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Consolidación de la Red Centroamericana de Comunicación

Consolidación de la Red Centroamericana de Comunicación como espacio generador de información (Fase IV). Con este proyecto se pretende dar continuidad…

Comunicado acerca de la situación de Perú

Ante los nuevos hechos de violencia y de violaciones de los Derechos Humanos en Perú

Ante los nuevos reportes de violencia en Juliaca -departamento de Puno-, que han tenido como consecuencia la irreparable pérdida de vidas de más de una decena de peruanos y peruanas y múltiples heridos, las entidades de la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI), que agrupa a 51 organizaciones civiles de cooperación internacional que laboran en el Perú, entre ellas Entrepueblos, expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada de violencia en Perú.

  • Instamos a las autoridades a garantizar el cese de la represión desproporcionada contra la protesta social y el uso excesivo de la fuerza, a adoptar de manera urgente las medidas para prevenir más violencia y asegurar el respeto de los derechos humanos en el marco de manifestaciones pacíficas. Invocamos a las instancias competentes a investigar y sancionar las muertes y los hechos de violencia.
  • Asimismo, invocamos a la comunidad internacional a mantener la vigilancia y presencia para asegurar el respeto de los derechos humanos y apoyar todos los esfuerzos posibles para una salida democrática y pacífica, generando las condiciones necesarias para el diálogo con amplia participación de todos los sectores de la sociedad peruana.

Lima, 10 de enero de 2023

Grupo Temático de COEECI ‘Sociedad Civil’
Grupo Temático de COEECI ‘Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar’
Consejo Directivo COEECI

“Las transnacionales siempre gozan de impunidad”

Entrevista a Pablo Fajardo, activista y abogado ecuatoriano

“Lo criminal del sistema es que le otorga a la moral de Chevron/Texaco más valor que a toda la Amazonía, a la salud de las personas y a los pueblos indígenas”.

Hace 5 años, la Corte Constitucional de Ecuador confirmaba en última instancia la histórica sentencia que obligaba a la petrolera Chevron (entonces Texaco) a indemnizar con 8.560 millones de dólares a la Amazonia ecuatoriana por verter lodos tóxicos sin control durante décadas. Es la multa más elevada a una transnacional por un delito medioambiental y supuso un gran hito para la defensa de los derechos humanos de los pueblos campesinos e indígenas ecuatorianos.
Sin embargo, este caso, liderado por el abogado Pablo Fajardo, se ve ensombrecido por el hecho de que la petrolera no solo no ha pagado una multa que permitiría reparar parte del daño hecho (hablamos de 450.000 hectáreas de bosque tropical amazónico y 30.000 víctimas) sino que continúa pleiteando contra Ecuador y amenazando a quienes lideraron la causa, utilizando como herramienta la llamada “arquitectura de la impunidad”, un entramado corporativo e institucional, que Fajardo nos explica en esta entrevista.

Pregunta: Visto desde la perspectiva de estos 30 años de causa judicial y 5 de la sentencia definitiva, ¿qué supuso para la lucha de la Amazonia ecuatoriana el ‘caso Chevron’?

Es uno de los precedentes más importantes del mundo, porque hasta esa fecha no existía una sentencia contra una transnacional de esta naturaleza. Devolvió la esperanza a los pueblos de acceso a la justicia y por eso queremos seguir trabajando para lograr que paguen y se repare la Amazonía. Pero somos conscientes de que el sistema que se ha creado de impunidad corporativa global es muy fuerte, muy poderoso y dificulta nuestro acceso a esta justicia.

P: ¿Cuáles son estas dificultades?

El ‘caso Chevron’ es uno de los reflejos más interesantes de la “arquitectura de la impunidad” y de cómo dejar en total indefensión a los pueblos. Nuestro caso lo planteamos en Estados Unidos pero Chevron dijo: “No me gustan las cortes norteamericanas quiero ser juzgada en Ecuador”. Posteriormente, en Ecuador, sus representantes legales dijeron: “No me gustan las cortes ecuatorianas, son corruptas, son débiles…”. Y les preguntamos: “¿Dónde quieren ser juzgados?” En el fondo Chevron quería que su crimen nunca hubiera sido juzgado y que nunca hubiera una sentencia condenatoria. Porque no existe una corte internacional que permita juzgar a una transnacional.

“El daño es real, es evidente…, a mí jamás nadie podrá decirme nunca que aquí no hubo un crimen que, 50 años más tarde, se sigue cobrando vidas humanas”.

P: A pesar de ello, los juzgaron y los condenaron.

Sí, finalmente hubo cuatro sentencias condenatorias de todas las instituciones jurídicas de Ecuador, hasta la Corte Constitucional del país. Porque el daño es real, es evidente…, a mí jamás nadie podrá decirme nunca que aquí no hubo un crimen que, 50 años más tarde, se sigue cobrando vidas humanas.
Pero tras la sentencia se activó toda la maquinaria de la “arquitectura de la impunidad” de la que hablábamos. Por una parte, toda una campaña mediática en contra nuestra y de Ecuador. Chevron contrató 2.000 abogados para que la defendieran y para atacar a quienes formamos parte de este proceso. En segundo lugar, se activó la protección de Estados Unidos hacia su empresa transnacional, Chevron Corporation. Y comenzó un ataque sistemático al gobierno ecuatoriano a través de los arbitrajes internacionales y un uso interesado del sistema financiero internacional que se traduce en que el Fondo Monetario Internacional le da créditos a Ecuador condicionados a que ayude a Chevron a salir de esta situación.

P: ¿Cómo se articula la “arquitectura de la impunidad”?

Es lo que han ido construyendo las transnacionales en los últimos 50 años, o incluso antes, con mucha astucia, utilizando todo el entramado de las empresas holding o auxiliares y los denominados paraísos fiscales, que no solo usan para evadir impuestos sino también para evadir responsabilidades.
En paralelo, se han ido aprobando tratados bilaterales de inversiones o tratados de libre comercio en los que ponen cláusulas y reglas al capital o al comercio que protegen las inversiones, pero dejan en indefensión a los pueblos víctimas de crímenes corporativos. Y se crea todo un sistema de arbitrajes internacionales que garantiza esa “seguridad a la inversión” pero desmantela los procesos judiciales de derechos humanos. Instituciones como Naciones Unidas, a través de los grupos regionales, también conforman esta arquitectura de la impunidad, así como los medios de comunicación serviles y parte del sistema académico y las universidades, que acaban investigando lo que conviene a quien financia la investigación.
Y finalmente, una pieza clave es todo el sistema financiero internacional, con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que conceden créditos condicionados. Todos esos elementos rigen el planeta y el entramado se cierra con las puertas giratorias ya que miembros de las empresas acaban formando parte de los gobiernos, supuestamente en cargos de control.
Chevron usa muchísimo los elementos de esta arquitectura de la impunidad y consigue exactamente eso: impunidad corporativa ante el crimen cometido en Ecuador.

P: ¿Cuánto ha pagado Chevron hasta la fecha?

No han pagado nada. Han utilizado todos los elementos de la arquitectura de la impunidad para ir demorando el proceso y, es más, hoy son ellos los que quieren que el Estado ecuatoriano les pague.
En junio de 2018, la Corte Constitucional de Ecuador, en ultimísima instancia, emitió la condena: una sentencia ejecutable, irrevocable y que contiene todos los elementos para exigir a Chevron que pague todo lo que debe a la Amazonia ecuatoriana. Pero, dos meses más tarde, en agosto, la empresa obtuvo un laudo arbitral de un panel de arbitraje internacional con sede en La Haya, y en ese laudo se disponen algunas cosas bastante aberrantes, como ordenar al Estado ecuatoriano que anule la sentencia de los demandantes del caso, es decir nosotros. ¡Imagínese, un panel de arbitraje le ordena a un estado soberano que anule una sentencia de la Corte Constitucional de un país! Es un abuso a la soberanía del Estado y rompe con la división de poderes.
Además, los árbitros añaden que si no se anula la sentencia, el Estado ecuatoriano debe impedirnos a los demandantes del caso que podamos ejecutar la sentencia en Ecuador o en cualquier parte del mundo.
Y le dicen al Estado de Ecuador que tiene que pagar a Chevron las costas judiciales y el daño moral que le han causado en estos 25 años de proceso judicial. Es brutal. Un Estado soberano, independiente, con un gobierno serio jamás acataría eso. Aquí han muerto miles de personas de cáncer, leucemia, hay pueblos indígenas extinguidos, una naturaleza devastada… Pero la moral de Chevron vale para ellos mucho más que toda la Amazonía, que toda la vida de la gente, que los pueblos indígenas.

“Lo que está en juego es que se establezca un precedente nefasto que juegue en contra de los derechos humanos en todo el planeta”.

P: ¿Cómo ha respondido el gobierno ecuatoriano ante este caso?

La Procuradoría de Ecuador, en vez de defender sus instituciones, ha terminado por defender los intereses de Chevron, el Estado ha sido capturado por una transnacional, puesto al servicio de gran una empresa y en contra de su propia población e instituciones. Es gravísimo, porque lo que está en juego no es solamente la Amazonía ecuatoriana, éste no es un caso solo de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) en contra de Chevron. Lo que está en juego es que se establezca un precedente nefasto que juegue en contra de los derechos humanos en todo el planeta. Con esos antecedentes, en el futuro, ¿qué juez, en cualquier parte del mundo, se va a atrever a condenar a una transnacional?

P: ¿Tienen previstas nuevas acciones legales?

Tenemos varias acciones legales previstas, en otros estados y no descartamos interponer demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra del Estado ecuatoriano, por interferir en un proceso del cual no es parte. Estamos analizando todas estas posibilidades, pero otro gran problema es el económico porque los pueblos indígenas no tienen recursos.

P: La UDAPT participa en las conversaciones para un Tratado Vinculante de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos. ¿Cómo ha ido la octava conversación que tuvo lugar en el mes de octubre?

El reporte que me transmitieron mis compañeros es que va rumbo al abismo. No quieren un tratado vinculante para las transnacionales.

P: ¿Por qué sería tan importante avanzar en la consecución de este tratado?

Hasta ahora en el contexto global no existen reglas ni instituciones que permitan juzgar a las empresas trasnacionales cuando cometen una vulneración de derechos humanos. En las cortes internacionales o regionales se juzga a las personas o estados, pero estas empresas siempre gozan de impunidad.
Y estas corporaciones han ido crecido tanto que algunas son más grandes económicamente que muchos estados juntos. Y son las que más inciden en el calentamiento global, por ejemplo, y las que más vulneran los derechos de los pueblos indígenas, de la naturaleza, de la soberanía de los estados. Se espera que el tratado vinculante sea ese instrumento que acorte la gigantesca asimetría que existe entre transnacionales y derechos humanos.

P: ¿En qué momento se encalló el tratado o a qué puede deberse?

Las empresas han ido capturando el sistema global de derechos humanos, de los grupos regionales y del proceso del tratado vinculante en cumplimiento de la Resolución 26/09. Son muy fuertes en Naciones Unidas y ejercen una enorme presión. No tengo el dato actual, pero hasta hace unos años, cuando iba a Europa y visitaba la Unión Europea, me encontraba a más lobistas que eurodiputados. Y en la ONU ocurre igual, te encuentras más lobistas que delegaciones de los estados oficiales.
La Unión Europea en su discurso se vende como un grupo regional en el que se respetan los derechos humanos, la naturaleza y la vida, pero, en la práctica, sus transnacionales son las que destruyen gran parte del Planeta e inciden en la vulneración de derechos. Por eso, no quieren un tratado vinculante, al igual que EEUU, China,… Las grandes potencias, donde más se vulneran los derechos humanos, son las que más se oponen a su regulación.

Más info: Así apoya Entrepueblos a la UDAPT en Ecuador

Montse Barba, Comunicación Entrepueblos

Comunicado a la UE ante graves retrocesos en América Latina

EU-LAT Network, red de 40 organizaciones europeas de derechos humanos y desarrollo, observa con mucha preocupación el retroceso del Estado de Derecho y la separación de poderes en algunos países latinoamericanos, así como el detrimento del orden democrático y su consecuente aceleración del ya reducido espacio para la sociedad civil. América Latina sigue ostentando los índices más altos de violencia contra personas defensoras -el 75% de los ataques en el mundo

Por ello hacemos un llamado  a la Unión Europea a:

1) mantener su  papel como observador internacional en derechos humanos, crucial en estos momentos,

2)  incrementar su voz política en los diálogos formales e informales y

3) aumentar los fondos de cooperación con la región.

En Colombia, las protestas de la ciudadanía ante la reforma tributaria ha sido reprimida violentamente, desatando un caos sin precedente y el debilitamiento de las instituciones democráticas. De acuerdo con la defensoría del pueblo, organizaciones internacionales de DDHH y medios, el trágico saldo a 7 de mayo es de 31 personas muertas en hechos que involucran abuso de la fuerza y armas de fuego contra civiles. Así mismo, la implementación del acuerdo de paz en el país ha sido empañada con la muerte violenta de 272 excombatientes en lo que pareciera ser una eliminación sistemática de los firmantes de la paz. Las negativas del gobierno colombiano a establecer un diálogo incluyente, y atender de forma efectiva las necesidades de protección a los Derechos Humanos de comunidades, manifestantes, líderes y defensores de derechos humanos, hacen que hoy veamos una crisis acumulada y un estallido social sin precedentes en los últimos treinta año.

A su vez, queremos llamar la atención sobre el debilitamiento del Estado de Derecho y los impactos que esta situación podría tener en la estabilidad democrática de la región centroamericana, en particular en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, y Nicaragua, poniendo en peligro también la independencia judicial. Por ejemplo, en El Salvador, el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa decidió destituir los magistrados titulares y magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, así como el Fiscal General de la Nación, lo cual evidencia la ruptura del sistema de pesos y contrapesos y una alta concentración de los poderes públicos por parte del órgano ejecutivo, lo que representa un peligro latente para los pilares del Estado de derecho.

Queremos mencionar específicamente Nicaragua, país que arrastra una crisis sociopolítica y de derechos humanos desde 2018. En Marzo de este año, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas4, condenaron la agudización de la represión en el país, instando al Estado de Nicaragua a combatir la impunidad y a buscar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, considerando necesario que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las múltiples formas de represión y violencia, incluidas las “presuntas” ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de 2018 y denunciadas anteriormente por varias organizaciones de derechos humanos. Un proceso electoral puede permitir la transición hacia la salida de la crisis.

En este contexto, nos preocupa las reciente reforma electoral reciente, que amenaza con repetir un fraude electoral en noviembre de este año, lo que negaría la posibilidad de una salida pacífica y democrática a la grave crisis que ya vive Nicaragua y mantendría en el poder al actual régimen por tiempo indefinido.

Sin olvidar que en México, organizaciones de derechos humanos, periodistas y organismos internacionales han sido blanco de difamaciones por parte de Andrés Manuel López Obrador. Estos señalamientos públicos contribuyen a una polarización social y a una fuerte estigmatización de la sociedad civil mexicana. Han provocado también ataques masivos en redes sociales contra las organizaciones señaladas y preocupa que funcionarios públicos de menor nivel repliquen estas prácticas e incluso escalen a ataques más graves contra la integridad física y psicológica de las personas defensoras. Al mismo tiempo, la militarización de la seguridad pública continúa siendo la principal estrategia de seguridad del Estado Mexicano, aun cuando desde el 2006, numerosos informes han cuestionado esta fórmula para enfrentar las causas estructurales de la violencia.

Toda esta situación ha sido agravada por la actual pandemia, que ha acelerado las desigualdades económicas, de género y raciales; y el acceso justo y equitativo a las vacunas. El virus no nos afecta a todos los colectivos por igual. Ha quedado en evidencia la falta de políticas públicas de calidad, como en el área sanitaria, y la necesidad de contar con un sistema de protección social universal. Las vacunas contra la covid-19 son una herramienta fundamental para la salida de la crisis.

Sin embargo, según la Organización de Estados Americanos, el 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a vacunas en 2021. Desde la Red EU-LAT se ha hecho un llamado a la solidaridad, haciéndose eco de las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “las vacunas deben ser un bien público mundial y estar al alcance de todas las personas.” Para ello, “los regímenes de propiedad intelectual deben dejar de ser un obstáculo que impida la producción de vacunas seguras y efectivas”5.

Las desigualdades y los impactos diferenciados se han exacerbado especialmente sobre tres grupos: las mujeres, los pueblos indígenas, y las personas defensoras. Según Naciones Unidas, el 54% de las mujeres trabajan en la informalidad, lo que conlleva un incremento alarmante de la pobreza. “Lejos de hospitales y atención mediática, las personas indígenas enferman y mueren sin acceso a los medios esenciales para protegerse. El 40% de hogares indígenas no tiene acceso a agua. Las infraestructuras sanitarias son muy deficitarias: en Perú, por ejemplo, apenas un 10% de las comunidades campesinas indígenas cuenta con puestos de salud”6. La formalización del trabajo informal debe ser una prioridad para el continente, dado los beneficios que pueden aportar en la reducción de la pobreza, el acceso a la protección social. El trabajo digno tiene que prevalecer con el pleno respeto de los derechos sindicales fundamentales (8 normas fundamentales de la OIT)

En este contexto, la Red EU-LAT lamenta que se esté dando prioridad a las industrias extractivas en los planes de recuperación económica, pues estas actividades son foco potencial de riesgo y representan asimismo un peligro ecológico significativo además de no brindar condiciones de trabajo digno para sus trabajadores. El Perú,  está actualmente considerado el cuarto país del mundo más peligroso para defensores de la tierra y líderes ambientales. La defensa del territorio por parte de comunidades indígenas contra diferentes economías de extracción como la maderera o minera, les está costando la vida. Esta situación se ve agravada por la crisis política que se mantiene a pesar de la primera ronda de elecciones, donde la agenda de derechos humanos supone un reto en la posible composición del poder legislativo La ratificación del Acuerdo de Escazú por los países de América Latina es fundamental. A su vez, recordamos la importancia del actual proceso legislativo europeo para una Directiva sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, y hacemos un llamado a la UE para que la nueva ley sea lo suficientemente fuerte y ambiciosa para prevenir vulneraciones de derechos humanos y para reparar a las víctimas.

El papel de la Unión Europea como cooperante, apoyando a la sociedad civil y como observador internacional es crucial en estos momentos. Es necesario adaptarse a la situación y buscar nuevas formas de seguir acompañando procesos como observadores internacionales, si las condiciones sanitarias no permiten hacerlo de manera presencial, aprovechándose de las oportunidades de las nuevas tecnologías

Comunicado de EU-LAT Network de la que Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte forma parte


1 Temblores &Indepaz, organizaciones de sociedad civil, reportan 47 muertes a Fuentes de sociedad civil indican a fecha 10 de Mayo.

(3) FIDH, El Salvador: Ad portas del autoritarismo, el Estado de Derecho y la independencia judicial en peligro, 05/2

(4) Ver Resolució de Consell de Drets humans a Nicaragua

(5) Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-21-es.pdf 

(6) Fuente: Informe Oxfam 2020, “Evitar el etnocidio”.