Noticias relacionadas con nuestros proyectos de Cooperación en Centroamérica, Ecuador y Perú así como nuestras actividades por toda España y nuestros proyectos de Educación Emancipatoria.
Desde la Junta Directiva de Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte, ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, se ha acordado aplazar nuestra 32 Asamblea General
Como ya sabéis, nuestra Asamblea General anual es el espacio donde la organización en su conjunto, participa en la toma de decisiones, aprobación de documentos, cuentas, memorias,.. además de temas que presidirán el día a día de nuestra actividad durante el próximo año.
Se ha constituido un Comité de seguimiento de la situacion que estará trabajando junto a nuestra Junta Directiva. Y, en cuanto la situación lo permita, anunciaremos la nueva fecha, garantizando que podamos sentirnos seguras y dentro de los plazos legales.
Con la esperanza de que esta crisis sea lo más leve y corta posible, y que, como comunidad, como organización y como personas, logremos sacar en ella, y en lo que vendrá después, lo mejor de lo que seamos capaces.
¡¡Son momentos de extremar nuestra solidaridad, y pensar en las personas que puedan resultar más vulnerabilizadas!!
CANCELADA XXXII Asamblea General
La XXXII Asamblea General, además de un acto de debate, participación y democracia interna, será también de encuentro y de fiesta.
Se celebrará en VALENCIA los próximos días 📆 1, 2 y 3 DE MAYO en:
Viernes 1
Escuela Meme en Benimaclet
Calle del Poeta Ricard Sanmartí, 17
46020 Valencia
Sábado 2 y domingo 3
IES ISABEL DE VILLENA
Calle Isabel de Villena, 4
46011 Valencia
PROGRAMA
Viernes 1 de mayo, en la Escuela Meme (Benimaclet)
18:30 Estreno del documental “defensoras, cuerpo y territorio”, La Cosecha.
Sábado 2 de mayo, en el IES Isabel de Villena
09:30 Inscripciones y entrega de los materiales
10:00 Bienvenida
Presentación de la Asamblea General y la “Asamblea Entrepeques”
Constitución de la mesa de la Asamblea General.
10:30 Balance económico de 2019. Presupuesto de 2020.
Memoria de las actividades de 2019.
12:30 Descanso
13:00 Relevo de la Coordinación y reorganización de la Oficina Técnica
14:00 Comida
16:30 Mesa “Contexto de los movimientos sociales en América Latina”, con Raul Zibechi
18:00 Descanso
18:30 Mesa sobre defensores y defensoras en Centroamérica
Domingo 3 de mayo, en el IES Isabel de Villena
10:00 Talleres temáticos
11:30 Plenario
12:30 Conclusiones de la “Asamblea Entrepeques”
13:00 Clausura de la XXXII Asamblea
Para facilitar las tareas de organización y en la medida que sea posible, os agradeceríamos que una vez rellenada y enviada la ficha de inscripción, efectuéis un ingreso (según la opción escogida) a la cuenta de Entrepueblos:
Triodos Bank ES05-1491-0001-21-3000079938 (en este caso podéis enviar también el comprobante del ingreso)
👁🗨Fecha límite de inscripción: 18 de marzo de 2020
* Durante los dos días se realizará en paralelo la “Asamblea Entrepeques” con actividades para las niñas y niños asistentes, que también presentarán sus conclusiones en el plenario final del domingo. Os agradeceríamos que quienes queráis asistir con niños y niñas nos lo hagáis saber antes del 18 de marzo, para poder preparar bien este espacio.
Desde la comisión de feminismos de Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte nos sentimos comprometidas con las movilizaciones feministas convocadas para este 8 de Marzo 2020.
“Despertemos, despertemos humanidad!, ya no hay tiempo! nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción, basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal (Berta Cáceres) ” ¡4º Aniversario de la siembra de Berta ! ¡Berta Vive! La lucha sigue y sigue #JusticiaParaBerta
El 8 de marzo es una jornada de acciones feministas en todo el mundo en conmemoración del día 8 de marzo de 1908 en el cual las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York llamada Cotton declararon una huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño cerró las puertas y prendió fuego muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había dentro.
En este 8 de marzo “Día Internacional de las Mujeres”, en todo el mundo, las feministas desde hace más de un siglo, seguimos saliendo a la calle para exigir y defender nuestros derechos, pero sobre todo para la construcción de transformaciones sociales que pongan en el centro la sostenibilidad de la vida de las personas y del planeta. Nos sentimos vinculadas a movimientos feministas transfronterizos y transculturales que hacen frente al orden patriarcal, racista, colonizador, capitalista y depredador del medio ambiente.
Las feministas de Entrepueblos queremos visibilizar nuestra rabia e indignación, queremos denunciar internacionalmente los asesinatos, la persecución y la violencia ejercida hacia miles y miles de defensoras de la vida, del medio ambiente, en países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, a menudo en connivencia con los poderes políticos y económicos de los propios países. Muchas de estas defensoras son amigas, compañeras de sueños y hermanas de esperanzas:
Ellas han apostado valientemente por una vida digna y por la defensa de los bienes comunes. Como muchas defensoras, han arriesgado su vida, han sufrido violencia, algunas violencia sexual, intimidaciones, desestabilización de su entorno afectivo y familiar más íntimo. También deben hacer frente a procesos judiciales abusivos, por defender una vida digna y soberana, basada en la sostenibilidad, alejada de este sistema capitalista y patriarcal globalizado y dominante, que otorga cada vez más poder a empresas transnacionales y extractivistas.
Este sistema debilita también la función garantista de derechos de los Estados, desarrollando legislaciones y procedimientos de control social y limitación de la libertad de expresión y reivindicación, que conllevan una creciente tendencia de represión y violencia, con fuertes vulneraciones de derechos. De este modo se crean situaciones que impiden el análisis crítico y la denuncia de los impactos sobre las mujeres: desplazamientos, criminalización, desapariciones, empobrecimiento, marginación y violencia.
El sistema también blinda esa violencia a través de las fronteras y el racismo institucional. La violencia hacia los cuerpos y las vidas de las mujeres es exponencialmente más dura. Vemos como los Estados incumplen los derechos humanos y actúan de manera ilegal, causando las violaciones y las muertes y desapariciones a quienes se les impide la movilidad humana, y muy especialmente a quienes huyen de sus territorios por el expolio y conflictos medioambientales y armados. Ejemplo de ello es lo que está sucediendo ahora mismo en Grecia, o lo que sucede en nuestra propia Frontera Sur.
En muchos países del Sur Global y particularmente en América Latina han aumentado las agresiones, las amenazas y la criminalización de las defensoras de DDHH, de todos los movimientos sociales, también de los movimientos feministas.
En realidad se vive en un escenario de confrontación entre la acumulación de riqueza y el cuidado de la vida, que tiene fuertes implicaciones de género, pues los mercados especulativos de materias primas, los fondos de inversión, el extractivismo, los paraísos fiscales, las políticas de libre comercio, etc., provocan cada vez más lo que desde los feminismos conocemos como “conflicto entre el capital y la vida” que implica un conjunto de dimensiones: ecológica, de reproducción social, de cuidados, de salud, de representación política.
Frente a todo esto, nos solidarizamos con las luchas de las compañeras que arriesguen su vida para defender el agua, el territorio, los ecosistemas y sobreviven a los expolios y a las fronteras. Junto a ellas, continuamos exigiendo que se ponga freno a la impunidad de las transnacionales, que se asegure el acceso a la justicia para todas las mujeres agredidas por defender los derechos humanos. Seguimos compartiendo y apoyando su exigencia firme de ser protagonistas en el proceso de diálogo y construcción de la paz.
EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL Y CLIMÁTICA. Exigimos un decrecimiento económico, una transición ecosocial y una cultura regenerativa y feminista:
Que ponga fin a la impunidad y que se investigue el asesinato de Berta Cáceres y de todas las compañeras y compañeros que han luchado por la justicia social y el medio ambiente.
Que se suspendan todos los proyectos denunciados por las defensoras de derechos humanos.
La suspensión de las inversiones y del financiamiento proporcionados por las empresas y las Instituciones Financieras Internacionales, en los proyectos donde se denuncian violaciones de los DDHH.
El cumplimiento de los derechos humanos y el cuestionamiento del actual sistema de fronteras.
Por ello, mantenemos nuestro compromiso con las redes feministas, tejiendo vínculos para mantener la lucha de resistencia, para abordar los cambios sociales que fortalezcan la solidaridad, y para hacer del cuidado entre nosotras y las compañeras en otros movimientos sociales un principio fundamental, referente de valores éticos y acción política por la libertad, la vida, la equidad, la paz y la sostenibilidad.
COMISIÓN FEMINISMOS DE ENTREPUEBLOS-ENTREPOBLES-ENTREPOBOS-HERRIARTE
Miriam Nobre (Brasil, 1965), miembro de la Marcha Mundial de Mujeres, ha incorporado a la dieta algunas raíces que comunidades tradicionales de Vale do Ribeira (São Paulo) mantienen en su alimentación, libre de la “homogeneización alimentaria que sufrimos en la ciudad”. Dice que comer le hace bien, al cuerpo y también al coraje, todavía más necesario en tiempo de crecientes ataques a los derechos y a las personas que los defienden. Con la entidad Sempreviva Organização Feminista, Nobre trabaja en proyectos de agroecología y economía feminista. Son dos piezas de la resistencia que el activista considera que hay que extender y enredar ante los abusos empresariales y contra el miedo que el ultraconservadurismo consigue movilizar. A tocar del primer año de la victoria electoral del exmilitar Jair Bolsonaro, Nobre ha estado en Barcelona para participar en la jornada “La bolsa o la vida: transnacionales y feminismos”.
Meritxell Rigol – El Crític – con la colaboración de Cataluña No a los TCI
Nueve meses después de la llegada de la ultraderecha a la presidencia de Brasil, ¿los y las activistas habéis detectado más indefensión e impunidad que antes del gobierno de Bolsonaro?
La inseguridad por las activistas crece desde el golpe [el proceso de destitución de Dilma Rousseff, que en 2016 puso punto final a trece años de gobierno del Partido de los Trabajadores]. Desde el 2016, el grado de ofensiva contra las mujeres que luchan por la defensa de sus territorios, indígenas, quilombolas, campesinas, ya iba creciente. El que pasa ahora es que aumenta la sensación de impunidad ante estos crímenes. Cuando hubo el golpe, preguntamos a las compañeras como lo sentían a las comunidades y nos explicaban que había cambiado la forma como los terratenientes las miran, porque saben que ya no tienen el apoyo a escala nacional que tenían para luchar. El que veo que ha cambiado después de las elecciones es la criminalización de las luchas. Se utiliza la excusa de la corrupción por punir la gente activista. A São Paulo, de donde yo soy, por ejemplo, se ve en el movimiento de lucha por la vivienda. El discurso de la corrupción para criminalizar los movimientos sociales se ha intensificado después de la elección de Bolsonaro y se suma el discurso de odio. También es característico de este periodo, como también lo son las amenazas a través de las redes sociales. Son amenazas que no son directamente del Estado, pero sí del grupo social y las organizaciones que sustentan Bolsonaro. Una compañera que organizó el Frente Evangélico por el Aborto Libre ha sufrido mucha presión y se ha exiliado.
¿Las defensoras de los derechos de las mujeres están sufriendo la intensificación de los ataques?
Son blanco de los ataques todas las personas que defienden el territorio: el territorio-naturaleza y el territorio-cuerpo. Las feministas son un blanco porque el discurso que sustenta Bolsonaro es un discurso conservador. La gente que está en situación de inseguridad por el ultraneoliberalismo; la gente que no tiene trabajo o que está súper explotada, quiere seguridad. Y tiene una seguridad basada en la familia tradicional. Las feministas y las personas no conformes a las normas de género son la amenaza de destruir esta seguridad. Se presenta la ideología de género como el gran problema que hay que gestionar y ha conseguido movilizar mucho. Han aumentado los asesinatos de mujeres ‘trans’ cometidos con crueldad y todas las políticas de fortalecimiento de las mujeres, en el plan económico y cultural, han caído. Yo trabajo con campesinas y las políticas de fortalecimiento por este colectivo ya iban cayendo desde la vez, pero ahora se han ido del todo. En un contexto de gran desocupación, explotación de la gente y endeudamiento -que es una manera de mantener la gente funcionando, trabajando explotada-, los espacios políticos que gana la extrema derecha se sostienen en el miedo que la situación pueda empeorar; miedo de perder poder dentro de tu familia.
Según muchas activistas brasileñas, la actividad económica y los puestos de trabajo generados por las empresas transnacionales en los territorios donde viven no suponen desarrollo. ¿Qué es desarrollo, desde su perspectiva?
Mejor no utilizar el término desarrollo. Transmite la idea que el objetivo es llegar a reproducir el funcionamiento de la sociedad y la economía en el Norte global, que solo funciona porque explota las personas y la naturaleza en el Sur. Tenemos que reconocer que las comunidades sustentan la vida y también que hay límites. La idea de progreso, de desarrollo, de crear lugares de trabajo, es un mecanismo de seducción que, junto a la coacción, mantiene el sistema. Pero después encontramos, por ejemplo, como la empresa Vale, con la explotación minera, ha asesinado el río Doce; lo ha contaminado con tóxicos. Es un río enorme que pasa por varios estados, por varias comunidades, del cual viven pescadores, y con ciudades próximas, de donde la gente consume el agua. La intensidad de la explotación minera hizo que se rompieran los diques que contenían los residuos. La contaminación llegó al mar. Al romperse los diques, la destrucción fue enorme y murieron más de 200 personas. ¿Por qué se intensificó tanto la explotación minera? Habían bajado los precios y necesitaban un nivel de comercialización que mantuviera los beneficios de los inversores. Lo peor es que no tenemos mecanismos porque situaciones como estas no se repitan.
El Estado español es el que más invierte en el conjunto de América Latina y es a la vez el que recibe más inmigración proveniente de la región. ¿Hasta qué punto el poder corporativo tiene que ver con las decisiones, o necesidades, que llevan a las personas a emprender migraciones de países del Sur en el Norte global?
Si las empresas destruyen las condiciones de supervivencia de las personas a sus países, llega un momento en que no queda otra que migrar. Y así se sustenta una cadena internacional de curas. Aquí se necesitan muchas curas. Muchas de las mujeres que migran se dedican a cuidar. Así, aquí se resuelve la situación y no se buscan maneras colectivas de cuidar las personas, sobre todo, las personas grandes. Se individualiza el problema en cada familia, que lo resuelve mercantilizando la cura de manera precarizada. A la vez, las mujeres que trabajan de cuidadoras envían remitidas a sus países, que así cuentan con divisas. Estas divisas sirven incluso para pagar los royalties [pago por el uso de patentes o de un producto] a las transnacionales que tienen actividad. Son dinero que envían las empresas a sus países de origen. Incluso pasa con McDonalds. ¡Ya sabemos hacer bocadillos en Brasil! ¿Por qué tenemos que enviar royalties en los Estados Unidos para hacerlos? Pero el hecho es que tenemos que enviar divisas y en América Latina muchas veces provienen de las remesas de las personas migradas. Es un círculo con un alto grado de explotación.
En el proceso de acumulación de poder por parte de las transnacionales, ¿qué papel juegan los Tratados de Comercio e Inversión?
Los mecanismos de acumulación controlados por las transnacionales ya los tenemos instaurados en los países. Los tratados, a medida que se van definiendo, el que hacen es que sea muy difícil volver atrás y cambiar la situación. En Brasil lo vemos en el caso de la educación superior: en los años de gobierno Lula-Dilma hubo una expansión del acceso a la educación superior. El gobierno de Bolsonaro ha recortado mucho el presupuesto de las universidades. Ahora en octubre, ya no tienen dinero para el funcionamiento cotidiano. Van poniendo algo más aquí, algo más allá… y esto incluye mucha presión a los rectores de las universidades. El recorte ha afectado todas las universidades, pero en un inicio el ministro de educación dijo que recortaría en aquellas en las que hubiera “lío”; es decir, aquellas en las que hay vida, militancia, reflexión… La alternativa que da el gobierno a la caída de los apoyos económicos a los estudiantes con bajos recursos es un programa de financiación privada de las universidades públicas, a través de vender acciones de las universidades públicas a la bolsa. Esto crea las condiciones para las negociaciones de servicios que están en juego en el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Los tratados hacen que privatizaciones como esta se vuelvan una regla y no se pueda volver atrás.
Ante los impactos de la actividad económica de las transnacionales sobre las personas y la natura, tenemos que mirar hacia las comunidades tradicionales y aprender, según tu parecer.
A las comunidades, no todo funciona perfecto. Tenemos que crear espacios en los que las mujeres puedan expresar sus deseos, reconocer lo que tiene que cambiar en la experiencia de las comunidades, y también lo que es bueno, y crear condiciones porque estas experiencias se expandan hacia más territorios. Tenemos que encontrar otras maneras de organizar la vida. Esto entra en choque con la estructura del gobierno de Bolsonaro. Defiende una ideología conservadora que está en acuerdo con el proceso de acaparamiento brutal que las transnacionales quieren hacer en nuestro país. Y las mujeres viven al núcleo de esto: para conseguir el grado de explotación del trabajo y de la naturaleza que vuelan y que algunas personas continúen vivas y trabajen para ellos. Las mujeres, para las familias, hacen de almohadilla. Las mujeres están súper explotadas en el trabajo remunerado y en trabajo no remunerado en las casas. Lo hacen porque quieren a los suyos, porque queremos sostener la vida, y a la vez es una energía que está sosteniendo las cosas tal como están. Es contradictorio. Las mujeres son la variable de ajuste en un sistema que hace imposible la vida.
¿Cómo podemos reformular la economía para orientarla hacia el ‘buen vivir’?
Por ejemplo, yo trabajo en el plan local, y a las comunidades, con las mujeres, intentamos fortalecer la producción que tienen en su patio. Combinamos la producción para el consumo propio, el de la familia y el de la comunidad, y para la venta, que permita tener acceso a dinero, porque vivimos en una sociedad hegemónicamente capitalista en la que necesitamos dinero. Desde esta experiencia de equilibrio entre entrada de dinero y producción para el autoconsumo, la donación y el canje, intentamos estar en relación con las personas de la ciudad, porque consumen de manera diferente. Y esto quiere decir un compromiso político, incluso para encontrar tiempo en la vida para cocinar y hacerlo de manera compartida. Tenemos que producir el buen vivir desde nosotros mismas, empezando para limpiarnos la casa y prepararnos la comida. Tenemos que ampliar las posibilidades de hacerlo ante los ataques que recibimos las comunidades, tanto al campo como la ciudad, donde hay gente que, por ejemplo, lucha por la vivienda, okupa o intenta producir alimentos, disputándose el espacio metro cuadrado a metro cuadrado con el capital.
En el reto de construir resistencias ante el poder de las corporaciones, ¿atribuyes un papel específico a las mujeres?
Sin sobreresponsabilizar a las mujeres, pienso que la experiencia de cuidar, de estar atentas a las personas, nos da una mirada necesaria en el momento que estamos viviendo. Llevar esta experiencia al hacer política es vital. Hay que fortalecer las iniciativas de resistencia, crear relación entre sí y contar con territorios de libertad en un momento de tanto acoso y odio. Tenemos que conservar las semillas de esperanza y libertad. Y vivirlas. Necesitamos vivirlas ante los ataques que la gente está sintiendo al cuerpo y a la salud mental. El reto es como autocuidarnos para no ser capturadas por su esfuerzo de aplastarnos con el miedo y mantener la crítica en todos los ámbitos de la vida.
Delegación Política de la Plataforma de Solidaridad con Honduras – Madrid
Han pasado ya diez años desde el golpe de estado en Honduras. Diez años en los que las comunidades campesinas y pueblos originarios han visto vulnerados sus derechos por la defensa del territorio, por señalar a las grandes empresas energéticas y a los pactos que éstas establecen con el Estado y las instituciones. Diez años de injusticias, corrupción y crimen organizado, en los que la lucha de los pueblos crece, así como crece también la solidaridad internacional.
Movidas por la solidaridad y con el objetivo de conocer de cerca esta realidad, un grupo de compañeras del Estado español recorrerán las comunidades hondureñas afectadas. Conectando resistencias, acuerpándose y apoyando desde este norte privilegiado y saqueador lo que es una obligación y un mandato, la defensa de la tierra y de nuestras hermanas y hermanos de Honduras.
➡ Garífunas: el coco y la yuca frente al imperio de la palma. Vallecito Honduras.
Esto es Vallecito, referente ancestral del pueblo garífuna y en proceso de recuperación territorial desde hace diez años y que progresivamente se amplía espacialmente recuperando girones de tierra que tenían secuestrada las pistas clandestinas del narcotráfico y de las grandes plantaciones invasivas y abrasivas de la palma africana propiedad de la familia Facussé. Si efectivamente, cuyo referente recibió en Madrid un premio como empresario latinoamericano.
Nos hablan en Vallecito de esta dificultosa y heroica lucha por sus territorios ancestrales y de la resistencia que ante los embates de los citados narcos y de los oligarcas de la palma y “otros negocios” les permiten recuperar su lengua, cosmovisión, gastronomías, la música cada vez más tamizada por lo maintream y fortalecer su orgullo nunca perdido como pueblo, si, como pueblo Garífuna con mayúsculas. Relatan sobre pasados que se remontan a mucho tiempo atrás con Satuye y Marama y a referentes algunos recientes como San Francisco Bulnes, garífuna que luchó junto a Morazan en pos de la independencia centroamericana.
Nos remarcan su identidad compartida con otros pueblos de la costa atlántica de Centroamérica pero a la vez y de manera muy optimista y decidida nos hablan del presente.
De ese presente que ya apunta a un futuro Garífuna libre en una Honduras soberana y en una Centroamérica unida y que se incardina en un proyecto colectivo que tiene un nombre para recordar ahora y siempre OFRANEH Organización Fraternal Negra Hondureña.
En el ámbito de esta organización de base y articulada asambleariamente se articulan no sólo colectividades territoriales sino además lo hacen sectores sociales y políticos en lucha como campesinado, organización de mujeres, colectivo LGTBI etc parece innecesario reflejar la fuerza que la unidad de todos estos sectores en el marco de OFRANEH genera de cara a avanzar común y colectivamente que confronta abierta y alternativamente con un sistema capitalista que también en Honduras tiene en la usurpación , explotación, exclusión y acumulación permanente en pocas y corruptas manos su esencia y su accionar cotidiano. Y cuando se habla de futuro no es de un tiempo que mira la lejanía sino al mañana. Mejor dicho a mañana mismo así es, el pueblo garífuna esta en marcha levantando alternativas muy poderosas en todos sus territorios a través de estrategias de recuperación de todo aquello que les fue usurpado o liquidado y que afortunadamente no pudieron hacerlo de una manera definitiva y que hoy renueva la esencia de su ancestralidad. Y así van contraponiendo paso a paso una cultura colectiva, frente a la de la insolidaridad y en individualismo que machaca a la generalidad de la población hondureña y la expulsa obligándola a recorrer las grandes distancias centroamericanas en pos de un futuro con poco futuro en tierras del norte.
Y así, poco a poco. van generando alternativas productivas que no son sólo eso. Así ante el imperio de la palma africana que está asolando los suelos y por tanto los espacios medioambientales de una parte notable de América Latina y que fortalece así mismo las economías del oligopolio y el aplastamiento de las producciones más pequeñas, autóctonas y con trabajo y gestión colectivas. Frente a ello, el pueblo Garífuna con OFRANEH a la cabeza construye una alternativa de soberanía alimentaria basada en el cultivo del coco y de la yuca con una amalgama interseccionada de implicaciones. Tras las recuperaciones del territorio garífuna aparece de inmediato un proyecto agrícola y por tanto productivo en su totalidad. Y así, donde había una pista clandestina del narco o un palmar o cualquier elemento ajeno a la territorialidad garífuna se construyen espacios para el coco, la yuca, etc. y de ahí resurgen las formas económicas alternativas y las culturales ancestrales y sus derivaciones gastronómicas como el casabe y otras tantas formas de derivar estos cultivos autóctonos. Vallecito y otros tantos lugares garífunas se convierten en referencias de luchas, resistencias y alternativas. Tomamos nota de ello y de las palabras de Miriam Miranda recientemente reconocida con un premio internacional e históricamente amenazada por poderosos que nos interpela de la siguiente manera: “Sentir el pueblo garífuna esta solidaridad y poder visibilizar la situación que vivimos va a ser sumamente importante”.
➡ Vallecito Honduras : La Tierra Prometida
En los movimientos sociales españoles es fácil encontrar personas que por mucho que se identifican como revolucionarias caen tanto en sus discursos como en su práctica política en la trampa de la reforma.
Aquí en Vallecito la “tierra prometida” del pueblo garífuna sólo cabe una respuesta: Revolución. Su forma de ejecutarla: las recuperaciones. La recuperación de las tierras que tienen claro que les pertenecen. El paradigma de esta estrategia es Vallecito, lugar que huele a resistencia. Vallecito es la lucha por la supervivencia de una forma de ser y estar en el mundo, es creación de contrapoder basado en la comunidad. En instituciones paralelas que a través de cubrir las necesidades del pueblo por el pueblo se erigen como las legítimas. Es un desafío frente a un capitalismo que las quiere muertas o esclavas. Un ejercicio de empoderamiento colectivo que pasa por algo tan radical y básico a la vez como su derecho a ser. Es poner en jaque al sistema desde el replanteamiento comunitario de las relaciones hegemónicas formando comunidades que colectivizan los cuidados, que siembran lo que comen, que enseñan a sus hijas para ser comunidad, que no dejan a nadie fuera.
La recuperación de la tierra es la recuperación de la soberanía para decidir su destino como pueblo, enraizado en su pasado pero creciendo hacia el futuro.
➡ Una lengua en resistencia
Suenan los “siricias” como se dicen las maracas en garífuna. La música invade vallecito y a las niñas y los niños que aquí viven. Estas niñas y niños estudias en las escuelas que hay en su comunidad. El crear y sostener escuelas propias donde se estudia exclusivamente es garífuna es una estrategia más de lucha por la recuperación de su lengua y con ella la recuperación de su identidad tan perseguida por chocar de manera frontal con el sistema capitalista, por su forma de organización, sus estructuras sociales, sus formas de consumo y su forma de entender lo que supone ser y vivir desde lo común.
La lengua garífuna vertebra y es elemento trasversal de la lucha que este pueblo está llevando a cabo.
Supone un elemento cohesionador de las más de 40 comunidades garífunas que existen en Honduras.
Luchar por recuperar tu lengua es luchar por recuperar tu forma de pensarte, de pensar el entorno, de sentir la espiritualidad.
La lengua es el prisma desde el que miramos el mundo.
Y la comunidad garífuna no se somete a la mirada colonial impuesta.
Resiste y lucha por sus cuerpos, su territorio, su cosmovisión, y cómo no por su independencia cultural y lingüística.
Cuando en Vallecito se escucha hablar en garífuna en todos los ámbitos cotidianos de la vida, desde el juego, al trabajo a la charla, se oye una comunidad de pie ante la opresión.
➡ La Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA) y el conflicto del bajo Aguán
El valle del Aguán se ubica rodeando el río Aguán en el norte de Honduras. Es una zona marcada por décadas de resistencia de campesinos y campesinas que no se resignan a las cadenas de un sistema capitalista que les roba la dignidad. Es 23 de febrero y como delegación internacionalista del Estado español, nos reunimos con Leonel, Haydé, y Esly, integrantes de la dirección de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Agua (COPA), en Tocoa. Nos cuentan que está conformada por 24 organizaciones del pueblo hondureño. Nace en 1997 con el objetivo de luchar contra la injusticia. Su primer coordinador, fué Carlos Alfonso Escalera, cuyo rostro impreso en grandes carteles adornan la sala en la que nos encontramos. Carlos fué asesinado el 18 de octubre de ese mismo año por su labor en la lucha por la defensa del río Guapinol frente al plan del empresario de muerte Facussé, de instalar en él una planta extractora. Tras vivir en un primer momento un ambiente de derrota en las organizaciones, la indignación sembró a Carlos en los corazones de sus integrantes, y la COPA cobró un nuevo impulso incorporando entre sus objetivos centrales, además de la lucha contra la injusticia, la lucha por el acceso a la tierra. Y en ese renovado impulso, también se logró que el Estado fuera declarado culpable del asesinato de Carlos. Hoy, un busto en su memoria, preside la plaza Carlos Escalera en Tocoa, popularmente conocida como plaza de los Mártires.
El contexto en el que inicia la lucha de la COPA, se perfila cuando el quinceavo batallón del ejército de Honduras, desplazó su base militar de la zona en la que había sido entrenada La Contra durante la guerra de El Salvador en la década de los 80′, con el apoyo y el financiamiento de los EE.UU., a Río Claro, en Trujillo. Una vez aquí, han tratado de expoliar de sus zonas de agua a las comunidades. La situación no dejaba opciones, y el movimiento campesino del bajo Aguán, se empezó a organizar en el Centro Nacional de entrenamiento del que se había desplazado el décimo quinto batallón. Sí, exactamente donde los EE.UU. entrenaron a La Contra en la década de los 80′, y es desde ahí, desde donde se ha venido dando un acompañamiento del proceso agrario.
Ya en el 2000 resurgió la reforma agraria que perjudicaba los intereses de las y los campesinos, y de la COPA, al incorporar un dictamen que permitió la venta de tierras de forma ilegal a empresarios, entre ellos la familia Facussé. Frente a semejante estafa legitimada por el Estado, la COPA logró que se creara un decreto para que al menos se retribuyeran indemnizaciones por las mejoras fruto del trabajo campesino, en las tierras expoliadas. En respuesta a esta contrapartida, el gobierno movilizó a militares y policías contra las y los campesinos, que fue incrementando la violencia en la zona durante la primera década del comienzo de siglo. Tras el golpe de Estado de 2009, la espiral de violencia desembocó en auténticas masacres y violaciones de DD.HH. hacia el campesinado. En la zona del bajo Aguán, la represión fue particularmente dura, con toques de queda en ocasiones, de hasta 24 horas.
En este nuevo contexto, la COPA siguió buscando alternativas al problema agrario, y en esa búsqueda se conformó el MUCA (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán). Desde ahí replantean la ley de la reforma agraria de 1992, que venía favoreciendo al empresariado, pues les había permitido la acaparación de 32000 hectáreas de tierra. Los primeros asesinatos en respuesta a este nuevo foco de resistencia, se dan en febrero de 2010, y ya en abril de ese mismo año, se militarizó toda la zona desde diferentes partes del país, en el marco de la negociación del MUCA con el gobierno. En estas condiciones de represión y violencia sobre las y los campesinos, el MUCA acabó firmando un convenio por el cual se entregaron 4000 hectáreas de tierra al campesinado, acordando la entrega de 7000 hectáreas más, a lo largo de 1 año.
Las condiciones abusivas que se plantearon para esta venta fueron evidentes. Mientras que el precio de la hectárea en el mercado era de 6 lempiras (lmp.), bajo este convenio ascendía a 135000 lmp. la hectárea. Si bien, el convenio incluía infraestructura comunitaria como escuelas, centros de salud, etc. esta parte del acuerdo nunca se ha cumplido.
Por otro lado, el precio de la tonelada de fruta, se estipuló en 3000 lmp.,ascendiendo posteriormente a 3500 lmp. En semejante planteamiento, cubrir la deuda que habían adquirido por la compra de tierras bajo este convenio, se planteaba muy difícil en un escenario marcado por una asimetría de poder en la que son las corporaciones quienes manejan el mercado, y se benefician de una impunidad rampante, con la convivencia del Estado. En este escenario se ha venido operando bajo la lógica del terror y la criminalización de forma sistemática, frente a cualquier intento de resistencia campesina. Bajo esa lógica se produjo el asesinato de muchos compañeros y compañeras, y se puso en marcha una campaña, por la que se acusaba a las cooperativas agrarias en manos del campesinado de tener en sus tierras cementerios clandestinos, y de no ser capaces de administrar sus cuentas. Cuando hace unos 3 años se vino abajo el mercado, el precio de la tonelada de fruta cayó a 1400 lmp.,lo cual agudizó la problemática del conflicto. Ante la situación, el empresario Facussé, y el presidente Porfirio Lobo, marcaron como línea estratégica, dividir el margen izquierdo y derecho del río. De esta forma, en el margen derecho quedaron 4 asentamientos que fueron bombardeados, introdujeron infiltrados, y se cometieron asesinatos. Este patrón de muerte que sigue el Estado y las corporaciones alcanzó su climax con el asesinato de Berta Cáceres la madrugada del 3 de marzo de 2016. El 18 de octubre de ese mismo año, un coronel de la inteligencia del Estado asesinó al presidente del MUCA Jose Andrés Flores, y a otro compañero, ambos garantes de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de DD.HH. A los 12 días de estos hechos Esly nos cuenta con ojos llorosos y tristeza en la mirada, pero con la entereza de quien sabe que el único camino para parar la barbarie es seguir luchando, que asesinaron a su hijo mayor, también con medidas cautelares desde 2014. A partir de aquí se aplicaron medidas cautelares a toda la directiva de la COPA, y se ampliaron las medidas a sus familiares, lo que no impidió que el 7 de diciembre de 2016, el padre del hijo de Esly, también fuera asesinado. Poder palpar en aquella sala la rabia y la tristeza a la vez, que irradiaban los ojos de gente hermosa como Esly, es algo que no cabe en un escrito, y que concreta en el nudo de nuestras gargantas, la razón de ser de aquello por lo que luchamos desde todas las partes del mundo.
Desde la COPA, se sigue trabajando para que el Estado asuma su responsabilidad por no proteger la vida de las personas, por no cumplir acuerdos, y por llevar a cabo estrategias de eliminación. En esta línea, se ha solicitado una mesa de alto nivel para que se aborde la problemática poniendo sobre la mesa la raíz del conflicto, que también pasa por cancelar concesiones mineras, y porque se lleven a cabo investigaciones con actores internacionales bajo mecanismos de protección.
En el último año se han sumado más conflictos por la minería, y por la defensa del agua, que se han traducido en caravanas migrantes masivas, ocasionando un vaciamiento de las comunidades acuciante. Esta migración, lejos de suponer un problema para las oligarquías y los intereses extractivos Norte-Sur, resulta funcional a un sistema capitalista globalizado atado y bien atado, que ante la inminencia de su colapso, arroja lógicas malthusianas, cuanta menos gente, a más tocan los que ostenta el poder. Sin embargo, choca frontalmente con nuestro compromiso como poblaciones por la defensa de la vida digna, planteando un conflicto de intereses, marcado por una oposición contundente de las comunidades en contra de las hidroeléctricas y otros megaproyectos financiados desde EE.UU, o la UE bajo la cínica denominación de “energía limpia”. Como bien dicen las consignas populares “Represa y Minería, son la misma porquería”.
En la actualidad, sólo en Tocoa, se han dado más de 30 concesiones mineras en las que está involucrada la familia Facussé, responsable directa de la persecución, y criminalización de las organizaciones campesinas, así como de la judicialización de campesinos por defender sus tierras. Todo este proceso ha situado la línea de acción de la COPA, centrada en los objetivos de: formar líderes y lideresas de organizaciones de base coordinadas, de organizaciones sindicales de base, y de patronatos y juntas de agua; la defensa de los DD.HH, el medio ambiente, y los bienes comunes; apoyar las movilizaciones populares; y ampliar la estrategia comunicativa con programas propios en radios comunitarias. Además, la COPA está trabajando en un proyecto de radio comunitaria propia que recupera frecuencias bajo las mismas lógicas que guían las recuperaciones de tierra. De esta forma, se saltan protocolos ocupando las ondas de radio, hasta que tratan de montar otras radios sobre las ondas recuperadas, o más bien liberadas de la contaminación mediática funcional al expolio de la tierra, y el agua, y por tanto de la vida. Se trata de una estrategia comunicativa, que también forma parte de la lucha territorial.
A su vez, tiene articulación con otras organizaciones a nivel local, nacional, e internacional. Estas redes son clave, pues en cada lucha concreta por la defensa de la vida digna, el saberse parte de algo más grande, ofrece un impulso que alienta la esperanza, y nos da fuerza para seguir frente a la barbarie y el abuso de un poder con tentáculos también en esos 3 niveles, local, nacional, e internacional. Y en ese tejer redes pueblo a pueblo construimos contrapoder frente a un sistema global que nos expulsa y ataca la vida, solidaridad internacionalista o barbarie es la clave y la ternura de los pueblos que nos permite avanzar.
Crónica de Rocío S. de la Delegación de solidaridad con Honduras 2020
Organizaciones nacionales e internacionales que monitoreamos la situación de derechos humanos en Honduras respaldamos el informe de la OACNUDH Honduras sobre violaciones a derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017.
Las Américas y Europa, 14 de febrero de 2020 – Las organizaciones que monitoreamos la situación de derechos humanos en Honduras manifestamos nuestro total respaldo al informe “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos”, presentado el pasado 22 de enero por la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
De acuerdo con su mandato, en este informe de seguimiento, la OACNUDH reitera que el Estado de Honduras respondió de forma desproporcionada a las protestas que se desataron después de las elecciones, lo cual resultó en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, que hasta la fecha, siguen en la impunidad.
El informe señala los enormes retos que en materia de justicia y reparación presentan las graves violaciones de derechos humanos acontecidas, entre las que destacan ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, pues a dos años de los sucesos, aún no se ha logrado ninguna sentencia condenatoria y muchos hechos ni siquiera están siendo investigados.
La situación de impunidad que refleja este informe refuerza las preocupaciones expresadas de manera reiterada por distintos organismos internacionales, así como por organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos en Honduras. Recordamos que la impunidad no solo genera indefensión en las víctimas y sus familiares sino que también “propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos”.
Las recomendaciones emitidas ofrecen una clara línea de trabajo para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan. En este sentido, hacemos un llamado al Estado de Honduras para reconocer y asumir las conclusiones del informe de la OACNUDH, comprometerse con las recomendaciones emitidas y generar las medidas necesarias para su efectiva implementación.
Como organizaciones nacionales e internacionales que monitoreamos la situación de derechos humanos en Honduras, reconocemos que este informe demuestra, una vez más, la fundamental labor que ha desarrollado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras, en particular frente a los profundos retos que enfrenta el país para garantizar los derechos de su población. Así, instamos al Estado a reconocer su labor y la de sus funcionarios y funcionarias, garantizar su continuidad en el país y cumplir con las recomendaciones emitidas por el organismo, para avanzar hacia la ruptura de la impunidad en Honduras.
FIRMAN:
Amnistía Internacional
ACI Participa
Asociación de Jueces por la Democracia
Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectivo Ansur
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Diakonia, Oficina Honduras
Entrepueblos/Entrepobles/Herriarte/Entrepobos
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe – FAU-AL
Foro Honduras Suiza
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
GHRC-USA
Global Witness
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras)
JASS Mesoamérica
Latin America Working Group Education Fund (LAWGEF)
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Protection International Honduras
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Las organizaciones miembros del Foro de ONG´s Internacionales en Guatemala (FONGI), en
representación de 28 organizaciones de las sociedades civiles, de Alemania, Bélgica, Canadá, los
Estados Unidos, Holanda, Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza, Españolas aglutinadas en la CODEG, y del
Collectif Guatemala de Francia, así como federaciones internacionales, manifestamos nuestra
profunda preocupación por la aprobación de la Ley 5257 por el Congreso de la República de
Guatemala, que contiene requisitos que afectan y limitan el ejercicio de derechos humanos, como
también controles administrativos que pueden ser utilizados de manera discrecional, lo cual, podría
limitar la labor de las entidades de la sociedad civil.
Las Organizaciones no Gubernamentales ONG´s, constituimos un puente entre la ciudadanía y el
Estado para fortalecer sus capacidades, constituyéndonos en actores clave para la promoción,
protección y defensa de los derechos humanos. Aportamos al fortalecimiento de la democracia y el
Estado de Derecho. Asimismo, jugamos un importante papel en la fiscalización, de manera objetiva
e independiente, alrededor de los actos gubernamentales que puedan tener consecuencias
negativas para la plena vigencia de los derechos humanos, tal y como se establece en el documento
Estándares Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables a la iniciativa de ley 5257,
entregado por la OACNUDH al Congreso de la República.
En ese sentido, las ONGs aportamos al trabajo del Estado, con acciones de desarrollo social de
beneficio para la población en las áreas de salud, migración, educación, atención a la población en
situación de desnutrición, formación de capacidades y desarrollo de emprendimientos económicos,
así como en la realización de estudios para lanzar alertas sobre temas que permiten identificar
problemáticas de interés para el fortalecimiento del Estado de Derecho, entre otros. En situaciones
de calamidad y para brindar una mayor atención a los afectados, se ha apoyado con equipo
especializado en atención humanitaria, como un mecanismo que refuerce coordinadamente la
acción y respuesta del Gobierno.
Las ONGs hemos venido apoyando a las comunidades y a los procesos de construcción de
ciudadanía, y, hemos rendido cuentas del trabajo que realizamos ante los órganos de control
establecidos por el gobierno de Guatemala (Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación,
Superintendencia de Administración Tributaria, entre otros). Por todo lo anterior, instamos al
Gobierno de Guatemala a tomar en cuenta la cooperación que hemos realizado, y seguiremos
realizando, para la construcción de una Guatemala donde todos los sectores tengan voz y ejerzan
una ciudadanía plena, tal y como corresponde a un Estado del siglo XXI.
CARTA DE LA RED EULAT
Sr. Alejandro Giammattei, Presidente de la República de Guatemala
CC: Sr.Pedro Brolo, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala
CC: Embajador de Guatemala en Bruselas/ capitales de Estados Miembros
CC: Sr. Stefano Gatto, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala
Excelentísimo Sr. Presidente,
Asunto: aprobación de la iniciativa de ley 5257 que reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para el Desarrollo.
Las parlamentarias y los parlamentarios europeos que suscribimos esta comunicación, nos dirigimos respetuosamente a Ud. preocupados por la situación sobre la aprobación de la Ley 5257 por el Congreso Guatemalteco en su tercera lectura durante la sesión legislativa del 11/02/2020, alterando el orden del día para aprobar la Ley sin un debate de fondo.
Dicha propuesta de ley fue presentada por primera vez al Congreso el 21 de marzo de 2017 bajo pretexto de “incrementar la transparencia de las ONGs”, a pesar de que las Organizaciones No Gubernamentales, así como asociaciones, fundaciones y entidades debidamente registradas, ya se encuentran fiscalizadas por diversos mecanismos de control estatal.
Tanto el Parlamento Europeo en suResolucióndel 14 de marzo de 2019, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala (2019/2618(RSP)), como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en suDeclaración del 09/05/2019, expresaron su preocupación ante la aprobación inminente de dicha propuesta de Ley. Retomamos asimismo la preocupación expresada por 30 europarlamentarios, el pasado 23 de octubre del 2019 en una carta dirigida a su antecesor, el Sr. ex presidente Jimmy Morales, así como también otra al Presidente del Congreso de Guatemala y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del mismo.
La nueva ley deja en manos del poder ejecutivo la discrecionalidad de cancelar el registro a las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil. Facilita la restricción de derechos y garantías constitucionales como la libertad de asociación, la libertad de expresión, así como el derecho de petición, entre otros. Además limitará la capacidad de la sociedad civil guatemalteca para fiscalizar al quehacer gubernamental y de cuestionar las acciones de corrupción dentro del Estado. Es sumamente preocupante que se reduzca el espacio de la sociedad civil estas leyes restrictivas, ya que las ONGs son un pilar esencial para el fortalecimiento de las democracias.
En virtud del grave daño que dicha normativa presenta para las organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales (inter)nacionales en Guatemala, urgimos a Ud., excelentísimo Sr. Presidente de la República que en ejercicio del poder que le otorga la Constitución Política de la República, que vete la ley 5257 que atenta contra las libertades y derechos constitucionalmente garantizados.
El Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria con El Salvador, FOCIS, que aglutina a una treintena de organizaciones internacionales, que acompañamos a comunidades y organizaciones sociales en su trabajo por los derechos humanos, ante la grave crisis política generada este fin de semana en el país, expresamos lo siguiente:
Consideramos que el discurso del presidente y la militarización de la Asamblea Legislativa, sin ninguna justificación, son un atentado contra la aún incipiente institucionalidad democrática.
Nos preocupa la demostración de poder absoluto utilizando el respaldo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, en clara violación a la independencia y al equilibrio de poderes de los tres órganos del Estado, necesarios para que funcione la democracia. Consideramos que este es un grave retroceso para el país.
Hacemos un llamado a todos los actores políticos, económicos y sociales a corregir el rumbo que está tomando el país y construir actitudes más productivas de diálogo, concertación, solidaridad con los sectores más empobrecidos y apego irrestricto al Estado de Derecho, respeto a los Derechos Humanos y las normas elementales de la democracia.
Reiteramos nuestro apoyo y respaldo a las organizaciones de la sociedad civil que valientemente se han pronunciado a favor de la democracia y el restablecimiento del orden constitucional. Consideramos que son ellas y ellos en este momento la conciencia y reserva moral del país, una reserva abundante e invaluable que debe ser escuchada e invitada a participar en los procesos de cambio estructural que tanto necesita el país.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse por el respeto de la democracia en El Salvador y a brindar su protección a las defensoras y defensores de derechos humanos para que puedan continuar en su labor de defensa y denuncia sin que se les afecte su integridad física y moral.
Este lunes 3 de febrero, ya cumplidos los 47 meses del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presentaron ante el Ministerio Público una declaración suscrita por más de 500 organizaciones y además cientos de personas de todo el mundo, exigiendo respuestas ante la falta de acción y sanción sobre la clara responsabilidad de los autores intelectuales del crimen.
En el primer juicio por el asesinato y en la sentencia que condenó a los 7 responsables por la autoría material, se evidenció y afirmó la participación y el consentimiento de miembros de la junta directiva de DESA que aún no están siendo investigados ni juzgados. El Ministerio Público tiene en su poder esa información por lo que después de 4 años de irregularidades y negligencias es urgente accionar al respecto.
La declaración presentada también constituyó una exigencia al Estado de Honduras para que avance de manera efectiva y sin más dilaciones en el proceso contra David Castillo, quien participó en el rol de enlace entre los autores materiales y ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA).
Una acción de movilización por parte del COPINH y otras organizaciones exigieron al fiscal general investigar y juzgar a la familia Átala Zablah, Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala, quienes siguen gozando de impunidad mientras figuran entre las conversaciones extraídas de la evidencia telefónica, vinculados con los ya condenados por este crimen ¿y sus condenas para cuándo?
De acuerdo con lo expresado por Berta Zuniga Cáceres, coordinadora general del COPINH “La declaración de este día es un acto de solidaridad de cientos de organizaciones que han venido acompañando la lucha del pueblo indígena lenca organizado en el COPINH, nuestra lucha continuará hasta que se investigue y castigue a todos los implicados en el asesinato contra nuestra compañera Berta Cáceres”.
Fuente: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH
El levantamiento en Quito fue, formalmente, contra el fin de los subsidios a los combustibles, que siempre encarecen los alimentos y escalan los precios. Los pueblos originarios y los trabajadores aprovecharon la brecha abierta por los transportistas, que no tienen intereses populares sino corporativos, para lanzarse a la yugular del modelo.
En ambos casos, y en muchos otros, lo que está sucediendo es que los pueblos están hartos de una desigualdad que no para de crecer bajo los gobiernos de los más diversos signos. Porque la desigualdad es estructural y está ligada de forma estrecha al modelo extractivista, que se resume en polarización social, pobreza creciente y concentración de poder en las élites financieras y las grandes empresas multinacionales.
Las gigantescas movilizaciones populares, en Quito, en Santiago, en Puerto Príncipe, por no hablar de Barcelona, Hong Kong y París, muestran dos cosas que están pautando la situación: el poder que ha adquirido la movilización popular, capaz de configurar hondos virajes políticos, y que las acciones colectivas trascienden gobiernos, cuestionando un modelo que produce miseria abajo y lujo arriba.
Para ser más precisos: junio 2013, con 20 millones de brasileños en las calles en 350 ciudades, fue un grito contra la desigualdad que sepultó la gobernabilidad lulista al no haber comprendido el gobierno la profundidad del clamor. Diciembre de 2017 fue clave, pero en un sentido inverso, ya que sepultó la gobernabilidad conservadora y clasista de Macri (https://bit.ly/2MWWh4M).
Sin embargo, esas apreciaciones siguen siendo generales y no tocan lo central. Caminar por las calles de Quito estos días de octubre, donde permanece el olor pegajoso del humo de las llantas quemadas, te fuerza a la reflexión. Los intercambios con personas de los más diversos movimientos, rurales y urbanos disipa la niebla de la confusión sistémica en la que nos movemos.
La primera apreciación es que en el levantamiento jugaron un papel decisivo las mujeres y los jóvenes, que desbordaron a los dirigentes históricos. Ellas protagonizaron la mayor marcha de mujeres en la historia de Ecuador, aportando los saberes de la reproducción y el cuidado de la vida, sumando lucidez al fervor juvenil sin menoscabo de la combatividad.
La segunda es la diferencia entre un levantamiento organizado y un estallido espontáneo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es una organización de base comunitaria, muy bien estructurada y por eso tuvo la capacidad para sacar a los provocadores de las marchas, incluso a los encapuchados. Algo que no está siendo posible en Chile, donde las manifestaciones son sistemáticamente infiltradas por agentes de la policía que alientan saqueos que vuelven a la población en contra de las protestas.
La tercera es que el levantamiento fue posible gracias a las comunidades rurales en primer lugar, que aportaron lo necesario para asegurar la permanencia durante 12 días en la lejana Quito. Dos fuerzas destacaron: las comunidades de la sierra central, al norte y al sur de la capital, y los pueblos amazónicos, cuya llegada organizada como guardia indígena fue decisiva en las jornadas finales.
También hubo una presencia importante de las comunidades urbanas, los barrios pobres donde los jóvenes jugaron un papel activo y decisivo. Un sector de las clases medias urbanas superó el racismo fomentado por los medios y apoyó con agua y alimentos a los pueblos originarios.
Por último, está la interpretación de lo que viene sucediendo. Entre los diversos análisis, creo que el más profundo es el que ensaya Juan Cuvi y sus colegas, en un trabajo titulado El agotamiento de un modelo de control social (https://bit.ly/2W6nLsV). Este modelo nació a comienzos de la década de 2000 con Lucio Gutiérrez y fue desarrollado por la década de Rafael Correa.
En efecto, el modelo está en crisis, pero no se avizora nada que lo pueda sustituir a corto plazo. Por eso el caos en curso, que durará un tiempo imprevisible, hasta que maduren las fuerzas capaces de superarlo. Debemos pensar en términos de décadas, más que de años y, menos aún, comprimir los cambios en curso a los tiempos electorales. Tampoco podemos pensar que lo que venga sea necesariamente mejor que lo que caduca.
Un gran desorden, como señalaba Mao Zedong, puede ser algo positivo. Un gran orden, es el cementerio social que necesitan los capitales para seguir acumulando. No alcanza con el desorden para modificar las cosas. El sistema cuenta con la protesta social para reconducirla hacia sus intereses, aprovechando la confusión que puede serle funcional, si no encontramos los modos de convertir la coyuntura en un escenario favorable a los pueblos.
Artículo de Raúl Zibechi publicado en La Jornada (México)
Sistema Judicial de #Cusco acaba de absolver a todos los defensores del medio ambiente, de #Chumbivilcas, denunciados por la empresa minera #Anabi en el 2012.
Además, la Jueza ha decidido enviar el caso al Órgano de Control Interno, debido a la deficiente sustentación de la Fiscalia para acusar a los dirigentes sin elementos probatorios.
¡Sin defensorxs no hay democracia!
¡Se hizo Justicia!#CasoAnabiSistema Judicial de #Cusco acaba de absolver a todos los defensores del medio ambiente,…
Defensores/as del territorio en riesgo de ser condenados a más de 20 años de cárcel
Entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, pobladores de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, a través de sus organizaciones sociales como el Frente de Defensa de los Intereses de LLusco, el Frente de Defensa de Chumbivilcas, las comunidades campesinas del distrito de Llusco, La Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), entre otras, ejercieron su derecho de libertad de expresión, opinión y de reunión, exigiendo diálogo con el Estado por la visible contaminación ambiental en la cuenca del río Yahuarmayo, conocido como Molino, y por las afectaciones negativas causadas por el paso de camiones mineros de gran tonelaje generada por la empresa minera ANABI SAC.
Pese a múltiples pedidos ante las instancias del Estado, los dirigentes y las comunidades no fueron escuchadas, sin embargo a partir de las medidas de movilización y protesta social en el mes de enero de 2012 se instaló una mesa de diálogo integrada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua, Autoridades locales y regionales; y representantes de la empresa minera ANABI SAC. Uno de los compromisos acordados en este espacio de diálogo, fue la realización de un monitoreo ambiental, cuyos resultados debían presentarse públicamente ante la población, dicho acuerdo que no fue cumplido.
Lamentablemente el conflicto social se desbordó en distintos momentos, siendo uno de los hechos más graves el incendio del campamento minero ocurrido el 05 de febrero de 2012, por lo cual la empresa minera ANABI SAC denunció a varios dirigentes de organizaciones sociales por diversos delitos. Sin hacer mayor investigación penal, la fiscalía formalizo la denuncia penal contra nueve varones y una mujer, defensores del territorio y del medio ambiente, de Llusco, Chumbivilcas y Cusco, por delitos de secuestro, robo agravado, disturbios, daños agravados a la propiedad privada, entre otros.
El juicio contra dirigentes sociales está en las últimas etapas, y se estima que en las siguientes semanas de enero del 2020, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco se pronuncie con una sentencia condenatoria.
Victoria Quispesivana, defensora en riesgo de encarcelamiento, también ha sido dirigenta de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco.
Lxs defensorxs están en grave peligro de ser encarcelados por 20 años, o más, considerando que esta es la pena mínima por el delito de secuestro, y la fiscalía ha pedido 30 años de cárcel. El elemento común entre los acusados es su condición de dirigentes de organizaciones sociales y/o autoridades, pues no existe evidencia confirmando su participación en los actos. Igualmente, las acusaciones están basadas únicamente en testimonios de ex-trabajadores de la empresa minera ANABI SAC.
La sentencia de 20 años o más de los 10 acusados no solo significaría que ellos pasaran el resto de sus vidas adultas encarcelados por defender su territorio y medio ambiente, también marcaría un precedente para procesos judiciales contra hombres y mujeres que deciden ejercer su derecho constitucional de denunciar contaminación ambiental y demás vulneraciones de sus derechos por empresas extractivas.
Por tanto, desde la sociedad civil solicitamos al “Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco” encargado de este caso, que:
– Desarrolle el juicio de manera imparcial, acorde a la Carta Magna en la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. En este sentido, la sentencia del colegiado tiene que fundamentarse en el derecho a una decisión justa como elemento esencial de un proceso justo y sano.
– La decisión final debe versar en derechos fundamentales tal cual la Carta Magna hace mención “…gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” y no basándose meramente en lo que la empresa contaminadora minera alega. Hubo protestas porque los territorios de las comunidades están siendo depredados de manera irreversible.
(Puedes leer el contenido completo del petitorio aquí)
Añade tu firma a esta petición en el siguiente ➡ FORMULARIO
Trayectoria en la empresa minera ANABI SAC
La empresa minera ANABI SAC no es reconocida por tener buenas prácticas ambientales y que en diversas ocasiones ha sido sancionada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por contaminación generada por los proyectos mineros que viene ejecutando en distintas partes del país. En el caso de Llusco, Cusco, habría sido sancionada en el año 2011, antes de que los pobladores se levanten y denuncien las afectaciones negativas en su territorio.. Información que se puede encontrar en la página web de OEFA (https://www.oefa.gob.pe/?s=anabi).
Los defensores del territorio que podrían recibir una pena de cárcel tan alta son: Jaime Mantilla Chancuaña, en ese entonces Alcalde de LLusco; Julian Alejo Ataucuri, ex Secretario General del Frente de Defensa de los intereses de Llusco; Victoria Quispesivana Corrales, ex Secretaria General del Frente de Defensa de los intereses de Chumbivilcas; Luciano Ataucuri Chavez , quien era Presidente del Comité de Lucha del Distrito de Llusco; Samuel Acero Hurtado, representante de la FARTAC en ese entonces; Urbano Cjulca Caceres ex Secretario General de los Intereses de Quiñota; Esteban Alvis Cahuana, ex Presidente de la comunidad campesina de San Sebatian Llusco; Wilber Garcia Huaycani, en ese entonces Presidente de la Liga Agraria provincial de Santo Tomás de Chumbivilcas; Grimaldo Asto Puma en ese entonces chofer de la Municipalidad Distrital de LLusco; y finalmente Edgardo Aguirre Pacheco, ex Secretario de actas del Frente Único de Defensa e Intereses de Chumbivilcas.
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