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Avancemos hacia acciones comprometidas con el clima

19 organizaciones de Valladolid piden al Ayuntamiento y a Turismoto el compromiso de un Pingüinos neutro en carbono.

Emplazan a sus organizadores a calcular la huella de carbono de esta concentración motera y elaborar medidas compensadoras a desarrollar en el municipio de Valladolid y un plan para su reducción.

 

Comunicado, 09-01-2020

Este estudio deberá realizarse para cada edición de la concentración motera Pingüinos y deberá proponerse, en línea con los objetivos de descarbonización de la Unión Europea de 0% emisiones en 2050, un objetivo de reducción de su huella de carbono de al menos un 15% para el año 2023 y un 30% para 2025

Los colectivos de Valladolid que recientemente han organizado en nuestra ciudad las acciones con motivo de la Huelga Mundial del Clima, junto a otras organizaciones, piden al Ayuntamiento de Valladolid y al club Turismoto que contribuyan a la lucha contra el cambio climático con el compromiso de garantizar un Pingüinos neutro en carbono ya en 2021.

Frenar el cambio climático es el principal desafío actual para gobiernos y ciudadanía, es decisivo para la continuidad de la vida y del planeta tal y como lo conocemos. El reto se nos presenta de manera integral en el día a día, fundamentalmente en las actividades industriales, pero también nuestra vida personal y nuestro ocio deben revisarse para conseguir que representen el menor impacto para el medio ambiente.

Estos colectivos consideran que el planeta necesita medidas más ambiciosas que pasan por una reconsideración a fondo del actual sistema socioeconómico, por supuesto también de los modelos de movilidad y ocio emisores de carbono, pero también que acciones como la que reclaman, son necesarias por sus efectos prácticos y de pedagogía social.

Para ello proponen que el Ayuntamiento de Valladolid y Turismoto encarguen a una entidad independiente y competente un estudio para calcular, compensar y reducir la huella de carbono de la concentración motera Pingüinos que considere todas las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas de forma directa e indirecta por la organización y desarrollo de este evento motero. Del mismo modo se debería evaluar la contaminación acústica para adoptar las medidas necesarias para su reducción a valores aceptables, como indican ya desde hace años las directivas europeas.

Los colectivos y organizaciones solicitantes son Juventud por el Clima/Fridays for Future, Extinction Rebellion, la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza de Valladolid (ACENVA), Anticapitalistas, Asamblea Ciclista, Asociación Cultural Ciudad Sostenible, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), ASEMA, CCOO, Asociación La Curva, Ecologistas en Acción, Ecopuce, Energética, Entrepueblos, Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, Greenpeace, Ingeniería Sin Fronteras Castilla y León, STECYL y UGT.

El cálculo del impacto generado a través de las emisiones de gases de efecto invernadero (huella de carbono) deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, el consumo energético de los desplazamientos de ida y vuelta de los asistentes desde sus lugares de origen, el consumo energético durante el evento en desplazamientos en todo tipo de vehículos y asistentes, el consumo eléctrico y de agua, el transporte de invitados, el alojamiento de los asistentes, el catering y la generación y tratamiento de residuos. Dicho cálculo se hará incluyendo todas las actividades del programa de la concentración motera (desfiles moteros, conciertos, etc.), así como de los patrocinadores, proveedores y suministradores.

Este estudio deberá señalar, asimismo, los medios necesarios para reducir el impacto ambiental del evento con medidas relacionadas con el transporte público, la minimización de desplazamientos, adecuados materiales, empleo de energías renovables, etc., así como para compensar aquellas emisiones cuyo impacto no se pueda minimizar o evitar, dada la naturaleza del evento -sería oportuno reflexionar sobre los efectos y necesidad de este tipo de ocio-, y ello con medidas compensadoras a desarrollar en el municipio de Valladolid y verificables también por la entidad independiente encargada de elaborar el estudio.

Se deberá garantizar que las medidas de compensación vayan dirigidas a la restauración de zonas degradadas y no a extensas plantaciones de monocultivos forestales, facilitando, por ejemplo, el Ayuntamiento superficies para ello. Se evitará la introducción de mecanismos de compensación que establezcan créditos e instrumentos de mercado basados en espacios naturales y zonas de alto valor ecológico.

Este estudio deberá realizarse para cada edición de la concentración motera Pingüinos, estando ya listo para la edición de 2021, y deberá proponerse un ambicioso objetivo de reducción de su huella de carbono de al menos un 15% para el año 2023 y un 30% para 2025, con el horizonte asumido por la Unión Europea y España de lograr la descarbonización de su economía en 2050 que para este evento proponemos se adelante a 2040.

Son ya muchas las administraciones, instituciones y empresas que calculan su huella de carbono, pero también son ya eventos de todo tipo los que realizan estudios sobre su huella y medidas compensadoras como, por ejemplo, los Premios Goya, la Feria del Libro de Madrid, el Festival de Vesos (Valencia), la carrera ’Fred Olsen Santa Cruz Extreme’ (Santa Cruz de Tenerife). Asimismo, eventos deportivos como la Formula 1 o la Eurocopa de 2020 serán también neutros en carbono.

  • Juventud por el Clima/Fridays for Future
  • Extinction Rebellion
  • ACENVA
  • Anticapitalistas
  • Asamblea Ciclista
  • Asociación Cultural Ciudad Sostenible
  • ARBA
  • ASEMA
  • CCOO
  • Asociación La Curva
  • Ecologistas en Acción
  • Ecopuce
  • Energética
  • Entrepueblos
  • Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado
  • Greenpeace
  • Ingeniería Sin Fronteras Castilla y León
  • STECYL
  • UGT

Comunicado sobre la devolución en caliente de Chafarinas

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte se adhiere al comunicado denunciando la devolución en caliente de 42 personas, el pasado 3 de enero, desde las Islas Chafarinas.

Súmate 📝 ADHESIONES COMUNICADO DEVOLUCIÓN CALIENTE CHAFARINAS 3 ENERO

 

COMUNICADO

En el día de ayer, tres de enero de 2020, un grupo de 42 personas migrantes, entre ellas veintiséis mujeres y dos niños de 3 y 4 años, llegó a la Isla Congreso del Archipiélago de Chafarinas de madrugada. Esa misma tarde, la guardia Civil ha realizado la devolución sumaria de las 42 personas migrantes. En esta ocasión el Gobierno de España ha permitido la devolución en caliente de menores y mujeres vulnerables

Actualmente, la Delegación del Gobierno de Melilla ha confirmado tal devolución, argumentando que la embarcación nunca llegó a pisar la Isla. Sin embargo, desde las organizaciones de Derechos Humanos tenemos constancia de que estas 42 personas llegaron a Chafarinas a la madrugada y que no fueron asistidas hasta que fueron devueltas a Marruecos, pese a que había personas heridas y “uno de los niños estaba muy enfermo”. 

Las organizaciones de derechos humanos firmantes consideramos que estamos ante una grave vulneración de Derechos Humanos. Una práctica ilegal como ha señalado el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en repetidas ocasiones. Vulnera también la propia disposición primera de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues las personas no han tenido acceso a letrado, ni a intérprete, ni se ha tramitado proceso administrativo de expulsión o devolución, incumpliendo las mínimas garantías que establece la normativa. El control de fronteras y la contención de flujos migratorios no puede en ningún caso incumplir la legalidad vigente.

Dada esta situación, exigimos el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas por vulnerar el derecho fundamental de toda persona que pueda ser objeto de persecución a ser informada de su derecho a pedir protección internacional o asilo. Y por tanto, exigimos que se lleve a cabo la correspondiente investigación por los hechos acontecidos.

Asimismo pedimos a la nueva coalición de gobierno que no olvide para su investidura que:

  • El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al Estado español por esta práctica en 2017, con una sentencia que evidenció la ilegalidad de las devoluciones sumarias y la imposibilidad de su cobertura a través de la disposición adicional décima incorporada a la Ley de Extranjería a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es urgente derogar esta disposición adicional y cesar esta práctica ilegal que viene realizándose en Frontera Sur desde 1995. Reclamamos además al nuevo gobierno que retire el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado ante la condena del TEDH. 
  • Respecto a los procedimientos llevados a cabo en frontera, reclamamos que en su ejecución esté asegurado un proceso con todas las garantías, centrado en el reconocimiento de las necesidades de las personas migrantes y basado en el principio de no devolución, recogido en los códigos internacionales y uno de los pilares de la Convención de Ginebra de 1951. 
  • Rechazamos la externalización de fronteras como política migratoria, con la que nuestros gobiernos pretenden delegar la responsabilidad de las vidas de las personas migrantes a los gobiernos de países de tránsito donde, en la mayoría de los casos, no se respetan los derechos de las personas migrantes.

3 de enero de 2020

INFO ➡COMUNICADO ORGANIZACIONES DEVOLUCIÓN CALIENTE CHAFARINAS

De la Comuna de Quito al estallido en Chile [2ª Parte]

Análisis sobre los estallidos sociales en Ecuador y Chile.
Segunda parte del texto de Raúl Zibechi  para el prólogo de un libro que se editará próximamente en América Latina.


👉🏽De la Comuna de Quito al estallido en Chile [Primera Parte]

Comprender el estallido chileno desde una mirada de abajo y a la izquierda, impone echar el ancla en Wall Mapu, madre de todas las resistencias. Luego, debemos seguir abajo repasando los movimientos de estudiantes secundarios, la ACES en particular, que movilizó cientos de miles en las calles, rompiendo la lógica dirigentes-dirigidos. Más recientemente, el movimiento de mujeres impactó con la ocupación de universidades poniendo en cuestión el patriarcado, no sólo en general, sino el que sufren cotidianamente en las casas de estudio.

Confieso que me molesta cuando dicen “Chile despertó”. ¿Quién estaba durmiendo? No el pueblo mapuche, por cierto. No los secundarios que desde el “mochilazo” de 2001 no han parado de desafiar al sistema educativo. Quisiera repasar brevemente estos movimientos porque sostengo la hipótesis de que el movimiento masivo de 2019 tiene antecedentes y son ellos los que explican lo que está sucediendo desde octubre.

El primer punto es la irrupción de la Coordinadora Arauco-Malleco en la década de 1990, que representa un parteaguas en la larga resistencia del pueblo mapuche. Más allá del destino final del levantamiento promovido por la CAM, debe reconocerse el papel que tuvo en el viraje de larga duración de un pueblo que encarna cinco siglos de luchas.

El pueblo mapuche contiene se estructura en torno a comunidades dispersas, recolectoras y ganaderas en sus orígenes, bien distintas de los pueblos de agricultores –como los andinos- que viven en comunidades concentradas formando pequeños pueblos o villas. La dispersión poblacional, es un dato mayor que configura desde las cosmovisiones hasta las resistencias.

Es el único caso de un pueblo que consiguió derrotar a los conquistadores, lo que le permitió durante siglos niveles de autonomía inéditos en América Latina. Esta extensa historia de autogobierno hizo que tanto el poder colonial como el Estado-nación fueran sentidos como externos al mundo mapuche, durante la mayor parte de su historia. Al poder criollo le fue necesario violentar la independencia política y cultural construida por todo un pueblo que se auto-reconocía como diferente al sur del Bio Bio. Esa violencia marca a fuego la conciencia mapuche.

Lo que los militantes mapuche “recuperan”, no son sólo territorios sino tradiciones y autoridades en resistencia, que fueron las hebras de un autogobierno que selló la autoestima colectiva. Lo que fue sucediendo a partir de los 90, es un encuentro del pueblo consigo mismo, una “alianza” entre longkos y weichafes, entre las autoridades tradicionales con aquella parte de la población que salió al mundo winka para conocer otros saberes. Pero es apenas la primera parte de la experiencia. La segunda, fundamental y decisiva, es el retorno a las comunidades, porque es allí donde se pone en juego un mestizaje imprescindible: saberes tradicionales conservados en la resistencia y saberes del “otro” mundo, del mundo de los opresores.

La Comunidad de Historia Mapuche y la Alianza Territorial Mapuche, así como el amplio entramado de organizaciones mapuche urbanas, de mujeres y jóvenes, enseñan cómo la etnia fue capaz de parir sus propios intelectuales, rompiendo la dependencia teórico-política con las academias y los partidos de izquierda.

Estamos ante un pueblo que ha sido capaz de crear esta realidad por sí mismo, desdoblándose y rearticulándose en un breve proceso de décadas que, sin embargo, concentra cinco siglos de saberes en resistencia. Esta es una de las riquezas mayores de este pueblo que pudo articular las artes de la resistencia de las comunidades con formulaciones “nuevas” (en la forma) como autonomía, anticapitalismo, control territorial, anticolonialismo y autogobierno.

Por las propias particularidades de la historia y la estructura societal, la insurgencia mapuche no concibe su auto-construcción como pueblo-nación en clave estatal, sino que apuesta a la creación de autonomías desde abajo. Hasta ahora, un sector fundamental no le apuesta a la corriente multicultural y plurinacional hegemónicas en América Latina.

Luego de la derrota de comienzos de la década de 2000, el movimiento mapuche vuelve a emprender nuevos rumbos, pero sin dejar de lado la rica experiencia de la CAM. En 2007 nace la Alianza Territorial Mapuche, en un período en el que surgen además otros colectivos integrados por jóvenes sin formar organizaciones tan visibles y estructuradas. “Esta organización –escribe Fernando Pairican en referencia a la ATM- era el resultado de una nueva generación de comuneros que eran niños cuando irrumpió la cuestión autodeterminista, pero que cumplida la mayoría de edad comenzarían a liderar el movimiento, retomando las prácticas, discursos y formas de hacer política de la CAM”7.

La firmeza ética de los militantes convirtió en realidad el aserto de la antropóloga aymara Silvia Rivera Cusicanqui, en el sentido de que el pueblo mapuche seguía “oprimido pero no vencido”. Sin esa entereza ética, las huelgas de hambre de las y los presos políticos, como las de 2006 y 2007-2008, que rompieron el cerco político sobre todo un pueblo con el involucramiento de sectores de la sociedad chilena que se mantiene hasta el día de hoy, no habrían tenido la repercusión que consiguieron.

El último capítulo de esta historia es la respuesta al asesinato de Camilo Catrillanca, hace apenas un año. Así como el asesinato de Matías Catrileo en 2008 forjó una nueva camada de militantes, el de Camilo está ampliando el horizonte de todo un pueblo. Lo realmente nuevo en el Chile actual, no es la lucha mapuche, un pueblo que lleva cinco siglos de pie, sino el involucramiento de nuevas camadas de jóvenes (y no tan jóvenes) en una pelea de larga duración contra un Estado genocida y terrorista.

El crecimiento del pueblo mapuche es palpable en los grupos de base, en la multiplicación de organizaciones mapuche y mixtas, en el notable crecimiento de las personas que hablan y estudian mapudungun, incluyendo muchos blancos o winkas. Una fuerza que nace de la tierra, de muy abajo, y que está resultando imbatible.

El principal azote del pueblo mapuche es el extractivismo forestal, al que protegen y defienden el Estado chileno y los sucesivos gobiernos desde 1990. Ese modelo tiene un límite: como señala un editorial de la página Mapuexpress, la dignidad de la familia y la comunidad de Camilo Catrillanca han supuesto “un fuerte remezón para mirar con mayor precisión histórica y política lo que está ocurriendo en el Wallmapu”, y ha generado “una poderosa ruta para el pueblo mapuche”8.

La resistencia mapuche enseña que los chilenos viven bajo un Estado racista que ejerce violencia colonial. Al pueblo mapuche y a sus organizaciones se les aplica la Ley Antiterrorista aprobada en 2008 por el gobierno “progresista” de Michelle Bachelet. El cuerpo policial Carabineros protege a los empresarios que ocupan tierras o agreden a las comunidades, mientras militarizan un territorio que ocupan desde hace un siglo y medio, como consecuencia de la guerra denominada “Ocupación de la Araucanía” (1860-1883).

Desnuda también el tipo de represión ejercida, con cuerpos especializados como el Comando Jungla, integrado con agentes entrenados en Colombia con el apoyo del Pentágono. El Estado chileno considera al pueblo mapuche como un enemigo a derrotar, por eso entrena sus fuerzas como el GOPE en países que tienen larga trayectoria en la guerra como Colombia.

No debe perderse de vista, por la actualidad que tiene, que la militarización y la violencia obedecen al modelo de acumulación por despojo o robo, que los zapatistas denominan con acierto como “cuarta guerra mundial” contra los pueblos, que busca convertir la naturaleza en mercancías. En esta guerra, los pueblos son un obstáculo para la valorización de capital, ya no un medio para la extracción de plusvalía.

Finalmente, debemos registrar la masiva reacción de la población chilena ante el asesinato de Catrillanca, con movilizaciones en por lo menos 30 ciudades, incluyendo las del lejano norte. En Santiago se contaron cien cortes de calle en noviembre de 2018, con barricadas y hogueras, durante horas, con cientos de vecinos. Miles golpearon cacerolas asomados a las ventanas, sobre todo en la periferia. En algunas zonas las movilizaciones se prolongaron durante 15 días.

El mundo mapuche rompió hace tiempo los límites territoriales y sociales donde pretendía confinarlos el Estado de Chile. Cuando miles de jóvenes blancos ondean la bandera mapuche en octubre de 2019 en toda la geografía chilena, en particular en Santiago, nos están diciendo que reconocen la autoridad moral y política de todo un pueblo que, con su resistencia, le ha marcado un camino de dignidad y autonomía a todas las que necesitan acuerparse con otras personas para resistir las opresiones.

La segunda corriente es el movimiento estudiantil. El punto de partida puede ser el “mochilazo” de 2001, las primeras grandes manifestaciones en democracia. El aspecto que quiero destacar, fue la creación de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), fruto de la ruptura con la Federación de Estudiantes Secundarios controlada por las Juventudes Comunistas de Chile. Sin esta ruptura, no hubiera existido un movimiento estudiantil como el que se conoció en 2006, con la movilización de los “pingüinos”, y en 2011 con el impresionante movimiento que atraviesa todo el país y moviliza camadas importantes de jóvenes.

En la revolución la “revolución pingüina” se paralizaron 400 colegios y unos cien se coordinaron con la movilización de 600 mil escolares, superando las marchas de 1972 durante el gobierno de Salvador Allende.

Lo sucedido en 2011 superó todas las experiencias anteriores. El año comenzó con una masiva y maciza resistencia en Punta Arenas, contra el aumento de los precios del gas. El movimiento fue tan fuerte que el gobierno debió negociar con la Asamblea Ciudadana de Magallanes y dar marcha atrás en los aumentos. En mayo más de treinta mil personas se manifestaron en Santiago contra el proyecto Hidro Aysén que busca construir cinco mega represas en la Patagonia, con el apoyo tanto del gobierno como de la oposición, sin consultas a la población. Nunca antes una acción de carácter ambientalista había reunido tanta gente.

Las acciones estudiantiles se iniciaron a fines de abril. El 30 de junio, 200 mil estudiantes marcharon por la Alameda. No había banderas de partidos, ni consignas uniformes, pero sobre todo no se dirigían ni al parlamento ni a la casa de gobierno como acostumbran hacer los sindicatos y partidos. En las semanas siguientes los estudiantes, sobre todo los secundarios, se tomaron el canal de TV Chilevisión en protesta por la forma como los medios trataron las movilizaciones. También ocuparon sedes de partidos políticos, la ultraderechista UDI (oficialista) y la del opositor Partido Socialista.

El momento más importante fue el 4 de agosto. La represión policial fue muy fuerte y se detuvo a 874 estudiantes. La población de todo el país se solidarizó con masivos caceroleos y marchas espontáneas en las principales ciudades convirtiendo la jornada en una “protesta nacional” como las que hubo contra Pinochet. Mujeres y hombres de poblaciones periféricas que no marchaban desde 1989, cuando “regresó” la democracia, volvieron a las calles y lo hicieren como suelen hacerlo los de más abajo: cantando, bailando, compartiendo bebida y haciendo que fiesta y protesta sean una misma cosa.

En junio se tomaron más de cien liceos, llegando por momento a 600 en todo Chile. La cuestión trascendió las masivas marchas para poner el acento en las tomas, lo que implicaba el control del espacio-tiempo educativo. En mi opinión, hay dos aspectos a destacar: una forma de coordinación como la ACES, que enseña una nueva cultura política sin dirigentes, horizontal y autónoma; y la continuación de los cursos bajo control estudiantil en varios liceos que abrió las puertas a la “educación otra”.

La ACES es una creación mayor del movimiento, ya que avanzó en la coordinación horizontal de miles de estudiantes y cien colegios tomados, en un espacio sin dirigentes y, por lo tanto, sin bases a las que dirigir. Miles de estudiantes experimentaron la lucha en base a otra cultura política, de carácter no patriarcal, no colonial y, por ende, no capitalista. Si queremos luchar contra el sistema, como señala la poeta negra Audré Lorde, no podemos hacerlo con las herramientas del sistema. Creo que esta experiencia fue trascendente ya que anticipa lo que sucede en 2019, en cuanto a formas de organización no jerárquicas, descentralizadas y comunitarias, y porque dialoga ( y dialogó realmente) con el pueblo mapuche.

La autogestión de liceos abre otra perspectiva. El amplio movimiento estudiantil que ganó las grandes alamedas, con manifestaciones de cientos de miles de jóvenes y con la ocupación de decenas de colegios secundarios demandando cambios en el sistema educativo, se ha ido sedimentando en la creación de unas 30 iniciativas de educación autogestionada en territorios populares. El nacimiento de las escuelas públicas comunitarias, marca un viraje de larga duración en la lucha educativa en Chile, ya que el movimiento pasa de centrarse en la demanda al Estado en la construcción de otra educación.

Los liceos autogestionados por la alianza entre profesores y estudiantes, fueron una primera experimentación de la “educación otra”. Las nuevas experiencias educativas se propusieron que las comunidades educativas se reapropien de los espacios educativos y la formación de sujetos críticos, conscientes y comprometidos para motorizar los cambios sociales9.

Los movimientos anteriores fueron cooptados por el poder o los partidos. Así sucedió con los pingüinos que fueron atrapados en los pasillos de La Moneda. El de 2011, fue domesticado (o intentó serlo) por dirigentes comunistas como Camila Vallejo, para engordar las bancas del partido. Unos y otras utilizaron la lucha como escaleras personales. Quizá por eso en 2019 no se ven banderas de partidos, síntoma de la profundidad del rechazo al sistema político chileno.

La tercera corriente que desemboca en 2019 es el movimiento de mujeres, que tuvo en 2018 su expresión más notable. Inicialmente, el movimiento parece formar parte del Ni Una Menos, que desde 2015 moviliza millones de mujeres, sobre todo jóvenes, en todo el mundo y en particular en América Latina. La reacción ante la brutal agresión a Nabila Riffo, agregó una cuota de dolor e indignación contra el sistema patriarcal de justicia, aterrizando las denuncias en casos muy concretos. Las reacciones de actrices y personalidades públicas, las movilizaciones en trono al 8 de Marzo y el Ni Una Menos, mostraron que el movimiento estaba ante una nueva oleada con amplia participación de mujeres jóvenes.

La coyuntura más importante se produjo en 2018, entre abril y julio, con la toma y movilización de 32 facultades y varios liceos. Las feministas y mujeres antipatriarcales (como se definen las mapuche), dieron un paso decisivo: pasaron de la denuncia contra el patriarcado, en general, a las denuncias concretas contra patriarcas que ejercían violencias, abusos y acosos en espacios bajo su control. Este paso de lo general a lo particular, hizo tambalear sólidos prestigios académicos, pero además mostró que ninguna autoridad, ninguna estructura, queda al margen de la cólera de las mujeres.

Creo que la profundidad del movimiento se evidencia en el paso de las masivas manifestaciones callejeras (que nunca se abandonaron), al cuestionamiento en los oscuros espacios del poder patriarcal. Cayeron varios docentes y se crearon comisiones para abordar los casos de acoso, abuso y violación, promover formación docente en feminismo, educación no sexista y garantías para las estudiantes.

Mi impresión es que el movimiento en su fase actual ha conseguido atravesar todos los estratos sociales y culturales de la población chilena. Nada ha quedado en su lugar y han cuestionado el papel de los varones (sobre todo los “progres”), que debemos reflexionar para modificar a fondo nuestras actitudes. Las grandes revoluciones de la historia no cuestionaron el patriarcado, aunque algunas mejoraran la situación de las mujeres. Gracias al feminismo, hoy sabemos que la reproducción del patriarcado a través del Estado y del partido, fue una de las causas del colapso de las revoluciones.

En Chile, el movimiento feminista se manifiesta en la multiplicación de organizaciones de todo tipo, en todo lugar, tanto en Wallmapu como en las grandes ciudades. La Coordinadora de Organizaciones de Estudiantes Mapuche (COEM), en Santiago, formada en 2014, reúne agrupaciones de casi todas las universidades y han creado una escuela de mujeres indígenas que defienden un feminismo mapuche en el que se denominan “mujeres antipatriarcales”.

Una de las consecuencias más interesantes es que están contribuyendo a crear sujetos heterogéneos, ya que la homogeneidad reproduce el sistema. Tanto la COEM como el colectivo de información Mapuexpress, son espacios de mapuches y blancos, que integra personas de grupos feministas, ambientalistas y estudiantiles. Estos espacios mixtos así como el feminismo mapuche, casi no existían una década atrás, o bien eran muy incipientes, pero están floreciendo y multiplicándose de forma exponencial.

En Chile como en otros países de la región, las mujeres están desmontando lo que Rita Segato denomina “mandato de masculinidad”. El protagonismo de las mujeres zapatistas, tanto en la campaña de Marichuy como en el Concejo Indígena de Gobierno, está mostrando la profundidad de los cambios y que el feminismo no se reducen más a las mujeres académicas de clases medias. Aunque desborda el marco de estas líneas, la apuesta zapatista de cambiar el mundo sin tomar el poder, y ahora sin hacer la guerra, está estrechamente ligada al papel de las mujeres y las comunidades en ese proceso.

Respecto al mandato de masculinidad, quisiera recordar la crítica de Segato a la política centrada en el enemigo (para combatirlo o para negociar), a la que considera fascista, “porque en ese caso es el enemigo el que nos mancomuna”10. Apunta varias cuestiones. La primera es que el mandato de masculinidad no se desmonta desde el Estado, con leyes y procesos institucionales, sino en el trabajo directo con las personas, varones y mujeres, que pasa por cambios personales y de personalidad, por el modo como se establecen los vínculos en los espacios de la vida cotidiana.

En este aspecto, parecen darse dos procesos simultáneos: la organización de las mujeres que potencie movimientos y acciones, y a cada una de ellas; y los necesarios cambios entre nosotros, los varones, que pasan por perder los privilegios que tenemos, algo que es imposible procesar sin atravesar una crisis profunda porque se trata de cambiar nuestro lugar en el mundo. En lo personal, puedo decir que no se trata de “una” crisis puntual y acotada en el tiempo, sino un proceso ininterrumpido y continuo, sin final o con final abierto, para ir asumiendo, en la mejor hipótesis, una configuración interna otra que permita relacionarnos desde un lugar de sencillez y humildad naturales.

La segunda es que el mandato de masculinidad se desmonta en plazos muy largos, lo que requiere pensar y actuar en términos de larga duración. La persistencia y la permanencia permiten no sólo cambios en las relaciones, sino comprender a las y los otros, sus dolores y frustraciones, esas rabias y heridas que el patriarcado y el machismo han cincelado en el alma y en el cuerpo de las mujeres.

En resumen, se han producido en Chile varias camadas de movimientos antipatriarcales y anticoloniales, anudándose, mestizándose, que han desembocado en este maravilloso octubre, que ha empoderado todo un pueblo, desde las niñas y niños hasta las personas mayores. Como suele suceder, lo que millones han protagonizado en la calles en octubre de 2019, fue “ensayado” y practicado en escalas algo menores a lo largo de los treinta años que nos separan del fin de la dictadura. Por eso, lo de ahora no es un despertar, sino algo mucho más profundo: un Ya Basta de dignidad y desesperación, después del cual ya nada será igual.

***

El levantamiento ecuatoriano, sólidamente estructurado en torno al movimiento indígena, dialoga con el estallido volcánico chileno, diverso y plural. Las mujeres quiteñas que protagonizaron una impresionante marcha que frenó en seco la represión, se conectan con las chilenas que desafían la violencia, y las violaciones, de carabineros y militares. Las multitudes juveniles desbordan aquí y allá las estructurales verticales del Estado y los partidos. Abren un tajo profundo en las alamedas patriarcales/coloniales, por donde florecen los brotes de las emancipaciones, que se enlazan y acoplan, en un ejercicio infinito de combinaciones y mezclas de las que van naciendo mundos nuevos, plurales, múltiples, abiertos a todas y todos.

No es ni Piñera, ni Moreno. Es el régimen. Por eso lo importante no es cambiar el gobierno, por elecciones o por derribo, sino definir qué caminos vamos a tomar las y los de abajo. Por la experiencia anterior, sabemos que no podemos cambiar lo que hay si no construimos lo nuevo. Si llegamos a derrocar el régimen actual, lo más probable es que quienes lo sustituyan reproduzcan las opresiones que combatimos. No es desde arriba como vamos a crear la nueva sociedad, sino abajo, en la vida cotidiana, sin Estado, sin policía ni militares, sin políticos ni partidos. No sabemos cómo hacerlo, pero tampoco sabíamos cómo levantarnos, y lo hicimos.

Raúl Zibechi

Quito-Montevideo, 23 al 28 de octubre de 2019


7 Fernando Pairican Padilla, “MALON. La rebelión del movimiento mapuche. 1990-2013”, Pehuén, Santiago, 2014, p. 356. Énfasis míos.

8 “La ruta digna tras el asesinato del lamngen Camilo Catrillanca”, Mapuexpress, 13 de dicembre de 2018.

9 Colectivo Diatriba, “Escuelas Públicas Comunitarias: Propuesta de otra educación para una nueva sociedad”, abril de 2013.

10 “Desmontar el mandato de masculinidad”, en Desinformémonos, 10 de junio de 2019.

Carta abierta a las autoridades sobre el deterioro de los derechos en América Latina

Desde la Red EU-LAT conmemoramos el día internacional de las personas defensoras de los derechos humanos, a través de una carta abierta de parte de todos nuestros miembros, dirigida a las autoridades europeas sobre el deterioro de los derechos en América Latina.

En esta carta resaltamos nuestra preocupación por todos los conflictos que están sucediendo en América Latina y exhortamos a  la Unión Europea a condenar el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades nacionales, así como de no permitir limitaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía. La Unión Europea debe ser portavoz de sus valores y principios ya que son parte fundamental de su cooperación política y económica con América Latina.

Hoy en particular, reconocemos y saludamos la labor ejercida de manera cotidiana por cada una de las personas defensoras de derechos humanos en América Latina.

La situación que vive Latinoamérica no debe ser tomada como una cotidianidad, esto no puede ser normal.

 

Carta abierta a las autoridades sobre el deterioro de derechos en América Latina

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Día internacional de las personas defensoras de los derechos humanos: Carta abierta a las autoridades sobre el deterioro de derechos en América Latina

9 de diciembre 2019

Los conflictos sociales se resuelven con más democracia y con más política, no con represión.

Como es de público conocimiento, América Latina está en llamas. En las últimas semanas, la población de varios países ha decidido levantarse y protestar exigiendo cambios reales de los sistemas económicos, sociales, ambientales y políticos porque, como ustedes bien saben, los derechos de millones de personas son vulnerados desde México hasta Chile.Sin embargo, las legítimas demandas de la ciudadanía han recibido como respuesta la suspensión de derechos y la represión. Consideramos que estas medidas autoritarias no resuelven los conflictos y representan un retroceso grave que pone en riesgo décadas de construcción democrática.

La degradación de la situación de los derechos humanos en la región, no es, lamentablemente,un fenómeno nuevo ni aislado. Una y otra vez, los Estados reaccionan de manera represiva, pero esto ya no sucede solamente en países con instituciones públicas fragilizadas, sino también en aquéllos considerados por la comunidad internacional como sólidos y estables. Desde hace años, observamos cómo en estos países formalmente democráticos se han tenido que reactivar las organizaciones y los actores sociales que habían trabajado para la protección de los derechos en la época de las dictaduras. Esto es expresión de un debilitamiento muy serio del sistema democrático.

La mayor parte de los conflictos sociales entre los Estados y la población se dan en el contexto de proyectos económicos ligados a la extracción y explotación intensiva de recursos naturales,que Europa demanda en grandes cantidades en el marco de los acuerdos comerciales con los países de la región. Además, tal como lo señalan los informes especializados, las personas y los colectivos que trabajan en favor de la protección del medio ambiente y de los territorios son justamente los que más ataques sufren. ¿Cómo va a responder la UE y sus Estados miembros ante estos desafíos?

Hace un año, el mundo conmemoró el 20° aniversario de la Declaración sobre personas defensoras de derechos humanos. Gobiernos y figuras públicas se apresuraron a celebrar este acontecimiento, saludando este instrumento que da un lugar preeminente a los colectivos y personas que defienden los derechos a lo largo del mundo. Sin embargo, a pesar de este consenso formal, defender derechos sigue siendo una tarea de alto riesgo, particularmente en América Latina y muy especialmente en estos días:el recuento de unas pocas semanas muestra decenas de asesinatos, miles de personas detenidas, miles de personas heridas, organizaciones sociales acosadas. Se han documentado incluso prácticas aberrantes como desapariciones y torturas. Hechos cometidos, la mayoría, por parte de agentes estatales.

A partir de los años 70, mientras América Latina vivía el nefasto período de las dictaduras militares y las violaciones de derechos humanos se volvieron sistemáticas, los gobiernos y la ciudadanía europea dieron muestras muy importantes de solidaridad que no sólo permitieron salvar vidas,sino también reforzar procesos y reafirmar valores, ésos plasmados en los convenios y las declaraciones internacionales de derechos humanos y que constituyen el sustento indispensable de lo que consideramos una vida digna en comunidad.

Consideramos que estamos en un momento crucial para cuestionar el actual modelo de asociación entre las dos regiones y dar un paso importante hacia una mayor coherencia entre las políticas. La prioridad central de la UE y de los actores internacionales, enfocada en el crecimiento económico y el aumento del comercio, se traduce en la intensificación de la extracción de los recursos naturales en América Latina, aumentando de esta manera la presión ecológica y social en la región.

Ante la actual situación de crisis socio política, desde la Red EU LAT, exhortamos a la Unión Europea y sus Estados miembros a que promuevan de manera prioritaria los derechos humanos al momento de implementar sus estrategias de cooperación económicas y políticas,contando con la verdadera participación de la sociedad civil y de las personas y colectivos defensores de derechos.

Asimismo, pedimos a la Unión Europea y la comunidad internacional que apliquen una “tolerancia cero”ante el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y la implementación de medidas de excepción que limitan los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Nos negamos a asistir a este estado de cosas como si se tratara de una cotidianidad a la que debamos acostumbrarnos: esto no puede ser normal.

Cumbre Social del Clima: Una agenda alternativa a la COP25

Mañana 6 de diciembre, se inaugura la agenda alternativa a la COP25 con una gran marcha que recorrerá el centro de Madrid, la cita a las 18h parte desde Atocha. Se esperan a más de 100.000 personas en la manifestación #MarchaPorElClima, con esta gran presión en las calles se exige a gobiernos e instituciones, presentes y ausentes en la COP25, que miren por el futuro de las personas, los pueblos y el planeta que nos cobija en lugar de mirar por los grandes poderes económicos, empresas, bancos y mercados financieros, que nos están llevando a esta situación de Emergencia Climática, lejos de cumplir el Acuerdo de París de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C.

De manera simultánea, tendrá lugar otra manifestación ecologista en Santiago de Chile.

A partir del 7 y hasta el 13 de diciembre la Cumbre Social del Clima seguirá movilizada, respaldada por cerca de 850 colectivos y entidades, teniendo como espacio principal Universidad Complutense de Madrid, Edificio Multiusos del Campus Ciudad Universitaria, con una agenda de talleres, charlas y debates, documentales, exposiciones, que pretende ser un referente de las reclamaciones de la ciudadanía y los colectivos ecosociales a la COP25, en cuanto a temáticas ecologistas y sociales que influyen en la lucha por la preservación de la vida de las personas, el planeta y sus ecosistemas.

Acompañadas por las voces de personas de todo el mundo, especialmente latinoamericanas, que no pudieron realizar esta COP25 en Chile, donde estaba prevista, ignorando la lucha del pueblo y los movimientos sociales chilenos por la justicia social y ambiental en estos graves momentos de represión y violación de Derechos Humanos en Chile, y en cada vez más lugares del planeta criminalizadas y estigmatizadas por intereses extractivistas y economicistas.

Consulta aquí el PROGRAMA https://cumbresocialclima.net/programa/

Las actividades programadas ofrecen diversas temáticas por la sostenibilidad de la vida y el ecologismo social: ecofeminismo, soberanía territorial, soberanía alimentaria y defensa del territorio, frente a la impunidad de empresas transnacionales y los tratados comerciales, pueblos indígenas, migraciones, refugio y derechos sociales.

Entre estas actividades queremos destacar las actividades que coorganizamos junto a Fase & Amigos de la Tierra, Campaña No a los Tratados de Libre Comercio, TNI, OMAL, ATTAC España y Ecologistas en Acción.

  • Mesa sobre acuerdos de libre comercio y cambio climático: UE-MERCOSUR, el domingo a las 12h

  • Tratados contra el clima: El Tratado sobre la carta de la Energía, el lunes 9 a las 10h

“El mundo despertó ante la emergencia climática”

El mundo despertó ante la emergencia climática

El pasado septiembre salieron a la calle millones de personas demandando el derecho a un presente y futuro digno, sin dejar a nadie atrás. Miles de municipios acogieron manifestaciones impulsadas por una juventud movilizada por el clima que exigían que, frente a la emergencia climática, son necesarias medidas capaces de atacar un sistema que genera una creciente e inaceptable degradación social y ambiental.

Después de la renuncia de Brasil a presidir la COP25, acompañada de políticas anti climáticas que han llevado a la mayor deforestación de la selva amazónica en los últimos años, las decisiones del gobierno chileno de Sebastián Piñera de cancelar la celebración de la COP25 en Chile –ignorando a los movimientos sociales chilenos y del resto de América Latina y su trabajo previo de meses– y del gobierno en funciones de Pedro Sánchez de acoger el evento, sitúan a Madrid como el altavoz de las personas que ya están sufriendo las consecuencias de la crisis climática y aquellas que las sufrirán en las próximas décadas.

Condenamos de forma tajante y sin tapujos la violación de Derechos Humanos en Chile y exigimos su cese. La represión contra el pueblo chileno por parte de su gobierno es un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social y ambiental. Hacemos esta condena extensible al resto de zonas del mundo donde se están produciendo los mismos o parecidos procesos.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el pasado agosto, señala que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores es el único modo de mantener el calentamiento global por debajo de  1,5°C. La comunidad científica alerta del deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como del punto de no retorno frente al cambio climático. Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) señalan que alrededor de un millón de especies entre animales y plantas se encuentran al borde de la extinción como consecuencia de las actividades humanas. Asimismo, No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia climática, ecológica y social supondrá la muerte, el desplazamiento y el aumento de la pobreza extrema para millones de personas, además de la extinción de muchas especies e, incluso, de ecosistemas completos. La realidad es que las emisiones siguen incrementándose a nivel global mientras que la falta de ambición de los estados condena al planeta a un calentamiento muy superior a 1,5ºC.

El próximo año debería empezar a aplicarse el Acuerdo de París. Sin embargo, muchas de las cuestiones claves siguen bloqueadas o sin resolverse. La COP25, además de cerrar las normas sobre contabilidad y presentación de los compromisos, el conocido como libro de reglas, debería suponer un avance claro en la provisión de fondos suficientes e importantes mejoras en instrumentos como el Fondo Verde para el Clima o el Mecanismo de Varsovia para las pérdidas y daños, unas herramientas fundamentales para paliar las peores consecuencias que ya ha provocado y provocará la continua quema de combustibles fósiles.

Es inadmisible que tantos gobiernos, parlamentos, partidos políticos e instituciones públicas sigan entregados a las presiones de las grandes empresas, los bancos y los mercados financieros, en lugar de velar por el bien común, por las personas y el planeta que nos sostiene. Afrontar la emergencia climática es incompatible con que los combustibles fósiles sigan recibiendo cientos de miles de millones de euros de ayudas públicas todos los años. Exigimos a los gobiernos participantes en la COP25 que reconozcan que la inacción climática actual e insuficiente ambición que reflejan los compromisos más ambiciosos de los países nos conducirán a un calentamiento global desastroso para la vida, que superaría los 3,5ºC.

Es irresponsable que a un año del inicio de la aplicación del Acuerdo de París siga sin existir ningún mecanismo capaz de forzar acciones y medidas que obliguen a que los compromisos nacionales se ajusten una ruta de descenso de las emisiones compatible con las indicaciones científicas. La COP25 debe fijar la voluntad expresa de todos los países de elevar la ambición de sus compromisos antes de la COP26 de 2020. Ese compromiso de mayor ambición debe ser liderado por la Unión Europea y el G20, más ahora que acoge la celebración de la cumbre en su territorio, y el gobierno de España debe alinearse inequívocamente con ese llamamiento a una mayor ambición, que debe plasmar en objetivos y medidas más exigentes que los actuales en todas las políticas económicas, energéticas, de transporte, agrícolas, ganaderas, de conservación de los ecosistemas y de cooperación internacional. Del mismo modo, la transición ecológica requiere de la participación de toda la ciudadanía en la toma de decisiones. El establecimiento de mecanismos reales y efectivos de propuesta ejecución y evaluación de las políticas climáticas debe permitir la plena participación de toda la ciudadanía.

Un modelo de desarrollo capitalista y depredador basado en un crecimiento económico infinito es incompatible con los límites planetarios. Es precisa una transición hacia modelos ecosociales sostenibles, con menor consumo de materiales y energía, que no desborden los límites biofísicos del planeta. Apostar por un nuevo modelo energético desechando las falsas soluciones como la energía nuclear, la geoingeniería o los biocombustibles como el aceite de palma.

Conscientes de la emergencia ecológica en la que vivimos y de la temeraria inacción de los gobiernos mundiales, diversas organizaciones, plataformas y movimientos sociales, sindicales y ambientales de todo el estado español; nos unimos al llamamiento realizado por toda la comunidad internacional, y en especial de la juventud movilizada por el clima en Fridays for Future, de volver a salir a la calle exigiendo el próximo sábado 6 de diciembre medidas reales y ambiciosas a la comunidad internacional reunida en la COP25.

Una manifestación en solidaridad con las personas y los pueblos que sufren con especial virulencia la degradación ambiental y social que han supuesto las políticas neoliberales extendidas por el planeta. En Chile y por todo el mundo hay claros ejemplos de cómo se vulneran sistemáticamente derechos humanos y ambientales. En Chile la política extractivista, las zonas de sacrificio y la política hidráulica devastadora con regiones completas son ejemplos de lo que no es permisible. La denuncia de estos hechos debería tener su altavoz en la COP25 y una transición justa y equitativa.

Apenas queda tiempo para frenar la emergencia climática y necesitamos que se oiga la voz de todos los pueblos y personas, en Santiago de Chile y en Madrid, la voz de la juventud movilizada por el clima, de las poblaciones indígenas que sufren las causas y las consecuencias del cambio climático, de las mujeres que cumplen un rol fundamental en la lucha climática y la voz de toda la vida en el planeta.

Todas, todas juntas marchamos contra las violencias machistas

TODAS, TODAS JUNTAS MARCHAMOS CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Este 25 de noviembre nos volvemos a movilizar contra las violencias machistas hacia las mujeres y las niñas, las violencias por orientación sexual, por identidad de género, o simplemente por no encajar en el modelo estereotipado y cosificado que el sistema opresor, el heteropatriarcado, impone. Y salimos juntas, todas juntas en la calle. Porque los derechos alcanzados hasta ahora son insuficientes, y están siendo amenazados en todo el mundo, con un evidente retroceso debido al recrudecimiento de las políticas neoliberales y al poder que éstas le dan a los fundamentalismos religiosos. Ambas fuerzas son enemigas de las libertades en general, y muy específicamente sobre las libertades de las mujeres.

NOS QUEREMOS VIVAS Y LIBRES CON una VIDA DIGNA sin violencia  y en todo el mundo:

Nos sentimos cercanas a todas las hermanas defensoras que JUNTAS decimos NO a la violencia contra los cuerpos y los territorios, en Rojava, en Chile, en Palestina, en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en el Líbano, en el Sahara, en el Congo, en Afganistán, en Yemen, en Kurdistán… en todo el planeta

Voces se alzan desde distintas latitudes del planetas, mujeres de distintas etnias, culturas, razas y saberes que han acumulado no solo estrategias para la resistencia, sino soluciones de supervivencias. Escuchemonos y caminemos juntas para subvertir este modelo de muerte y destrucción. Ya no aguantamos más!!!!

Gritos de resistencia ante las voces silenciadas por el dolor de un sin fin de millones de mujeres atrapadas, desgarradas, violadas, invadidas por las estrategias patriarcales militaristas, racistas, de colonización, de golpes de Estado, de golpes contra los pueblos, de guerra económica, de ecogenocidio… Sin olvidar a todas las mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia y a “TODAS LAS MUJERES ANÓNIMAS QUE VIVEN LA VIOLENCIA EN SILENCIO” (que son muchas).

Las mujeres juntas y organizadas estamos diciendo al mundo que no queremos este modelo de depredación, consumo y destrucción. Abogamos por un mundo más humano, con relaciones igualitarias, donde el diálogo entre diferentes pueblos, culturas y experiencias nos den claves de un mejor vivir ahora y en el futuro y poder mantener nuestra madre naturaleza, fuente de nuestro sustento.

¡¡Mis derechos, mi cuerpo, mi voz cuenta!!   ¡¡Porque todas las vidas importan, no más crímenes de odio!!

¿Por qué el 25 de noviembre? 

El año 1981 en el marco del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se realizó en Bogotá, Colombia, se acordó la celebración del día 25 de Noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres en homenaje a las hermanas Mirabal – Minerva, María Teresa y Patria- que fueron asesinadas en 1960 durante la dictadura de Trujillo, en la República Dominicana.

Desde esta fecha, y hasta que consigamos acabar con esta lacra social, cada 25 de noviembre las organizaciones de mujeres de todos los continentes realizamos actos públicos para exigir el fin de la violencia contra las mujeres y el respeto y el derecho las de las mujeres y niñas a VIVIR LIBRES DE TODO LOS TIPOS DE VIOLENCIA.

Las raíces de las violencias machistas, hemos de buscarlas y analizarlas como forma de conquista y dominación del cuerpo y la vida de las mujeres, lesbianas y trans. Estas violencias patriarcales nos afectan a todas de forma diferenciada y con impacto agravado, en función de múltiples factores: racismo, estatus migratorio, edad, color de la piel, identidad cultural, situación socioeconómica y familiar, trabajo del hogar y los cuidados, trabajo remunerado, maternidad, no-maternidad, diversidad funcional física, psíquica o sensorial, orientación sexual, identidad o expresión de género entre otras.  No se puede negar esta diversidad de impactos, ni invisibilizar las necesidades específicas ante las violencias por dominación, a la hora de garantizar medidas de prevención y respuestas de reparación.

Exigimos derogar las leyes que atentan contra los derechos de las mujeres y generan violencia institucional, como la ley de extranjería, de manera que todas las mujeres migrantes,  incluidas lesbianas y trans, tengan garantizados sus derechos individuales y sociales, como el derecho a la salud, al trabajo, la vivienda, y las condiciones básicas para que puedan salir de relaciones abusivas y se garantice su seguridad jurídica y protección cuando denuncien violencias machistas.   Queremos compartir nuestra indignación por las respuestas que se dan desde las instituciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico o local.

Exigimos la ratificación del Convenio de la OIT 189 que garantice un trabajo digno para muchas mujeres explotadas, mayoritariamente migradas.

Exigimos mejorar los protocolos de evaluación y detección de situaciones de riesgo, la dotación y formación de agentes judiciales y equipos psicosociales, mejorar la atención que se presta a niñas y niños, el acompañamiento a las supervivientes y fomentar la implicación ciudadana para desterrar la violencia.

BASTA! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas que vivimos las mujeres, lesbianas y trans, sea cual sea nuestra edad y condición.

QUEREMOS poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas.

QUEREMOS disfrutar de una vida libre de violencias machistas.

DENUNCIAMOS la violencia sexual como expresión de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo que afecta a todas y todavía más, a las migradas, a las racializadas y a las trabajadoras del hogar y de los cuidados.

EXIGIMOS políticas públicas, recursos y medios suficientes para todas en el sistema de protección y recuperación frente las violencias machistas.

QUEREMOS protocolos y circuitos diversos, las mujeres no somos homogéneas.

NO  QUEREMOS estigmatización por pertenecer a una cultura diferente, por ser gitanas, o por nuestra condición de mujeres migradas y racializadas.

¡NO SOMOS VÍCTIMAS! SOMOS SUPERVIVIENTES!

BASTA! De opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales!​

DENUNCIAMOS la  LGTBIfobiasocial, institucional y laboral que sufrimos muchas de nosotras, como otra forma de violencia machista.

DENUNCIAMOS la represión y la censura, a compañeras por las protestas y manifestaciones creativas, en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, bajo la presión de los fundamentalismos religiosos.

SOMOS MUJERES, LESBIANAS, TRANS Y SOMOS DIVERSAS.

REIVINDICAMOS una sociedad libre de opresiones, de explotación y de violencias institucionales. Hagamos un llamamiento a la rebeldía y a la lucha contra la alianza entre el patriarcado el capitalismo y el fascismo que nos quiere dóciles, sumisas y calladas.

¡SI NOS TOCAN A UNA, NOS TOCAN A TODAS!

 

Consulta en este enlace la convocatoria más cercana a tu casa y manifiéstate

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http://www.feministas.org/movilizaciones-2019-25noviembre.html

De la Comuna de Quito al estallido en Chile [Ecuador, 1ª parte]

Análisis sobre los estallidos sociales en Ecuador y Chile.
Primera parte del texto de Raúl Zibechi  para el prólogo de un libro que se editará próximamente en América Latina.


En los primeros días de junio de 1990, las comunidades de la provincia de Chimborazo se levantaron poniendo en práctica una decisión colectiva. “Los comuneros de Gatazo colocaron inmensas piedras en medio de la carretera Panamericana. De improviso aparecieron diez camiones llenos de militares que, ni bien se bajaron, comenzaron a perseguir a los indios ‘comuna adentro’. Los indígenas retrocedieron, iban cediendo terreno, los militares triunfalísticamente, incursionaban más y más en las comunas; pero no se percataron que desde el otro lado de la carretera, los indígenas de otras comunas, encabezados por mujeres, les estaban pisando los talones. Pronto se vieron completamente rodeados y atrapados por los indígenas. El susto de los militares fue muy grande. Uno de ellos, un joven desesperado, efectuó varios disparos y cayó asesinado Oswaldo Cuvi. Los indios reaccionaron enardecidos. Alrededor de 200 militares fueron ‘arrastrados’ 10 kilómetros bajo el grito: ‘Esto no es una huelga de los obreros, esto no es un paro de profesores ni de estudiantes. ¡¡Esto es levantamiento indígena!!’”1

El levantamiento del Inti Raymi de 1990 fue la mayor ruptura social y política en la historia del Ecuador, desde la llegada de los españoles. Los indios de la sierra y la selva paralizaron el país, cortaron carreteras, cerraron mercados y ocuparon haciendas. Esos días, “cientos de miles de manifestantes enarbolaron por primera vez ‘su’ bandera: refulgía al sol, el arcoiris de Tupac Amaru”2. El levantamiento de 1990 es el momento en que los indios pasan de su condición de “invisibles” a la de actores de primer orden, interlocutores privilegiados de los partidos de derecha e izquierda y del propio Estado, y en objeto de estudio priorizado por las academias. Para muchos observadores y analistas fue el mayor acto de afirmación colectiva de las poblaciones derrotadas cinco siglos atrás, con la Colonia, y marginadas hace dos siglos, con la República.

Es justamente en ese momento de afirmación colectiva cuando “reaparece” una bandera legendaria, la wiphala, identificada con la gran rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari (1780). Con ella entra a tallar una nueva generación, formada en universidades pero que se siente parte de una cultura, un pueblo o una civilización cuyas señas de identidad no arraigan en la modernidad ilustrada europea.

El levantamiento del Inti Raymi transformó al Ecuador y también a los indígenas. Una década después del levantamiento, uno de los fundadores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y referente del movimiento, Luis Macas, trazaba un balance preciso:

Las percepciones que tenía la sociedad ecuatoriana sobre los indígenas han ido cambiando, en el sentido de que ya no se nos mira como precaristas o huasipungeros, no somos un gremio de campesinos, como se nos ha considerado desde la sociología tradicional, inclusive aquella de izquierda, y que por lo tanto nuestra lucha debería ser una lucha reivindicativa, en torno al parcelamiento de tierras y la reforma agraria. Ahora la sociedad ecuatoriana mira al movimiento indígena de otra manera y el mismo movimiento indígena tiene ahora plena conciencia de su identidad, lo que ha servido de base para realizar su propuesta nacional y a largo plazo3.

Un aspecto central de aquel movimiento fue la presión para ser reconocidos como “entidades” culturales, políticas, históricas. Por eso se asumen como “nacionalidades” y pueblos, no como movimientos o sectores de la sociedad que demandan mejoras. Macas enfatiza en el hecho de que el Estado ecuatoriano respondió con medidas paternalistas, asistencialistas, clientelares, lo que supone desnudar su racismo para confinarlos en la exclusión o “para dirigir a los indígenas hacia el camino de la modernidad”. Tanto para el Estado como para la izquierda, los indígenas no son sujetos sociales y políticos sino objetos de caridad o de políticas sociales.

Para los dirigentes de la CONAIE una de las principales consecuencias de aquella irrupción fue el reconocimiento del carácter plurinacional de la sociedad y del Estado, que ha cambiado el discurso político del Ecuador con la propuesta de constituir un Estado Plurinacional, lo que se traduce en “considerar la diversidad étnico-nacional del Ecuador como un reconocimiento previo para construir la democracia”, según Macas.

La plurinacionalidad fue reconocida por la Constitución de 1998, luego de otro levantamiento indígena contra el gobierno de Abdalá Bucaram, acusado de corrupción y de incapacidad mental para gobernar. Importantes manifestaciones populares, especialmente en la ciudad de Quito, a principios de febrero de 1997, fueron convocadas no sólo por la CONAIE sino por varias organizaciones sociales en todas las ciudades del país. Este nuevo levantamiento se saldó con la destitución del presidente por el parlamento y se designó en el cargo a la vicepresidenta como establece la legalidad constitucional.

En su balance de una década del levantamiento, Macas reflexiona sobre el poder:

Para el movimiento indígena el poder radica en las comunidades, en la capacidad real y efectiva que tienen nuestra organizaciones nucleares, la comuna, el centro, la cooperativa, para decidir de manera soberana, independiente, participativa, justa, y ética el destino de cada pueblo, de cada persona. Ahí radica la esencia del poder.

Lo que el movimiento indígena ha propuesto es siempre una construcción desde abajo desde las bases, desde los cimientos, del poder. No es una idea nueva. Ahora dicen que los indígenas se quisieron tomar el poder, pero éste no está en asaltar el Congreso Nacional, el palacio de gobierno. En realidad ésos son mecanismos, no para tomarse el poder, sino para abrir el espacio de la política hacia la construcción del poder democrático y participativo4.

Sin embargo, Macas también reconoce que el objetivo del movimiento consiste en “trasladar el poder de la comunidad al Estado”. Para hacerlo, la CONAIE se dotó de una herramienta electoral, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País, en 1995, donde confluyó la Coordinadora de Movimientos Sociales, entre otros sectores. La alianza consiguió una importante representación que oscila en el 20% de los sufragios, que le permitió obtener diputados, prefectos y alcaldes. Se trataba de democratizar y transformar el Estado-nación colonial heredado por la República. Pero en los hechos esto nunca se consiguió y la cultura política estatista “invadió” las prácticas del movimiento indígena.

La historia de la CONAIE se remonta a 1986, cuando se coordinan las principales organizaciones de los pueblos originarios completando un ciclo de articulaciones regionales, entre quichuas de la sierra andina, pueblos amazónicos y de la costa. A diferencia de las organizaciones campesinas y sindicales, en las que estaban subsumidos hasta entonces los indígenas, no se demanda reforma agraria sino que aparecen conceptos nuevos como territorios y nacionalidades.

Desde sus primeros pasos, la CONAIE muestra una cultura política distinta a la de los movimientos tradicionales, incluyendo el uso de nuevas tácticas de acción directa, como el bloqueo de carreteras, la toma de edificios gubernamentales y de ciudades enteras, a través de levantamientos que paralizan el país.

En su programa aparece una lista de 16 demandas que a comienzos de la década de 1990 sorprendieron al país: plurinacionalidad, títulos colectivos de tierras a las nacionalidades, soluciones para el agua y el riego de las comunidades, expulsión del instituto lingüístico de verano (instrumento de penetración cultural de Estados Unidos), legalización de la medicina indígena y educación bilingüe, entre las más significativas.

La defensa y el fortalecimiento de la identidad y de la cultura indígena son aspectos innegociables para la CONAIE, que tiene sus baluartes en las provincias serranas del sur y del norte, como Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura. La articulación de cientos de comunidades le ha permitido convertirse, ya en los 90, en el principal movimiento y en referente obligado de todos los que rechazan el neoliberalismo.

Hubo en este devenir dos nuevos levantamientos. La autopercepción de la CONAIE y del conjunto del movimiento indígena, es la convicción de que ejerce el liderazgo del conjunto de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador, erigiéndose en interlocutor colectivo frente al Estado. De ese modo, pudo convocar a la mayoría de las organizaciones sindicales, sociales y políticas que de alguna manera aceptaron la guía de los indígenas. El momento de mayor protagonismo de la CONAIE se produjo entre fines de 1999 y enero de 2000, en contra de la dolarización del país en el marco de una fenomenal crisis bancaria. Todo el país estuvo atravesado por una potente organización indígena-popular enfilada hacia el poder y, sobre todo, anclada en la construcción de contrapoderes, que denominaron parlamentos populares en varias provincias.

El 11 de enero de 2000, un Parlamento del Pueblo integrado por 330 representantes indígenas y de la sociedad civil se instaló en Quito (epicentro siempre de las acciones colectivas), para elaborar un plan de gobierno alternativo al presidente Jamil Mahuad. “Nadie cree en la democracia que vivimos, entonces debemos rescatar la participación desde abajo de la sociedad civil para refundar la democracia ecuatoriana robada por los partidos políticos de derecha y los banqueros inescrupulosos”, dijo el dirigente Miguel Lluco, evidenciando que los pueblos originarios querían reconstruir la nación bajo sus propios criterios5.

El Parlamento del Pueblo se instaló en medio de los preparativos insurreccionales, con la participación de empresarios y profesionales, además de obreros, empleados, vendedores informales e indígenas que fueron su columna vertebral. El proyecto consistía en la instauración de una nueva forma de administración dirigida por una junta de gobierno, un consejo de Estado, un parlamento nacional y parlamentos provinciales.

El 22 de enero tomaron el Congreso durante unas horas, en alianza insólita con las fuerzas armadas, que fue seguramente el mayor error político y estratégico de la CONAIE. Al día siguiente debieron dar marcha atrás, ante la decisión de la institución militar de recorrer el camino de la sucesión institucional del presidente. La alianza fue continuada al incorporarse al gobierno del coronel Lucio Gutiérrez (2003-2005), provocando fisuras en la organización indígena.

Todavía hubo un tercer derrocamiento popular. En abril de 2005 un levantamiento urbano conocido como “rebelión de los forajidos”, forzó al coronel a escapar por los techos del Palacio de Carondelet para huir en helicóptero. Las protestas fueron violentas y se llegó a incendiar el Ministerio de Bienestar Social.

El movimiento que echó abajo tres presidentes en apenas una década, fue en gran media respuesta a la crisis estructural en la que se debatía Ecuador, ya que los gobiernos intentaban aplicar ajustes que los indígenas y los sectores populares rechazaban enérgicamente. La particularidad ecuatoriana fue el carácter destituyente de los movimientos ante gobiernos corruptos y antipopulares.

Bajo el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) los pueblos indígenas enfocaron sus resistencias contra las concesiones mineras, petroleras, madereras e hidroeléctricas, que fueron la principal característica del modelo económico a partir de ese período. Los conflictos fueron virulentos, ya que Correa se amparó en el amplio respaldo social que tuvo en sus primeros años para intentar desarticular las resistencias a su “revolución ciudadana” de corte extractivista.

El presidente arremetió con innecesaria violencia verbal y física contra los dirigentes y en ocasiones, como en agosto de 2015, con una de las oleadas represivas más fuertes que se recuerdan ante otro levantamiento indígena. El debilitamiento de la CONAIE y de los movimientos sindicales favoreció a la derecha, que tuvo las manos libres para operar cuando el sucesor de Correa, Lenín Moreno, asumió en 2017 huérfano de apoyos populares y dispuesto a recostarse en el poder económico.

En octubre de 2019 el gobierno de Moreno decidió imponer un paquete de medidas aconsejadas por el FMI que supone el fin del los subsidios a los combustibles, con un alza del 123% el galón de diesel y del 30% el de gasolina, acompañada de reformas laborales y tributarias para aumentar la recaudación.

Inicialmente la movilización correspondió al gremio de los transportistas, pero pronto se sumaron los mayores movimientos del país, en gran medida como rechazo al decreto que impone el estado de excepción, la suspensión de las garantías democráticas y la militarización del Ecuador.

La CONAIE, la central Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de educadores y la federación de estudiantes universitarios, promovieron movilizaciones en todo el país, especialmente en la sierra (con 300 cortes de carreteras), donde los pueblos originarios tienen mayor presencia.Decenas de grupos de mujeres, feministas, lesbianas, negras, ecologistas y trans, lanzaron un comunicado titulado “Mujeres contra el Paquetazo”, en el que denuncian cientos de detenidos y heridos.

La protesta ecuatoriana no es sólo una reacción contra el aumento de los combustibles. Es una reacción al mal gobierno de Moreno que se apoya en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos, y es la continuación de las resistencias al régimen autoritario de Rafael Correa (2007-2017).

El levantamiento de octubre de 2019 abreva en las tradiciones del movimiento popular ecuatoriano, intenta no recaer en errores anteriores y destaca por su perfil anti-neoliberal y anti-capitalista. El movimiento tuvo una duración de once días y contiene algunas peculiaridades que merecen ser detalladas.

La primera es el recambio generacional. En los últimos años emergió la tercera generación de dirigentes indígenas, formados en las universidades, ávidos lectores de Mariátegui, radicales y combativos, que parecen rechazar el péndulo lucha de calles/elecciones que ha caracterizado a las generaciones anteriores.

La segunda es la autonomía política, al levantar la consigna “Ni Moreno ni Correa, sólo el pueblo salvará al pueblo”. La nueva generación muestra distancias de lo que considera como tendencia “socialdemócrata” hegemónica en el seno del movimiento. Tienen un diálogo fluido con las bases, combinan la identidad indígena con la de clase y orientan al movimiento hacia un cambio radical, revolucionario, que no rechaza el diálogo pero que no se limita a incluirse en las instituciones existentes. Toma distancias del régimen de Correa y del conjunto del progresismo, así como de los partidos de izquierda, y está buscando definir su propio perfil político.

La tercera es la radicalidad y autoestima del movimiento indígena, capaz de detener a cientos de policías que fueron entregados a funcionarios de la ONU por mujeres indígenas. Esto revela la persistencia de una cultura política propia, nacida en la década de 1990, que ha cuajado una impresionante autoestima. La capacidad de expulsar infiltrados en las manifestaciones y el retener policía y militares, es una muestra de la potencia del movimiento. En el acto en que “devolvieron” a los uniformados, el presidente de la CONAIE Jaime Vargas, explicaba: “Ya no somos esos indígenas que nos maltrataron y nos tenían de esclavos. Hoy somos capaces, educados y con toda la capacidad de administrar este país”6.

La cuarta es la irrupción de indígenas urbanos y de sectores de las clases medias. Por primera vez se levantaron barrios populares de la periferia de Quito, migrantes de la sierra que nacieron en la capital. Se trata de jóvenes pobres que engrosaron las marchas, que provenían de la sierra sur y norte y le imprimieron un sello de combatividad al movimiento, como no habían tenido ninguno de los levantamiento anteriores. El dirigente Jorge Herrera enfatiza la solidaridad de los jóvenes de las barriadas populares: “La juventud vino emputada a Quito por la acumulación de indignación”.

Las clases medias profesionales se volcaron en solidaridad con los veinte mil indígenas que ocuparon el centro, haciendo de las universidades estatales y privadas espacios para sostener la logística de los combates, con ollas populares, cuidados sanitarios y de descanso de las y los combatientes.

La quinta es la autonomía táctica del movimiento, que fue capaz de poner fin al levantamiento en el momento que las bases lo decidieron, para evitar que sucediera lo mismo que en los anteriores, que perdieron ante la burocracia lo que ganaron en las calles. Entre quienes participaron en el movimiento de octubre o Comuna de Quito, existe consenso en que si la movilización hubiera durado dos días más, la caída de Moreno era inevitable. Pero los debates por la noche en el ágora de la Casa de la Cultura, epicentro de la lucha, hizo balance de los tres levantamientos anteriores que se saldaron con la caída de otros tantos gobiernos.

En esta ocasión la caída de Moreno implicaba que asumiera su vice, Otto Sonnenholzner, “un fiel representante de los intereses de la oligarquía”, explica Juan Carlos Guerra del colectivo Desde el Margen. El vice es un economista y empresario radial de origen alemán, ligado al empresariado de Guayaquil, donde reside la flor y nata del poder financiero. “Estamos ante un acumulado de aprendizajes de casi tres décadas”, sigue Guerra, que trasciende a los dirigentes y es ya patrimonio de amplias camadas de militantes indígenas y de los las organizaciones urbanas. “La lógica del movimiento consistió en tirar abajo el paquete del FMI, pero no necesariamente el gobierno”, afirma ante el desconcierto de intelectuales que deseaban que los pobres pusieran los muertos para que se cumplieran sus profecías.

La sexta es la convocatoria del Parlamento Popular de Pueblos y Organizaciones Sociales por iniciativa de la CONAIE. El llamado dice: “Convocar a las distintas organizaciones sociales y populares de la sociedad ecuatoriana a la conformación de manera inmediata del Parlamento de los pueblos que construirá a través de una minga plurinacional una propuesta de nuevo modelo económico que asegure el sumak kawsay (buen vivir)”.

Por parlamento entienden una minga colectiva para busca soluciones al país, integrada por todos los sectores sociales afectados por el capitalismo. Esta diversidad fue la nota dominante en la primera sesión. Estudiantes de melenas verdes, campesinos, agricultores, sindicalistas, artesanos, feministas, colectivos LGBT, además de cañeros y floricultores y hasta periodistas organizados, componen una diversidad imposible de homogeneizar. Todas y todos expresaban los agravios que sufrían.

Las demandas más importantes son contra la minería y el FMI, el paquetazo y los impuestos. Una vez leída el Acta Constitutiva del Parlamento Popular, se votan cuatro mesas de trabajo que deberán entregar sus propuestas en apenas tres días: economía, trabajo, impuestos y ambiente. El movimiento sigue, ahora con menos visibilidad callejera, tejiendo alianzas entre los diversos abajos, esperando el momento de salir a la superficie nuevamente, sin dejar de construir el mundo propio indígena, obrero y popular.

Raúl Zibechi

Quito-Montevideo, 23 al 28 de octubre de 2019

(Texto de urgencia escrito entre el parlamento indígena y popular de Quito y el viaje a Santiago para participar en actividades de la Quimantú)


1 Nina Pacari, “Levantamiento indígena”, en J. Almeida et al, Sismo étnico en el Ecuador, Abya Yala, Quito, 1993, p. 176.

2 Andrés Guerrero, “La desintegración de la administración étnica en el Ecuador”, en J. Almeida et al, Sismo étnico en el Ecuador, Abya Yala, Quito, 1993, p. 92.

3 Luis Macas, “Diez años del Levantamiento del Inti Raymi de junio de 1990: Un balance provisional”, en Boletín ICCI Rimay, año 2, No. 15, junio del 2000.

4 Idem.

5 IPS, 11-01-2000.

6 El Telégrafo, 10 de octubre de 2019

Llamamiento a participar en la Cumbre Social por el Clima de la COP 25 en Madrid

Más allá de la COP25: los pueblos por el clima

Las decisiones unilaterales del gobierno chileno de Sebastián Piñera de cancelar la celebración de la COP 25 en Chile –ignorando a los movimientos sociales chilenos y del resto de América Latina y su trabajo previo de meses– y del gobierno de Pedro Sánchez de acoger el evento, obligan a los movimientos sociales del Estado español a tomar un relevo sobre el que no han sido consultados, en un marco temporal casi inasumible para garantizar una participación y contestación social adecuadas.

Siendo conscientes del claro eurocentrismo que implica la celebración de una COP en un país europeo por tercer año consecutivo, aceptamos el reto de articular protestas y críticas contra estas políticas como una enorme responsabilidad. Lo hacemos desde la rabia e impotencia ante las injusticias y atrocidades que se están cometiendo contra el pueblo chileno, desde la solidaridad y apoyo frente a la decisión de continuar con la celebración de la Cumbre de los Pueblos y de la Cumbre Social por la Acción Climática en Chile, y desde la determinación de intentar generar un espacio donde su voz también pueda ser escuchada.

Condenamos de forma tajante y sin tapujos la violación de derechos humanos en Chile y exigimos su cese. La declaración de guerra contra el pueblo chileno por parte de su gobierno es un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social. Demandamos que los responsables de esta represión sean sancionados. Queremos poner bajo el foco que la protesta social en Chile y en otros lugares del mundo es también la expresión de la crisis ecológica. El paradigma del crecimiento económico ilimitado está estrellando a la humanidad contra unos límites planetarios que desde el sistema económico se insiste en invisibilizar.

Vivimos tiempos convulsos de auténtica emergencia ecológica, climática y social. El diagnóstico científico es diáfano respecto a la gravedad y la urgencia del momento. El crecimiento económico se produce a costa de las personas más vulnerables: las personas racializadas, las personas indígenas, el campesinado, las personas empobrecidas, las personas migrantes, las personas LGBTI y queer, las comunidades de vanguardia en resistencia… Y se produce también a costa de nuestro entorno, las demás especies y los ecosistemas. Las mujeres, que forman parte de todos estos colectivos, se ven afectadas diferencialmente y son víctimas de las peores consecuencias del modelo capitalista cisheteropatriarcal.

Como activistas con base en el Estado español y la Unión Europea, queremos asumir la responsabilidad de denunciar el papel explotador de las regiones enriquecidas del mundo y su protagonismo en la generación de “zonas de sacrificio” en países empobrecidos, a través del extractivismo energético, material y cultural, que destruye comunidades y bienes comunes. Estamos viviendo en países que impulsan el consumo y la destrucción de la humanidad y la naturaleza, imponiendo nuestros modelos y visiones del mundo en otras partes del planeta.

Desde estos mismos países, que poseen una gran capacidad militar (especialmente armamento nuclear), se impulsa un nuevo concepto de securitización climática para proteger sus intereses por medio de la ocupación de importantes nichos de poder y dejando el control de tecnologías clave para la transición energética en manos grandes empresas de seguridad, mientras se incrementa la militarización de las fronteras y se acaparan tierras por todo el planeta. El cambio climático continuará alimentando conflictos armados y guerras a gran escala y violencia entre comunidades.

Desde esta posición privilegiada, nos comprometemos a asumir la responsabilidad de nuestro pasado común, presente y futuro. Nos rebelamos para cambiar este sistema letal.

Es necesario desenmascarar la hipocresía de gobiernos que llevan décadas fracasando en las negociaciones climáticas, al tiempo que blindan tratados comerciales y de inversiones como herramientas de dominación del capital, dirigidos a perpetuar el desequilibrio de poder que permiten el lujo de unas pocas personas a costa del sufrimiento de la mayoría, acaparando, privatizando y financiarizando cada vez mayores esferas de la vida. Esos mismos gobiernos alimentan la industria fósil con subsidios millonarios y protegen y rescatan bancos fósiles que se lucran con la crisis climática y la devastación ambiental y social.

El papel de las empresas transnacionales españolas y europeas en regiones como América Latina han supuesto una prolongación de la larga noche de los 500 años de colonialismo, acrecentando la crisis ecológica, y minando las posibilidades de soberanía de los pueblos. Chile, hoy, es la expresión del cansancio de las políticas neoliberales y extractivistas en todo el continente. América Latina es Chile y Chile es América Latina.

Creemos en la justicia climática como el eje vertebrador de la lucha social de nuestro tiempo: porque la sostenibilidad es imposible sin justicia social, y la justicia no existe sin un respeto a todos los seres que viven en el planeta. La justicia climática es el paraguas más amplio que existe para proteger bajo su esfera toda la diversidad de luchas por otro mundo posible: ecologismo, activismo climático, feminismo, LGBTIQ+, sindicalismo, antirracismo, antifascismo, antimilitarismo, movimientos decoloniales, movimiento indígena, movimiento campesino, movimiento rural… Promovemos la justicia climática como un movimiento de movimientos en el que quepan muchos mundos diversos.

Nos comprometemos a trabajar para dar visibilidad a las demandas que garanticen una transición justa realizada con la rapidez suficiente, para evitar nuevas catástrofes, como un calentamiento por encima de los 1.5°C o el colapso de los ecosistemas y la sociedad. Es necesario tomar decisiones basadas en la ciencia; la comunidad científica ya ha indicado con claridad la necesidad de dejar la mayor parte de los combustibles fósiles en el subsuelo, sin extraer, para lograr una reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que estén a la altura del reto climático.

Por ello nos rebelamos contra los modelos extractivistas relacionados con la producción y consumo de energía fósil en todo el mundo, así como rechazamos también con especial énfasis el uso civil y militar de la energía nuclear.

Instamos a un cambio radical en el modelo de movilidad que conduzca a la reducción del transporte masivo de mercancías y personas, causantes entre otros problemas de la turistificación y gentrificación exacerbadas en las ciudades, donde generan graves desigualdades sociales. El modelo de transporte debe paliar al mismo tiempo el creciente aislamiento del medio rural, una de las causas de su progresivo despoblamiento.

Denunciamos los intentos de promover falsas soluciones como aquellas basadas en la geoingeniería, que pretenden mantener el statu quo del actual sistema productivo, aleja el foco de las verdaderas soluciones y amenaza, además, con desiguales impactos a escala planetaria que nuevamente sacrificará primero a las comunidades más desfavorecidas.

Denunciamos también la imposición de un modelo de producción y consumo que no reconoce la alimentación como un derecho y que es corresponsable de la crisis climática y de biodiversidad y condena al hambre a más de 800 millones de personas. Exigimos una transición agroecológica que impulse sistemas justos y sostenibles, que respeten la soberanía alimentaria de los pueblos.

De igual forma, denunciamos la imposición de un modelo de producción y consumo basado en el “usar y tirar” que afecta una vez más a las personas más empobrecidas. Las cantidades ingentes de residuos producidos por los países enriquecidos son trasladados en su mayor parte a países del Sur obligando a vivir en una espiral de pobreza, violencia y condiciones insalubres a las comunidades y colectivos más vulnerables que habitan esos lugares.

Por otra parte la explosión social chilena y su brutal represión nos muestra que la crisis civilizatoria que vivimos es también una crisis democrática. Necesitamos avanzar hacia la construcción de modelos más democráticos de sociedad, que garanticen la toma de decisiones colectivas poniendo el bien común en el centro. En este sentido, la decisión de trasladar la COP 25 a Madrid supone también una merma democrática al comprometer los trabajos de meses de numerosas redes, colectivos y organizaciones de todo el mundo que no podrán ahora participar de la forma que habrían deseado.

Nos solidarizamos con quienes más sufren, con las personas trabajadoras y con las comunidades que están en primera línea de resistencia en todos los continentes. También nos solidarizamos con quienes menos han participado en alimentar la crisis climática y más acusan sus impactos. Apoyamos a todas las personas de cualquier género, origen, lengua, raza, etnia, capacidad física, orientación sexual, experiencia, edad y creencia.

Hacemos un llamamiento a personas y colectivos a rebelarse frente a un sistema capitalista opresor que expulsa cada vez a más personas –muchas de las cuales se ven obligadas a migrar de sus territorios– y esquilma de forma creciente las bases que sostienen la vida. Hacemos un llamamiento a participar en la respuesta social a la COP25 y a tejer red y construir comunidad frente a una crisis climática que es solo el síntoma más visible de un sistema profundamente injusto.

Invitamos a todas las personas y colectivos que se sientan interpelados por estas demandas a participar en la construcción de la Cumbre Social por el Clima, para rebelarse, proponer y tejer comunidad. Frente a la creciente represión y las estrategias para dividir y desmovilizar a los movimientos, mostraremos más unidad que nunca en la lucha común por la justicia.

📝Únete al llamamiento!!

Bernardo Caal Xol galardonado con el Premio Quetzal 2019

Este martes 22 de octubre, el maestro y líder de la comunidad maya q’eqchi Bernardo Caal Xol ha sido galardonado con el Premio Quetzal por los Derechos Humanos y la Democracia en Guatemala.

Este importante reconocimiento a Bernardo Caal, se debe a su liderazgo en la resistencia pacífica por la denuncia de irregularidades y violaciones de derechos humanos cometidos en Alta Verapaz, ante la construcción de megaproyectos hidroeléctricos sobre el río Cahabón.

El Premio Quetzal para los Derechos Humanos y la Democracia, es una iniciativa de Guatebelga, organización belga que trabaja por los derechos humanos y la democracia en Guatemala y el Instituto de Criminología de Lovaina en el KU Leuven, que se otorga a organizaciones o personas que promueven los derechos humanos y la democracia en este país.

La entrega fue realizada en el Museo de la Memoria de los deportados de la Segunda Guerra Mundial, Kazeme Dossin en Malinas y recogido por su hermana, la también dirigente indígena por la defensa del río Cahabón, y concejala de la municipalidad de Santa María Cahabón, María Caal.

Bernardo Caal se opuso, junto con su comunidad, a la construcción de megaproyectos hidroeléctricos sobre el río Cahabón, como OXEC y RENACE (este último cuenta con la participación de la empresa española ACS, presidida por Florentino Pérez, que a través de su filial Cobra, mediante servicios de ingeniería y construcción), que comportaban la privatización del río e impedían el acceso a las comunidades sin previa información y consulta.

En enero de 2018, después de una larga campaña de intimidación y difamación, Bernardo Caal fue arrestado y detenido. En noviembre de 2018, finalmente fue sentenciado a siete años y cuatro meses de prisión, supuéstamente por “arrestos ilegales” y “robo violento”. La vista de su apelación a la sentencia ya ha sido varias veces postergada.

Este premio internacional es tanto un reconocimiento a su labor, como una demanda de libertad para Bernardo Caal y un respaldo a las comunidades q’eqchíes en su defensa del agua.

En Guatemala, es cada vez mayor la violencia y criminalización hacia las comunidades indígenas y sus líderes.

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Fuentes: