Nuevas movilizaciones en apoyo a Palestina y una charla-coloquio para entender las claves del conflicto

Tras las movilizaciones masivas de los últimos meses en varias ciudades españolas, y en especial la del pasado 20 de enero, el próximo 25 de febrero tendrá lugar una nueva convocatoria estatal para seguir presionando al gobierno del estado español para que ponga fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel. Apúntate la fecha e inscribe tu ciudad en este enlace de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, entidad convocante.

Esta es una de las muchas acciones de apoyo al pueblo palestino desde el pasado 7 de octubre, cuando se produjo un ataque de Hamás a Israel  que provocó que 1.200 personas perdieran la vida y casi 3.500 resultaran heridas, y al que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió declarando oficialmente la guerra y bombardeando la Franja de Gaza. Desde entonces, han muerto 26.000 gazatíes y el número de heridos en la Franja supera los 65.000 (cifras del Ministerio de Salud local).

Con motivo de los cuatro meses desde el inicio del conflicto, desde Entrepueblos apoyaremos también, el 7 de febrero, la jornada de lucha ‘Ama Palestina. Defiende la Vida’, que organiza defensempalestina.org  y cuyo manifiesto puedes leer en este enlace.

“No podamos ni queremos normalizar el genocidio. Este que es un aviso a todas las que creemos en la libertad y la justicia social. Queremos que las palestinas sepan que no están solas en la legítima resistencia contra el colonialismo y el imperialismo”. Manifiesto de la jornada de lucha del 7 de febrero.

Para entender el origen y contextualizar este conflicto, te animamos a ver la charla-coloquio que el catedrático de Historia y miembro de Entrepueblos, José Antonio Antón Valero, impartió el pasado 9 de enero en Fuente del Maestre, Badajoz.

Además de ver la charla, puedes leer en la Revista 80 Entrepueblos, el artículo El terrorismo de ‘Jamás’, de la economista y activista, Laila Jichi Ribera.

¡Defendamos la vida! ¡Paremos el genocidio!

 

 

Protesta frente a la sede de Repsol de Madrid de activistas ecologistas.

Comienzan las audiencias sobre la propuesta del delito de ecocidio en el Parlament catalán

El pasado jueves 18 de enero comenzó en el Parlament de Catalunya el periodo de audiencias para que organizaciones, grupos sociales y expertos puedan realizar ponencias en torno a una Propuesta de Ley para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal nacional, que ya tuvo el primer visto bueno en un debate a la totalidad el pasado 26 de julio. El trámite de las audiencias, forma parte del procedimiento de aprobación al texto final que cualquier propuesta de ley presentada en el Parlamento catalán debe atravesar antes de ser llevada a la Mesa del Congreso de los Diputados.

A la comparecencia acudieron representantes de cinco partidos políticos (1), quienes con posterioridad hicieron preguntas a los ponentes respecto a los principios y los criterios sobre los que se basa esta propuesta de Ley de Ecocidio. Stop Ecocidio fue convocada a participar en esta primera audiencia, y fue representada por Jojo Mehta, Directora Ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional (que tuvo una intervención en vídeo) y por Maite Mompó, Directora de Stop Ecocidio en habla hispana. También intervino Josep Maria Mallarach, Presidente de la asociación Silene y Doctor en Biología.
Las siguientes comparecencias de la jornada fueron a cargo de Antoni Pigrau Solé, del Centro de Estudios del Derecho Ambiental de Tarragona, y de Susana Borràs Pentinat, profesora de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Esta Propuesta de Ley de Ecocidio sigue de cerca la definición jurídica de ecocidio elaborada por un Panel de Expertos Independientes en 2021, que fue convocado por la Fundación Stop Ecocidio, y que se ha convertido en el referente a nivel mundial para la tipificación de este delito.

Según Maite Mompó, “pese a que en el Estado español está tipificado el delito ecológico, es evidente que la legislación penal con que ahora contamos no resulta eficiente para prevenir los peores daños al medioambiente. Prueba de ello es que los graves daños extensos y duraderos a valiosos ecosistemas han continuado produciéndose, como evidencian los casos de El Mar Menor y de Doñana. La introducción del delito de ecocidio servirá para reforzar la legislación ya existente ayudando a proteger nuestro medioambiente de una forma más efectiva”.

Alex Guillamón, portavoz de Entrepobles, ha declarado: “Esta iniciativa parlamentaria responde a la demanda de más de 80 entidades ecologistas y sociales catalanas, y se inscribe en un movimiento internacional al que cada vez más países se están sumando: uno de los últimos posicionamientos ha sido el del Parlamento Europeo.”

Precisamente en estos momentos, se sigue desarrollando en las costas de Galicia una tragedia de grandes repercusiones ambientales por su afección a los seres y aves marinas, con el vertido de unas 26 toneladas de pellets de plástico procedentes de un buque con bandera de Liberia. Sólo disponiendo de legislaciones internacionales más duras se podrá evitar que episodios como éste tengan lugar. Por ello, es necesario tanto el desarrollo de leyes específicas de protección y de prevención, como ocurre en este caso para los océanos, como el reconocimiento del crimen de ecocidio en la Corte Penal Internacional para reforzar toda la legislación presente y futura.

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(1) Silvia Paneque Sureda (Socialistes i Units per avançar); Eugeni Villalbi Godes (Esquerra Republicana); Salvador Vergés i Tejero (Junts per Catalunya); Dani Cornellà Detreill (Candidatura  D’Unitat Popular); y Marina Bravo Sobrino (Ciutadans)

Para más información (prensa u organizaciones ambientales):

Dos años después del vertido de Repsol en Perú, la costa no está rehabilitada y los pescadores no pueden salir a trabajar

Se cumplen dos años del ecocidio de Repsol en la costa peruana de Ventanilla y, según Cooperacción Perú, nuestra organización aliada en el terreno, “la mayoría de playas que fueron afectadas en enero del 2022, aún siguen afectadas y no son aptas ni para bañistas ni para el regreso de las actividades pesqueras”. Igualmente, la zona de pesca no está rehabilitada y el ministerio de Producción no autoriza a los pescadores a salir a trabajar.

Tal y como informa Climática-La Marea, “las asociaciones de pescadores artesanales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay denuncian que el ecosistema no ha sido reparado y siguen reclamando que la empresa, con matriz española, se haga responsable de lo que consideran un ecocidio“. Además, según hemos podido comprobar en Entrepueblos, la mayoría de las y los empadronados han recibido una compensación, que las asociaciones de pescadores no consideran justa ni conclusiva, ya que a fecha de hoy aún no pueden pescar (se trataría de una compensación hasta 2023).

Como denunciaron Luis Díaz y Zenón Gallegos, dos representantes de los afectados, el año pasado durante una gira por el estado español,  Repsol intentó que las asociaciones de pescadores afectadas no pudieran personarse como parte en las demandas, aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la falta de apoyo de las autoridades peruanas, siguió una estrategia de conseguir renuncias a posibles demandas por parte de quienes aceptaron unos pagos exiguos en concepto de anticipo.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años.

Responsabilidad del gobierno Español

Un informe de Cooperación Perú y otras tres entidades independientes concluye no solamente que el daño ambiental persiste y que la primera respuesta de Repsol fue “tardía e insuficiente” sino que el Estado español “es responsable por no haber garantizado que una empresa domiciliada en su territorio respetara los derechos humanos en el marco de sus operaciones en el extranjero”.

“Además, España incumplió su obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos en las operaciones de sus propias inversiones empresariales en el extranjero, teniendo en cuenta que REPSOL se había beneficiado de un importante apoyo financiero del Estado español para la renovación de la Refinería La Pampilla S.A”, se indica en el estudio Repsol: una catástrofe que se pudo evitar. Impactos del derrame de petróleo en el mar peruano y en los derechos de la población en Ventanilla”, que se puede descargar en PDF aquí.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora ​​de gases de efecto invernadero del Estado español. Como el resto de empresas del Ibex35, Repsol ha contado durante décadas del apoyo incondicional de todo el aparato de la diplomacia española para extender internacionalmente sus inversiones, maximizando beneficios y disfrutando de impunidad. La misma refinería de Ventanilla responsable de este vertido se amplió en 2017 con un crédito asegurado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), empresa con mayoría de capital público. Y Felipe VI presidió su inauguración en noviembre de 2018. Es decir, que todas nosotras avalamos la inversión en ese desastre.

13 procesos administrativos en Perú

En la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores por parte de las autoridades peruanas: seis iniciados por el OEFA (institución encargada de la fiscalización ambiental ), cinco por el Osinergmin, uno por DICAPI y uno por el Serfor. De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.

En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.

En el contexto de la emergencia climática, ecológica y energética en la que nos encontramos, cada vez más gente reclama que el ecocidio debe ser reconocido como un delito universal y que se acabe con esta situación de impunidad corporativa.

Avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, reparar a las poblaciones afectadas y remediar los impactos socioambientales generados, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad.


Más información: Repsol y la impunidad corporativa, artículo de Àlex Guillamón en la Revista Entrepueblos 79

Todos los testimonios visuales de este reportaje han sido elaborados por Cooperacción Perú y Entrepueblos. Gracias a todas las participantes por sus palabras.

Guatemala, normalizar la esperanza

El Estado guatemalteco ejerce la autoridad con violencia, para la exclusión de las mayorías. Desde la aprobación de la Constitución vigente, en 1985, once gobiernos (incluyendo los transitorios de Ramiro de León Carpio y Alejandro Maldonado Aguirre), optaron por el desprecio de lo público y lo colectivo. Presidentes histriónicos, hepáticos, mentirosos, corruptos, bravucones y muy violentos cuando fue necesario (Álvaro Colom u Otto Pérez Molina como ejemplos, con estados de excepción y encarcelamiento de centenares de defensoras y defensores del territorio) apuntalaron sus negocios y los de élites empresariales nacionales y transnacionales, sin miedo al despojo y robo de los bienes del pueblo.

A pesar de ello, estos gobiernos peleados con el bien común y la misma Constitución que juraron defender, generaban más frustración y pasividad que resistencia y organización activa, concretamente en la decisiva (en términos de opinión y decisión política) ciudad capital. Las comunidades indígenas y campesinas, y los movimientos sociales populares, pese a resistencias cotidianas y épicas confrontaciones de poder (listo abajo algunas, 2) no lograban revertir este ejercicio impune de poder, entre otras razones por:

  • aislamiento (falta de apoyo en centros urbanos, cuando no racismo y desprecio),
  • desarticulación entre diferentes luchas, y
  • estancamiento de las resistencias, con desarticulación creciente, divisiones y capacidad de convocatoria reducida, a partir de la derrota táctica de las movilizaciones de 2015 (salida de la CICIG y bloqueo de reformas para el reconocimiento del sistema jurídico mayab’).

Esta realidad comenzó a interrumpirse, y ojalá revertirse, en cuatro momentos (se listan cronológicamente, no en orden de importancia, y se hace referencia a momentos inmediatos, en el entendido de que estos procesos en el caso de los pueblos indígenas se alimentan de luchas históricas de los pueblos y de grandes experiencias organizativas).

En primer lugar, las movilizaciones de mujeres jóvenes, urbanas e indígenas, feministas o no, en 2019 y las jornadas de noviembre de 2020 y 2021, como inicio de un nuevo ciclo de luchas: nuevas propuestas, formas de organización de organización y acción, embrión de liderazgos nuevos.

En segundo lugar, el reforzamiento del autogobierno comunitario durante la pandemia COVID-19: las comunidades fortalecieron y ampliaron redes de control y cuidado, en ausencia absoluta del Estado.

El tercer momento, el proceso electoral (primera y segunda vueltas) en el que la ciudadanía harta de la política de excesos buena para unos pocos, optó por un candidato y un partido de la corrección y la contención, que no prometen ni van a hacer las grandes transformaciones estructurales necesarias, pero se alejan de las bravuconadas y la arrogancia desbordadas de las elites gobernantes, sin excepción. En mi opinión, esta es una de las razones del insólito crecimiento de simpatías experimentado por el partido Movimiento Semilla y por el Presidente y la Vicepresidenta electas.

Autoridad compartida versus uso y abuso de la fuerza

Xa jun qab’anom

Xa jun qatzij

Mani jachoj

Xa jun quchuq’a’ öj Kaji’ Amaq’ wave’ Chi Iximulew

Pakal B’alam Rodríguez Guaján (1)

El cuarto momento, a partir del 2 de octubre, cuando inicia el Paro Nacional Indefinido. Más allá de demandas específicas necesarias, el impacto del paro reside en que el actuar de dirigentes y comunidades indígenas convocantes (dialogante, incluyente, “limitado” por el mandato de asambleas comunitarias y el consenso necesario con otros pueblos) remarca las diferencias con el Estado violento y alejado de las demandas de la población.

Si bien la convocatoria de este ciclo de protestas y construcción de otros escenarios políticos, y el mayor peso movilizador y organizativo, corresponde a 48 Cantones y Alcaldía Indígena de Sololá, se alejan tentaciones o prácticas de hegemonizar u homogeneizar discursos. Es un principio en las comunidades mayas escuchar, dar y recibir consejos, aprender de todas y todos. Ninguna palabra es menor que otra, y ninguna palabra es más que la otra. Todas las voces aportan, especialmente las de aquellos sectores que, en el ámbito urbano, se han marginado o han sido marginados de las luchas sociales (por ejemplo, comerciantes).

Así, el ejercicio democrático comunitario de organización y administración de pueblos originarios (sin idealizar, camina entre tensiones como el machismo) es posibilidad de acción y organización, no solamente en esta coyuntura y en la urgencia de abandonar la espiral de la dictadura política y económica, sino en la acción colectiva en general y en la administración pública. Estamos conociendo formas diferentes de hacer las cosas (cosas, término académico utilizado en contextos de transición galopante para referir la acción la acción política colectiva y la gestión del Estado para el bien común).

El plantón permanente en las instalaciones centrales del Ministerio Público (inició el 2 de octubre y se mantiene en el momento de redactar estas letras, el primero de noviembre) es símbolo de este ejercicio del poder. Espacio de pluralidad y coralidad, convoca voces diversas, para las que se abren los micrófonos, se reservan toldos y bocinas, se amplían posibilidades de expresión (por veces apagada por la expresión de las vuvuzelas-trompetas). La paradoja es que son aquellas y aquellos a quienes se ha negado la ciudadanía (voz, expresión, idioma, indumentaria, formas propias de organización, el agua, el derecho de decisión en sus territorios y un larguísimo etcétera) las que motivan plazas donde toma la palabra quien quiera expresarse, incluso quienes, hasta hace unos pocos días o todavía ahora, desconocemos casi todo de las cosmovisiones indígenas y seguimos considerándolos desde visiones y prácticas racistas (incluido paternalismo) muy interiorizadas. Esta es una de las razones (probablemente no la más fuerte, pero sí importante) de la masiva adhesión ciudadana a las movilizaciones convocadas, y el respaldo-afecto al papel de Autoridades Indígenas.

Hacia dónde, cómo, con quiénes

El ejercicio de autoridad compartida, no obstante, enfrenta retos. Enumero los siguientes:

  1. Defender, ampliar y resignificar la democracia

Esta coyuntura compleja plantea para pueblos indígenas una doble hoja de ruta. En lo inmediato:

  • consolidar los resultados electorales,
  • detener la esclerotización del Estado en manos del sector ultraconservador que ahora lo gestiona,
  • comenzar a orientar el Estado hacia el desarrollo del bien común, al menos el común mínimo del Estado constitucional que propone Semilla, con acciones inmediatas en educación, salud, nutrición infantil, cultura y otras, que todavía no abordan desigualdades estructurales.

Pero la democracia electoral y la institucionalidad republicana no son el fin. Más allá de esta agenda, continuarán las luchas por la transformación de la institucionalidad dominante y el pacto elitario constitucional de 1985 (de visión centralista, uniformadora, racista-excluyente o paternalista de los pueblos indígenas), para avanzar hacia la democracia comunitaria, desde las diversidades y las formas propias de los pueblos.

      2.  Normalizar el poder político de los pueblos originarios y sectores populares.

La vertiginosa anormalidad de estos días puede convertirse en una nueva normalidad: un escenario en el que se naturaliza la presencia de pueblos indígenas en las dinámicas y decisiones políticas fundamentales, más allá de manifestaciones y demandas del momento, como sujetos decisores en todos los ámbitos, con referencia e influencia a nivel nacional, más allá de la capacidad reconocida de administrar la vida comunitaria.

  1. Consolidar las articulaciones sociales dialogantes y horizontales.

Posiblemente entramos en una fase de disputa continua, en el que todas las fuerzas -no solo las de los pueblos indígenas- serán necesarias. El  camino andado (articulaciones amplias y pacíficas de sectores sociales: pueblos, sectores urbanos, pobladores, mercados, comerciantes, transportistas dañados por la corrupción y el desastre de infraestructura y otros) no puede tener vuelta atrás (3).

El intercambio de ideas, voluntades y sentires, la posibilidad de aprendizaje, debe ir más allá de la espera para la defenestración (se alejó la posibilidad de renuncia) de la Fiscal General. Este intercambio puede ser especialmente fluido con visiones, como la del feminismo, que comparten propuestas integrales para el cuidado de la red de la vida.

  1. Continuar aprendiendo de propuestas de pueblos indígenas y formas de organización colectiva y comunitaria

Además de saludar la fortaleza y capacidad de conducción de los pueblos indígenas para abrir una ruta de salida de la crisis, es importante incorporar a nuestras prácticas (sectores urbanos, movimientos populares en general) los principios y valores que orientan la acción política y la vida cotidiana de los pueblos originarios. La escucha, el consenso, la colectividad y la comunidad como centro, la concepción de servicio…son aportes para para reconstruir una sociedad muy dañada por la imposición violenta, el individualismo y la ruptura de lazos comunitarios especialmente en centros urbanos, y como herramientas para transformar visiones, formas de organización y representación (liderazgos), una vez agotados o estancados los modos con los que, hasta ahora, intentamos cambiar la realidad.

El triunfo de la esperanza

Además de la dimensión de las movilizaciones (capacidad de paralizar el país en casi 200 puntos simultáneos, durante varios días) y más allá del balance demandas-logros, este contexto puede leerse en clave de esperanzas.

En 2023, las elites económicas y políticas continuaban vinculando su suerte a la indiferencia y la resignación de la población, y al proceso electoral como distractor y relegitimador.

La indignación se desbordó con gotas que rebalsaron el vaso (vasos comunicantes rebalsados en territorios y sectores múltiples y diversos) y comenzaron a abrirse ventanitas de esperanza, donde lo imposible no es todavía posible, ni se consuma el asalto al Palacio de Invierno de la dictadura bananera, ni combatientes victoriosos avanza derribando estatuas y símbolos del oprobio (incluida la bandera), pero crece la conciencia a partir de la información, se generalizan diálogos sociales sobre el nuevo país que queremos, se manifiesta el pluripaís que somos en toda su amplitud, se expresan todos los actores. En fin, se construyen posibilidades y condiciones para una vida digna y un futuro mejor.

Sin pensarlo demasiado, muchas y muchos nos colamos de cabeza por estas pequeñas ventanas, antes que pudieran cerrarlas. Aquí estamos, al parecer y más allá de logros o retrocesos coyunturales, por largo tiempo.

Un artículo de opinión de Andrés Cabanas, periodista y escritor. Publicado en la Revista 80 Entrepueblos.

  1. Una es nuestra palabra, una nuestra lucha, no hay división, somos una sola fuerza los cuatro pueblos de Iximulew.
  2. Consultas comunitarias, decenas de episodios de resistencias a las hidroeléctricas y empresas mineras, Marcha Indígena y Campesina, Marcha del Agua, Marcha de la Dignidad de los Pueblos, movimientos de tejedoras, por la recuperación de idiomas y cultura, y muchos más.
  3. La capacidad de articular a diferentes sectores sociales y organizaciones, tanto indígenas como mestizas, tanto urbanas como rurales, es insólita en la reciente historia de Guatemala. Los referentes más cercanos son posiblemente la Marcha de mineros de Ixtahuacán, las movilizaciones de campesinos de Quiché en la capital o la huelga de la Costa Sur de fines de los 70s e inicios de los 80s.

Entrepueblos inaugura en Madrid la exposición ‘Activistas por la Vida’, del fotoperiodista Gervasio Sánchez

Entrepueblos inaugura en Madrid “Activistas por la vida”, del fotoperiodista Gervasio Sánchez, una exposición sobre activistas de derechos humanos y ambientales amenazadas de muerte en Centroamérica, que en esta exhibición se centrará en las historias de las mujeres defensoras.

Activistas por la vida”, que se podrá visitar del 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024 en Efti-Centro Internacional de Fotografía y Cine (Calle Fuenterrabía, 4-6), recoge el testimonio de mujeres 39 activistas de Honduras y Guatemala que luchan por la defensa de la naturaleza y de los derechos humanos.

 

A través de fotografíastextos y videoentrevistas, la muestra  explica la historia de mujeres que viven amenazadas de muerte por la defensa que hacen de su territorio y su naturaleza, de los derechos de las mujeres y de las libertades ciudadanas. Esta defensa entra en conflicto con los intereses de grandes empresas o grupos transnacionales que operan con impunidad para la extracción de los recursos naturales y las materias primas -sobre todo de minería, hidroeléctricas y de monocultivos- en Honduras y Guatemala, dos de los países más violentos del mundo.

Una de las cosas que más me ha sorprendido es la valentía con que los activistas, hombres y mujeres, luchan contra un mundo criminal repleto de sicarios que matan sin pensárselo dos veces”, explica Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959), periodista y fotoperiodista de conflictos y crisis humanitarias, galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 2009 y con más de una docena de libros publicados. Gervasio Sánchez ha trabajado cuatro meses sobre el terreno en Guatemala y Honduras, entre 2018 y 2019, para realizar esta exposición.

  • Apúntate a la Masterclass de Fotoperiodismo de Gervasio Sánchez el 22 de diciembre en EFTI  AQUÍ
  • Apúntate a la Visita Guiada del día 21 a las 19.45 horas o a las visitas guiadas durante todo el mes (todos los martes, miércoles y jueves, a las 12 y, a partir del 8 de enero a las 12 y a las 17 horas). AQUÍ

Dos de los países más peligrosos para las mujeres defensoras

Guatemala es un país que depende del extractivismo -de la exportación de materias primas- y tiene una legislación nacional que favorece las inversiones privadas y deja sin protección legal a las comunidades campesinas, la naturaleza y los derechos individuales. En 2022, el país registró 3,574 agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, el 32% de ellas a mujeres. Se trata del mayor número de agresiones registradas en los últimos 22 años, según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA.

Marcela Chacach, líder cakchiquel de la comunitat Loma Alta, de Guatemala, fotografiada por Gervasio Sánchez.

Marcela Chacach, líder cakchiquel de la comunitat Loma Alta, de Guatemala, fotografiada por Gervasio Sánchez.

Honduras es el país más peligroso de Latinoamérica para ser mujer. En 2022 al menos 300 mujeres fueron asesinadas, y más del 95% de estos casos quedan en impunidad debido a la escasa investigación. El tercer país más desigual del mundo, también cuenta con leyes hechas a medida para que las empresas transnacionales extractivistas puedan desarrollarse en el país. Desde 2009 se han aprobado 384 proyectos mineros, 48 proyectos de grandes presas hidroeléctricas y 123 de pequeñas, y el cultivo extensivo de palma africana ya ocupa más de 300.000 hectáreas. Los pueblos campesinos, indígenas y garífunas, con sus formas de vida ancestrales y sostenibles, viven bajo la amenaza de las empresas extranjeras.

Entrepueblos es una asociación que promueve la educación transformadora y la cooperación solidaria con Latinoamérica. Desde 1988, defiende los derechos de los pueblos y la naturaleza desde la mirada de los feminismos. Acompaña las luchas de comunidades campesinas e indígenas y activistas ambientales y de derechos humanos en Centroamérica, Ecuador y Perú.

La exposición “Activistas por la vida” en Madrid está organizada por Entrepueblos y Efti – Centro Internacional de Fotografía y Vídeo, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

Conoce la historia de estas defensoras en activistasporlavida.org

COP 28: Entrepueblos reivindica afrontar la crisis climática como una cuestión de derechos humanos y justicia social

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28), desde Asociación Entrepueblos, como entidad comprometida con la educación transformadora y la cooperación solidaria, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que la crisis climática se aborde como una cuestión fundamental de derechos humanos y justicia social.

Entrepueblos, con más de treinta años colaborando en la defensa de los derechos de los pueblos y la naturaleza desde una perspectiva feminista, insta a líderes y lideresas mundiales y participantes en la COP 28 a reconocer que la crisis climática no es solo un desafío ambiental, sino también un asunto crítico de derechos humanos y de los territorios. El impacto del cambio climático afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, exacerbando las desigualdades existentes y comprometiendo los derechos fundamentales en los países del Sur global.

Con motivo de la Cumbre del Clima, urge dar visibilidad a casos que ilustran cómo los desafíos ambientales están profundamente conectados con los abusos de las multinacionales extractivas y la vulneración de los derechos humanos en Latinoamérica. Desde la defensa de los territorios y derechos de las comunidades afroindígenas en Honduras hasta la lucha por obtener justicia en el caso de Berta Cáceres, pasando por la emblemática batalla legal de tres décadas contra Chevron-Texaco en Ecuador, Entrepueblos defiende que la justicia climática es inseparable de la justicia social.

Desde nuestra asociación también ponemos el foco en la situación política y social en Guatemala y en el acoso a entidades sociales y feministas en El Salvador, que evidencia cómo las políticas gubernamentales pueden influir negativamente en la sociedad civil y en el respeto a los derechos fundamentales. Además, la campaña Sí al Yasuní‘ de Ecuador, o la reciente protesta de la población para conseguir parar la extracción de cobre en Panamá, son un ejemplo de resistencia democrática contra el extractivismo y la defensa del medio ambiente ante la cual los gobiernos y organizaciones supranacionales no se pueden poner de lado. Una lucha que están liderando los y las jóvenes en todo el Planeta.

Desde Entrepueblos creemos firmemente que sin la integración de la justicia social y ambiental, la Cumbre del Clima, un año más, se quedará en una mera declaración de intenciones y no cumplirá con su propósito de proteger a las personas y al planeta.

¡No hay tiempo que perder!

25 de Noviembre: Juntas y diversas somos más fuertes. #SeAcabó

Manifiesto 25N: Día Internacional Por la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres y la niñez

Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte manifestamos, una vez más, nuestro compromiso desde una de cooperación feminista internacionalista:

Cada 25 de noviembre,  Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres y Niñas en territorios de todo el mundo, miles de mujeres ocupamos las calles para gritar con fuerza que no queremos más violencias, celebramos que estamos vivas, algunas somos supervivientes de violencias machistas. Reivindicamos el derecho a una vida libre de violencias machistas, conscientes de que éstas representan una grave y sistemática vulneración de los DDHH de más de la mitad de la población.

Las mujeres tejemos redes, juntas somos más fuertes. Los movimientos feministas de todo el mundo somos imprescindibles para una verdadera transformación social y cultural. “Sin las mujeres no hay revolución”. Decimos SE ACABÓ y BASTA a las violencias machistas.

Todas, todas juntas marchamos contra las violencias machistas:

NO  QUEREMOS estigmatización por pertenecer a una cultura diferente, por ser gitanas, o por nuestra condición de mujeres migradas y racializadas.

¡NO SOMOS VÍCTIMAS! ¡SOMOS SUPERVIVIENTES!

¡BASTA! De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales

DENUNCIAMOS la LGTBIfobia social, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras, como otra forma de violencia machista.

DENUNCIAMOS la represión y la censura a compañeras por las protestas y manifestaciones creativas en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, bajo la presión de los fundamentalismos religiosos.

REIVINDICAMOS una sociedad libre de opresiones, de explotación y de violencias institucionales. Hagamos un llamamiento a la rebeldía y a la lucha contra la alianza entre el patriarcado. Plantemos cara al capitalismo y los fascismos que nos quiere dóciles, sumisas y calladas.

¡SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!

EXIGIMOS políticas públicas que pongan la vida en el centro, contra la pobreza y la exclusión social, con una asignación presupuestaria que garantice una vida digna para las mujeres.

APOYAMOS las redes de acompañamiento comunitario y apoyo mutuo para mujeres.

APOYAMOS a las organizaciones de mujeres migradas y refugiadas en sus reivindicaciones por la regularización de las personas migrantes, por la derogación de la Ley de Extranjería y contra las políticas migratorias en las fronteras que ejercen una gran violencia sobre las mujeres migradas y refugiadas, subordinando sus vidas al patriarcado.

DENUNCIAMOS la precariedad y exclusión social, que no contribuyen a la erradicación de las violencias machistas. En situaciones de vulnerabilidad, las violencias machistas tienen un impacto tremendo sobre las mujeres, ya que no poseen la autonomía económica que les permita poder salir de la situación de violencia.

SOLIDARIDAD FEMINISTA CONTRA EL GENOCIDIO DEL PUEBLO PALESTINO

El Estado español, que ocupa en estos momentos la presidencia del Consejo de la Unión Europea, tiene una ocasión para incidir contra el genocidio al pueblo palestino. Exigimos que se posicione de manera firme y plantee medidas vinculantes para parar la violencia y garantizar la seguridad y el bienestar de la población palestina, bajo el amparo de los Derechos Humanos.

El de Palestina es un grito de dolor que resuena en todos los rincones del mundo. No podemos ser cómplices del silencio. No podemos permitir la equidistancia ni la aplicación de falsos paralelismos. El desplazamiento forzoso de un millón de personas en Gaza, el corte de suministros, el bombardeo de casas, carreteras y hospitales son crímenes de guerra que no pueden ser tolerados. Las retóricas de deshumanización agudizan la alarma ante una situación en la que se desvanecen los valores más básicos.

Hacemos nuestro el llamamiento que hacen nuestras compañeras desde los movimientos feministas diversos a los que estamos vinculadas:

Este 25N tejemos redes de solidaridad con las Mujeres de Gaza y Cisjordania. Estamos a su lado compartiendo su dolor ante la pérdida de vidas de familiares y sobre todo de sus hijas e hijos.

Nuestras voces se unen hoy con otras voces de aquí y de todas partes para gritar muy fuerte NO ESTÁIS SOLAS.

No callaremos ante la violencia patriarcal que en este genocidio muestra su imagen más cruenta porque las guerras y el militarismo son la expresión máxima de todas las violencias.

No callaremos hasta que se pare este genocidio y sus responsables, el ejército israelí y su gobierno, sean juzgados como criminales de guerra por un tribunal internacional”.

(Manifiesto Feminista contra el genocidio al Pueblo Palestino – Coordinadora Feminista)

 

#25N #25N2023 #SeAcabó #NuestraLuchaesGlobal #NiUnaMenos

 

DESCÁRGATE AQUÍ EL MANIFIESTO EN PDF