Ecuador en las garras de la codicia. Por Alberto Acosta.

Ecuador atraviesa una deriva política marcada por el autoritarismo, la subordinación al poder corporativo y una creciente represión. En este artículo, el economista Alberto Acosta —presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador en 2007-2008— analiza con claridad lo que se oculta tras los resultados electorales y el nuevo mandato de Daniel Noboa. No se trata solo de urnas: se trata de cómo se desmantelan derechos, se militariza la vida cotidiana y se abre aún más la puerta al saqueo transnacional. Publicamos este texto como adelanto de la nueva Revista Entrepueblos 83, que reúne voces y luchas desde distintos territorios para seguir construyendo horizontes emancipadores en tiempos de autoritarismo, extractivismo y resistencias populares.

 

13 de abril del 2025, un total de 189.654 ecuatorianos residentes en España están habilitados para ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de las Elecciones Generales del Ecuador, para elegir al binomio presidencial de la legislatura 2025-2029. Fotografía: Salgado Albán.

Ecuador en las garras de la codicia. Por Alberto Acosta*.

“Para la codicia nada es sagrado.

Si el Ave Fénix cayera en sus manos,

se la comería o la vendería.”

Juan Montalvo

Escritor ecuatoriano 1832-1889

En Ecuador concluyó un proceso electoral inédito. Se completó el ciclo desatado, en el año 2023, por “la muerte cruzada”. A raíz de la disolución de la Asamblea Nacional, se convocó a adelantadas elecciones presidenciales y legislativas, con la encomienda de completar el período pendiente. Eso abrió la puerta a un nuevo proceso electoral a cumplirse a inicios del año 2025.

Durante la primera vuelta, el pasado 9 de febrero, el presidente en funciones, Daniel Noboa, heredero de una de las mayores fortunas del país, y Luisa González, candidata del progresismo, consiguieron aglutinar un 88% de los votos. Esta inusitada concentración de los votos se refleja por igual en el parlamento. Las dos fuerzas políticas suman 133 de los 151 curules: 67 el correísmo y 66 el noboísmo. Y en el balotaje, el domingo 13 de abril, Noboa triunfó con un margen del 11%; posicionándose como ganador en 19 de las 24 provincias.

La lista de desaciertos de la candidatura correísta es larga, tanto como los abusos de poder y las ilegalidades desplegadas por el candidato-presidente. El manejo del miedo por parte del poder, aupado por los grandes medios mercantilizados, exacerbó el conservadurismo de amplios segmentos de la población. Por su parte, el progresismo, en su prepotencia, demostró su incapacidad para hacer una autocrítica y rectificar rumbos. Un análisis detenido de lo sucedido permitiría conocer mejor las razones de este sorpresivo resultado.

Resaltando la incapacidad de las dos candidaturas para proponer un proyecto-país esperanzador, es indispensable tener en consideración la grave crisis que atraviesa Ecuador. La pandemia del COVID y su manejo, así como la política económica de los últimos años -que busca reducir el tamaño del Estado-, incluyendo los cambios en el negocio transnacional de la droga, aceleraron el deterioro. En poco tiempo, este país se transformó en una suerte de plataforma del crimen organizado, alcanzando los mayores niveles de violencia de la región. Además, impacta, en casi todos los órdenes de la vida nacional, el austericidio provocado por el neoliberalismo: con más pobreza y desempleo, con una creciente concentración de la riqueza; ahora en medio de graves destrozos provocados por una inusual época de lluvias. A esto se suma el impacto de la militarización de la sociedad decretado por el presidente Noboa a inicios del año 2024, que avanza con innumerables violaciones a los Derechos Humanos; acompañado con un exacerbado populismo penal, que recibe un amplio respaldo social.

En este entorno, con una economía colapsada, con incrementos de impuestos y de los precios de los combustibles, con brutales racionamientos evitables del suministro de electricidad, con una política represiva que ha provocado más de una veintena de desapariciones, con una incontenible violencia criminal, con una sistemática violación de las normas jurídicas por parte del candidato-presidente, resulta sorprendente que Noboa haya obtenido tan elevado respaldo en las urnas. Y llama la atención, también, la incapacidad de su contrincante, que incluso suscribió un acuerdo con la cúpula del Pachakutik, partido indígena, y con otras agrupaciones de la izquierda, para proponer respuestas aglutinantes capaces de enfrentar el peso del gobierno oligárquico de Noboa.

Que la cancha estuvo inclinada, no cabe duda, como en tantas otras veces en la historia reciente. Pero de allí a aceptar a pie juntillas el reclamo de un “mega fraude” por parte de la candidatura derrotada hay un largo trecho. El manejo fraudulento de las actas electorales debe ser probado, no solo enunciado. Aunque bien podríamos decir que el fraude es de otro tipo. En el proceso electoral, el gobernante en funciones irrespetó sistemáticamente la Constitución y la ley, por ejemplo, no encargó la Presidencia a la vicepresidenta, contando con la complicidad de una institución electoral totalmente servil. Creo un ambiente aún más hostil recurriendo a nuevos estados de excepción. Abusando de los recursos estatales “compró votos”, sea entregando bonos, becas, tarifas subsidiadas de electricidad, donando alimentos…

Debe quedar claro que no sirven aquellas lecturas telescópicas, que concluyen que “la derecha se impuso a la izquierda”. Sin negar la impronta de derecha autoritaria del presidente reelecto, es preciso entender que las dos fuerzas políticas, con discursos y algunas posiciones diferentes, están embarcadas en el mismo tren que va hacia la modernización del capitalismo; definitivamente no basta caminar en dirección opuesta por los pasillos de dicho tren, creyendo que así se impulsan cambios revolucionarios…

En medio de una campaña bastante anodina, cargada de agresiones y ataques incluso personales, donde las propuestas estuvieron prácticamente ausentes, se evidencian las similitudes. Las dos candidaturas suscribieron un documento antiderechos, en tanto se adhirieron a posiciones contrarias a las demandas de los movimientos feministas y de las minorías sexuales. Noboa y González propusieron una Asamblea Constituyente, lo que pondría en grave riesgo los avances constitucionales del año 2008. Por igual, con el fin de enfrentar la creciente ola de inseguridad, las dos candidaturas coincidían en el uso de la mano dura e inclusive optaron por recurrir a personas vinculadas a prácticas mercenarias, él con uno estadounidense y ella -que propuso expulsar venezolanos a lo Trump- con un mercenario criollo. Ambas opciones afincan gran parte de sus estrategias económicas en los extractivismos. Aunque pueda sorprender, los grandes grupos de poder económico se ubicaron a ambos lados del escenario electoral, sea porque ya lucraron durante el gobierno de Correa y tienen recelo por la desmedida codicia del mandatario en funciones y de su familia, o porque confían algún beneficio de un gobierno abiertamente pro-empresarial. Ambos finalistas coincidieron en la defensa de la dolarización, transformada en el gran tótem de la economía ecuatoriana; cuestión que fue utilizada en campaña por el noboismo anotando que “Luisa desdolariza”, recordando que algunos líderes del correismo fueron duros críticos de esa medida monetaria.

Un punto medular a considerar, teniendo en cuenta de que se trata de la primera elección presidencial en América Latina en la reciente era Trump, es la posición abiertamente servil del presidente Noboa frente al coloso del norte. A inicios de su gestión él intentó entregar armas de origen ruso y ucraniano a los EEUU -que las habría enviado a Ucrania- a cambio de nuevo armamento norteamericano. Es permanente su posición de desconocer al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela; país que también gravitó como un fantasma levantado por la derecha en la campaña. El apoyo al gobierno de Netanyahu, es otro aspecto a considerar. Pero, sobre todo, Noboa está empeñado en permitir la instalación de tropas yanquis en territorio ecuatoriano, pretextando el combate al narcotráfico.

En síntesis, la neoliberalización, que viene de la mano de la militarización configura una suerte de tenaza que afecta a la democracia. En este contexto los movimientos populares no encuentran un momento de tregua para enfrentar la codicia de los poderosos. Tarea que demanda unidad, claridad y creatividad.

Quito, 15.05.25

*Alberto Acosta es economista ecuatoriano. Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008)

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1 año del #SíalYasuní: la Nacionalidad Waorani reclama formar parte de la recuperación social y ambiental del territorio

El primer aniversario de la Consulta del Yasuní , el 20 de agosto, fue la constatación de que la sociedad civil y, especialmente, las poblaciones indígenas locales trabajan ya en un nuevo escenario social y económico post extractivista, dejando atrás décadas de explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana.

A lo largo de la jornada, se conmemoró el resultado de la Consulta de 2023, que tuvo un apoyo de casi 60% de la ciudadanía a favor de dejar bajo tierra parte del petróleo sin explotar, un hito en la justicia climática y de la democracia participativa en Ecuador y en todo el Planeta. Pero, sobre todo, se reivindicó que sean las comunidades locales pobladoras las que decidan sobre la transición en el Yasuní.

«El gobierno no ha cumplido con el compromiso que hizo con la Amazonía. Venimos de tan lejos y estamos aquí para pedir que se respeten los derechos de los Waorani y de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenane», dijo Alicia Cahuiya, lideresa Waorani.

Junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales y ambientales, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) se movilizó en Quito frente al Ministerio de Energía y Minas para exigir, en palabras de su presidente Juan Bay, que el pueblo al que representan (el grupo humano más numeroso que habita este Parque Nacional) «sea considerado parte del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní«, creado en el mes de mayo por el presidente Daniel Noboa.

En este sentido, la NAWE organizo una cumbre internacional por el Yasuní este 28, 29 y 30 de agosto en Puyo, Pastaza, para comenzar a desarrollar un Plan de Acción Post Consulta Popular, promoviendo alternativas al extractivismo.

Desde Acción Ecológica, una de nuestras organizaciones aliadas en Ecuador y referente en la defensa ambiental, señalan que el gran reto para llevar a cabo una transición justa es saber «qué vamos hacer con las zonas que ya fueron sacrificadas y con la infraestructura que ya está poniendo en condiciones de vida «no digna» a las poblaciones que habitan estos lugares«.

«Si echamos una mirada a lo que ha pasado con los grandes desastres como Brumadinho (rotura de una presa en 2019 en  Brasil), el caso Chevron-Texaco en Ecuador, o ahora, con el cambio climático (…) nos damos cuenta de lo importante que es hablar del desmantelamiento y reparación de las zonas ya afectadas, y creo que ésta es la gran oportunidad. Ecuador puede ser el líder no solo por lograr con el voto de 5 millones de ecuatorianos parar una operación y salvar un área protegida sino porque vamos a aprender que una vez las zonas son sacrificadas, la decisión no puede ser el abandono», explica Esperanza Martínez.

Auditoría transparente de las concesiones mineras

Con motivo del 20 de agosto, Acción Ecológica destaca también el éxito de la otra Consulta Ambiental que tuvo lugar hace 12 meses, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Ecuador: la decisión ciudadana de preservar el Chocó Andino y eliminar las concesiones de minería metálica.

«Es crucial que las instituciones del Estado realicen una auditoría transparente de las concesiones mineras, y, que se proteja el Chocó Andino, un territorio que sus habitantes defienden con prácticas sostenibles y culturalmente adecuadas», explicó la organización en la rueda de prensa del colectivo Quito sin Minería.

Acción Ecológica dedica un boletín especial (que os recomendamos leer) a ambas luchas y al futuro inminente de cada una de ellas.

Desde Entrepueblos, como parte de nuestro apoyo y acompañamiento a la defensa del Yasuní, apoyamos la reivindicación de la nacionalidad waorani y trabajamos ya en nuevas acciones de nuestra campaña Yasunicemos el Mundo para apoyar una transición ecosocial justa en la Amazonía ecuatoriana desde la corresponsabilidad que nuestras instituciones y empresas tienen en este territorio.

Lee la entrevista de Climática a tres de los impulsores de la Consulta del Sí al Yasuní (publicada en junio de 2024).

Palo Quemado y Las Pampas: dos pequeñas parroquias se enfrentan a la megaminería

Ecuador vive tiempos convulsos, tanto política como socialmente. Pero no todos los conflictos trascendentales salen en las páginas de los principales diarios a pesar de ser ejemplo de resistencia comunitaria y defensa del territorio y la naturaleza.

Es el caso de Palo Quemado, pequeña parroquia de Cotopaxi, en la que una parte de la población afectada por el proyecto minero La Plata se opone a que la empresa canadiense Atico Mining, obtenga la licencia ambiental para su ejecución, un permiso que otorga el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Palo Quemado es la tierra de ocho comunidades indígenas y en una de sus zonas hay importantes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc. El pasado 15 de marzo, esta parroquia y la de Las Pampas, la otra afectada por el proyecto, se vieron ocupadas por cientos de militares, personal de seguridad privada de la empresa y policía estatal  para llevar a cabo una consulta de dudosa legalidad, generar miedo y coacción social, y reprimir a quienes se habían organizado para impedir la entrada de la multinacional extractiva. Su objetivo es defender su economía agrícola y ganadera, sus campos y ríos.

En los enfrentamientos posteriores de las fuerzas de seguridad (que dispararon gases lacrimógenos y perdigones), al menos 20 miembros de la comunidad resultaron heridos y 70 fueron procesados. Entre las víctimas, el campesino Mesías Robayo, que se encuentra en estado crítico, con heridas en la cara  y fracturas provocadas por los perdigones.

«No se puede considerar legítima una consulta realizada con solo 40 personas, y menos aún si se le pone un fusil a la población», señaló Leonidas Iza,  presidente de la Confederación de Naciones Indígena de Ecuador, CONAIE.

“Estamos viviendo un problema bastante complejo a partir de esta consulta ambiental del año anterior que logramos frenar. A raíz de eso se han duplicado las fuerzas policías y militares. Pero lo más grave es que la empresa minera ha implantado bastante división y odio. Aquí somos pueblos pequeños, todos nos conocemos entre parroquias Y ahora hay bastante odio de los trabajadores de la empresa, no se cansan de publicar las fotos de los que defendemos poniendo que somos terroristas y se busca», explica Luis Martínez, miembro de Defensores del Agua y Vida de Las Pampas.

Consulta ambiental suspendida

El pasado 27 de marzo, a través del Frente Nacional Antiminero y la CONAIE, supimos que la consulta ambiental fue paralizada cautelarmente y que, gracias a la presión comunitaria, con protestas en los territorios y también en Quito, y la orden judicial emitida,  la policía y los  militares abandonaron estos territorios, aunque se sigue exigiendo la nulidad de este referéndum, que las organizaciones que respaldan a las comunidades consideran «excluyente, discriminatoria y extemporánea». La resistencia contra éste y otros proyectos mineros en todo el país continúa, y requerirá de apoyo internacional por parte de todas las organizaciones y personas que acompañamos a los pueblos de Ecuador.

Puedes ampliar información en:

  • Indymedia.org: https://argentina.indymedia.org/2024/04/07/ecuador-la-resistencia-de-palo-quemado-y-las-pampas-a-la-mineria-y-el-estado/

Imagen cedida por CONAIE.