación integral de comunidades afectadas por la actividad petrolera y la crisis del COVID 19 en las provincias de Sucumbíos y Orellana, Ecuador”, cofinanciado por la Diputación de Valencia.

Entre otras acciones, hemos participado en la organización de recorrido guiado por el área contaminada por Chevron-Texaco con el fin de mostrar los efectos de las malas prácticas extractivas de la petrolera. El objetivo es levantar conciencia del desastre ambiental causado, y aún bien visible, en la contaminación del suelo, del agua y del aire.

También hemos contribuido al fortalecimiento de la Red de Mujeres de UDAPT, a formar su equipo de comunicación comunitaria, y a visibilizar el caso Chevron-Texaco en diferentes ciudades españolas y foros internacionales, así como participar en la Campaña Global para un Tratado Vinculante de Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos.