Noticias relacionadas con nuestros proyectos de Cooperación en Centroamérica, Ecuador y Perú así como nuestras actividades por toda España y nuestros proyectos de Educación Emancipatoria.
Hoy se ha enviado al Comité CEDAW el Informe Sombra de Seguimiento al que se han adherido un total de 166 organizaciones. El informe, elaborado por la Plataforma CEDAW Sombra España así como las Plataformas CEDAW Sombra creadas en distintas CC.AA., es un trabajo de seguimiento de la evolución de las cuestiones sobre violencia de género y mujeres y niñas refugiadas, las cuales son objeto de seguimiento parcial, tal y como fueron señaladas por el Comité CEDAW al Estado Español en su examen de julio de 2015 (61ª sesión).
En este sentido, representa una síntesis de los elementos más relevantes que, a modo de balance, puede decirse que arrojan con carácter general un deficiente cumplimiento de las recomendaciones señaladas al Estado por parte del Comité CEDAW, por lo que la Plataforma da un suspenso al Gobierno (ver nota de valoración).
Las cuestiones referidas, corresponden a una selección realizada por el Comité CEDAW (artículos 21.a, 21.b, 21.f y 37.c) del Informe de Observaciones Finales del Comité CEDAW, en las que se solicita al Estado Español que dé cuenta de cómo ha avanzado para aplicar sus recomendaciones en este período intermedio entre informes. Las recomendaciones cuya aplicación se analiza son las siguientes:
21.a) Revisar su legislación sobre la violencia contra la mujer en vigor a fin de que incluya otras formas de VG, por ejemplo, la violencia ejercida por cuidadores, la violencia policial y la violencia en espacios públicos, lugares de trabajo y escuelas.
21.b) Disponer cursos obligatorios para los jueces, los fiscales, los agentes de policía y otros agentes del orden sobre la Convención y su Protocolo Facultativo y sobre la estricta aplicación de las disposiciones penales relativas a la violencia contra la mujer, y sobre procedimientos que tengan en cuenta el género para entrevistar y tratar a las mujeres que son víctimas de violencia.
21.f) Recopilar datos estadísticos sobre la violencia doméstica y sexual desglosados por sexo, edad, nacionalidad y relación entre la víctima y el autor.
37.c) Proporcionar tratamiento adecuado a las mujeres y niñas solicitantes de asilo con necesidades específicas y adoptar una perspectiva de género a la hora de elaborar programas de asistencia.
Este 28 de septiembre volveremos a salir a las calles para ¡DEFENDER EL DERECHO AL ABORTO¡
Nos solidarizamos con todas las compañeras que, en todos los países del mundo, están luchando como nosotras para que la interrupción libre del embarazo sea reconocida como un derecho de todas las mujeres.
Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Malta, Nueva Zelanda, Panamá, Papúa Nueva, Guinea, Filipinas, Polonia, República de Corea, Samoa, San Marino, Gibraltar, Estados Unidos y podríamos seguir con la larga lista de gobiernos que no garantizan el derecho al aborto de las mujeres en sus territorios. Cada año mueren 47,000 mujeres alrededor del mundo, según la OMS, debido a complicaciones relacionadas con abortos inseguros; otras más son criminalizadas o encarceladas. Miles de mujeres abortan cada año dentro y fuera de la legalidad.
Mientras, los gobiernos se derechizan y actúan bajo influencias religiosas, en Estados autodenominados laicos, y las sociedades lejos de avanzar retroceden, las feministas resistimos y luchamos por nuestros derechos fundamentales. Por nuestra autonomía, nuestra libertad y nuestro derecho a decidir. Para que en todos los territorios del mundo abortar forme parte de los servicios nacionales de salud y fuera del código penal, por la salud y la vida de todas las mujeres, para acabar de una vez con la criminalización que sufren miles de mujeres. NI MUERTAS, NI PRESAS, NI CLANDESTINAS. ¡NOS QUEREMOS VIVAS Y LIBRES!
Una vez más las mujeres feministas y diversas nos movilizamos, como forma de resistencia y de hacer visible esta lucha colectiva de muchos años, por el ¡DERECHO A DECIDIR SOBRE NUESTRA SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN¡
El derecho a decidir supone el reconocimiento de las mujeres como personas moralmente autónomas, responsables, libres y sujetos de derecho al igual que el resto de la población.
Vivimos momentos muy importantes en la lucha por nuestros derechos, el pasado 8 de marzo millones de mujeres apoyamos los paros y huelgas internacionales feministas del 8M, o el pasado mes de agosto, cuando las mujeres argentinas movilizaron a más de dos millones de personas por la legalización del aborto, en una lucha que continúa, y ahora por que se haga cumplir la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas de todo el país, públicas y privadas, laicas y religiosas. Un derecho al que también nos sumamos.
Fotografia http://www.feministas.org
Educación sexual para DECIDIR. Anticonceptivos para NO ABORTAR. Aborto legal para NO MORIR
28 de Septiembre: #UnGritoGlobal por el #AbortoLegal.
¡Derechos sexuales y derechos reproductivos para todas¡
El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca.
Los abajo firmantes hemos dado seguimiento del caso del asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en tentativa de homicidio desde el día 2 de marzo de 2016. Nunca habían estado los reflectores de todo el mundo atentos a un acontecimiento como éste. Honduras ha estado en la lupa de la comunidad internacional y ha observado la cantidad impresionante de violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso así como violaciones a sus mismas regulaciones procesales.
Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala.
Una y otra vez el Ministerio Público se ha negado a presentar la información y los peritajes fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad, ha sido la regla de su actuación y esto merece una corrección ejemplar.
El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.
Por otro lado, los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución de este primer proceso judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima cuando es obvio que el actor fundamental como defensor de los Derechos Humanos es el colectivo indígena; además no han admitido la propuesta de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen y se niega a la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio. Nos preguntamos, ¿quiénes son los beneficiados de que no se conozca y evidencie en el juicio el contexto del crimen de Berta?
Nos preocupa además, el trato discriminatorio y racista por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra los miembros del COPINH que claman justicia y que ejercen su derecho a la verdad al presentarse a observar las audiencias y ser maltratados por su proveniencia. La observancia de las garantías para que el pueblo Lenca representado por el COPINH participe del juicio debe ser una prioridad entendiendo la trascendencia de este proceso.
El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.
El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Que en Honduras existe el Estado de Derecho y un Poder Judicial autónomo sin intereses más que la procuración de justicia, verdad y la garantía por los Derechos Humanos, por eso llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca. Esperamos que cumplan con ese deber y abonen a saldar la deuda con las víctimas de este condenable crimen.
Hoy, 17 de septiembre 2018, estaba por iniciar el juicio oral de las ocho personas imputadas por el asesinato de Berta Cáceres, quien coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hasta que le fuera arrebatada la vida el 2 de marzo 2016. Se suspendió tras la decisión del COPINH y la familia de Berta de interponer ante el Ministerio Público de Honduras una acción de recusación en contra del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
El juicio se iba a llevar a cabo hasta el 19 de octubre en la primera sala de juicios orales de este tribunal, pero el COPINH exigió un cambio de tribunal y el proceso solo podrá reiniciar hasta que el Ministerio Público resuelva el recurso. El COPINH tomó esta desición en respuesta a las múltiples irregularidades cometidas por dicha instancia de justicia durante todo el proceso previo al juicio y su falta de voluntad de juzgar a los autores intelectuales del crimen.
“Significa que rechazamos su accionar y su actitud para conocer de este caso y solicitamos que sea reemplazado por un tribunal que garantiza las condiciones para encontrar justicia en este proceso“, anunció esta mañana la organización en una conferencia de prensa en frente de las Salas de Juicios Orales (ver foto). “Exigimos que se haga justicia, pero no justicia a toda costa y no de cualquier manera”, insistió el COPINH, que percibe en el proceso de búsqueda de justicia para Berta Cáceres “la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reivindicación de la justicia con la verdad” y “de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de Derecho”. (ver el video de la conferencia de prensa aquí)
DESA Culpable
Como bien lo dice el COPINH, la causa de Berta, asesinada por defender al pueblo lenca y al río Gualcarque ante la construcción de la represa hidroeléctrica “Agua Zarca”, no es solo la de sus familiares y de la organización, sino la de las más de 200 personas asesinadas cada año en el mundo por defender sus territorios ante el avance del modelo extractivo y de organizaciones que trabajan por los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de las mujeres a nivel internacional. Es un ejemplo claro de la impunidad con la cual empresas criminalizan y asesinan a los y las que se oponen a su visión del “desarrollo” en complicidad con los gobiernos y las fuerzas armadas. Por ello, el COPINH lanzó en paralelo al seguimiento del juicio la campaña “DESA Culpable”, destinada a visibilizar la responsabilidad en el crimen de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), dueña del proyecto “Agua Zarca”.
A pesar de las evidencias que existen sobre la responsabilidad de DESA en el asesinato de Berta, las cuales han sido documentadas en el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) “Represa de la violencia” publicado en noviembre 2017, el Tribunal de Sentencias ha obstaculizado el camino hacia la condena de los autores intelectuales del crimen. El pasado 4 de septiembre, durante la Audiencia de Proposición de Pruebas, rechazó la solucitud del COPINH de llamar a testificar en el juicio a los miembros de la familia Atala Zablah, dueños de DESA, bajo el argumento que sus testimonios no iban a tener que ver con los hechos ocurridos el 2 de marzo 2016. “La justiciahondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa”, denunció el COPINH en un comunicado tras dicha decisión. El tribunal rechazó también la pericia de contexto social y políticopropuesta por el COPINH, la cual hubiera permitido evidenciar que el asesinato de Berta no fue fortuito sino que fue motivado por intereses políticos y económicos amenazados por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Además, se negó a considerar a los integrantes del COPINH como víctimas del crimen.
“Un tribunal que emite resoluciones pero no las hace cumplir, y así conduce a la indefensión, la impunidad y la falta de acceso a la justicia, es un tribunal que no goza, en perspectiva de las víctimas, de esa condición de imparcialidad e independencia que tiene que tener un tribunal”, explicó el abogado del COPINH Victor Fernández durante la conferencia de prensa de esta mañana. Como muestra de la falta de respeto del Tribunal hacia el COPINH y los familiares de Berta, a las 11 horas de este 17 de septiembre aún no había empezado el juicio previsto a las 9 horas, mientras había iniciado la audiencia de proposición de pruebas de otro proceso judicial, denunció el COPINH en Twitter.
Solidaridad feminista y popular
El COPINH instaló el campamento “Justicia para Berta Cáceres” afuera del Tribunal y desde ayer empezaron las muestras de solidaridad, con una acción de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Esta denunció a través de un comunicado “la importancia de denunciar públicamente los mecanismos y maneras en que actúa el poder patriarcal y racista de Honduras en los entramados de su poder criminal para intentar someter a las comunidades a través del asesinato de sus líderes como Berta”.
Esta mañana, a las comunidades que conforman el COPINH y están exigiendo justicia por su ex-coordinadora frente a la Corte Suprema, se sumaron compañeras afrodescendientes en el marco de Movilización de Mujeres indígenas y negras. Esta cuenta conla participación de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), la cual denunció en Twitter que “después de más de 30 meses del crimen se inicia juicio contra autores materiales de asesinato Berta Cáceres mientras el Estado aparentemente protege autores intelectuales, lo que ha desatado una campaña de revictimización”.
Poco a poco, se conformó un importante plantón afuera del Tribunal, pero a las 12h30, la empresa DESA envió un grupo de choque a confrontarse con integrantes del COPINH y OFRANEH. “Responsabilizamos a la empresa DESA y sus directivos de cualquier agresión en contra de nuestros compañeros y compañeras”, alertó el COPINH en sus redes sociales. (ver los videos de la denuncia aquí y aquí)
Una carrera contra el tiempo
Ahora que el juicio fue suspendido, el Ministerio Público tiene muy poco tiempo para resolver el recurso e iniciar un nuevo proceso en otro tribunal, ya que el 5 de noviembre se vence la detención preventiva de 4 de los 8 acusados que iban a ser juzgados a partir de hoy. Los 8 acusados son: Sergio Ramón Rodríguez (exgenrente ambiental de DESA); Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército); Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Elvin Heriberto Rápalo; Henry Javier Hernández; los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza; y Óscar Arnaldo Tareas.
El día de hoy nos presentamos la familia de Berta Cáceres, los miembros y miembras de su organización, el COPINH, junto al equipo legal del MADJ a plantear nuestra postura frente al inicio del primer del juicio oral y público por el vil asesinato del 2 de marzo de 2016.
Desde los aciagos días de marzo de 2016, en los que supimos que manos criminales nos arrebataron la vida de nuestra querida Berta, hemos denunciado que esta muerte no ha sido un hecho fortuito sino el resultado de una amplia serie de crímenes contra su persona y el COPINH por su labor de resistencia en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
A lo largo de estos 2 años y medio de lucha nos hemos enfrentado a la tarea de buscar la justicia en medio de las circunstancias más adversas y aún así hemos podido develar la existencia de una estructura criminal detrás de esta muerte.
Una estructura que persiste en la actualidad y que se muestra activa en los ataques contra el COPINH con la incorporación del bufete Amsterdam & Partners mediante su campaña de difamación y estigmatización contra el COPINH y la causa de Berta Cáceres.
En estos hechos, el tribunal de sentencia que conoce el caso ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constitutiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad.
Por lo tanto, en este momento, a través de nuestros representantes legales del MADJ hemos interpuesto una acción de recusación contra el tribunal de sentencia de la sala primera, lo que significa que rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso.
Asumimos la tarea de búsqueda de justicia no solamente con el ánimo de encontrar justicia para el caso del vil crimen contra Berta Cáceres, sino entendiéndolo como la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reivindicación de la justicia con la verdad. Como la oportunidad de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de Derecho.
Exigimos justicia, pero no a toda costa ni de cualquier manera.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 17 días del mes de septiembre de 2018
Comunicado de la Misión internacional de observación
Madrid/París/ Ottawa/ Ciudad de Quebec/ Washington/ Los Ángeles/ Ciudad de Guatemala/ San José/ Tegucigalpa/El Progreso, 13 de septiembre de 2018.- Quince organizaciones internacionales y nacionales; personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Esto, para garantizar que el primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca, y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, se desarrollen de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna. Este primer juicio tendrá lugar del 17 de septiembre al 19 de octubre de 2018 en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa.
“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos,” señalaron las organizaciones que conforman este grupo. Estas valoraciones se hicieron llegar al Presidente de la Corte Suprema de Honduras, anunciando la conformación de dicha misión.
Berta Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 2 de marzo de 2016, en su casa en La Esperanza, en el departamento de Intibucá.
Además del territorio, ella defendía los derechos culturales de los pueblos indígenas, y el campesinado, así como los derechos de las mujeres. Fue una destacada lideresa social, que en 2015 recibió el Premio Goldman, máximo galardón para quienes buscan preservar el medio ambiente.
A raíz de su lucha y su labor de defensa, Berta Cáceres fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización y criminalización, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares desde el año 2009.
“En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales”, agregaron las organizaciones que conforman la Misión.
Durante la misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales; fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.
En este sentido, las organizaciones que formamos la Misión de Observación hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que permitan un correcto desarrollo del proceso, apegado a derecho y en consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido Honduras. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras está en el foco de atención de la comunidad internacional.
Canadá: Abogados Sin Fronteras Canadá
Canadá: Amanda Ghahremani, Centro Canadiense Para la Justicia Internacional
Colombia: Reynaldo Villalba, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Regional: Francisca Stuardo, CEJIL
España/Francia/: Mikel Cordoba, Observatoire International des Avocats
Estados Unidos: Annie Bird, Guatemala Human Rights Commission – USA
Estados Unidos: Katharine Valencia, Due Process of Law Foundation
Estados Unidos: Joseph Berra, El Instituto de Promesa, Universidad de California Los Angeles
Estados Unidos: Lauren Carasik, National Lawyers Guild
Francia: Natalia Yaya, Federación Internacional de los Derechos Humanos
Guatemala: Francisco Soto, Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
Guatemala: Denis Martinez, Impunity Watch
Guatemala: Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunidad
Honduras: Dunia Pérez, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
Honduras: Wilfredo Méndez, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
Afirmando el fundamento en el derecho a un juicio justo consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y constatando la Resolución 60/147 de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos a un recurso y reparaciones; invocamos, el Artículo 9 (3) (b) de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU que reconoce el derecho de los observadores de los juicios: “[a] asistir a audiencias públicas, procedimientos y juicios para formarse una opinión sobre su cumplimiento con la legislación nacional y las obligaciones y compromisos internacionales aplicables”.
Organizaciones internacionales denunciamos negligencia estatal en el caso de Berta Cáceres
Tegucigalpa, 27 de agosto de 2018.- Organizaciones internacionales expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.
Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles, computadoras e incluso armasy casquillos de bala. Sin embargo, 2 años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo haya dañado la prueba.
Esta situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres.
Hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentenciacon Competencia Nacional Territorial en Materia Penal le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de consecuencia legal.
Por su parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.
Esta serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática, violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y condicionan su búsqueda de verdad y justicia.
Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(…) asegurar que los familiares (…) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”.
Adicionalmente, según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las víctimas”.
En este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, en particular a los autores intelectuales.
Finalmente, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.
Organizaciones firmantes:
8th Day Center for Justice, 67 Sueños – Estados Unidos, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador, Amnistía Internacional, Asociación Nicaragua en Duesseldorf – ALEMANIA, Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania, Carea e.V – Alemania, Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala, Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Chinese Progressive Association – Estados Unidos, Climate Justice Alliance – Estados Unidos, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El Salvador, Collettivo Italia Centro América – Italia, Comité Campesino del Altiplano – Guatemala, Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) – Canadá, Common Frontiers – Canadá, Corporate Accountability Lab – Estados Unidos, Diakonia, Earthworks – Estados Unidos, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, Foro Honduras Suiza, Francia América Latina – Francia, Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso, Grassroots Global Justice Alliance, Grassroots International, Green Peace, Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos, HEKS/EPER, Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala, Human Rights Defenders Project – Estados Unidos, Indigenous Environmental Network, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras), Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación – Austria, International Service for Human Rights (ISHR), JASS Mesoamérica, Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Migrant Justice, “La Otra” Cooperativa – Guatemala, MISEREOR – Alemania, Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) – Estados Unidos, Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia – Alemania, OXFAM, Peace Watch Switzerland, Plataforma Urbana – Guatemala, Protection International, Red Comunitaria Guatemalteca – Canadá, Right to the City Alliance – Estados Unidos, Rights Action, Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala, Share Foundation – Estados Unidos, Southern Maine Workers Center – Estados Unidos, Todos por Guatemala – Canadá, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala, United Electrical Workers of America – Estados Unidos, United for Mining Justice – Canadá, UPROSE – Estados Unidos, Women’s Organizing Network – Estados Unidos.
COPINH: Comunicado de Prensa 22/08/2018
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a la familia de la compañera Berta Cáceres, nos hacemos presentes de nuevo ante la opinión pública para denunciar una vez más el pacto de impunidad que se cierne sobre la causa Berta Cáceres debido a las actuaciones del Ministerio Público de Honduras.
Como ya es sabido, hemos denunciado la falta de negación de acceso a la información por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, dirigida actualmente por el abogado Roberto Blend y en su momento dirigida por el abogado Roger Matus. Sin embargo, en esta oportunidad debemos denunciar la completa negligencia que podemos interpretar como un accionar dirigido a negar la justicia en este caso y el ocultamiento de la verdad por parte del Estado hondureño.
Después de que muy tardíamente, después de 4 órdenes judiciales y mandato expreso del Tribunal de Sentencia con fecha 27 de julio de este año, las fiscales nos responden a las interrogantes que hemos venido haciendo desde abril de 2017, con que no nos pueden brindar la información que hemos peticionado puesto que esta se encuentra en aparatos electrónicos y demás evidencia que el Ministerio Público NO ha procesado ni analizado.
¿Cómo es posible que una semana antes de la audiencia judicial en la que se supone que se expongan las pruebas para que se juzguen a 8 personas por el asesinato de nuestra compañera y madre Berta Cáceres, que el Ministerio Público nos venga a decir que ellos simplemente no realizaron el análisis de la información que puede darnos detalles de lo sucedido con la persecución y asesinato de Berta Cáceres?Esto es inadmisible en cuanto a que la información que las fiscales no han procesado responde coincidentemente a los aparatos recolectados en los allanamientos a el Mayor del Ejército de Honduras Mariano Díaz Chávez, el empleado de la empresa DESA Douglas Bustillo, así como lo realizado en las mismas oficinas de la empresa DESA. Elementos de prueba, contenida en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles y computadoras
Estas actuaciones corroboran las denuncias del COPINH sobre la falta de confianza de parte de las víctimas de las investigaciones del mismo Estado que propició la muerte de Berta Cáceres.
Debemos resaltar que las autoridades de Honduras y de la embajada de Estados Unidos en Honduras tienen responsabilidad en las irregularidades en este proceso judicial debido a su apoyo irrestricto al Ministerio Público y la negación de una investigación internacional y deben asumir sus responsabilidades en esta situación y satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.
Ante lo anterior, exigimos:
Que se garantice el análisis y extracción de toda la información contenida en los aparatos electrónicos producto de las diligencias del MP que permitan develar la verdad y se garanticen todas las condiciones del acceso a la información.
Que las autoridades responsables del Ministerio Público, encabezadas por el Fiscal General Óscar Chinchilla se responsabilicen por la falta de debida diligencia y el acceso a la información y el debido proceso en general.
Que la comunidad internacional en un caso emblemático como este, se pronuncie y exhorte a que se den las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso judicial.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 22 días del mes de agosto de 2018.
El pasado 22 de agosto, a través de la valla de Ceuta, accedieron a territorio español 116 personas migrantes y refugiadas. El Ministerio del Interior confirma que al día siguiente estas personas habrían sido devueltas a Marruecos mediante la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992. Este Acuerdo, hasta el momento, no había sido aplicado sino de forma muy incidental y marginal para la devolución de personas interceptadas en algunos de los islotes de soberanía española cercanos a las ciudades autónomas de Ceuta y MelillaLas entidades abajo firmantes nos vemos en la obligación de criticar duramente dicha forma de proceder por las siguientes razones:
1. El Acuerdo de Readmisión de 1992 no supone ninguna base jurídica distinta de la establecida en la legislación de extranjería para acordar el retorno de cualquier persona que se encuentre bajo la potestad de las autoridades migratorias españolas. Es un mero instrumento jurídico para posibilitar la ejecución de una previa decisión de retorno a Marruecos adoptada por las autoridades españolas. Por tanto, cualquier persona que sea entregada a las autoridades de Marruecos en aplicación de este Acuerdo debe haberlo sido tras la tramitación de alguno de los procedimientos previstos en la legislación de extranjería (en este caso, el procedimiento de devolución) en el que han debido observarse todas las garantías previstas legalmente. Entre esas garantías se incluye los derechos de asistencia letrada, de intérprete y a someter la decisión a revisión judicial. En el marco de este procedimiento, además, han debido poder identificarse situaciones de especial vulnerabilidad susceptibles de tutela e impeditivas de la ejecución de la decisión de retorno como son la minoría de edad, potenciales solicitantes de protección internacional o víctimas de trata de seres humanos. La inusitada celeridad con que se han desarrollado estos procedimientos permite cuestionar que dichas garantías se hayan satisfecho materialmente y, en consecuencia, la legalidad del procedimiento.
2. El Acuerdo de Readmisión establece, a su vez, un detallado procedimiento para la ejecución de la decisión de entrega que implica obligaciones recíprocas para las autoridades de España y Marruecos. Como obligaciones formales se establecen (i) la necesidad de una solicitud formal en que se hagan constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requirente, así como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo; y (ii) la aceptación que debe quedar documentada mediante la expedición por las Autoridades de Marruecos de un certificado o de cualquier otro documento en el que se hace constar la identidad y, en su caso, la documentación poseída por el extranjero en cuestión. Nuevamente, la celeridad con que se han desarrollado estos procedimientos y la experiencia de la general ausencia de documentación personal de estas personas permite también cuestionar que estas obligaciones se hayan cumplimentado materialmente y, en consecuencia, la legalidad del procedimiento.
3. El Acuerdo de Readmisión también establece una específica garantía material que condiciona cualquier entrega a las autoridades de Marruecos, como es que España se asegure de que “los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su viaje” (art. 5). Difícilmente Marruecos está en disposición de poder dar cumplimiento a esta exigencia ni España podría hacer frente a su compromiso asumido internacionalmente de que pueda asegurarse de que estas personas son retornadas a sus países de origen. Nada parece apuntar a que Marruecos y España pueda garantizar que estas personas no quedan varadas en territorio marroquí, donde sus derechos son sistemáticamente vulnerados.
4. Son numerosas y reiteradas las denuncias de organizaciones sociales e internacionales sobre el trato recibido por los migrantes en Marruecos. Específicamente, el Comité Europeo para la prevención de la tortura en su Informe al Gobierno español sobre la visita que realizó dicho Comité a España en 2014 [CPT/inf (2015) 19] afirmó en su apartado 54 que “teniendo en cuenta el riesgo de malos tratos infligidos por los miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes a los migrantes irregulares, devueltos a Marruecos, la CPT recomienda que las autoridades españolas aseguren que ninguna persona es entregada a ellos”. Por tanto, siendo constatable esta circunstancia por un órgano del Consejo de Europa, también hay que afirmar que la entrega de estas personas supone una vulneración del principio de no devolución reconocido en el derecho internacional, europeo y nacional.
5. Con esta medida, el actual Gobierno desvela cuál es realmente su política migratoria. No sólo ha mantenido la petición de reenvío a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a la Sentencia que consideraba contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos las devoluciones en caliente, haciendo suyos los argumentos del anterior gobierno y contradiciendo sus críticas a la figura de los rechazos en frontera. Ahora, buscando una alternativa pretendidamente jurídica a este tipo de actuaciones, intenta implantar una suerte de “devoluciones en caliente en diferido” en que materialmente se mantiene la vulneración de derechos fundamentales que siempre han caracterizado a estas actuaciones.
Las entidades abajo firmantes, representativas de muy amplios y diversos sectores de la sociedad civil, denunciamos la huida hacia adelante que representan estas devoluciones en caliente en diferido no sólo por no respetar las garantías legales exigibles, sino también por suponer un paso más en la política de externalización de controles que tantos costos tiene en términos de derechos humanos –amén de las contraprestaciones económicas y políticas a Marruecos que el Gobierno debería desvelar-. Una política migratoria, en definitiva, que compromete la dignidad moral de nuestra sociedad y los principios humanistas en que debería asentarse, empujándonos por la pendiente de la barbarie.
Exigimos que el Ministerio del Interior haga público: (i) el número de abogados de oficio y de intérpretes que han actuado; (ii) número de funcionarios policiales que han actuado como secretarios e instructores de los diversos procedimientos; (iii) actividades desarrolladas para lograr la identificación de las persona y medios a través de los cuales se ha producido esa identificación; (iv) actividades dirigidas a identificar la existencia de situaciones de especial vulnerabilidad (menores de edad, solicitantes de protección internacional y de víctimas de trata de seres humanos) y resultado de las mismas; (v) listado de nacionalidades de las personas devueltas; y (vi) garantías aportadas por Marruecos de que no serán sometidos a malos tratos. Asimismo, solicitamos a los distintos grupos políticos que, en su labor de control de la labor de gobierno, exijan la mencionada información.
Finalmente exigimos una política de control de fronteras basada en el respeto a los Derechos Humanos, una profunda modificación de la ley de extranjería que garantice vías legales para la migración regular, la aprobación del reglamento de la ley de asilo que garantice el acceso al procedimiento de asilo en consulados, y que se ponga fin a los acuerdos de externalización de fronteras con terceros países que no garantizan los Derechos Humanos ni la protección de las personas en movimiento.
24 de agosto de 2018.
Almería Acoge – APDHA – Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes de Salamanca – Asociación Agar – Asociación Apoyo – Asociación Asdecoba – Asociación Valiente Bangla –
ASPM Madrid – Bienvenidxs Refugiadxs Toledo – Caminando fronteras – Campaña CIES No Valencia – Canarias libre de CIES – Caravana abriendo fronteras – Cáritas Española – Centro Pastoral San Carlos Borromeo – Colectiva feminista Moolaadé – Colectivo para la Paz – Convivir sin Racismo – Coordinadora de Barrios – Ecologistas en acción – Elin – Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte – Federación Andalucía Acoge – Federación SOS Racismo – Inmigrapenal – Iridia – Mundo en movimiento. #SickOfWaiting – Obrim Fronteres Castelló – Obrim Fronteres Valencia – Observatorio del Racismo Institucional- RAIN – Observatorio Samba Martine – Ongi Etorri Errefuxiatuak – Pacifistas Ciudad Real – Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca – Plataforma de ayuda a personas refugiadas Elche – PRODEIN – Red Acoge – Red Ciudadana de Acogida de Leganés – Red Española de Inmigración – Red Interlavapies – Red migrantes con derechos – Red Solidaria de Acogida – Senda de cuidados – Sercade – Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) – Tanquem els CIE – Territorio Doméstico – Valencia Acoge
Comunicado de denuncia sobre las batidas realizadas en Marruecos estos días contra migrantes subsaharianos-as
Nosotras, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las asociaciones civiles que trabajamos sobre las migraciones, hemos constatado en las últimas semanas, y en varias ciudades de Marruecos (concretamente en Fez, Nador, Tetuán y Tánger) violaciones flagrantes de los derechos fundamentales y de las libertades individuales y colectivas de personas de origen subsahariano por las fuerzas de seguridad marroquíes, que consisten en una campaña generalizada de entrada con violencia en sus hogares y en los locales de las organizaciones que trabajan en beneficio de las mismas, así como operaciones de desmantelamiento forzado de los campamentos, llevados a cabo por las fuerzas del orden, y arrestos arbitrarios seguidos de expulsiones colectivas y el desplazamiento masivo hacia las fronteras del este y el sur del país.
Estas intervenciones violentas golpearon por igual a todas las personas migrantes originarias del África subsahariana que se encuentran en el territorio nacional, incluso a aquellas que tienen permiso de residencia (llegando a separar incluso a algunos niños de sus madres), y que han visto sus propiedades, sus documentos y su dinero confiscados y/o destruidos.
Con este fin, nosotras, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y las asociaciones civiles que trabajamos las migraciones:
• Condenamos la violencia ejercida por las fuerzas del orden de la que las personas migrantes subsaharianas has sido víctimas y su devolución, alejamiento y expulsión, y que han causado numerosas víctimas entre muertos y heridos, en particular sobre los niños y las mujeres, y sobre las personas migrantes en general.
• Denunciamos el papel desempeñado por Marruecos haciendo de policía de la Unión Europea en la militarización de sus fronteras, así como la deportación de las personas migrantes que se encuentran en su territorio.
• Hacemos un llamamiento al gobierno marroquí para que respete sus compromisos internacionales en materia de garantía de los Derechos Humanos Fundamentales.
• Demandamos que el Consejo Nacional de Derechos Humanos asuma todas sus responsabilidades y cumpla con su misión, que es la de garantizar los derechos de las personas migrantes subsaharianas y la de ofrecerles de una vida segura y decente.
• Declaramos nuestra absoluta solidaridad con sus reivindicaciones, a la vez que les aseguramos que estaremos vigilantes para que les sean reconocidos todos sus derechos y sus libertades.
• Exigimos que se otorgue de forma sistemática a todas las personas migrantes el derecho a la absoluta libertad de residencia y movimientos.
La historia de Guatemala es la de la violencia y el terror. Ese pasado –cuando el control del Estado y de la sociedad lo tenían los militares y cualquier expresión de crítica y oposición era minimizado y eliminado a través de la desaparición, la tortura y la muerte–, se mantiene vivo y nos caracteriza como país.
Este fin de semana Juana Raymundo, enfermera y líder comunitaria Ixil de Nebaj, Quiché, integrante de Codeca y del Movimiento de Liberación de los Pueblos, fue asesinada. Su cuerpo apareció a la orilla de un río con señales de tortura. Una dirigente social joven a quien, como si nos encontráramos en las décadas de 1970 o 1980, se la llevó la violencia.
La muerte violenta de Juana Raymundo se suma a la de otros líderes comunitarios y campesinos asesinados durante los últimos meses en diferentes puntos del país: Luis Marroquín, Florencio Pérez, Alejandro Hernández y Francisco Munguía, todos de Codeca; y de Mateo Chaman, José Can Xol y Ramón Choc, del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
El asesinato de Juana Raymundo indigna y devela el fortalecimiento de reacciones violentas contra las expresiones sociales locales que exigen un cambio en la estructura económica del país. Actos criminales que son alentados y que también alimentan ese discurso hegemónico que justifica la muerte como opción para resolver conflictos y diferencias con argumentos tan poco humanos como el que afirma que “los matan porque en algo andaban metidos”.
No puede pensarse en delincuencia común como la primera opción en este caso, porque a Juana la mataron en uno de los departamentos con menos violencia en el país. Según la organización Diálogos, Totonicapán, Quiché, Sololá, Alta Verapaz y Huehuetenango son los departamentos que muestran la tasa más baja de homicidios. De hecho, de julio de 2017 a junio de 2018 en Nebaj se reportaron únicamente 3 asesinatos, con una tasa de 2.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. Fue en ese contexto social en donde el cuerpo de Juana fue utilizado por sus asesinos como un papel para enviar un mensaje de terror.
Así, mientras el Ministerio Público no aporte información sobre las causas y los responsables de estas muertes, uno no puede pensar otra cosa más que los asesinatos de estos líderes comunitarios son perpetrados por estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo entre la gente para impedir que se organice, dialogue y emprenda la movilización política y social para alcanzar sus objetivos. Preocupa pensar, además, que puedan operar desde el Estado o bajo el amparo de él.
A Juana, al igual que a sus compañeros de Codeca, la mataron para callarla. Tenía claro cuáles eran las causas de la injusticia social y cuáles son los mecanismos que utiliza esta sociedad para incrementar la desigualdad entre la ciudad y el campo y entre indígenas y ladinos/mestizos para beneficio de una oligarquía corrupta y opulenta.
Además, por ser mujer e indígena, Juana estaba condenada a enfrentar más obstáculos para llevar una vida digna. La oficina del OACNUDH en Guatemala lo reiteró en informe de 2017 sobre la situación de los Derechos Humanos. Este país concentra uno de los peores índices de desarrollo del mundo. Muestra de ello es que el 60 por ciento de la población vive en la pobreza, concentrándose los más altos porcentajes de este flagelo social entre las personas que viven en el campo (ahí el 76.1% de las personas son pobres) y en los pueblos indígenas (79.2%).
Pero Juana, con sus dos décadas de vida, identificó el camino para la liberación de su comunidad y de su pueblo. Le apostó a la organización social y comunitaria para reiterar que las personas como ella, como todas, merecemos llevar una vida digna lejos de la miseria y con oportunidades de trabajo y de desarrollo y con acceso a los servicios sociales y recursos productivos. Dentro de Codeca era una de las encargadas de la formación política de los jóvenes para, tal como lo dijo su organización a la prensa, preparar a muchas Juanas.
Además de la organización social, Juana también le apostó a la vida partidaria porque este Estado, cuya población es diversa, impone una única forma de acceso a los puestos de poder público. Ella fue electa como integrante del comité ejecutivo municipal del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que pretende ser una opción partidaria organizada, desde la vivencia y conocimientos locales, en el proceso electoral de 2019.
Con estas características Juana sintetizaba el peligro para este sistema de exclusiones que se resiste a morir y que nuevamente echa mano, ya no solo de la criminalización de los liderazgos comunitarios a través del sistema de justicia, sino también de la violencia para desaparecerlos.
Juana Raymundo es ya un símbolo, no del martirio porque la organización social le apuesta a la vida, sino de la juventud que necesita este país. Por ello es imprescindible que el MP dé respuestas sobre su asesinato y el de los otros dirigentes campesinos, porque mantenerlos en la impunidad sólo alienta la violencia y establece la represión y la persecución política como prácticas normalizadas.
“Cuando nos organizamos a defender derechos, porque eso es parte del compromiso cristiano porque Jesús lo hizo y por eso lo crucificaron, es cuando nos persiguen”, expresó Thelma Cabrera, dirigente de Codeca, durante el entierro de uno de los líderes campesinos asesinados. La organización es, precisamente, lo que pretende impedir el sistema cuando activa la violencia. Pero reconocernos, dialogar, ponernos de acuerdo y emprender el cambio es lo que permitirá modificar esta indignante realidad.
En el Boletín 69 Entrepueblos pudimos leer visiones y vivencias de la trayectoria de nuestra organización en estos treinta años desde su nacimiento, incluso algunas de la década anterior, de sus precedentes en el movimiento de solidaridad con América Latina. Pero ¿cuál puede ser el papel, la utilidad y, por lo tanto, el futuro de una organización como Entrepueblos a las puertas de la tercera década del siglo XXI?
La respuesta a esta pregunta será forzosamente el resultado de dos factores: las capacidades y limitaciones que heredamos de nuestra trayectoria, y el contexto en el que deberemos seguir actuando con dichas capacidades y limitaciones. Ambas cosas rebasan con creces las dimensiones de este artículo, pero vamos a tratar de hacer algunos apuntes.
Un contexto de crisis global
Lo más relevante que podemos decir sobre el contexto en que nos encontramos es que se trata de una crisis sistémica global, una crisis civilizatoria. Hay quien limita sus alcances calificándola como crisis del sistema, o del capitalismo, pero, éste es un planteamiento parcial, ya que no son las clases más poderosas precisamente quienes están padeciendo sus consecuencias. Como dijo en su célebre frase el potentado Warren Buffet, a sus 84 años, “Hay una guerra de clases, y es la mía la que va ganando”. Ciertamente… y aunque ello suponga socavar las mismas bases ecológicas y sociales de la sociedad humana.
En verano de 2014 centenares de activistas sociales, entre ellas líderes recién incorporadas entonces a la “nueva política”, firmaron el manifiesto “Última llamada”, hoy, por desgracia, bastante caído en el olvido. En él se caracterizaba parte del significado de esta crisis:
“Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura, tecnólatra y mercadólatra, olvida que somos, de raíz, dependientes de los ecosistemas e interdependientes” (…) “Necesitamos construir una nueva civilización capaz de asegurar una vida digna a una enorme población humana, aún creciente, que habita un mundo de recursos menguantes” (…) “Pero esta Gran Transformación se topa con dos obstáculos titánicos: la inercia del modo de vida capitalista y los intereses de los grupos privilegiados (…) necesitamos una ruptura política profunda con la hegemonía vigente, y una economía que tenga como fin la satisfacción de necesidades sociales dentro de los límites que impone la biosfera, y no el incremento del beneficio privado”.
Un buen diagnóstico sino fuera porque en ninguna parte mencionaba un concepto fundamental que confiere su verdadera dimensión a la crisis de la que estamos hablando: este modo de vida capitalista al que alude es en realidad el modo de vida del patriarcado capitalista.
En palabras de Amaia Orozco(i), se trata de una crisis que va mucho más lejos de la crisis económica y financiera, “una profunda crisis multidimensional para referirnos, al menos, a tres cuestiones: a la crisis ecológica, a la crisis de reproducción social y a la crisis de los cuidados. La crisis ecológica abarca diversas dimensiones interconectadas: cambio climático, agotamiento de los recursos naturales, y colapso de la biodiversidad. Por crisis de reproducción social nos referimos a que el conjunto de expectativas de reproducción material y emocional de las personas resulta inalcanzable, pudiendo, a menudo, derivar lisa y llanamente en muerte, como ocurre con la crisis alimentaria. La noción de crisis de los cuidados afecta a una dimensión concreta de dichas expectativas de reproducción: los cuidados, implicando que los arreglos del cuidado son insatisfactorios, insuficientes, precarios y no libremente elegidos.”
A ello habría que añadir también la diferente forma en que impactan estas crisis en los diferentes pueblos y clases sociales, para el Norte global y el Sur global, como señalaba uno de los informes del Worldwatch Institute, “más de 1.700 millones de habitantes del planeta conforman la categoría global de la «clase consumidora». En el reverso de la moneda figuran los 2.800 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares al día” (…) “en este siglo, el apetito consumidor sin precedentes destruye los sistemas naturales de los que todos dependemos y hace aún más difícil que los pobres satisfagan sus necesidades básicas”.
Uno de los objetivos principales del manifiesto “Última Llamada” era influir y comprometer a la gente que en aquel momento se estaba incorporando a la política desde las nuevas plataformas ciudadanas acerca de la necesidad de que estos temas estuvieran en primer plano de sus agendas en caso de que accedieran a cargos electos. Desgraciadamente, sin entrar en los motivos, a la vista está que ésta sigue siendo una asignatura pendiente. Lo urgente a corto plazo sigue pasando por encima de lo más importante.
Es muy grave que a estas alturas del siglo las instituciones políticas y gobiernos sigan sin afrontar los compromisos políticos que demanda la crisis global en tantos ámbitos, pero es aún mucho más grave que desde la sociedad no les llegue una demanda atronadora al respecto. Y es que el principal obstáculo para que podamos hacer frente a retos como el cambio climático, la crisis energética, ecológica, o alimentaria, la extrema desigualdad, la crisis de los cuidados y la reproducción de la vida, física y social, no es tanto la falta de alternativas, como la falta de empoderamiento social frente a quienes dominan la economía y la política global: frente a las grandes empresas transnacionales y a las instituciones cooptadas por ellas.
¿Cómo es posible, por poner sólo un ejemplo, que a estas alturas del siglo XXI aún no se haya demandado a ningún gobierno o empresa energética responsables de lucrarse mediante el más grave crimen contra la Humanidad que supone y supondrá el cambio climático para centenares de millones de personas?…
Más allá de nuestras limitaciones. Alternativas desde el trabajo en red
Hoy, pues, no se nos ocurre ninguna misión más importante que hacer frente a este contexto. Y, a la vez, a nadie se le escapa que ésta es una tarea inmensamente mayor a las capacidades de una modestísima organización como la nuestra, compuesta por un colectivo de activistas sociales, una mínima estructura técnica, varios centenares de socias y socias que la apoyan, y, eso sí, una amplia red de vínculos de solidaridad con movimientos y organizaciones de nuestro país y de Abya Yala/América Latina.
Creemos que una de las claves está en, sin dejar de construir y mimar estos activos, mirar más allá. Tomar perspectiva y saber ver a Entrepueblos como una estrella que forma parte de una gran constelación social de colectivos con diferentes causas de transformación social, que se crean, se transforman, se acercan (y a veces de alejan), que alumbran movimientos sociales, que se interconectan con movimientos internacionales, que resisten y aportan experiencias y alternativas frente a las diferentes dimensiones de la crisis global.
Es esta constelación la que, en determinados momentos y en determinadas condiciones, puede reunir y organizar capacidades más significativas de trasformación social. Un ejemplo de ello lo hemos visto recientemente, con la huelga feminista, un movimiento surgido de una iniciativa del movimiento argentino “vivas nos queremos”, en tan sólo un año se ha globalizado y popularizado a través de las redes del internacionalismo feminista.
Por tanto, creemos importante saber trascender nuestras limitaciones con esta acción consciente en red, sentir como nuestra también esta identidad más amplia, intentar cooperar en su construcción y articulación desde nuestros valores y nuestras modestas capacidades. Apostamos por la cooperación, por la construcción y el cuidado de los espacios comunes, por alimentar la empatía, por la capacidad de gestionar las diferencias, por los liderazgos colectivos, incluyentes y feministas. Siempre hemos defendido que no se puede querer luchar contra el poder de las multinacionales y empeñarse en hacerlo a través de sus valores: la competencia o los protagonismos compulsivos más o menos disimulados, el cultivo de los micro-poderes o el desarrollo de las organizaciones como marcas.
En estos 30 años siempre hemos defendido la necesidad de incidencia política a la vez que la autonomía de los movimientos sociales en los que hemos participado o con los que hemos cooperado, tanto ante a las organizaciones políticas como ante las instituciones públicas, incluidas las que en algún momento podamos sentir como más cercanas.
“Podemos y debemos contribuir a reparar los “cortocircuitos” que el sistema produce en la solidaridad internacional, en la conciencia sobre la dimensión internacional de las causas, los efectos y las posibles alternativas de la crisis multidimensional que estamos viviendo.
Por eso es posible y necesario un abordaje multidimensional que integre los mecanismos de explotación, dominación y dependencia tanto en lo que respecta a los ámbitos de satisfacción de las necesidades sociales materiales, como a los ámbitos de la socialización y el cuidado entre las personas. Y que integre también la construcción de propuestas alternativas trenzando las fuerzas de emancipación. En todo esto también se requiere un análisis intercultural y el rescate de experiencias surgidas de otros pueblos y latitudes, no para copiar, sino para enriquecer nuestro propio camino hacia lo que los movimientos sociales en América Latina/Abya Yala, desde diferentes matrices culturales, denominan el “sumak kausay” (con-vivir plenamente) o el “post-desarrollo”(ii).
Compromiso social para rescatar la esperanza
Como decía Ramón Panikkar, no hay ninguna certeza de que otro mundo sea posible, pero sí la hay completa de que este es imposible. Para la gran transformación que necesitamos no basta con la liquidez de los “likes”, ni con seguir “tendencias”, ni con el márquetin social. No se trata de adaptarse a las pautas y modas de la cultura dominante, tampoco de desconocerlas, sino de transformarlas y de construir esa “contracultura” que se reivindicaba en Paris hace ahora 50 años. Se trata de la acción “en vivo”, localizada, en las calles, en los centros de trabajo, en los barrios y también en nuestras casas. Si, por muy “antiguo” que suene, se trata de la acción encarnada en el “aquí, en el ahora y en la colectividad”.
Acto contra la minería en la Cordillera del Cóndor, Ecuador
Se lo hemos escuchado al pueblo indígena nasa, de Colombia: “la palabra sin acción es vacía. La acción sin la palabra es ciega. La acción y la palabra sin el espíritu de la comunidad son la muerte”. También lo podemos decir en palabras de la filósofa Marina Garcés: “el compromiso es nuestra condición fundamental, nuestra forma de estar en la vida. Siempre estamos comprometidos en situaciones comunes, en todos los niveles: biológico, social, político (…). Desvincularnos de estos compromisos, romper los lazos con la condición común de la vida como problema, es cometer un acto de violencia. Comprometerse es una toma de conciencia, sí, pero no implica un posicionamiento mental, sino un posicionamiento con el cuerpo, con la vida, con los afectos”(iii).
Entrepueblos seguirá practicando y promoviendo esta concepción del compromiso social. Retejiendo la desconexión que nos impone la cultura del poder patriarcal, capitalista y neocolonial. Un compromiso “bifocal”, es decir, arraigado en lo local y, a la vez, internacionalista.
Frente a los abrumadores retos que supone este contexto de crisis global y, sobre todo, ante los poderes a los que nos enfrentamos, evocamos las palabras de Gustavo Esteva, uno de los fundadores de la Universidad de la Tierra de Oaxaca: “Esperanza es algo distinto de optimismo: no es un mero estado de ánimo. (…) Es eso lo que tenemos que recuperar: la esperanza de que por nuestra propia acción, desde abajo, en nuestras relaciones directas, acabando con las relaciones crueles y autoritarias en las que estamos envueltos, podemos, primero, detener el horror construyendo algo nuevo, y, segundo, caminar esos nuevos caminos en otra dirección”(iv).
A caminar colectivamente y a sentipensar esta esperanza nos auto-convocamos y os convocamos a los cientos de personas y a los muchos colectivos que, tanto desde aquí como desde Abya Yala/América Latina, nos han acompañado durante estos años y nos queremos seguir acompañando.
(i)De vidas vivibles y producción imposible, Amaia Orozco, en “No dejes el futuro en sus manos”, Entrepueblos, Barcelona 2012.
(ii)No dejes el futuro en sus manos. Cooperación solidaria ante la crisis del capitalismo global, Entrepueblos, Barcelona 2012.
(iii)La Ciudad siempre Ha sido refigio, entrevista a Marina Garcés, Barcelona Metrópolis, Barcelona 2015.
(iv)Es importante recuperar la esperanza como una fuerza social, entrevista a Gustavo Esteva en la revista Magis, Guadalajara (México) 2015.
“Venimos de lejos, tenemos una larga historia feminista, y un recorrido de muchos 8 de marzo tomando la calle, la plaza, la palabra con el propósito de subvertir el orden del mundo y el discurso heteropatriarcal, racista y neoliberal.”(http://www.feministas.org/convocatorias-8-de-marzo-2018-dia.html)
Escribo estas líneas para publicar en este boletín de conmemoración del 30 aniversario de Entrepueblos-Entrepueblos-Entrepobos-Herriarte con la necesidad de transmitir una fuerte convicción que hemos mantenido desde nuestros inicios, la capacidad de transformación social de los movimientos feministas, movimientos feministas transgresosores con las relaciones de poder capitalista y heteropatriarcal en los diferentes países y culturas.
Unos movimientos feministas que a partir de la experiencia más colectiva vivida en este siglo XXI de “crisis global” han empezado a hablar desde otros ámbitos de la complejidad y desafíos de lo que podemos denominar “conflicto capital vida”. Nos identificamos mucho con Cristina Carrasco cuando afirma que “La economía feminista apuesta por la vida humana, y no por el beneficio capitalista”(1)
Estos “saberes y formes de hacer” feministas se han visibilizado de forma clara este pasado 8 de marzo cuando millones de mujeres en todo el mundo hemos tomado las calles convocadas por las organizaciones feministas compartiendo un grito colectivo, indignado, reivindicativo y a la vez esperanzado. Redes formales y más espontaneas han trabajado durante meses generando fuertes vínculos y viviendo con intensidad este proceso colectivo y global. Mi reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres que tuvieron la iniciativa política y la determinación para impulsar esta forma de protesta #huelgafeminista, empezando por el Colectivo “Ni una Menos” de Argentina, cuya chispa en la primera convocatoria de 2017, prendió la llama en más de 170 países un año después.
Esta #huelgafeminista como escribe Justa Montero (2) ha constituido “una protesta global, claramente política, cargada de emoción y razón (dos elementos imprescindibles para la revuelta feminista), respondiendo a un llamamiento que exigía un cambio y cuyo impacto político, social y mediático está por valorar en toda su dimensión”. Las reivindicaciones feministas del #8M en las que participamos ponían en el centro las condiciones de vida concretas de las mujeres, nos sentimos interpeladas, apeladas a expresar los malestares acumulados por las injusticias que atraviesan nuestras vidas y la forma como la sociedad las trata: nos asesinan y nos agreden sexualmente; nuestras vidas son precarias y están atravesadas de injusticias y desigualdad; nos hablan de una igualdad engañosa y de unos cambios que nunca llegan; no hay lugar donde el machismo no marque nuestra cotidianidad manifestándose de muy distintas formas.
En estos 30 años de existencia nuestro acercamiento a otros continentes nos ha permitido conocer más en profundidad las realidades diversas y plurales de las mujeres. Hemos trabajado para que la agenda feminista fuese internacional, abordando los problemas específicos en cada territorio, los fenómenos o procesos internacionales que están en su raíz: el heteropatriarcado, el capitalismo, el neocolonialismo y el racismo. Nuestros aprendizajes en estos años van en la línea de trabajar para reforzar los múltiples lazos que unen las diversas luchas feministas para convertirlas en acciones globales.
En especial en América Latina las mujeres han protagonizado las movilizaciones sociales en contra de las empresas extractivas destructoras de vida, han sido criminalizadas, represaliadas y han dado la vida por la defensa del territorio y los bienes comunes. Es importante la solidaridad, la defensa y protección de las mujeres defensoras que se enfrentan a esta realidad desde una situación de mayor vulnerabilidad. Se les criminaliza no sólo por su acción activista, sino también por el quebrantamiento del rol que tradicionalmente se le atribuye a las mujeres al participar en la esfera pública. Las defensoras son, por ello, no sólo víctimas de la violencia política por el ejercicio de su trabajo, sino también de actos de violencia machista, abuso sexual y feminicidio por el hecho de ser mujeres.
Las políticas extractivas y el incremento de los megaproyectos en la región, el cierre de espacios democráticos y el aumento de la militarización son sólo algunos de los factores que han generado el aumento, en los últimos años, de la violencia ejercida contra las defensoras de derechos humanos en América Latina. Tal como decía Berta Caceres, activista feminista, ambientalista, lideresa de pueblos originarios de Honduras, cofundadora del COPIHN antes de ser asesinada el 2 de marzo de 2016, “no es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas”.
La feminización de la pobreza debida a un acceso sexuado a los recursos sociales y a la posición que las mujeres ocupan dentro del hogar. Hasta ahora la pobreza femenina, se había invisibilizado en los estudios sobre pobreza, que han tomado siempre como unidad de análisis el grupo familiar, lo que ha contribuido a mantener esta realidad oculta y diluida en la estructura familiar. Desde el movimiento feminista se empieza a nombrar, a investigar, a analizar, y lo que es más importante a luchar contra ella.
El conocimiento cercano de la inmigración, de las mujeres y los trabajos “de cuidado” que en los países de acogida están realizando, nos ha puesto sobre el tapete la situación de negación de derechos que tienen las mujeres migradas y la prioridad de esta lucha y de esta reivindicación. Hemos podido analizar cómo la globalización del cuidado se asoma como un nuevo fenómeno, del que se aprovecha el modelo neoliberal para perpetuarse a costa de las mujeres.
Seguiremos compartiendo deseos, sueños y acciones cotidianas con todas estas mujeres, de las que aprendemos cada día, como aportación de un proceso de apoyo mutuo para la construcción de una inteligencia colectiva común, local, global y antipatriarcal.
(1) Entrevista en la revista La Directa nº 380
(2) Dossier nº 92 «Visibilizando lo invisible». Economistas sin fronteres (2018)
Joana M. Perelló – Activista de la OT EPMallorca y vocal de la Junta Directiva
Siempre me he considerado una persona activa, comprometida y vinculada de una manera u otra con el mundo del voluntariado con la idea, muy personal claro está, de hacer las cosas pensando no sólo en mí misma, sino en los demás y en el mundo en que vivimos. Y en este compromiso siempre he tenido tendencia a inclinarme por los más jóvenes y por los más vulnerables, tanto desde mi activismo como desde mi profesión.
En mi caso, ser voluntaria y activista ha acontecido una opción de vida incluso antes de que yo misma fuera realmente consciente de ello. Tomando las palabras de J.Mújica, «abrazarme a la vida, abrazarme a una causa», forma parte de mi «mantra» personal que me reafirma día a día en mis convicciones y con mi manera de hacer y estar en este mundo. Porque si no es así… ¿qué hacemos aquí?
Entiendo que vivir, más allá de cubrir mis necesidades básicas, implica cuestionarme mi manera de estar aquí en perjuicio de otras personas y territorios, ser crítica con lo que pasa a mi alrededor, identificar y señalar las causas y los responsables que provocan las injusticias y denunciarlo. Es aprender de los pueblos originarios su extraordinaria capacidad de vivir en armonía con la Madre Tierra respetándola, cuidándola y buscando el bien común, es construir desde lo colectivo para generar redes de apoyo mutuo… y es intentar buscar por encima de todo la coherencia personal para llevar un estilo de vida lo más acorde posible con unas opciones de consumo éticas y responsables, tropezando de vez en cuando con contradicciones que hay que aceptar y superar para seguir avanzando.
Y fue en este deambular cuando nos encontramos allá por el año 2000 en Mallorca un grupo de jóvenes que veníamos de caminos distintos pero que compartíamos las mismas inquietudes de querer vivir de manera comprometida por un mundo más justo y que teníamos un nexo en común, una persona que nos unió y que fue un gran maestro para todos nosotros, José Manuel. Él, recién llegado de Brasil después de muchos años conviviendo con los más desfavorecidos y acompañando movimientos como el MST, con su carisma y entusiasmo y con su gran espíritu crítico, nos confrontaba con la realidad haciéndonos cuestionar siempre las cosas para no quedarnos meramente como observadores, y nos hablaba de aquellas personas que allá hacían parte de la «tribu de hombres y mujeres que desde lo cotidiano, trabajan para humanizar la vida y para cuidarla, protegerla, defenderla y promoverla donde sea más necesario…», personas que hacen parte de la comunidad de Pere Casaldàliga.
Nosotros queríamos buscar nuestra propia tribu aquí y la encontramos en Entrepobles. La carta de presentación fue Mª Gabriela Serra, quien entonces era la coordinadora de la organización, y que nos transmitió con su empuje y energía el mensaje de compromiso que se escondía detrás de esta asociación. Nos convenció esta manera de entender la solidaridad internacional desde la cooperación entendida como estrategia de trabajo y de apoyo mutuo entre personas, organizaciones y movimientos sociales, con una responsabilidad social y de restitución. Y además, con el valor añadido que desde cada uno de los territorios cada OT tenía autonomía propia para canalizar la participación. Así pues, nos pareció el espacio idóneo para continuar caminando juntos y en el 2001 nos constituimos como organización territorial de EP en Mallorca.
En nuestra primera etapa priorizamos constituirnos formalmente, cohesionarnos como grupo y sobre todo formarnos, siempre respetando el ritmo y la implicación que cada cual podía aportar. A la vez, también teníamos ganas de conocer desde más adentro las entrañas de EP: cómo trabajábamos al otro lado, con quién, cómo nos veían… Y así, el verano del 2003, tuvimos la oportunidad de viajar a Cuba a conocer de cerca algunos de los proyectos que acompañábamos en relación a educación, agricultura y sanidad. Fue una experiencia muy enriquecedora, tanto como grupo como por lo que supuso comprobar de primera mano como EP entendía la solidaridad y la cooperación, promoviendo modelos de desarrollo que partían de las necesidades y capacidades locales, siempre acompañando desde la horizontalidad y con el apoyo mutuo. Progresivamente nos adentramos más en la organización, participando de las asambleas anuales, conociendo a compañeros y compañeras de otros territorios, pidiéndoles qué hacían, cómo se organizaban… empezando a establecer lazos de amistad y complicidad.
También el hecho de presentar proyectos de cooperación a nuestras administraciones públicas, ha sido una manera de ir conociendo nuestras contrapartes en Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Perú… haciendo el seguimiento y asumiendo un papel activo. Y en estos últimos años, formar parte de las comisiones de trabajo de nuestro plan estratégico, participar de los encuentros anuales con las diferentes OTs y de las escuelas de verano… completan este camino. Camino que fue sacudido de manera repentina en el 2006 con la pérdida de nuestro compañero y amigo José Manuel. El grupo se resintió mucho pero teníamos claro que debíamos continuar con el legado que él nos dejaba y que hasta el último día nos animó a seguir.
Y así llegamos donde estamos ahora, donde tenemos un papel más activo formando parte de la junta directiva, espacio donde verdaderamente te das cuenta del qué, cómo y por qué de nuestra organización. Participar de las juntas es toda una escuela de aprendizaje donde se mezclan las generaciones, se aportan experiencias vividas y nuevas ideas, y todo combinado acontece un trabajo en equipo y compartido con los voluntarios más activos de los diferentes territorios, los cooperantes y el equipo de la oficina técnica.
Personalmente, después de haber vivido experiencias como la de Cuba, la de Brasil conociendo las gentes de los campamentos y asentamientos del MST en la zona de la periferia de Sao Paulo, el voluntariado de un año en Perú acompañando a comunidades afectadas por las actividades extractivas defendiendo su derecho a decidir sobre sus territorios como pueblos originarios y el empujón de estas mujeres batallando a primera fila para luchar por sus derechos, y más recientemente la vivencia de haber participado en la Caravana Abriendo Fronteras a Melilla para denunciar la vulneración de los DDHH de las personas en movimiento en Europa… me reafirman en el mantenimiento que la lucha y la defensa por nuestros derechos humanos y sociales no la podemos hacer solas, sino desde la mirada global y la acción local.
Por eso desde EP entendemos que para la verdadera sensibilización y para hacer incidencia social y política para transformar las causas que generan las injusticias, hay que trabajar desde redes locales, nacionales e internacionales. Y concretamente en Mallorca, esto lo hemos hecho siempre vinculadas con otras colectivos de nuestro territorio con los cuales compartimos objetivos comunes, como por ejemplo en el Foro Social de Mallorca y la Asamblea de Movimientos Sociales, en la Plataforma contra los Tratados de Comercio e Inversión, con la Red por la Soberanía Energética, con MBM para parar las prospecciones en nuestro mediterráneo… A la vez también damos apoyo colaborando en campañas relacionadas con la defensa del territorio frente al turismo entendido ya como otra «actividad extractiva» de este mundo occidental.
Y llegadas aquí, en el 30 aniversario de EP, casi diecisiete años después de habernos constituido en Mallorca, el grupo se ha mantenido y seguimos, cuidándonos unas a las otras, y manteniendo la firmeza del compromiso de seguir trabajando para transformar y denunciar este capitalismo depredador, resistiendo e impulsando un mundo en condiciones de justicia para todas. Tenemos claro que EP es el lugar, es el espacio desde donde podemos levantar la voz y visibilizar todas estas causas y luchas… Es donde queremos estar y seguir estando durante muchos años más…
La única ventaja que tiene hacerlo con tantos años de distancia es recordarlo con el pensamiento y las expresiones que usábamos entonces; eso sí, estoy escribiendo con ordenador y en aquel entonces, cuando EP empezaba a caminar, tecleaba con una máquina de escribir. Dicho esto, os haré cuatro pinceladas de dos temas: uno, de dónde venimos y por qué creamos una ONG y dos, las raíces de EP, humanas, organizativas y filosóficas.
Veníamos de los comités de solidaridad y de las coordinadoras locales y estatales. Desde la Revolución Popular Sandinista del 1979 y durante los años 80, principalmente, se crearon comités de solidaridad sobre todo con Nicaragua y, no tan numerosos, con los movimientos de liberación de El Salvador y Guatemala. Se formaron muchísimos, en barrios, centros de trabajo y sindicatos, pueblos pequeños y grandes; y se tejió una red impresionante que invitaba a la coordinación y las campañas conjuntas. Eran pueblos amigos luchando por un mundo mejor, y nosotros queríamos estar a su lado, e incluso, bastante gente trabajamos allí: un año, dos, tres, o en brigadas internacionales de verano. Conocíamos el territorio, los paisajes, a mucha gente; nosotros íbamos y muchas personas de allá vinieron también.
Entendíamos la solidaridad internacional como la causa común, la amistad y el hermanamiento entre pueblos que luchan por la libertad, como el apoyo mutuo a las luchas por la liberación popular, como el acompañamiento a los movimientos revolucionarios, sobre todo de América Latina.
Recuerdo el local de la coordinadora catalana, austero y humilde, siempre llenísimo de gente y de humo. Recuerdo el local de la coordinadora estatal donde durando unos años nos encontramos casi cada mes gente de todas partes. Recuerdo las campañas «100 millones para Nicaragua!» y «Nicaragua tiene que sobrevivir», el concierto «Nicaragua Rock» que llenó el Palau Sant Jordi de Barcelona, las paradas para informar y vender chapas o libros, las manifestaciones contra el imperialismo, las jornadas, los debates, el envío de brigadistas, la financiación de pequeños proyectos, las idas a la radio, los escritos en revistas… Queríamos con todo ello contribuir a romper el injusto orden económico internacional, el intercambio desigual, queríamos cambiar el mundo.
A medida que pasaban los años, otras instituciones se fueron añadiendo: por un lado, ayuntamientos que se juntaban con pueblos o ciudades –sobre todo niques–, y de otra, se formaban nuevas ONG en el momento en que en Nicaragua se creaba el Ministerio de Cooperación Externa para poner orden y dar prioridades a todos los proyectos que se financiaban con aportaciones solidarias; a la vez también aquí muchas administraciones públicas comenzaban a destinar recursos económicos para las ONG. Los comités de solidaridad no quisimos ser ajenos a esta nueva situación y decidimos hablar. Se creó una comisión en Catalunya para estudiar el tema, documentos arriba y abajo, discusiones en pequeños comités y en las coordinadoras: qué había pasado con los proyectos de la solidaridad, cómo podíamos acceder a más recursos y hacer un mejor seguimiento de los proyectos en marcha, cómo podíamos reforzar los dos ejes de trabajo: cooperación y sensibilización, contrainformación y denuncia.
Finalmente, la coordinadora estatal de solidaridad con Nicaragua, en noviembre de 1987, dio el visto bueno para crear una ONG solidaria. Las coordinadoras locales aportaron el dinero inicial para empezar la singladura y se decidió que una persona trabajara: era una responsabilidad enorme para mí. Los últimos meses del 87 ya habíamos encontrado un nombre –que reflejaba lo que queríamos ser– y redactado unos estatutos, que en diciembre del 87 entraron al registro de asociaciones.
Enero de 1988, Entrepueblos tenía una página en blanco para llenar, todo era nuevo y se tenían que empezar los fundamentos. No empezamos con proyectos, de ninguna forma, empezamos creando la entidad, la base organizativa. Buscamos personas para formar la Junta directiva –provenientes de la solidaridad y nuevas–, queríamos algunas de conocidas que nos abrieran puertas; J. M. Valverde aceptó la presidencia. La primera Junta era entusiasta y trabajadora. Nos reunimos a menudo. Impulsamos la creación de las comisiones de apoyo en todo el territorio: trenes arriba y abajo para hablar con la gente, para animar. Buscamos socias y socios fundadores por debajo las piedras; pensamos un logotipo que nos representase; redactamos los primeros trípticos para darnos a conocer, buscamos un pequeño local de referencia. Al cabo de unos meses empezamos a hacer las presentaciones públicas, la primera y colectiva en Madrid, en julio del 88 en un bar conocido. Todavía estaban con nosotros algunos compañeros que nos dejaron demasiado pronto: Anna Ros, del País Valenciano; Pepo Montserrat, de Aragón; Diamantino García, de Sierra Sur (Sevilla) y Fernando Salas, de Madrid. Más trenes arriba y abajo: Sevilla, Valladolid, Redondela, Murcia, Albacete, Granada, Burgos y un largo etcétera, para crear las comisiones territoriales, para hacer presentaciones y, más adelante, para participar en mesas redondas y jornadas.
En segundo lugar profundizamos en el tema, qué es la cooperación solidaria, qué es la cooperación y la educación para el desarrollo. Teníamos que encontrar un discurso y un pensamiento propio. Leemos, nos reunimos con otros ONG y empezamos a viajar a Centroamérica. Como solidaridad conocíamos bastante los movimientos sociales de aquellos pueblos, colmo a ONG principiante en aquellos años, tuvimos que reconocer y conocer las ONG que serían nuestras contrapartes. Justo es decir que, no tanto en Nicaragua, pero sí en El Salvador y Guatemala, las ONG locales se constituyen al mismo momento que nosotros, allá también entendieron que una entidad constituida como organización no gubernamental tendría más posibilidades de canalizar recursos económicos.
En el primer viaje en Centroamérica el julio del 88 tuvimos la ocasión de reunirnos, por primera vez, con el Comité Nicaragüense de Solidaridad con los Pueblos (Patricia Elvir); con el Ministerio de Cooperación Externa (Lesbia Morales); con el Instituto de la Mujer; con la Oficina de Promoción y Desarrollo de la Costa Atlántica o con el Instituto de Reforma Agraria, la INRA; y también conocemos, entre otros, REDES, en El Salvador o la Iglesia de Guatemala en el Exilio. Curiosamente con estos últimos desarrollamos nuestro primer proyecto importante y enviamos las primeras cooperantes, médicas, a los campamentos de refugiados guatemaltecos en Quintana Roo, México, para formar promotores y promotoras de salud.
Y pensamos y escribimos mucho, muchísimo: documentos de debate, para las juntas, para las asambleas, para los boletines, para los trípticos y para las comparecencias públicas. Hablamos de comprender la situación política de los países donde trabajamos; hablamos que los proyectos impulsen la participación popular; hablamos de basarnos en unas relaciones entre iguales; hablamos de autoevaluarnos e ir mejorando progresivamente; hablamos de velar por nuestra autonomía y no permitir condicionantes de los portadores de recursos; hablamos de las tareas centralizadas y de las que no lo serían; hablamos de las clases populares, de las mujeres… y la lista sigue.
Enero de 1992, cuatro años después de poner la primera piedra, EP tenía casi un millar de socios y socias, unas comisiones de apoyo fuertes en todo el territorio peninsular, algunos proyectos en marcha, proyección pública y la mejor sustituta, Gabriela Serra, que hacía pocos meses que había vuelto de Guatemala y que no dudó en aceptar el reto. Y no olvidemos, está claro, Helena Porteros. Un abrazo a todo el mundo y mis felicitaciones por el trabajo hecho.
Tres décadas ya, desde que un puñado de gentes solidarias, agrupadas en la Coordinadora de Solidaridad con Centroamérica decidiéramos incursionar oficialmente en ámbito de «la cooperación al desarrollo». Y digo, con premeditación, «incursionar oficialmente » porque mucho antes de que las ONGDs irrumpieran en el escenario de la sociedad civil organizada, en tanto que las entidades especializadas en la cooperación al desarrollo ya, un sinfín de comités de solidaridad, venían acompañando a gentes y pueblos del llamado Sur: valientes gentíos alzados, con iniciativa, que ya andaban protestando y reclamando su derecho a una vida digna, pero sobre todo gentes y pueblos empeñados en la consecución de otros derechos más complejos, más transcendentales: el derecho a la libertad, a la justicia, a la soberanía….
Y de ahí que en nuestro breve pero preciso y conciso documento fundacional dijéramos: La necesidad de la solidaridad y la cooperación internacional va más allá de ser un gesto generoso y altruista por parte nuestra: ha de ser y es una obligación. La ética solidaria se convierte en una forma de situarnos ante el mundo con estricta justicia, de reivindicar que todos los derechos que pensamos son buenos para nosotros también los son para los demás, y la cooperación es una forma de retornar al Sur todo aquello que previamente se les ha robado o negado y además acompañarlos en su camino hacia la independencia y la mejora de vida. Y ello depende en buena parte no sólo de la capacidad de actuar a través de nuestras organizaciones, sino también de la capacidad de incidir que tengamos, de presionar efectivamente a las instancias gubernamentales para que establezcan relaciones políticas i acuerdos económicos en la línea de romper el injusto sistema de intercambios desiguales. Eran los tiempos en los que hablamos de Sur y Norte. Poco tiempo después descubriríamos que no hay norte sin sur y que cada sur tiene su norte…. que no hay pueblos pobres sino empobrecidos, que no hay pueblos ricos sino enriquecidos
Por ello y pese a lo que se podría creer nuestros inicios fueron no sólo fáciles y alentadores, sino además llenos de certezas que nos conducían sencillamente a acompañar el camino hacia la libertad que esos pueblos perseguían. Nuestro origen, la Coordinadora de los Comités de Solidaridad con Centroamérica, marcó una opción y un estilo de cooperar. Una opción basada en un fuerte compromiso internacionalista y en una clara opción antiimperialista. También marco la clara vocación centroamericana de Entrepueblos que centró sus esfuerzos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Nos propusimos dar voz a quien teniendo aportaciones que hacer tenía limitados sus espacios de divulgación. Intentamos no caer en la ignorancia de creer que sólo desde el «Norte» se elaboraba pensamiento y se aportaban alternativas. Porque fuimos constatando que quienes más padecen la exclusión integral cuentan con capacidad y logran hallar el tiempo para sus propias reflexiones. Por suerte esas gentes no andan dependiendo de las explicaciones, argumentos, análisis y propuestas políticas elaboradas por gentes del cínicamente llamado mundo desarrollado. Y aprendimos de ellas, aprendimos con ellas y nos tocó aprender también por ellas.
Aprendimos que las revoluciones populares ni siempre son victoriosas ni cuando lo son siempre logran mantener la victoria. Nicaragua y el sandinismo oficial nos partió el alma. Como descubrimos que hay acuerdos de paz que perpetuán la guerra entre empobrecidos y enriquecidos. El Salvador y Guatemala pusieron sobre la mesa la tremenda imposibilidad de ganarle el pulso al imperio, pero también evidenciaron el cinismo que envuelve el concepto paz y el concepto acuerdos. No hubo Acuerdos de Paz, sólo un desarme unilateral –las fuerzas armadas populares- y la imposición de una democradura auspiciada por los poderes económicos locales y internacionales.
Se imponía la globalización neoliberal. En menos de cinco años Centroamérica cambio: el sandinismo absolutamente quebrado, El Salvador y Guatemala dolorosamente pacificados. Ahí quedaron años de lucha, de esperanzas, de verdades como puños destruidas y de ilusiones como cielos desplomadas…
Pero también constatamos, algo que debíamos saber solo mirando nuestro propio pasado: que la tozudez del deseo de libertad y la terquedad en pro de la justicia es superior al miedo y a cualquier batería de terrores. Que los derechos de los pueblos ancestrales, los derechos de la tierra y a la tierra, la preservación de la madre tierra, la igualdad de derechos entre hombre y mujer, la opción por otros modelos de desarrollo, el derecho al mantenimiento de la vida, a la dignidad y al futuro…. siguen convocando gentes, siguen manteniendo el aliento para la lucha, siguen materializando la resistencia.
Ampliamos nuestra presencia en Centroamérica abrazando la lucha obstinada de sus pueblos indígenas contra el imperio del poder extractivista, como en Perú, Ecuador, Guatemala… pueblos alzados contra los macro proyectos energéticos en cualquiera de sus versiones, agrícola, mineral, eléctrica… destructores del futuro de sus comunidades, de sus gentes, de su futuro. Los «macro proyectos » hijos predilectos de los diversos y variados acuerdos comerciales de libre comerció entre los poderes neoliberales de los propios países y los amos de la economía mundial.
Y ahí seguimos cooperando, es decir, operando conjuntamente. Ya no solo para desbancar opresiones maquilladas de democracia sino también para desenmascarar a los nuevos agentes de la anticooperación, a los adalides del desarrollo. Para ejercer aquella compañía a la que nos abocaba la solidaridad haciéndonos transitar del indudable valor de la «generosidad de la ayuda» al rotundo termino de «obligatoriedad de la restitución». Pero ni mucho menos en la mera obligatoriedad de la restitución económica –que también- sino en nuestra complicidad para operar conjuntamente en el abordaje de las causas que provocan la pobreza, para cooperar en la lucha contra los instrumentos políticos y económicos de los que se sirve el sistema para imponerla.
En 30 años, ciertamente, han cambiado nombres, se han fusionado maldades, se han perfeccionado instrumentos de dominación… Pero también han surgido nuevos y potentes sujetos de transformación social acá y sobre todo allá: los pueblos indígenas, el campesinado alzado, las gentes disconformes y…. las mujeres!!! Esas defensoras de todos los derechos humanos habidos y por haber. Mujeres protagonistas y protagónicas, mujeres, mujeres, mujeres.
Van 30 años, ojalá no hubiera necesidad de seguir con la cooperación pueblo a pueblo. Las evidencias nos señalan que no estamos en esa tesitura. Así que seguiremos colaborando en este mientras tanto que conformamos todas las gentes que perseguimos un mundo donde igualdad, fraternidad, libertad y… feminismo, imperen por igual por doquier. Nacemos para ser felices, dice Pepe Múgica, orientémonos pues a construir la felicidad mundial.
GESTIONAR EL CONSENTIMIENTO DE COOKIES
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las galletas para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como por ejemplo el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este lugar. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones. POLÍTICA DE PRIVACIDAD / AVISO LEGAL / POLÍTICA DE COOKIESAceptarNoPolítica de privacidad
