Desde el pasado 2 de octubre, nos están llegando noticias muy alarmantes desde Ecuador, a raíz de que el presidente, Lenín Moreno, hiciera públicas las principales medidas del denominado “paquetazo”, con reformas en detrimento de los derechos laborales, recortes en la Administración pública y eliminación del subsidio a los combustibles, tras la firma de un acuerdo con el FMI y otras políticas económicas direccionadas a favorecer a las élites locales.
Ante estas medidas, han ocurrido hechos que trataremos de resumir, y que han desestabilizado el país dando lugar a una grave vulneración de los derechos humanos.
Tras este “paquetazo”, fue el gremio del transporte el que en un primer momento se organizó, saliendo a movilizarse a la calle. El Gobierno optó entonces por liberalizar los combustibles dejando en manos del Mercado los precios de la gasolina y al diésel, medida que implícitamente va asociada a la especulación y a la inevitable subida de precio de los alimentos y del transporte.
Estos hechos han causado un fuerte rechazo popular a nivel nacional, ya que constituyen un duro golpe contra el pueblo ecuatoriano, y sobre todo contra quienes históricamente se encuentran en situación de mayor desigualdad, injusticia y violencia: mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades, la clase trabajadora, etc.
Calles en diversas ciudades del país se han llenado de manifestantes en contra de estas medidas. Primero los transportistas, luego los estudiantes y el movimiento feminista, la izquierda política, las múltiples organizaciones sociales, así como el movimiento indígena, tanto que al Gobierno ecuatoriano se le ha ido de las manos y ha declarado el país en “Estado de excepción”.
Lideradas por los movimientos indígenas, cada vez más fuertes, se han organizado medidas sociales avaladas por la Constitución, vigente desde el 2008, que reconoce al Estado ecuatoriano como un Estado Plurinacional e Intercultural. El pueblo indígena ha declarado su propio “Estado de excepción” como forma de autonomía para tomar decisiones. Por otro lado, desde las comunidades y provincias de la sierra con mayor población indígena, tanto al norte como al sur de Quito, se han organizado movilizaciones masivas hacia Quito. Movilizaciones pacíficas que van avanzando, a pesar de la autorización por parte de los ministerios de interior y de defensa, de usar medidas de fuerza, como sacar tanques de guerra a la calle, tanto por el centro de Quito como a las afueras, tratando de impedir sin éxito el paso de las manifestaciones indígenas no violentas. El uso de la fuerza es totalmente desproporcionado, detenciones, criminalización, violación de derechos humanos.
Por otro lado, los gobiernos, actual y anterior, están tratando de politizar esta situación, en un cruce de acusaciones partidistas con el claro objetivo de polarizar a la población.
Una situación terrible que está enfrentando al pueblo contra el pueblo, siendo los grandes afectados por estas medidas.
Desde Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte queremos mostrar nuestra solidaridad con toda la población ecuatoriana y las organizaciones hermanas en estos momentos convulsos, ante lo que puede suponer un grave retroceso de los derechos sociales y económicos conquistados por el pueblo ecuatoriano en años, esperamos puedan alcanzar pronto una solución. Y lamentamos el posicionamiento del Gobierno español apoyando la actuación del Presidente Moreno y su Gobierno.
COMUNICADO DE LA CONAIE
https://conaie.org/
Una vez más las lógicas de explotación y concentración de la riqueza vigentes en nuestro país, recaen sobre la población, los territorios y la naturaleza.
En respuesta a presiones del FMI y utilizando una justificación aparentemente ambiental, el gobierno elimina los subsidios a los combustibles mientras las políticas oficiales promueven la expansión de la frontera petrolera, minera y de los agronegocios, que son actividades empresariales con graves responsabilidades frente al cambio climático, a más de ser beneficiarias de subsidios perversos disfrazados de apoyos a la industria que garantizan la impunidad de las empresas.
Qué otra cosa puede ser sino subsidios a estas empresas la flexibilización de los controles ambientales a sus operaciones, como son los permisos para deforestar, para utilizar agroquímicos de manera recurrente incluso mediante fumigaciones aéreas, utilizar ingentes cantidades de agua dulce para el procesamiento industrial y convertir los esteros y ríos en vertederos de desechos tóxicos. Sólo la quema del gas a través de mecheros en las zonas petroleras durante 25 años equivale a 5 millones de millones de dólares.
¿No constituyen subsidios la construcción de carreteras con dinero público o el despliegue de fuerzas policiales o militares para otorgar seguridad y protección sobre todo frente a conflictos con las poblaciones afectadas?
A pesar de que el paquete de medidas tomadas es presentado como necesario para enfrentar el déficit de los fondos fiscales, las empresas mineras mantienen enormes privilegios, como son, entre otras, la exoneración del impuesto a la renta por 10 a 15 años a partir de que generen ganancias, la devolución del IVA, la exoneración del impuesto a la salida de divisas, la exoneración del impuesto por ganancias extraordinarias, la libertad de operar desde paraísos fiscales.
Por su parte, la industria de la palma se beneficia de créditos preferenciales, de un impuesto al valor agregado tarifa cero para maquinarias y repuestos, tiene exoneración de pago del impuesto a la renta para nuevas inversiones en zonas fronterizas, y los exportadores de aceite de palma cuentan con la exoneración de pagos para la salida de divisas.
Las represas e hidroeléctricas gozan del subsidio entregado en agua, lo que provoca conflictos con las comunidades que por esta razón sufren vulneración de su derecho de acceso al agua para consumo y su soberana alimentaria. Con base en esta condición de privilegio, se planifica la construcción de alrededor de 200 hidroeléctricas.
Una de las medidas dispone bajar y simplificar el impuesto único al banano con el argumento de dinamizar al sector y generar empleo. Se pasa por alto que esta actividad se basa en el trabajo precarizado y que su modelo de producción es dependiente de insumos tóxicos y de la importación de maquinaria agrícola. En general, se expande la agricultura empresarial mientras se margina a los sistemas agroalimentarios sostenibles que alimentan a un 60% de la población ecuatoriana, poniendo en grave riesgo a la soberanía alimentaria del país.
Todo este modelo se asienta en mayor endeudamiento, venta anticipada de petróleo y regalías mineras. Por ejemplo, la deuda adquirida con China para adelantar los proyectos petroleros en el Yasuní, o aquella con las instituciones financieras internacionales que incluye fondos para garantizar el pago de la deuda externa y de laudos arbitrales. Estas deudas se pagan con la ampliación de la explotación petrolera y minera, y con medidas de ajuste como las tomadas en estos días.
Son éstos los subsidios que deben eliminarse porque profundizan el extractivismo y el agronegocio que implican más daños a los territorios de pueblos indígenas y campesinos y violación de derechos humanos y de la naturaleza.
En ningún país donde se han eliminado los subsidios a los combustibles fósiles, se ha reducido el consumo de combustibles y la tasa de emisiones. Ninguna cifra demuestra significativamente que con medidas económicas, fiscales o similares se haya detenido el calentamiento global. Por el contrario, se ha garantizado la impunidad para las empresas petroleras y otras altamente consumidoras de energía como la agroindustria y la minera.
¿Por qué no subir los impuestos a las empresas petroleras y mineras? ¿Por qué no exigir a Chevron Texaco que pague su deuda social y ecológica, calculada en más de 9 mil millones de dólares?
Con el alza del precio de los combustibles -y de los pasajes- el gobierno perdona los crímenes ambientales de los verdaderos contaminantes y pone la responsabilidad del cambio climático sobre los sectores populares.
La violencia que se expresa en estos días para aplacar la legítima reacción de la población frente a las medidas que se pretenden imponer a la fuerza es un reflejo de la que se vive en los territorios para imponer los proyectos extractivos y el agronegocio.
Exigimos el cese de la represión y la violencia de la fuerza pública a las expresiones legítimas de protesta y demandamos la derogatoria del decreto de excepción.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de protección de derechos humanos de NNUU para que designen una comisión de alto nivel que verifique lo que está pasando en nuestro país, y que permita detener la violencia que se está impulsando desde el gobierno con el fin de imponer el paquete neoliberal.
Exigimos que se pare la expansión de la frontera minera, petrolera y del agronegocio que está detrás de estas medidas.
Saludamos y agradecemos al movimiento indígena por su presencia en las calles. Sus luchas son y han sido la defensa del agua, los bosques, las semillas, la naturaleza. Nos enorgullecen esas raíces que cimentan nuestra cultura y nuestro país.
Fotos: AFP (extraída de la web (extraída de la web https://coordinadoraongd.org)
Les ONG i entitats socials catalanes volem expressar la nostra consternació i el més ferm rebuig per la resposta repressiva i indiscriminada amb la que el Govern equatorià està responent a les mobilitzacions contra les mesures econòmiques de caire neoliberal que ha anunciat.
Aquestes mesures responen al conveni signat amb el Fons Monetari Internacional el mes de febrer passat. El poble equatorià coneix perfectament les conseqüències de l’aplicació d’aquest tipus de mesures i com afectaran la seva qualitat de vida perquè ja les va patir els anys 90. Llavors la precarització laboral, l’empobriment i l’exclusió social van suposar l’empobriment més accelerat de la història d’Amèrica Llatina, empobriment que va afectar especialment a les dones que van emigrar de manera massiva.
Com a organitzacions socials volem expressar especialment la nostra solidaritat i la nostra proximitat amb el poble equatorià: amb les diferents nacionalitats del moviment indígena, les dones diverses de tot el país i a les organitzacions socials i sindicals. Ens solidaritzem amb la seva lluita contra les mesures d’austeritat, així com amb les seves demandes històriques per la defensa dels seus territoris i dels béns naturals. Donem suport a la seva crítica a un model econòmic extractiu que vulnera els drets de les nacionalitats i els pobles indígenes, que ens està portant a una crisi ecològica global. Defensem la legitimitat de les seves protestes alhora que denunciem la seva criminalització. Igualment volem expressar la nostra solidaritat amb els 25.000 equatorians i equatorianes que viuen a Catalunya i pateixen per les seves famílies i per la situació del país.
Rebutgem fermament el decret de l’estat d’excepció per part del Govern equatorià i la violència exercida a l’empar d’aquest, així com el control dels mitjans de comunicació. Aquest mecanisme de caràcter autoritari no sols vulnera drets fonamentals com la llibertat d’associació, manifestació, reunió, informació o la inviolabilitat del domicili, sinó que atempta directament contra el dret a la vida per la impunitat de les forces policials i militars en l’ús de la força i les detencions arbitràries sense garanties que s’estan produint, tal i com ens estan informant les nostres organitzacions sòcies. Destaquem com especialment greu la violència exercida per aquestes forces policials i militars nens i nenes, adolescents i gent gran, i aquella exercida en llocs protegits pel dret internacional en situacions de conflicte, com ara hospitals o centres de distribució de socors i ajuda humanitària.
Fem una crida al Govern de l’Equador per tal que posi fi de manera immediata a la repressió i treballi per generar les condicions necessàries per a l’establiment del diàleg entre les parts. Exigim finalment que el Govern espanyol actuï amb caràcter d’urgència i demani al Govern equatorià que garanteixi el compliment dels tractats internacionals en matèria de drets humans.
Foto: Celag.org (extraída de la web https://coordinadoraongd.org)
Mostramos nuestra consternación y rechazo a la represión indiscriminada que están sufriendo en Ecuador las personas que se manifiestan contra las medidas de carácter neoliberal que ha anunciado el gobierno.
Según datos del Defensor del Pueblo de Ecuador, 5 personas han perdido la vida, más de 500 han resultado heridas y casi 1.000 han sido detenidas.
Solo el fin inmediato de la represión y el establecimiento de un diálogo entre las partes puede garantizar la solución de esta grave crisis.
Como organizaciones de cooperación para el desarrollo, nos sumamos a LaFede.cat y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano: con las naciones indígenas, con las diversas asociaciones de mujeres, con las organizaciones sociales y sindicales. Rechazamos rotundamente la represión que el gobierno está ejerciendo contra miles de personas que se manifiestan frente las medidas neoliberales anunciadas; medidas fruto de un acuerdo firmado el pasado mes de febrero con el FMI. El pueblo ecuatoriano tiene memoria y recuerda las graves consecuencias que medidas de este tipo tuvieron sobre sus condiciones de vida en la década de los 90: empobrecimiento generalizado, precarización de las condiciones laborales, exclusión social; consecuencias especialmente graves para miles de mujeres que se vieron obligadas a migrar. Nos solidarizamos con las casi 500.000 personas ecuatorianas que viven en nuestro país; todo nuestro apoyo a sus familias.
Apoyamos las luchas históricas del pueblo ecuatoriano por la defensa de los bienes comunes, el territorio de las naciones indígenas y la protección de los recursos ante un modelo extractivo que nos ha llevado a la emergencia climática global.
Rechazamos la declaración del estado de excepción y la violencia ejercida por el gobierno. Un mecanismo que permite la represión de las manifestaciones, la suspensión del derecho de reunión y asociación, el control de los medios de comunicación o la detención arbitraria.
Llamamos al gobierno ecuatoriano a acabar con esta represión e iniciar un diálogo sostenido que permita acabar con esta grave crisis. Pedimos el gobierno español en funciones que actúe de manera inmediata y demande al gobierno ecuatoriano el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.