Informe Global Witness 2023: Honduras es el país del mundo con más homicidios de personas defensoras

Honduras es el país del mundo con más homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18, según el Informe Global Witness 2023, que señala que, en todo el mundo, el año pasado, fueron asesinadas al menos 196 personas por intentar defender el planeta. Más de 2.100 activistas de la tierra y el medioambiente han sido asesinadas en el mundo entre 2012 y 2023.

Con el título ‘Voces silenciadas’, la publicación indica que Centroamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras. Además de los 18 asesinatos en Honduras, se recogen 10 víctimas en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá.

En todo el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes son víctimas de una cantidad desproporcionada de ataques mortales, el 49%. Además , Latinoamérica registra el mayor número de homicidios de todo el planeta, con un total de 166: 54 en México y Centroamérica, y 112 en América del Sur.

Juan López, asesinado por su posición contraría a la minería

El informe se ha dado a conocer en medio de la conmoción por un nuevo asesinato, el de Juan López, defensor del medioambiente y concejal de Tocoa, en el Caribe hondureño. Durante años, López había liderado luchas en su región contra la minería a cielo abierto y compartió causa con Berta Cáceres en la defensa del Río Guapinol. López recibía amenazas de muerte y desde 2023 estaba acogido a medidas de protección cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, fue asesinado por desconocidos.

Bajo el liderazgo del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se han generalizado las protestas y exigencias para que el gobierno capture a los responsables de su asesinato. También se exige al gobierno que se garantice la protección debida a los activistas ambientalistas y sus familias.

“Juan fue asesinado por su labor en defensa del río Guapinol en contra de la Minera Los Pinares Ecotek de Lenir Pérez y sus mafias locales. Juan fue asesinado días después de pedir la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por sus vinculaciones con el narcotráfico. El Estado y gobierno de Xiomara Castro son responsables de este nuevo asesinato por no garantizar la vida de Juan quien contaba con medidas cautelares de la CIDH. Juan será recordado como un líder auténtico y destacado del pueblo hondureño, como un pensador profundo y un guía espiritual. Su palabra certera y oportuna nos acompañará por siempre”, señaló la COPINH, organización del pueblo indígena Lenca en Honduras, co-fundada por Berta Cáceres.

Juan López luchaba contra un  ‘monstruo de siete cabezas’: dos minas, una termoeléctrica, una peletizadora y tres pozos, construidos en el espacio protegido del Parque Nacional Montaña Botaderos.

Foto: Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

 

Manifiesto #28S: Defendemos el Derecho al Aborto Libre y Gratuito. ¡Ni un paso atrás ante la ofensiva de la extrema derecha global!

Desde Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte, hacemos un llamado a unirnos a la convocatoria internacional del próximo 28 de septiembre de 2024, Día Internacional por la Despenalización del Aborto.

Apoyamos las reivindicaciones de las organizaciones feministas y plataformas unitarias en defensa del derecho al aborto libre y gratuito, que buscan frenar la ofensiva de grupos de extrema derecha, religiosos, antielección y antigénero, así como de gobiernos conservadores y partidos políticos que legislan para restringir el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y la vida que deseamos vivir.

  • El derecho al aborto en el mundo

El 28 de septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, organizaciones feministas de todo el mundo desean destacar los esfuerzos colectivos de comunidades diversas, intergeneracionales y transfronterizas para promover el acceso al aborto seguro y la justicia reproductiva. A pesar de las amenazas persistentes, hacen un llamado a la  #SolidaridadConElAborto (#AbortionSolidarity) para defender estas libertades fundamentales. Es esencial movilizarnos para garantizar que todas las personas tengan acceso a apoyo, información, servicios y recursos que les permitan tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos y sus vidas.

El derecho al aborto está bajo ataque y requiere una defensa urgente basada en la solidaridad. En muchos países, incluidos varios de Abya Yala donde apoyamos a organizaciones feministas aliadas, se penaliza a quienes buscan o practican abortos seguros, y algunos gobiernos amenazan con retroceder en el acceso a estos servicios. Mientras tanto, los grupos antiderechos han creado redes transnacionales bien coordinadas. Por ello, necesitamos estrategias innovadoras y una solidaridad global entre los movimientos feministas.

Cuando miramos atrás, vemos que hemos sobrevivido a estos ataques gracias a la movilización y organización constante, convirtiéndonos en una fuerza imparable. Nuestra capacidad para incorporar a jóvenes activistas y nuevas generaciones ha sido clave. Un ejemplo de ello es cómo el símbolo de la marea verde en América Latina ha llegado a otras regiones como África, Asia y Estados Unidos.

Campañas de Demus Perú y plataforma ‘Justicia para Beatriz’ en El Salvador.

Campaña para el 28S de Demus Perú, y Justa Libertad, de varias colectivas de Ecuador.

 

  • El derecho al aborto en el Estado español

 En marzo de 2023 entró en vigor la Reforma de la Ley del Aborto (Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero). Esta ley introduce importantes modificaciones, como la restitución del derecho a abortar para las jóvenes de 16 y 17 años sin necesidad de consentimiento parental, así como la garantía de gratuidad, accesibilidad y proximidad por parte de las administraciones sanitarias, con recursos humanos y mecanismos suficientes para asegurar este derecho en todo el territorio, bajo condiciones de equidad.

Sin embargo, las organizaciones feministas recuerdan que aún existen reivindicaciones pendientes. Los gobiernos y las instituciones públicas de todo el territorio español tienen una deuda con las organizaciones feministas. Los principales desafíos son:

  1. Registro de objetores de conciencia: La ley garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en todos los servicios públicos; si no es posible, se gestionará en centros acreditados. Para ello, se establece un registro de objetores de conciencia en cada comunidad autónoma. A un año y medio de su implementación, seis comunidades autónomas aún no cuentan con este registro. Además, sigue siendo una práctica estigmatizada y poco normalizada, de la que no se habla ni se forma adecuadamente a los profesionales.
  2. Desvío a la sanidad privada: Aunque hay excepciones, la derivación a clínicas privadas es la norma, lo que genera múltiples inconvenientes, como desplazamientos a otras provincias o comunidades, la pérdida del derecho a recibir atención en el hospital de referencia y una mayor vulnerabilidad ante posibles complicaciones.
  3. Mujeres migrantes: No se garantiza el derecho al aborto para las mujeres migrantes que no tienen acceso a la sanidad pública.
  4. Despenalización en casos de malformaciones fetales: La ley permite el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la semana 21 por causas médicas. Sin embargo, las organizaciones feministas continúan exigiendo la despenalización a partir de la semana 22 en casos de malformaciones fetales.
  5. Intentos de retroceso en derechos en algunas comunidades: Algunas regiones presentan obstáculos y falta de transparencia en la implementación de la ley.
  6. Educación sexual integral y acceso a anticonceptivos: No se ha implementado de manera efectiva la educación sexual integral ni el acceso universal a anticonceptivos.
  • El derecho al aborto en Europa

El auge de la extrema derecha en Europa amenaza un derecho que no está garantizado en todos los países de la UE. El movimiento My Voice, My Choice (Mi Voz, Mi Decisión) es una iniciativa que exige acceso seguro y gratuito al aborto para todas las mujeres de la Unión Europea. Esta campaña ofrece a la ciudadanía europea la oportunidad de mejorar la vida de las mujeres, haciéndola más segura y libre, independientemente de dónde vivan o su situación.

La falta de acceso al aborto pone en riesgo la salud física y mental de las mujeres, especialmente de las más vulnerables. Tratar la atención reproductiva como un lujo no reduce los abortos, solo los hace más inseguros. Por eso, se pide a la Comisión Europea que presente una propuesta para garantizar este derecho a todas las mujeres.

  • #28S Acción Global por la Despenalización del Aborto

Denunciamos que miles de mujeres mueren en todo el mundo cada año por abortos clandestinos, ya sea dentro o fuera de la legalidad. Reivindicamos:

  • Aborto libre, gratuito, antirracista y dentro del sistema público de salud para todas, sin excepciones.
  • Educación sexual para decidir, anticonceptivos para evitar embarazos no deseados y aborto seguro para no morir.
  • ¡NI UN PASO ATRÁS!, ni una sola medida de retroceso en el reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y maternidad.

 

Foto principal: Proyecto Marea Verde de Perú. Cedida por Asociación Kallpa.

¡Colabora con CIDECI para la formación y apoyo a jóvenes de las comunidades indígenas de Chiapas!

Entrepueblos acompaña desde hace más de 20 años  al Centro Indígena de Capacitación Integral ‘Fray Bartolomé de las Casas’ -CIDECI- en Chiapas, México. La situación de Chiapas es actualmente muy compleja y desde CIDECI nos solicitan una ayuda económica  puntual para poder hacer frente a unos meses que han sido especialmente duros y violentos en la zona. Estos fondos serán empleados al cien por cien para poder continuar con las labores formativas del centro con jóvenes indígenas de las áreas rurales y dar apoyo a las comunidades indígenas que están sufriendo una situación de violencia y discriminación.

El CIDECI es un espacio abierto de aprendizaje, vivencial, de acogida para multitud de pueblos y comunidades indígenas y organizaciones. Su papel ha sido y es determinante en la formación y capacitación, totalmente gratuita, de miles de jóvenes mujeres y hombres indígenas chiapanecas/os. Con su labor, ha dotado a los y las jóvenes de herramientas y habilidades para enfrentar un contexto económico, social, político y cultural profundamente hostil y discriminatorio.

A lo largo de sus 34 años de vida, en el centro se han capacitado más de 30.000 jóvenes (40% mujeres) indígenas. Además, muchos/as de esas/os jóvenes han puesto en marcha, con apoyo del CIDECI, pequeños proyectos comunitarios que han venido contribuyendo a la construcción de tejido social, económico y productivo en las comunidades.

El CIDECI también ofrece asesorías a todo tipo a comunidades y organizaciones de la sociedad civil en su búsqueda de alternativas de desarrollo autónomas y emancipadoras y brinda apoyo a organizaciones y comunidades que necesiten un espacio seguro y de confianza para realizar sus actividades.

Además, en los últimos años, en el CIDECI se han llevado a cabo importantes eventos internacionales. Destacamos algunos de ellos:

  • Escuelita “La libertad según los/as Zapatistas” con el objetivo de compartir con la sociedad civil nacional e internacional la experiencia zapatista.
  • Festival mundial de las resistencias y las rebeldías.
  • Seminario “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”.
  • Encuentro “Los/as zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad”.
  • Asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno con la participación de lideresas y líderes, y delegadas/os de todos los estados de México.
  • Festival “ComParte por la Humanidad”.
  • Conversatorio “Miradas, Escuchas y Palabras: ¿Prohibido Pensar?”, con una serie de 12 sesiones.
  • CompArte de Danza “Báilate Otro Mundo”.
  • Foro en defensa del Territorio y la Madre Tierra.
  • Encuentro de la “Caravana el Sur Resiste”.

Desde Entrepueblos consideramos que el caminar del CIDECI es muy valioso y por eso llevamos más de 20 años acompañando sus procesos en el marco de proyectos de cooperación y lo seguiremos haciendo.

Por ello, en nuestro compromiso y profunda confianza hacia el trabajo del CIDECI, abriremos una cuenta bancaria del 17 al 30 de septiembre para recibir apoyo económico de nuestras gentes amigas para poder apoyar al CIDECI en este momento puntual.

Podéis hacer vuestras aportaciones a la cuenta de Entrepueblos en Triodos ES05 1491 0001 21 3000079938 indicando en el concepto “Campaña apoyo al CIDECI”

1 año del #SíalYasuní: la Nacionalidad Waorani reclama formar parte de la recuperación social y ambiental del territorio

El primer aniversario de la Consulta del Yasuní , el 20 de agosto, fue la constatación de que la sociedad civil y, especialmente, las poblaciones indígenas locales trabajan ya en un nuevo escenario social y económico post extractivista, dejando atrás décadas de explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana.

A lo largo de la jornada, se conmemoró el resultado de la Consulta de 2023, que tuvo un apoyo de casi 60% de la ciudadanía a favor de dejar bajo tierra parte del petróleo sin explotar, un hito en la justicia climática y de la democracia participativa en Ecuador y en todo el Planeta. Pero, sobre todo, se reivindicó que sean las comunidades locales pobladoras las que decidan sobre la transición en el Yasuní.

“El gobierno no ha cumplido con el compromiso que hizo con la Amazonía. Venimos de tan lejos y estamos aquí para pedir que se respeten los derechos de los Waorani y de los pueblos en aislamiento voluntario, Tagaeri y Taromenane”, dijo Alicia Cahuiya, lideresa Waorani.

Junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales y ambientales, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) se movilizó en Quito frente al Ministerio de Energía y Minas para exigir, en palabras de su presidente Juan Bay, que el pueblo al que representan (el grupo humano más numeroso que habita este Parque Nacional) “sea considerado parte del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular Yasuní“, creado en el mes de mayo por el presidente Daniel Noboa.

En este sentido, la NAWE organizo una cumbre internacional por el Yasuní este 28, 29 y 30 de agosto en Puyo, Pastaza, para comenzar a desarrollar un Plan de Acción Post Consulta Popular, promoviendo alternativas al extractivismo.

Desde Acción Ecológica, una de nuestras organizaciones aliadas en Ecuador y referente en la defensa ambiental, señalan que el gran reto para llevar a cabo una transición justa es saber “qué vamos hacer con las zonas que ya fueron sacrificadas y con la infraestructura que ya está poniendo en condiciones de vida “no digna” a las poblaciones que habitan estos lugares“.

“Si echamos una mirada a lo que ha pasado con los grandes desastres como Brumadinho (rotura de una presa en 2019 en  Brasil), el caso Chevron-Texaco en Ecuador, o ahora, con el cambio climático (…) nos damos cuenta de lo importante que es hablar del desmantelamiento y reparación de las zonas ya afectadas, y creo que ésta es la gran oportunidad. Ecuador puede ser el líder no solo por lograr con el voto de 5 millones de ecuatorianos parar una operación y salvar un área protegida sino porque vamos a aprender que una vez las zonas son sacrificadas, la decisión no puede ser el abandono”, explica Esperanza Martínez.

Auditoría transparente de las concesiones mineras

Con motivo del 20 de agosto, Acción Ecológica destaca también el éxito de la otra Consulta Ambiental que tuvo lugar hace 12 meses, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Ecuador: la decisión ciudadana de preservar el Chocó Andino y eliminar las concesiones de minería metálica.

“Es crucial que las instituciones del Estado realicen una auditoría transparente de las concesiones mineras, y, que se proteja el Chocó Andino, un territorio que sus habitantes defienden con prácticas sostenibles y culturalmente adecuadas”, explicó la organización en la rueda de prensa del colectivo Quito sin Minería.

Acción Ecológica dedica un boletín especial (que os recomendamos leer) a ambas luchas y al futuro inminente de cada una de ellas.

Desde Entrepueblos, como parte de nuestro apoyo y acompañamiento a la defensa del Yasuní, apoyamos la reivindicación de la nacionalidad waorani y trabajamos ya en nuevas acciones de nuestra campaña Yasunicemos el Mundo para apoyar una transición ecosocial justa en la Amazonía ecuatoriana desde la corresponsabilidad que nuestras instituciones y empresas tienen en este territorio.

Lee la entrevista de Climática a tres de los impulsores de la Consulta del Sí al Yasuní (publicada en junio de 2024).

Compartimos la sentencia del II Tribunal Arcoíris, alianza que promueve la justicia LGTBIQ+ en Perú

Desde hace 8 años, Asociación Entrepueblos colabora en Justicia Arcoíris, un proyecto liderado por nuestras aliadas DEMUS que promueve que jueces, juezas, fiscales y otros funcionarios y funcionarias encargadas de administrar justicia en Perú cumplan con la aplicación del enfoque de género y los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las persones LGTBIQ+. El objetivo es garantizar los principios de igualdad, no discriminación y el acceso a la justicia.

En el marco de esta alianza, de la que nuestra organización forma parte gracias al apoyo del Ajuntament de Barcelona y la Generalitat Valenciana, se acaba de editar la Sentencia del II Tribunal Arcoíris, que puedes leer completa en este enlace. Este Tribunal ‘simbólico’ es impulsado por la sociedad civil para visibilizar y denunciar las violaciones de derechos humanos a persones LGTBIQ+ y, en marzo de 2024, se centró en 6 casos de discriminación y violencias:

“La sentencia ejemplifica cómo debería funcionar un verdadero sistema de justicia basado en derechos humanos“, señalan desde DEMUS.

  1. Casos Azul Rojas (tortura) y Crisssthian Olivera (discriminación por orientación sexual), que incluirían el incumplimiento por parte del Estado peruano de las medidas de reparación integral y no reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  2. Discriminación a mujeres trans por parte de la ciudadana antiderechos Olga Izquierdo, a través de una campaña de odio en redes sociales alentada por grupos ultras relacionada con el uso de los baños en el aeropuerto  Jorge Chávez.
  3. Tortura y transhomicidio de Rodrigo Ventosilla; y tortura y discriminación a su esposo, Sebastián Marallano, por parte de las autoridades policiales de Bali (Indonesia). Se destaca también “la falta de diligencia” de las autoridades consulares de Perú.
  4. Caso #TengoDosMamas, considerado lesbofobia ya que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se niega a registrar a Jenny Trujillo y Darling Delfín en el DNI de su hijo como sus madres pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.
  5. Crímenes de odio contra las mujeres trans trabajadoras sexuales Ruby y Priscila.
  6. Discriminación y violencia institucional contra mujeres lesbianas en Arequipa.

Recomendaciones y peticiones

Además de brindar contexto y marco legal a cada caso, la sentencia aporta recomendaciones detalladas a las instituciones implicada con el objeto de garantizar la reparación de las víctimas y prevenir posibles delitos y aporta las siguientes peticiones (extraídas del texto íntegro de la sentencia).

  • “Tutela jurisdiccional internacional ante la vulneración de derechos cometidos por el Estado peruano en perjuicio de Azul Rojas y Crisssthian Olivera“.
  • “El Tribunal declara que Olga Izquierdo desarrolló actos de discriminación que se encuadran en el tipo penal “discriminación e incitación a la discriminación, comprendido en el artículo 323 del Código Penal (peruano), cuyo bien jurídico protegido en la igualdad”.
  • “Existen diversas vulneraciones en el caso que involucra la muerte de Rodrigo Ventocilla y las afectaciones a Sebastián Marallano. (…) Las autoridades no adoptaron las medidas cautelares necesarias para evitar la muerte de una persona trans y “se cometió una gravísima vulneración a los derechos humanos de los esposos peruanos que se encontraban fuera del territorio nacional en situación de vulnerabilidad, debido a la falta de protección jurídica de sus identidades en el país de origen”.
  • Caso #TengodosMamas: “Se exhorta a la CIDH para que resuelva con celeridad la petición de Darling, Jenny y su hijo, en relación a que se cumplen los criterios de priorización señalados en la Resolución 4/23, en un contexto de lesbofobia agravada en el Estado y la sociedad”.
  • “El Tribunal declara al Estado peruano responsable de los crímenes de odio cometidos contra mujeres trans trabajadoras sexuales por la vulneración a los derechos a la vida y no discriminación, derecho a la vida, derecho a la vida libre de violencia, derecho a la integridad personal de Ruby, Priscila y sus familiares”.
  • “Hubo actos de discriminación y violencia institucional cometidos en contra de mujeres lesbianas de Arequipa por parte de la Municipalidad Provincial”.

Sobre el transhomicidio de Rodrigo Ventocilla en Bali, el Tribunal concluye que “la representación diplomática de Perú tiene responsabilidad directa a causa de la omisión de asistencia de personas en peligro, lo cual es un delito del sistema de justicia nacional (peruano). En este sentido se hace inminente la investigación y sanciones correspondientes de estas autoridades”, así como garantizar una reparación integral.

Los tribunales simbólicos forman parte de la estrategia de resistencia feminista y justicia restaurativa. Como parte de su estrategia, Entrepueblos trabaja en la defensa de “la libertad de vivir y expresar identidades disidentes, al margen de la heteronormatividad (sexual y de género) y contra la LGTBIfobia”.

Más información sobre Justicia Arcoiris.