Ya tenemos disponible la relatoria de las jornadas sobre los retos que afronta Centroamérica, organizadas en Barcelona con la nueva Mesa Catalana por…
Compromiso feminista y internacionalista desde Entrepobles-Entrepueblos-Entrepobos-Herriarte
Cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas, las organizaciones feministas y las organizaciones aliadas llenamos las calles del mundo para clamar con fuerza: no queremos más violencias.
Reivindicamos nuestro derecho a una vida libre de violencias, conscientes de que estas constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, sistémica y estructural, hacia más de la mitad de la población. Afectan a todas las sociedades, aunque permanezcan invisibilizadas o minimizadas.
Se habla poco de las violencias machistas; solo se muestra la punta del iceberg cuando ocurren feminicidios o casos graves de agresiones físicas. Sin embargo, las violencias que sufrimos las mujeres atraviesan nuestras vidas de manera profunda y multidimensional: violencias sexuales, discriminaciones laborales, prejuicios de género, violencia económica y patrimonial, violencia institucional, violencia vicaria, violencia digital…
Las violencias machistas son el engranaje que ordena y estructura nuestra sociedad. Sin embargo, socialmente no se reconocen como tales. Según algunos estudios, las noticias que niegan las violencias machistas multiplican su impacto en redes sociales. Por su parte, el sensacionalismo y la justificación de las agresiones obtienen una cobertura mediática mucho mayor que las informaciones con contexto y perspectiva de género.
Denunciamos que las violencias machistas no son hechos aislados, sino parte de una estructura patriarcal interconectada que afecta a todas las mujeres y a las identidades disidentes, aunque con intensidades diversas.
En el Estado español, exigimos visibilizar aquellas violencias machistas olvidadas y silenciadas:
Denunciamos también acciones institucionales que perpetúan estas violencias, como la reciente apertura en Alicante de una “oficina de apoyo a la maternidad”, financiada con fondos públicos. Esta oficina antiabortista incumple las legislaciones que regulan los derechos sexuales y reproductivos y constituye un acto de violencia institucional y de género.
Las violencias machistas no se limitan a nuestras fronteras.
En Mesoamérica, entre 2012 y 2023, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentó:
Estas agresiones, perpetradas en muchos casos por autoridades estatales, evidencian cómo el patriarcado busca silenciar las voces de las mujeres y las disidencias sexuales que luchan por un mundo más justo. Frente a ello, las redes de protección integral feminista han demostrado ser esenciales. Desde 2010, IM-Defensoras ha protegido a más de 18.000 defensoras en riesgo mediante más de 19.000 acciones de acompañamiento, construyendo esperanza frente a las violencias.
Reivindicamos una vida libre de violencias para todas las mujeres, niñas e identidades disidentes.
Somos supervivientes, no víctimas, y no aceptamos más silencio ni complicidad.
Exigimos compromisos reales de gobiernos e instituciones para combatir la precariedad, la desigualdad y las violencias.
Nos solidarizamos con:
Denunciamos también las consecuencias de la reciente DANA, que ha devastado comunidades enteras, particularmente en el País Valencià, donde la gestión irresponsable e inhumana resultó en muertes evitables. Exigimos en cada territorio un sistema de emergencias eficaz e integral que incorpore un enfoque feminista y de género. Nos sentimos identificadas con las organizaciones feministas valencianas, que expresan: “Desde el dolor y la rabia, las feministas nos organizamos, trabajando en una respuesta colectiva, no solo ante esta catástrofe, sino también frente a la crisis permanente a la que nos aboca el capital”.
Nos alzamos como feministas internacionalistas, tejiendo redes y construyendo un frente común que transforme este sistema que perpetúa opresiones patriarcales, racistas y coloniales.
Es hora de construir una sociedad donde podamos vivir con libertad, dignidad y sin violencias machistas. Juntas y diversas lo haremos posible.
• ¡Por un futuro de apoyo mutuo y esperanza!
• ¡Basta de violencias machistas, se acabó!
• ¡Ni una menos! ¡vivas nos queremos!
• ¡Que el miedo y la vergüenza sean para los agresores!
• ¡Que los gobiernos y los Estados asuman sus responsabilidades!
• ¡No más violencia ni impunidad: feminismos diversos, antirracistas y decoloniales!
• ¡Paremos el genocidio sobre el pueblo palestino! ¡feminismo antimilitarista !
• ¡Juntas, diversas y rebeldes, derribemos el patriarcado global!
• ¡Ni un solo retroceso: Dignidad y feminismos en las calles !
Desde Entrepueblos y en colaboración con La Directa publicamos “Mujeres entre luchas” una investigación coordinada por Entrepobles y Berta…
Honduras es el país del mundo con más homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18, según el Informe Global Witness 2023, que señala que, en todo el mundo, el año pasado, fueron asesinadas al menos 196 personas por intentar defender el planeta. Más de 2.100 activistas de la tierra y el medioambiente han sido asesinadas en el mundo entre 2012 y 2023.
Con el título ‘Voces silenciadas’, la publicación indica que Centroamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras. Además de los 18 asesinatos en Honduras, se recogen 10 víctimas en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá.
En todo el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes son víctimas de una cantidad desproporcionada de ataques mortales, el 49%. Además , Latinoamérica registra el mayor número de homicidios de todo el planeta, con un total de 166: 54 en México y Centroamérica, y 112 en América del Sur.
El informe se ha dado a conocer en medio de la conmoción por un nuevo asesinato, el de Juan López, defensor del medioambiente y concejal de Tocoa, en el Caribe hondureño. Durante años, López había liderado luchas en su región contra la minería a cielo abierto y compartió causa con Berta Cáceres en la defensa del Río Guapinol. López recibía amenazas de muerte y desde 2023 estaba acogido a medidas de protección cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, fue asesinado por desconocidos.
Bajo el liderazgo del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se han generalizado las protestas y exigencias para que el gobierno capture a los responsables de su asesinato. También se exige al gobierno que se garantice la protección debida a los activistas ambientalistas y sus familias.
“Juan fue asesinado por su labor en defensa del río Guapinol en contra de la Minera Los Pinares Ecotek de Lenir Pérez y sus mafias locales. Juan fue asesinado días después de pedir la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por sus vinculaciones con el narcotráfico. El Estado y gobierno de Xiomara Castro son responsables de este nuevo asesinato por no garantizar la vida de Juan quien contaba con medidas cautelares de la CIDH. Juan será recordado como un líder auténtico y destacado del pueblo hondureño, como un pensador profundo y un guía espiritual. Su palabra certera y oportuna nos acompañará por siempre”, señaló la COPINH, organización del pueblo indígena Lenca en Honduras, co-fundada por Berta Cáceres.
Juan López luchaba contra un ‘monstruo de siete cabezas’: dos minas, una termoeléctrica, una peletizadora y tres pozos, construidos en el espacio protegido del Parque Nacional Montaña Botaderos.
Foto: Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Desde Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte, hacemos un llamado a unirnos a la convocatoria internacional del próximo 28 de septiembre de 2024, Día Internacional por la Despenalización del Aborto.
Apoyamos las reivindicaciones de las organizaciones feministas y plataformas unitarias en defensa del derecho al aborto libre y gratuito, que buscan frenar la ofensiva de grupos de extrema derecha, religiosos, antielección y antigénero, así como de gobiernos conservadores y partidos políticos que legislan para restringir el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la vida que deseamos vivir.
El 28 de septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, organizaciones feministas de todo el mundo desean destacar los esfuerzos colectivos de comunidades diversas, intergeneracionales y transfronterizas para promover el acceso al aborto seguro y la justicia reproductiva. A pesar de las amenazas persistentes, hacen un llamado a la #SolidaridadConElAborto (#AbortionSolidarity) para defender estas libertades fundamentales. Es esencial movilizarnos para garantizar que todas las personas tengan acceso a apoyo, información, servicios y recursos que les permitan tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos y sus vidas.
El derecho al aborto está bajo ataque y requiere una defensa urgente basada en la solidaridad. En muchos países, incluidos varios de Abya Yala donde apoyamos a organizaciones feministas aliadas, se penaliza a quienes buscan o practican abortos seguros, y algunos gobiernos amenazan con retroceder en el acceso a estos servicios. Mientras tanto, los grupos antiderechos han creado redes transnacionales bien coordinadas. Por ello, necesitamos estrategias innovadoras y una solidaridad global entre los movimientos feministas.
Cuando miramos atrás, vemos que hemos sobrevivido a estos ataques gracias a la movilización y organización constante, convirtiéndonos en una fuerza imparable. Nuestra capacidad para incorporar a jóvenes activistas y nuevas generaciones ha sido clave. Un ejemplo de ello es cómo el símbolo de la marea verde en América Latina ha llegado a otras regiones como África, Asia y Estados Unidos.
Campañas de Demus Perú y plataforma ‘Justicia para Beatriz’ en El Salvador.
Campaña para el 28S de Demus Perú, y Justa Libertad, de varias colectivas de Ecuador.
En marzo de 2023 entró en vigor la Reforma de la Ley del Aborto (Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero). Esta ley introduce importantes modificaciones, como la restitución del derecho a abortar para las jóvenes de 16 y 17 años sin necesidad de consentimiento parental, así como la garantía de gratuidad, accesibilidad y proximidad por parte de las administraciones sanitarias, con recursos humanos y mecanismos suficientes para asegurar este derecho en todo el territorio, bajo condiciones de equidad.
Sin embargo, las organizaciones feministas recuerdan que aún existen reivindicaciones pendientes. Los gobiernos y las instituciones públicas de todo el territorio español tienen una deuda con las organizaciones feministas. Los principales desafíos son:
El auge de la extrema derecha en Europa amenaza un derecho que no está garantizado en todos los países de la UE. El movimiento My Voice, My Choice (Mi Voz, Mi Decisión) es una iniciativa que exige acceso seguro y gratuito al aborto para todas las mujeres de la Unión Europea. Esta campaña ofrece a la ciudadanía europea la oportunidad de mejorar la vida de las mujeres, haciéndola más segura y libre, independientemente de dónde vivan o su situación.
La falta de acceso al aborto pone en riesgo la salud física y mental de las mujeres, especialmente de las más vulnerables. Tratar la atención reproductiva como un lujo no reduce los abortos, solo los hace más inseguros. Por eso, se pide a la Comisión Europea que presente una propuesta para garantizar este derecho a todas las mujeres.
Denunciamos que miles de mujeres mueren en todo el mundo cada año por abortos clandestinos, ya sea dentro o fuera de la legalidad. Reivindicamos:
Foto principal: Proyecto Marea Verde de Perú. Cedida por Asociación Kallpa.
Entrepueblos acompaña desde hace más de 20 años al Centro Indígena de Capacitación Integral ‘Fray Bartolomé de las Casas’ -CIDECI- en Chiapas, México. La situación de Chiapas es actualmente muy compleja y desde CIDECI nos solicitan una ayuda económica puntual para poder hacer frente a unos meses que han sido especialmente duros y violentos en la zona. Estos fondos serán empleados al cien por cien para poder continuar con las labores formativas del centro con jóvenes indígenas de las áreas rurales y dar apoyo a las comunidades indígenas que están sufriendo una situación de violencia y discriminación.
El CIDECI es un espacio abierto de aprendizaje, vivencial, de acogida para multitud de pueblos y comunidades indígenas y organizaciones. Su papel ha sido y es determinante en la formación y capacitación, totalmente gratuita, de miles de jóvenes mujeres y hombres indígenas chiapanecas/os. Con su labor, ha dotado a los y las jóvenes de herramientas y habilidades para enfrentar un contexto económico, social, político y cultural profundamente hostil y discriminatorio.
A lo largo de sus 34 años de vida, en el centro se han capacitado más de 30.000 jóvenes (40% mujeres) indígenas. Además, muchos/as de esas/os jóvenes han puesto en marcha, con apoyo del CIDECI, pequeños proyectos comunitarios que han venido contribuyendo a la construcción de tejido social, económico y productivo en las comunidades.
El CIDECI también ofrece asesorías a todo tipo a comunidades y organizaciones de la sociedad civil en su búsqueda de alternativas de desarrollo autónomas y emancipadoras y brinda apoyo a organizaciones y comunidades que necesiten un espacio seguro y de confianza para realizar sus actividades.
Además, en los últimos años, en el CIDECI se han llevado a cabo importantes eventos internacionales. Destacamos algunos de ellos:
Desde Entrepueblos consideramos que el caminar del CIDECI es muy valioso y por eso llevamos más de 20 años acompañando sus procesos en el marco de proyectos de cooperación y lo seguiremos haciendo.
Por ello, en nuestro compromiso y profunda confianza hacia el trabajo del CIDECI, abriremos una cuenta bancaria del 17 al 30 de septiembre para recibir apoyo económico de nuestras gentes amigas para poder apoyar al CIDECI en este momento puntual.
El primer aniversario de la Consulta del Yasuní , el 20 de agosto, fue la constatación de que la sociedad civil y, especialmente, las poblaciones indígenas locales trabajan ya en un nuevo escenario social y económico post extractivista, dejando atrás décadas de explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana.
A lo largo de la jornada, se conmemoró el resultado de la Consulta de 2023, que tuvo un apoyo de casi 60% de la ciudadanía a favor de dejar bajo tierra parte del petróleo sin explotar, un hito en la justicia climática y de la democracia participativa en Ecuador y en todo el Planeta. Pero, sobre todo, se reivindicó que sean las comunidades locales pobladoras las que decidan sobre la transición en el Yasuní.
“El gobierno no ha cumplido con el compromiso que hizo con la Amazonía. Venimos de tan lejos y estamos aquí para pedir que se respeten los derechos de los Waorani y de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenane”, dijo Alicia Cahuiya, lideresa Waorani.
Junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales y ambientales, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) se movilizó en Quito frente al Ministerio de Energía y Minas para exigir, en palabras de su presidente Juan Bay, que el pueblo al que representan (el grupo humano más numeroso que habita este Parque Nacional) “sea considerado parte del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní“, creado en el mes de mayo por el presidente Daniel Noboa.
En este sentido, la NAWE organizo una cumbre internacional por el Yasuní este 28, 29 y 30 de agosto en Puyo, Pastaza, para comenzar a desarrollar un Plan de Acción Post Consulta Popular, promoviendo alternativas al extractivismo.
Desde Acción Ecológica, una de nuestras organizaciones aliadas en Ecuador y referente en la defensa ambiental, señalan que el gran reto para llevar a cabo una transición justa es saber “qué vamos hacer con las zonas que ya fueron sacrificadas y con la infraestructura que ya está poniendo en condiciones de vida “no digna” a las poblaciones que habitan estos lugares“.
“Si echamos una mirada a lo que ha pasado con los grandes desastres como Brumadinho (rotura de una presa en 2019 en Brasil), el caso Chevron-Texaco en Ecuador, o ahora, con el cambio climático (…) nos damos cuenta de lo importante que es hablar del desmantelamiento y reparación de las zonas ya afectadas, y creo que ésta es la gran oportunidad. Ecuador puede ser el líder no solo por lograr con el voto de 5 millones de ecuatorianos parar una operación y salvar un área protegida sino porque vamos a aprender que una vez las zonas son sacrificadas, la decisión no puede ser el abandono”, explica Esperanza Martínez.
Con motivo del 20 de agosto, Acción Ecológica destaca también el éxito de la otra Consulta Ambiental que tuvo lugar hace 12 meses, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Ecuador: la decisión ciudadana de preservar el Chocó Andino y eliminar las concesiones de minería metálica.
“Es crucial que las instituciones del Estado realicen una auditoría transparente de las concesiones mineras, y, que se proteja el Chocó Andino, un territorio que sus habitantes defienden con prácticas sostenibles y culturalmente adecuadas”, explicó la organización en la rueda de prensa del colectivo Quito sin Minería.
Acción Ecológica dedica un boletín especial (que os recomendamos leer) a ambas luchas y al futuro inminente de cada una de ellas.
Desde Entrepueblos, como parte de nuestro apoyo y acompañamiento a la defensa del Yasuní, apoyamos la reivindicación de la nacionalidad waorani y trabajamos ya en nuevas acciones de nuestra campaña Yasunicemos el Mundo para apoyar una transición ecosocial justa en la Amazonía ecuatoriana desde la corresponsabilidad que nuestras instituciones y empresas tienen en este territorio.
Desde hace 8 años, Asociación Entrepueblos colabora en Justicia Arcoíris, un proyecto liderado por nuestras aliadas DEMUS que promueve que jueces, juezas, fiscales y otros funcionarios y funcionarias encargadas de administrar justicia en Perú cumplan con la aplicación del enfoque de género y los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las persones LGTBIQ+. El objetivo es garantizar los principios de igualdad, no discriminación y el acceso a la justicia.
En el marco de esta alianza, de la que nuestra organización forma parte gracias al apoyo del Ajuntament de Barcelona y la Generalitat Valenciana, se acaba de editar la Sentencia del II Tribunal Arcoíris, que puedes leer completa en este enlace. Este Tribunal ‘simbólico’ es impulsado por la sociedad civil para visibilizar y denunciar las violaciones de derechos humanos a persones LGTBIQ+ y, en marzo de 2024, se centró en 6 casos de discriminación y violencias:
“La sentencia ejemplifica cómo debería funcionar un verdadero sistema de justicia basado en derechos humanos“, señalan desde DEMUS.
Además de brindar contexto y marco legal a cada caso, la sentencia aporta recomendaciones detalladas a las instituciones implicada con el objeto de garantizar la reparación de las víctimas y prevenir posibles delitos y aporta las siguientes peticiones (extraídas del texto íntegro de la sentencia).
Sobre el transhomicidio de Rodrigo Ventocilla en Bali, el Tribunal concluye que “la representación diplomática de Perú tiene responsabilidad directa a causa de la omisión de asistencia de personas en peligro, lo cual es un delito del sistema de justicia nacional (peruano). En este sentido se hace inminente la investigación y sanciones correspondientes de estas autoridades”, así como garantizar una reparación integral.
Los tribunales simbólicos forman parte de la estrategia de resistencia feminista y justicia restaurativa. Como parte de su estrategia, Entrepueblos trabaja en la defensa de “la libertad de vivir y expresar identidades disidentes, al margen de la heteronormatividad (sexual y de género) y contra la LGTBIfobia”.
El proyecto busca fortalecer el tejido socio-organizativo del cantón Cotacachi, con el fin de promover procesos de incidencia ante políticas públicas,…
El proyecto quiere contribuir a empoderar y potenciar la participación política y organizativa de las mujeres en su rol de defensoras del territorio;…
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