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Por definición un pacto plantea un acuerdo entre dos o más partes, muchas veces solemne, donde se establece una obediencia a cumplir los puntos establecidos en lo que puede ser o no un contrato formal, en ocasiones conseguido incluso debajo de la mesa.
Tan agobiante definición puede generar confusiones, más cuando erradamente se mete en un mismo saco a todos los pactos nacidos en estos convulsos tiempos. Pese a ello, el Pacto Ecosocial del Sur no plantea un acuerdo formal para cumplir una hoja de ruta cerrada ni propone un listado de demandas dirigidas a los gobernantes. No es un Pacto con el Poder, ni para acceder al Poder; este Pacto enuncia ideas de cambio de las fuerzas sociales que lo impulsan.
Vivimos la peor crisis moderna de la humanidad; una crisis que rebasa al azote sanitario del coronavirus pues se descubren las fracturas multifacéticas y sistémicas de la civilización dominante. En medio de esa crisis, y pese al aislamiento físico, un grupo de personas sintonizadas desde hace tiempo elaboró un documento corto proponiendo -lo que a mi juicio es- un pacto con la desobediencia, buscando alternativas sistémicas y concertadas con diversos procesos sociales.
En clave de transiciones (en plural), sin olvidar el horizonte utópico, se plantean ocho puntos de acción: una transformación tributaria solidaria donde “quién tiene más, paga más”;
anular las deudas externas estatales y construir una nueva arquitectura financiera global, como primer paso de reparación histórica de la deuda ecológica y social contraída por los países centrales desde la colonia;
crear sistemas nacionales y locales de cuidado donde la sostenibilidad de la vida sea el centro de nuestras sociedades, entendiendo al cuidado como un derecho que exige un papel más activo del Estado en consulta y corresponsabilidad permanente con pueblos y comunidades;
salir de la trampa de la pobreza extrema con una renta básica universal que sustituya las transferencias condicionadas focalizadas de herencia neoliberal;
impulsar la soberanía alimentaria combinada con políticas que redistribuyan la tierra, el acceso al agua y una profunda reforma agraria, alejándose de la agricultura industrial de exportación y sus nefastos efectos socioambientales;
construir economías y sociedades postextractivistas para proteger la diversidad cultural y natural desde una transición socio-ecológica radical, impulsando salidas ordenadas y progresivas de la dependencia del petróleo, carbón y gas, de la minería, y de los grandes monocultivos, frenando la deforestación masiva;
recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, actualmente dominados por los medios de comunicación corporativos y las redes sociales que forman parte de las corporaciones más poderosas de nuestros tiempos, para disputar los sentidos históricos de convivencia;
fortalecer la autonomía y sostenibilidad de las comunidades locales frente a la fragilidad de las cadenas globales de producción, para potenciar la riqueza de los esfuerzos locales y nacionales;
y, concluyendo este listado siempre preliminar, propiciar una integración regional y mundial soberana favoreciendo los sistemas de intercambio local, nacional y regional, con autonomía del mercado mundial globalizado y enfrentando al monopolio global corporativo.
Muchas de estas ideas aparecen en otros documentos elaborados en estos años, no solo durante la pandemia. La diferencia radica en que este Pacto Ecosocial propone acciones concretas a corto plazo sin olvidar las utopías y la imperiosa necesidad de construir imaginarios colectivos, para acordar un rumbo compartido de transformaciones radicales y una base para caminar con plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades.
La crisis desnudada por la pandemia ha potenciado las desigualdades y muestra, quizás con más brutalidad que antes la incertidumbre y fragilidad de nuestro futuro, siempre en juego. Nos toca enfrentar un mundo desigual e inequitativo en extremo, plagado de todo tipo de violencias (patriarcales, racistas, extractivistas…) que aumentan aceleradamente con la pandemia. Pero también es una enorme oportunidad para (re)construir nuestro futuro desde principios básicos para una vida digna: el cuidado, la redistribución o el reparto, la suficiencia y la reciprocidad, desde bases comunitarias y autonómicas antes que estatales. En concreto, el campo principal de acción aparece en donde podemos actuar propiciando vidas mancomunadas, en espacios comunes: plurales y diversos, con igualdad y justicia, con horizontes construidos colectaivamente, para resistir el creciente autoritarismo y construir simultáneamente todas las alternativas posibles.
En realidad este Pacto viene desde abajo, desde los movimientos sociales y la Madre Tierra (origen y base de todos los derechos); eso sin ocultar la responsabilidad de quienes lo redactaron. Este Pacto surge, en definitiva, desde múltiples luchas de resistencia y de re-existencia en nuestra región, incluso se sintoniza con la larga memoria de los pueblos originarios, algunas de cuyas más importantes organizaciones lo respaldan.
Así, desde esas luchas, reflexiones y realidades se propone este Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural desde el Sur, desde América Latina, desde Abya Yala y Afro-Latinoamérica, proyectándolo a los sures del mundo, convocando a desobedecer y confrontar al poder para enterrar al mundo del capital y crear un mundo nuevo. Y para conseguirlo, caminando desde el aquí y el ahora, quienes escribimos este Pacto buscamos horizontes de transformación civilizatoria, en esencia postcapitalistas, tanto para superar el antropocentrismo, como la colonialidad, los racismos y el patriarcado. El fin es construir un mundo donde quepan muchos mundos -un pluriverso- pensados desde las perspectivas, deseos y luchas de los pueblos y sus derechos.
Alberto Acosta Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Compañero de lucha de los movimientos sociales. Juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Ministro de Energía y Minas del Ecuador (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008).
Las cuentas impagadas por alquileres y servicios de luz, agua, gas y acceso a conectividad crecieron a ritmo acelerado en estos meses de aislamiento social para protegerse del coronavirus. El carácter feminizado de las economías precarizadas son hoy objeto preferido de endeudamiento.
La cuarentena puede leerse desde el punto de vista de cuáles son los movimientos que generan deudas y cuáles los que generan rentas. Con ese método, no solo se evidencia quién puede quedarse en casa y quién no. También cómo moverse o fijarse tiene efectos diferenciales en términos de ingresos y deudas.
Por eso, no hay manera de pensar la crisis habitacional, sin la deuda creciente de inquilinas e inquilinos, así como no se logró poner de relieve la falta de acceso a conectividad en los barrios más precarizados hasta que la deuda por celulares se evidenció como un costo exorbitante en plena pandemia. La renta inmobiliaria y la renta financiera aprovechan la inmovilidad.
¿Qué papel está jugando el endeudamiento a nivel global y a nivel doméstico en este momento de crisis? En nuestra investigación Una lectura feminista de la deuda (2019) hemos desarrollado cómo el endeudamiento público, acelerado exponencialmente en los últimos cuatro años, se tradujo en políticas de ajuste que se derramaron en los hogares como deuda doméstica.
Junto a la inflación galopante y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de subsidios y salarios, se produjo una realidad en la cual se volvió obligatorio el endeudamiento para acceder a bienes tan básicos como alimentos y medicamentos. Aquí la deuda doméstica aparece en su dimensión más política: como modo de metabolizar los efectos del ajuste, lo cual obliga a completar los ingresos siempre insuficientes para un consumo de productos a su vez cada vez más dolarizados (alimentos, medicamentos, alquileres).
De esta manera, la deuda en las familias opera también como mecanismo que obliga a la precarización: a la aceptación de trabajos cada vez peor pagados. Esto hace que las deudas terminen organizando y comandando las formas laborales, siendo un motor interno a la flexibilidad sin límites y una manera de explotación que logra intensificarse y adaptarse a realidades laborales cada vez más heterogéneas.
Las finanzas, despojadas del puro tecnicismo y pensadas en su impacto cotidiano, deben comprenderse en términos de una lógica extractiva del capital, organizando lo que llamamos “extractivismo financiero”.
Vivienda y alquiler
En los meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio se constata el aumento acelerado de la pobreza y situaciones de precariedad generalizada y, en consecuencia, el incremento muy fuerte de deudas en los hogares. La disminución de ingresos para la gran parte de la población que no tiene empleo asalariado fijo, el recorte de sueldos incluso para quienes sí lo tienen, y los despidos forman parte del paisaje de veloz pauperización y el suplemento de la deuda a la hora de “salvar” el momento.
Queremos puntualizar aquí las nuevas formas de endeudamiento que se están produciendo en la crisis, a partir de un trabajo de encuestas y entrevistas que realizamos sumado a otras fuentes que venimos sistematizando. Uno de los centros del conflicto actual es la vivienda.
A partir del imperativo #QuedateEnCasa se ha revelado la dificultad de lo que esto significa en el contexto actual y, en particular, con el aumento de violencia de género que se registra en condiciones de confinamiento. Hacinamiento, barrios enteros sin agua y alquileres que se vuelven impagables. Esto es efecto del acelerado proceso de financiarización del acceso a la vivienda (cada vez más cara y escasa) y que tiene en la toma de tierras uno de sus eslabones evidentes.
Según una encuesta realizada mensualmente por la Federación de Inquilinos, más del 60 por ciento de quienes alquilan se endeudaron de alguna manera (con préstamos bancarios y no bancarios o con familiares o amistades) frente a la imposibilidad de pagar el alquiler desde mayo.
La deuda por razón de la vivienda expresa lo que denominamos violencia propietaria:. que se concreta en el abuso directo de dueños e inmobiliarias que aprovechan la situación crítica para amenazar, amedrentar, no renovar contratos o directamente desalojar. Sobre todo, es caldo de cultivo para forzar al endeudamiento y, en la medida que los meses pasan, a financiar deuda con más deuda.
Sabemos que para muchos hogares, la deuda es la antesala del desalojo y, a la vez, la manera de aplazarlo, de postergarlo. Pero esa violencia propietaria también recrudece en el mercado inmobiliario informal, cuando las casas son habitaciones de hotel o cuartos alquilados en una villa o casas compartidas en asentamientos, donde en general no hay contrato ni recibo de pago de por medio, pero los costos y el ajuste inflacionario de los montos son iguales o mayores a los que implica el alquiler de un departamento pequeño.
Es una novedad de las tomas de tierras de estos meses que la mayoría de quienes explican su situación lo refieren a la imposibilidad de seguir pagando alquileres y a deudas acumuladas por vivienda.
Estas deudas, además, buscan confiscar desde ahora ingresos a futuro: sean sueldos o subsidios venideros; o, directamente, obligan a la toma de nuevas deudas con circuitos familiares e informales. Esto también se convierte en un botín para las financieras que están comprando propiedades con deudas. Lo cual, a su vez, plantea una analogía con un circuito global de fondos de inversión que en varios países del mundo hoy están haciendo grandes negocios con los desahucios y desalojos.
Feminización de la pobreza
Es además necesario analizar cómo interviene la situación de endeudamiento doméstico sobre la realidad de esa brecha entre trabajo no remunerado y trabajo remunerado. La coyuntura de emergencia por la crisis acelerada por la covid-19 intensificó el endeudamiento de mujeres que ya se venía observando durante los últimos años. Según datos de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, 1.900.000 de las receptoras de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tienen deuda con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Este fenómeno se diversificó e incrementó durante la pandemia, donde las deudas “no bancarias” por alquileres y servicios de luz, agua, gas y acceso a conectividad crecieron a ritmo acelerado, lo cual se hace aún más fuerte en los hogares monomarentales, convirtiendo al endeudamiento en otra de las formas de intensificación de las desigualdades de género.
Según una encuesta mensual de la organización Inquilinos Agrupados, el endeudamiento por alquileres crece exponencialmente en los hogares donde hay un único ingreso o donde viven madres solteras con hijos e hijas.
En los barrios populares, donde la emergencia sanitaria y la restricción de ingresos impactó más fuerte, las deudas por conectividad -es decir, para comprar datos para sostener la educación pública a distancia- se incrementaron notablemente, absorbiendo incluso buena parte del IFE.
La situación es paradójica en su dramatismo: el incremento de las tareas de cuidado, además de intensificar el trabajo no remunerado que implica hacerse cargo de la escolaridad de las hijas e hijos al interior de los hogares, genera más deuda.
El trabajo no reconocido en los hogares se traduce en una desigualdad de ingresos que, a la vez, se transforma en engranaje de endeudamiento. Es esta situación de endeudamiento compulsivo y reiterado, además, la que produce una relación directa con el crecimiento de las economías ilegales como oferentes de empleo en situaciones de alta vulnerabilidad.
Si algunos analistas hablan del trabajador actual como un “recolector de ingresos”, que ya no puede garantizar su reproducción a través de un salario único y estable, podemos hablar de la “recolectora de deudas” como una figura expresiva de la profundización del despojo y la precarización que se suele nombrar como feminización de la pobreza.
En esta línea, es fundamental subrayar el carácter feminizado de las economías precarizadas que son hoy objeto preferido de endeudamiento. Una lectura feminista del problema financiero, tal como lo venimos desarrollando, confronta la dinámica abstracta de las finanzas en su relación con la vida cotidiana, con las formas de la violencia en los hogares y en los diversos territorios y con las modalidades actuales de explotación del trabajo, remunerado y no remunerado.
¿Quién pagará la crisis?
Esta situación no se generó de un día para el otro. Hay una genealogía que muy rápidamente se puede sintetizar para nuestra región. Si en los años 80 el endeudamiento disciplinó las transiciones democráticas en América Latina, como vía de salida de las dictaduras; luego, en los 90, la forma Consenso de Washington de las reformas neoliberales impusieron nuevos umbrales de deuda; y estos últimos años se asiste a un fuerte relanzamiento de la penetración financiera sobre nuestros países, combinada con situaciones de pobreza y despojo de recursos cada vez más intensivas.
Esta colonización financiera derramada en términos de deuda doméstica tomó como territorio de conquista a las poblaciones más empobrecidas y precarizadas. Esto se vincula a su vez, en términos retroactivos, con el modo en que se han conectado los subsidios sociales con la bancarización masiva, en un proceso que lleva más de una década en la región.
Cuando la relación de deuda se derrama hacia abajo, se difunden los efectos de la deuda tomada por los Estados a modo de cascada. Es decir, los despojos y privatizaciones a los que obliga el endeudamiento estatal se traducen como endeudamiento compulsivo hacia los sectores subalternos, que pasan a acceder a bienes y servicios a través de la mediación de la deuda. Esto tiene el efecto, tanto de modificar la relación entre ingreso y deuda, como también entre deuda y acceso a derechos.
Y aún más: esta cartografía específica permite ver sobre qué cuerpos, economías y territorios esa deuda se produce. Esta es la metodología feminista que venimos desplegando, que va de las finanzas a los cuerpos. ¿A quiénes se endeuda? ¿Cómo? ¿Con qué tasas de interés? ¿Qué tipo de trabajo, remunerado y no remunerado, caracteriza a la población más endeudada? Estas fueron algunas preguntas que en los últimos años hemos desarrollado, tanto en términos de acción política como de producción de conocimiento e información.
La investigación en la pandemia empieza relevando la multiplicación de las deudas privadas en la crisis y los trabajos y territorios domésticos y comunitarios que explota y permite trazar, a la vez, los dilemas políticos del momento.
Por un lado, se constata cómo gran parte del IFE otorgado por el gobierno nacional y los ingresos por subsidios y salarios son absorbidos por los bancos, supermercados, empresas de telecomunicación, empresas de plataformas y pago de deudas. Y, por otro, que las formas de la precarización laboral que vemos acelerarse expresan las disputas al interior de la crisis.
El capital -y las ofensivas patronales y financieras en las que se expresa- aprovechará la situación de crisis para reconfigurar las formas de trabajo, los modos de consumo, los parámetros de ingreso y las relaciones sexo-genéricas. Más concretamente, podemos pensar que estamos ante una reestructuración de las relaciones de clase que toma como escena principal el ámbito de la reproducción social. Esto incluye a los hogares, pero también a los trabajos reproductivos que se hacen más allá de los muros de la vivienda.
Sin dudas, hay sectores para los cuales el momento actual no solo no significa una detención de sus actividades debido a la cuarentena, sino que representa por el contrario una oportunidad para acelerar su propia lógica de ganancias, la cual saca provecho de la inmovilidad endeudada, esa que toma cuerpo en una domesticidad cada vez más explotada y precaria.
Luci Cavallero y Verónica Gago, Investigadoras GIIF-UBA-Conicet (Argentina)
En solidaridad con decenas de miles de afectados por el mayor desastre ambiental que ha impactado a la Amazonía ecuatoriana, más de 240 organizaciones, redes, movimientos, y sindicatos, en representación de más de 285 millones de personas a nivel internacional, piden al Gobierno de Ecuador que apele ante la justicia holandesa el laudo arbitral que favorece a la petrolera Chevron.
El laudo emitido el 30 de agosto del 2018 ordena al Estado ecuatoriano que: anule la sentencia del caso Lago Agrio a pesar de que haya sido ratificada por todas las instancias judiciales ecuatorianas, incluida la Corte constitucional; y que impida a los afectados buscar en otros países la ejecución de la sentencia y la reparación de los daños causados por Chevron-Texaco. Además, exige que Ecuador indemnice a la petrolera por haber “afectado su imagen” y por los costos judiciales tras 27 años de proceso.
Si el gobierno del país andino no apela, este laudo que viola su propia Constitución y por tanto es inaplicable, será ejecutado. Si la justicia holandesa persiste en validarlo, será cómplice de un sistema de arbitraje privado internacional que favorece
sistemáticamente a las empresas transnacionales, negando la justicia a los afectados por crímenes corporativos.
Este caso ha generado gran preocupación a nivel internacional. Si Ecuador no apela, se sentará un precedente importante que asegurará la impunidad de las empresas transnacionales frente a las violaciones de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, y los daños a la naturaleza.
La “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad”, se suma al llamado de cerca de 230 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, redes y sindicatos de diferentes países, en representación de más de 285 millones de personas, para que Ecuador apele la sentencia de primera instancia en la justicia holandesa, antes del 16 de diciembre de 2020. El gobierno ecuatoriano debe mantener abierta la puerta de la esperanza de acceso a la justicia a las comunidades indígenas y campesinas amazónicas, tras décadas de lucha por el bien común.
Caso Chevron: Carta abierta al Presidente de Ecuador
EN DEFENSA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS FRENTE A CHEVRON
Attn: Sr. Lenin Moreno
Presidente de Ecuador
Cc. Sr. Iñigo Salvador
Procurador General de Ecuador
Cc. Sr. Luis Gallegos
Canciller de Ecuador
11 de diciembre de 2020
El 16 de diciembre 2020 vence el plazo para que el Estado Ecuatoriano rechace o acepte una sentencia de un tribunal Holandés, que tiene que ver con la acción de nulidad del laudo arbitral emitido por un panel privado internacional con sede en los Países Bajos, a favor de Chevron. Esta acción ordena al Ecuador a dejar sin efecto la sentencia ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador y a impedir que las comunidades indígenas y campesinas afectadas por las operaciones petroleras de la trasnacional puedan ejecutar la sentencia ecuatoriana para la reparación de los daños causados en la región amazónica de Ecuador. Si el Estado Ecuatoriano acepta la sentencia holandesa debería indemnizar Chevron con una suma multimillonaria, por los «daños provocados a su imagen y los costos por los años de juicio en su contra», Además debería interceder ante otras cortes para impedir que los demandantes de ChevronTexaco puedan presentar demandas en su contra en otros países. Si el gobierno del Ecuador no apela esta decisión, el laudo arbitral queda en firme, a pesar de que en mayo 2019, más de 260 organizaciones y redes sociales representando más de 280 millones de miembros en los cinco continentes habían denunciado esta decisión como ilegal y anticonstitucional. Ese veredicto terminaría con la esperanza de justicia por parte de los afectados y consolidaría el sistema ISDS (Investor-state dispute settlement) poniendo en peligro el estado de derecho.
Hace 27 años las comunidades que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos, iniciaron un proceso contra la transnacional petrolera Texaco (ahora ChevronTexaco) por los daños culturales, de salud y medioambientales que la transnacional provocó mientras operaba en Ecuador. Tras un prolongado juicio, la justicia Ecuatoriana falló en favor de los habitantes de la Amazonía, agrupados en la Unión de Afectados/Afectadas por las operaciones petroleras de Texaco (UDAPT). Chevron ha recurrido a todo tipo de maniobras dentro y fuera de Ecuador para evadir su responsabilidad. La más reciente fue la acción de nulidad que Ecuador planteó ante la justicia Holandesa, sin tener éxito en primera instancia. Sin embargo, Ecuador tiene el derecho de apelar esa decisión e incluso ir hasta la Corte Suprema de Holanda. La UDAPT entregó una carta a la procuraduría en ese sentido. Sin embargo El gobierno del Ecuador aún no ha mostrado ninguna intención de apelar.
Si el gobierno de Ecuador se subordina a las órdenes del tribunal arbitral y de la justicia Holandesa, su decisión tendría graves y nefastas consecuencias. En primer lugar, jurídicamente se aniquilaría la lucha de más de 30 mil habitantes amazónicos para obtener justicia ya que el multicitado tribunal pide que las demandas contra la petrolera sean presentadas «a título individual», Es de imaginar que las víctimas de la transnacional nunca lograrían que se les hiciera justicia.
En el caso de no apelar la sentencia del tribunal holandés antes del 16 de diciembre, el gobierno de Ecuador estaría cediendo su soberanía como Estado en favor de un sistema de justicia privada internacional, es decir violaría de manera flagrante la Constitución del Ecuador. Además, estaría ayudando a blindar los derechos de Texaco, reforzaría la impunidad de las corporaciones y permitiría que aumenten las presiones y amenazas contra los demandantes, como ha sucedido a lo largo de estos años. En cuanto a la Corte de los Países Bajos, hay que subrayar que si no cambia su actitud, se hace cómplice de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y del fortalecimiento de la impunidad corporativa través de un laudo arbitral que implica que los estados violen sus propias constituciones. Por tanto, la decisión sería inaplicable por el gobierno ecuatoriano sin violar su constitución.
Presidente Lenin Moreno, aún es tiempo para que su gobierno rechace la sentencia del tribunal holandés y presente el recurso de apelación. En este fin de año, usted y su gobierno tienen en sus manos la posibilidad de hacer justicia a las comunidades indígenas y campesinas afectadas de Texaco y salvaguardar la soberanía de Ecuador. Le instamos a apelar la sentencia holandesa para no sentar un precedente en favor de la impunidad corporativa en el mundo y de no cerrar la puerta a la esperanza de las comunidades ecuatorianas en su larga batalla por la justicia y la reparación.
Firman:
International Level
Asociación Internacional de Juristas Demócratas
CADTM International
Corporate Accountability
FIAN International
FIDH – International Federation for Human Rights
FOEI – Friends of the Earth International
Global Atlas of Environmental conflicts EJATLAS
Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity.
Global Forest Coalition
ICID – Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo
La Via Campesina
Oilwatch International
PSI- Public Services International
TNI – Transnational Institute
Regional level
Asociación Americana de Juristas
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe -ATALC.
CADTM – AYNA – Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas – Abya Yala/Nuestra América
COICA – Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
CSA – Confederación Sindical de trabajadoras/es de las Américas
ECCHR – European Center for Constitutional and Human Rights
ECVC – European Coordination La Via Campesina
EEB – European Environmental Bureau
European Alliance for the Self-Determination of Indigenous Peoples.
North American Indian Center of Boston
OCMAL – Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
Oilwatch Africa
Platform of Filipino Migrant Organisations in Europe
PSI Americas – Internacional de Servicios Públicos Américas
Rights Action
TMP-E – Transnational Migrant Platform-Europe
Argentina Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Acción por la diversidad
Amigos de la Tierra Argentina
Asociación Argentina de Abogados ambientalistas
Asociación Civil Árbol de Pie, Bariloche, Río Negro, República Argentina
ATTAC Argentina
Aukan Asamblea Ambiental del Sur
CADTM
CLATE Confederación Latinoamericana y del Caribe de trabajadores estatales
Confederación Mapuce de Neuquén
Corriente Nacional Emancipación Sur
CTA Autónoma – Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma- sección Capital Federal
Diálogo 2000
EJES – Enlace Por la Justicia Económica y Socioambiental
FARN – Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Fundación ECOSUR, Ecología, Cultura y Educación desde los Pueblos del Sur.
Fundación La Hendija de Prana, Unidad de Vinculación Ecologista
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Marabunta, Corriente Social y Política
Movimiento popular / Revolucionario
Multisectorial Antiextractivista
Multisectorial contra la Hidrofractura en Neuquén
OPSUR- Observatorio Petrolero Sur
Secretaria de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma – Seccional Capital Federal
SERPAJ – Servicio Paz y Justicia
Austria
Attac Austria
Belgium
11.11.11- Umbrella organization of the Flemish North South Movement
Comité pour le respect des Droits Humains « Daniel GILLARD »
Bolivia
Terra Justa
Bosnia y Herzegovina
Friends of Earth Bosnia y Herzgovinia
Brazil
Amigos da Terra Brasil
HOMA – Centro de Derechos Humanos y Empresas
MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens
PACS – Instituto Políticas Alternativas para o Cono Sul
Canada
Blue Planet Project
CDHAL- Comité pour les Droits Humains en Amérique Latine
Christian Peacemaker Teams
CISO – Centre international de solidarité ouvrière
Council of Canadians
Inter Pares
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
MiningWatch
Nobel Women’s Initiative
United Steelworkers
Colombia
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila
Red Vida
Costa Rica
COECOCeiba Amigos de la Tierra Costa Rica
Czech Republic
Ekumenická akademie
Democratic Republic of Congo
COPACO-PRP- Confédération Paysanne du Congo-Principal Regroupement des Paysans
Ecuador
Acción Ecológica
C D E S – Centro de Derechos Económicos y Sociales
CASCOMI Centro de derechos humanos y Monte
Comisión Ecuménica de derechos humanos
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH
CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONFENAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente CEDENMA.
CSMM – Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”
Ecuador Decide Mejor Sin TLC
FIAN Ecuador
Fundación Pachamama
El Salvador
Unión Palestina de América Latina
CESTA Amigos de la Tierra El Salvador
Finland
Emmaus Aurinkotehdas ry
New Wind Association
France
ActionAid France
Aitec (Association internationale de techniciens, experts et chercheurs)
Alofa Tuvalu
Amis de la Terre France
Attac France
CADTM France
CCFD-Terre Solidaire
Comité Pauvreté et Politique
Confédération paysanne
Coordination EAU Ile de France
FAL France Amérique latine
France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand
Frantz Fanon Foundation
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié des peuples MRAP
Notre Affaire à Tous
Réseau Roosevelt-IDF
Sherpa
Union syndicale Solidaires
Germany
Attac Germany
Aluna Minga e.V.
Berliner Wassertisch
Center for Research and Documentation Chile-Latin America- FDCL (Berlin)
GegenStroemung – CounterCurrent
Netzwerk Gerechter Welthandel
Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia e.V.
Ökumenisches Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V. (Oficina Ecuménica para la Paz y la Justicia)
The Hunger Project-Germany
Werkstatt Õkonomie
Haití
Tét Kole ti peyizian Ayisyen
University of Resistance
KruHA- People’s coalition for the right of water
India
Anti-Jindal & Anti-POSCO Movement, Odisha
Ireland
LASC- Latin America Solidarity Centre
Italy
CADIS- Camillian Disatser Service International
CDCA – Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali
CEFA -Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura Onlus
COMI – Cooperazione per il mondo in via di sviluppo
Eccomi
Engim Internazionale
FOCSIV – Federation Christian Italian NGOs
Fundaciòn Don Carlo Gnocchi,
OdV Opere Sociali Marelliane OdV
Luxembourg
ASTM – Action Solidarité Tiers Monde
México
Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C.
Mozambique
Amizade
Nigeria
Eco-Defenders Network
ERA Friends of Earth Nigeria
HOMEF Health of Mother Earth Foundation
Oilwatch
Peace Point Development Foundation, Nigeria
The Netherlands
Bothends
Code Rood
Den Haag Fossielvrij
Friends of the Earth Netherlands
Klimaatmoeders
MetaMeta
Reclame Fossielvrij
Store Vrouw
The Water Channel
Palestine
Al Haq
Al-Amal Association for Childhood and Development
Association for Farmers’ Rights and for the Preservation of the environment
Association Jadayel / Palestinian Center for Culture, Arts and creativity
BNC – Palestinian BDS National Committee
Jadayel Foundation
N’lin Society for Development and Community Work
Palestine Youth Forum
Palestinian Farmers Society-Tulkarem
Palestinian Farmers Union
Palestinian Land Defense Coalition
Palestinian New Federation of Trade Unions (New Unions)
Popular Council to Protect the Jordan Valley
Stop The Wall – Palestinian grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign
Women Center for Social Development
Peru
CooperAcción
Derechos humanos sin fronteras
Derechos Humanos Sin Fronteras es del Perú, región del Cusco.
Philipines
WomanHealth
Poland
IGO – Institute of global Responsibility
Portugal
Plataforma por um Comercio Internacional Justo
Spain
Asamblea Provincail Marchas de dignidad
Asociación ELITE Taxis
Associació Perifèries del món
Attac España
CADTM España
Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió
CCOO – Confederación Sindical de Comisiones Obreras
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias
Ecologistas en Acción
Ecologistes en Acció de Catalunya
Enginyeria Sense Fronteres
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Esquerra Unida Alicant
Federació d’Ecologistes en Acció Catalunya
Federación Provincial de la Confederación General del Trabajo en Alicante,
Fundación APY
Medicus mundi España
Novact – Instituto Internacional para la Acción Noviolenta
Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad
Penedès Amb Palestina
Plataforma contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social en Alicante
SETEM catalunya
Sindicato ELA
Sindicato UGT España
SOC-SAT Andalucia
SOLdePaz.Pachakuti
Tradener – Transición Democrática del Modelo Energético
Slovenia
Focuns Association for Sustainable Development
Sweden
Afrikagrupperna
End Ecocide Sweden
FIAN Sweden
Friends of Earth Sweden
SAL – Solidaridad Suecia -América Latina
Switzerland
Centrale sanitaire suisse romande
Centre Europe-Tiers Monde CETIM
Collectif Breakfree
Coordination Climat Justice Sociale (Genève)
Grands parents pour climat
Incomindios
Klima-Allianz
MultiWatch
Society for Threatened Peoples
Solifonds
UK
Coal Action Network
Corporate responsibility coalition CORE
Eco Nexus
Global Justice Now
Global Witness
IndiaMatters
London Mining Network
People & Planet
The Corner House
War on Want
United States
Amazon Watch
Center for Constitutional Rights
Crude Accountability
Earth Action
Grassroots Global Justice Alliance
Institute for Justice and Democracy in Haiti
IPS – Global Economy Program
Media Alliance
Michigan Welfare Rights Organization
National Welfare Rights Union
No Business With Genocide
Oxfam
RAN Rainforest Action Network
Resist the Pipeline
Sustainable Obtainable Solutions
Task Force on the Americas
Uruguay
Gender and Trade Network
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay
Este año 2020, la pandemia de la Covid-19 ha azotado nuestra sociedad y nuestras vidas. Esta crisis sanitaria y social sin precedentes ha golpeado especialmente la vida de muchas mujeres, que además de la precariedad y la desigualdad, han sufrido los maltratos cotidianos y las agresiones sexuales que el terrorismo machista ha multiplicado con el confinamiento.
Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte nos sumamos al clamor feminista internacional de las concentraciones, acciones y manifestaciones, por una vida libre de violencias machistas en cualquier parte del mundo. La visibilización de la rebeldía feminista en las calles, reivindicando un cambio social en las políticas públicas, es en estos momentos fundamental para erradicar las violencias machistas, junto con el compromiso y corresponsabilidad de toda la sociedad.
✊🏽 EXIGIMOS cambios estructurales claves para la prevención, la atención, la recuperación y la eliminación de todo tipo de violencias machistas.
✊🏽 EXIGIMOS incorporar en el currículum de todas las etapas educativas la educación afectiva-sexual como forma de abordaje de las violencias machistas.
✊🏽 EXIGIMOS políticas públicas que pongan la vida y los cuidados en el centro, luchando contra la violencia que suponen la pobreza y la exclusión social, con una asignación presupuestaria que garantice una vida digna para las mujeres.
✊🏽 EXIGIMOS la derogación de la Ley de Extranjería, que ejerce violencia sobre las mujeres migradas y subordina sus vidas al patriarcado, así como el cierre definitivo de los CIES.
✊🏽 EXIGIMOS la regularización de las personas migrantes, en especial de las mujeres migradas, como única vía para revertir los procesos de violencias machistas.
#JuntasSomosMásFuertes
⭐ SI NOS TOCAN A UNA, RESPONDEMOS TODAS
⭐ QUEREMOS CAMINAR TRANQUILAS DE NOCHE Y DE DÍA
⭐ NUESTRA COMPLICIDAD, LA MEJOR ESTRATEGIA: FEMINISMO INTERNACIONALISTA
⭐ NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA
⭐ FUERA LA VIOLENCIA MACHISTA DE NUESTROS CUERPOS Y NUESTRAS VIDAS
Damos difusión al video publicado por la Red EU-LAT, donde se ponen de relieve las violencias contra las mujeres, el feminicidio y la criminalización de las defensoras como problema global en Europa y América Latina, y se alienta a que su erradicación sea incluida como prioridad dentro de la cooperación bilateral y regional, las relaciones económicas y el diálogo político. Así mismo, insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a reforzar su compromiso con los derechos de las mujeres y con la lucha contra la violencia de género en el marco de la crisis sanitaria, combatiendo el impacto diferenciado de la crisis por la Covid-19: https://www.youtube.com/watch?v=Pwnyq1Ai35E
Desde Entrepueblos, expresamos nuestra gran preocupación por la crisis política y social que se vive en Perú, suscribimos los comunicados emitidos por la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional COEECI y la Plataforma Europa Perú PEP, Red EU-LAT y CIDSE, y expresamos nuestra profunda indignación por la represión ejercida en las marchas ciudadanas en el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, haciendo un uso de la fuerza desmedida por parte de la Policía Nacional, que a fecha de hoy ya se ha cobrado 2 muertos, 112 heridos y 7 desaparecidos.
Hoy, justo hace una semana, el hasta entonces presidente del gobierno, Martín Vizcarra, fue destituido de su cargo, por elección del Congreso de Perú, tras dos años y ocho meses en el cargo. La moción de censura alentada por el Congreso de la República bajo alegato de “incapacidad moral permanente”, se basa en el argumento de la lucha contra la corrupción, a pesar de que algunos de los principales impulsores de la vacancia se encuentran investigados por casos de corrupción y otros delitos.
Este duro varapalo a la política peruana, ha desatado una grave crisis que se suma a la pandemia por la COVID-19, y desencadenado movilizaciones por todo el país que reclaman elecciones para una nueva Constitución y una regeneración total del sistema político corrupto, una ola de protestas a favor de la democracia y en contra de la arbitrariedad del gobierno, que ya se ha saldado con 112 heridos, 7 desaparecidos y 2 muertos, Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, a manos de la Policía Nacional, a pesar de que el derecho fundamental a la protesta fue recientemente reconocido por el Tribunal Constitucional peruano.
Exigimos por tanto a las autoridades que cumplan con su deber y lleven a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales en torno a los hechos relacionados con las muertes, a fin de identificar a los responsables y aplicar las sanciones pertinentes, así como el cese de la violencia contra lxs manifestantes, y el regreso de las personas desaparecidas por las Fuerzas de “Seguridad” de Perú.
Asimismo, nos sumamos al llamado de las organizaciones COEECI y PEP, para que las autoridades velen por la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una solución pacífica que garantice el estado de derecho.
Del mismo modo suscribimos todos y cada uno de los puntos expresados en la carta emitida también por la Plataforma Europa Perú, en este caso junto con EU-LAT y CIDSE, dirigida esta vez a la Unión Europea y al conjunto de sus estados, a quienes instan a expresar su disconformidad con la violación de los DDHH por parte del Estado peruano, usar todos los canales existentes para que las diferentes instituciones del país garanticen el orden constitucional, una exhaustiva investigación de todos los acontecimientos, y vigilar que el proceso en torno a las elecciones nacionales convocadas para el 11 de abril de 2021, sea transparente y acorde con los estándares internacionales.
Llamada a la solidaridad pueblo a pueblo ante la catástrofe climática en Centroamérica ¡Justicia climática!
Este año 2020 no solamente pasará a la historia por la pandemia del COVID-19. Además, a estas horas ya ha batido el récord de huracanes en el Océano Atlántico y Caribe. Una vez agotado el alfabeto latino seguimos avanzando en la octava letra del alfabeto griego, sumando un total de 29, y todavía no hemos terminado.
No nos cansaremos de repetir que la emergencia climática no es un fenómeno del futuro, sino que millones de personas sufren ya sus consecuencias de forma dramática, como está sucediendo ahora en Centroamérica con la devastación del huracán número 28: el Eta.
Será porque la opinión publicada quedó absorta con las elecciones en los EE.UU., será porque hay regiones del globo mediáticamente desechables y una de ellas es Centroamérica, nos da la impresión de que el mundo no se ha enterado de la enorme magnitud de la catástrofe humanitaria que ha supuesto en estos días el paso de este huracán por la región, solamente comparable al impacto del Mitch, que la asoló en 1998.
La emergencia climática acentúa la frecuencia y la violencia de los fenómenos como las largas épocas de sequía, que sufría hasta hace poco Centroamérica, a la que siguen huracanes como el Eta. Los huracanes, a su vez encuentran territorios y poblaciones extremadamente vulnerables, debido a la gran deforestación por la tala de áreas boscosas y selváticas, el avance de los monocultivos, la erosión de los suelos y el acaparamiento de ríos por parte de las grandes empresas, que provocan la erosión y saturación de los suelos y en consecuencia derrumbes como los que en estos días se producen en diferentes puntos, enterrando gran cantidad de viviendas, comunidades, infraestructuras y cultivos.
Pero aún hay otro factor grave de vulnerabilidad: los estados fallidos, cooptados por la corrupción institucionalizada, la ausencia de políticas y servicios públicos.
Según análisis muy preliminares se habla de más de 3.000.000 de personas afectadas en sus viviendas y formas de vida. En cuanto al número de personas fallecidas, nadie se atreve a aventurar aún una aproximación, dado que las fuentes gubernamentales siguen sumidas en el silencio al respecto. Hay centenares de comunidades a las que aún no se ha podido llegar.
Entrepueblos no es una organización especializada en ayuda de emergencia y no acostumbramos a hacer este tipo de convocatorias, pero, ante los llamados que nos llegan de organizaciones sociales y populares aliadas, y ante la plena confianza de que nuestro apoyo llegará directamente para los objetivos y para las comunidades que lo requieren, os convocamos a un gesto solidario en un doble sentido:
– A difundir la gravedad de la situación climática, causada por la suma de vulnerabilidades en Centroamérica, para lograr que los medios de comunicación y las instituciones se hagan cargo de la misma y respondan con la agilidad y los medios que se requieren. El bajo tono de la información mediática es un factor más que desincentiva esta necesaria reacción. Especialmente, nos dirigimos a sumar fuerzas en este sentido a las organizaciones de cooperación y a las coordinadoras, a concertar acciones y hacer la urgente incidencia hacia las instituciones públicas para una ayuda humanitaria de calidad, que no alimente los circuitos de la corrupción política y económica.
– A que las personas y entidades que tengan capacidad de hacerlo, contribuyan con donaciones a alimentar la cadena de solidaridad “pueblo a pueblo”, con las comunidades campesinas, indígenas, urbanas, grupos de mujeres, etc., a través de las organizaciones populares y los movimientos sociales de Guatemala y Honduras. Porque en este contexto es más cierta que nunca la afirmación de que “solo el pueblo salva al pueblo”. Para ello ponemos a vuestra disposición la cuenta:
Triodos Bank ES05 1491 0001 21 3000079938
Guatemala es un país con 17 millones de habitantes, de los cuales más del 50% viven en situación de pobreza, porcentaje que supera el 80% en el caso de la población indígena. A una situación de extrema exclusión y violencia estructural contra las comunidades campesinas indígenas, sumidas en una situación sin precedentes debido a los efectos de la pandemia, se suman ahora los efectos del Huracán Eta, que ha dejado incuantificables daños y pérdidas (humanas y materiales) en toda la región norte del país.
Las comunidades reportan que las pérdidas son totales (viviendas, ropa, utensilios de primera necesidad, ganado, la producción tanto almacenada como recién sembrada, etc.), lo que deja a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. Grandes áreas se encuentran sin suministro de agua potable y electricidad. Un gran número de familias y comunidades han tenido que abandonar sus hogares y están temporalmente reubicadas en albergues provisionales totalmente precarios y en otros casos sin posibilidad de refugio. Otras comunidades siguen aisladas, sin posibilidad de acceso terrestre y sin suministro de servicios básicos, situación que nos preocupa gravemente.
Ante un estado totalmente ausente y un sistema de salud precario y desabastecido incapaz de atender a la población, la solidaridad de los pueblos y la organización comunitaria es fundamental. Desde Entrepueblos hace años que venimos acompañando el trabajo de las organizaciones amigas, como el Colectivo MadreSelva o el Comité de Unidad Campesina. Ambas tienen una amplia trayectoria de trabajo comunitario apoyando a las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus derechos, del territorio y el cuidado de los bienes naturales. En conjunto, hace años trabajamos con las comunidades de Alta Verapaz, hoy las principales afectadas por los efectos del huracán. Desde ambas organizaciones hacen un llamado a la solidaridad para poder acompañar a las comunidades y contribuir para dotar a las familias de atención de emergencia de primera necesidad priorizando el apoyo para reubicar a las familias en albergues y/o espacios seguros, adquisición de alimentos, medicinas, kits de higiene, alimentación y ropa. Se solicita apoyo para atender concretamente a las comunidades del Valle del Polochic y de Cahabón en el departamento de Alta Verapaz, en las que cientos de compañeros, compañeras, ya gravemente afectadas por los desalojos ilegales, la criminalización y las agresiones por parte de las grandes empresas, el estado y los sectores militares, han perdido no solo sus hogares sino también sus medios de vida. Honduras un país con aproximadamente 11 millones de habitantes, donde más del 60% de su población está bajo la línea de pobreza. Durante el año 1998 se calcula que hubieron cerca de 9 mil muertes a causa del huracán Mitch, dejando al país en extrema vulnerabilidad. 22 años después y con consecuencias visibles por los efectos del cambio climático en Honduras, la llegada del huracán Eta, posteriormente convertido en tormenta tropical está provocando daños incuantificables, siendo la zona norte del país la más afectada por ese fenómeno natural que ya reporta cientos de personas desaparecidas, pérdida de vidas humanas y miles de familias que han perdido sus casas y bienes personales y muchas comunidades y ciudades enteras están incomunicadas por la destrucción de puentes y carreteras. Sumado a todo ese panorama desolador, está la situación de emergencia por la COVID-19, lo que agrava aún más la situación del país, debido a los múltiples contactos entre personas, las dificultades logísticas en los centros de acopio y refugios para las víctimas, así como el colapso de los hospitales y centros de salud, la falta de insumos y bienes de primera necesidad, así como insumos de bioseguridad. Además, los efectos posteriores aún son incuantificables: pérdida de siembras, negocios y medios de subsistencia de comunidades enteras.
Ante todo este panorama, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) nos urgen a convocar la solidaridad y la asistencia internacional para el pueblo hondureño, para aportar recursos y que estos lleguen directamente a las personas afectadas por la tormenta.
El COPINH es una organización social y política, de carácter indígena, sin fines de lucro, pluralista, amplia, solidaria y unitaria de la zona sur-occidental de Honduras con incidencia nacional. Es una instancia que facilita la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas lencas y de Honduras.
OFRANEH es una organización garífuna (población afrodescendiente) de base comunitaria con más de 40 años de trabajo y con reconocido prestigio nacional e internacional y altos niveles de transparencia en el manejo de fondos.
El MADJ es un movimiento social y político comprometido en la lucha por construir y desarrollar, en Honduras, una propuesta popular en contra de la corrupción y el mal manejo de los bienes públicos y a favor de una sociedad que crezca desde la transparencia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos y al ambiente
Los fondos serán utilizados para labores de rescate, compra y donación de alimentos, ropa y productos de primera necesidad, así como medicamentos e insumos de bioseguridad.
¿Cuáles son los impactos económicos, ambientales y de género del tratado comercial UE-Mercosur?
Para resolver estas incógnitas, Entrepueblos, junto con la Articulación Feminista Marcosur y con el apoyo de la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, ha organizado, dentro del marco de las jornadas internacionales Diálogos Feministas y Ecologistas, un debate virtual en formato webinar: El acuerdo comercial UE-Mercosur, un golpe de mercado.
En este debate virtual internacional tendrás la oportunidad de descubrir todas las claves, coyunturas y dinámicas del acuerdo comercial UE-Mercosur a través de las voces de nuestras ponentes, mujeres del Sur y Norte Global:
Natalia Quiroga Díaz, economista de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Economía Social y Solidaria (Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina). Investigadora docente y coordinadora académica de la Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Co-coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO “Economía Feminista Emancipatoria”. Asesora del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina).
Nidia Rincón Velásquez, economista de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA, Universidad Nacional de Colombia). Experta en el desarrollo de investigaciones en el campo de la energía y medio ambiente. Tiene más de 15 años de experiencia en la negociación de gas natural, análisis regulatorio y políticas en el sector energético.
Ambas son autoras del estudio “Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea. Impactos económicos, ambientales y de género”, que evidencia la importancia del enfoque de la economía feminista para comprender que toda política económica tiene un impacto diferencial sobre las mujeres. Una perspectiva que ha permitido poner en el centro del análisis la reproducción de la vida humana y no humana. Puedes descargarte la publicación en este link: https://www.mujeresdelsur-afm.org/publicacion-acuerdo-asociacion-mercosur-union-europea-impactos-economicos-ambientales-genero/
Rosa Ortiz: colaboradora de la Campanya Catalunya No als TCI, investigadora y autora del estudio “¿A quién benefician los tratados de comercio e inversión? Un análisis con perspectiva feminista”, dónde se explica las consecuencias negativas de las políticas económicas de los tratados para las mujeres y cómo impactan en sus vidas cotidianas: las privatizaciones de bienes del Estado, la reducción del gasto público y la precarización de las condiciones laborales, constatando que los trabajos reproductivos no remunerados continúan recayendo sobre todo en las mujeres. El estudio está disponible en catalán en el siguiente enlace: https://www.entrepueblos.org/wp-content/uploads/2018/12/Llibre-Estudi-TCI-Dones_web_ok.pdf
Bettina Müller: es parte de la organización alemana PowerShift, y co-coordinadora de la Campaña Europea contra el Acuerdo UE-Mercosur. PowerShift editó y co-organizó el informe “El Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea: Estudio integral de sus cláusulas y efectos”, dirigido por Luciana Ghiotto y Javier Echaide. Este informe, publicado en español en diciembre de 2019, concluye que este Acuerdo solo contribuirá a “importar mayores emisiones, deforestación, contaminación del suelo y abusos de los derechos humanos”, mientras se pone en peligro los medios de vida de los agricultores locales y el medio ambiente. Puedes acceder al PDF del mismo en el siguiente link: https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe_Mercosur_UE_2020.pdf .
Entrepueblos Entrepobles Entrepobos Herriarte inaugura la exposición “Activistas por la vida” del fotoperiodista Gervasio Sánchez. La muestra, que documenta la situación de defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos y sociales en Guatemala y Honduras, se podrá visitar en Arts Santa Mónica (La Rambla, 7. Barcelona) del 4 de noviembre al 14 de marzo de 2021.
A través de fotografías, texto y vídeo-entrevistas, “Activistas por la vida” recoge la historia de 40 hombres y mujeres que, a pesar de estar amenazadas de muerte, luchan por su territorio y su naturaleza -por la riqueza de sus tierras y sus ríos-, por los derechos de las mujeres y las libertades ciudadanas. Y es que esta defensa de los derechos humanos entra en conflicto con los intereses de inversores, grandes empresas o grupos transnacionales que extraen con impunidad los recursos naturales y las materias primas -sobre todo minería, hidroeléctricas y monocultivos- de Honduras y Guatemala, dos de los países más violentos del mundo, para venderlas en el mercado mundial.
Las leyes de Honduras y Guatemala favorecen los derechos de estas empresas, mientras que eliminan los derechos de su ciudadanía. Esta situación, unida a la persecución y las constantes amenazas de muerte, al elevado índice de violencia y de la corrupción policial, política y jurídica, hace que miles de familias hayan tenido que huir. Sin embargo, hay comunidades indígenas y campesinas que luchan ante estos poderosos intereses, y consiguen proteger sus tierras.
“Una de las cosas que más me ha sorprendido es la valentía con que los activistas, hombres y mujeres, luchan contra un mundo criminal lleno de sicarios que matan sin pensarlo dos veces”, explica Sánchez. Unas palabras que cobran más valor e importancia venidas de una persona que ha retratado los conflictos bélicos más duros de las últimas décadas, más allá de Latinoamérica (la Guerra de Golfo, la Guerra de Bosnia y demás conflictos derivados de la fragmentación de la antigua Yugoslavia, así como varios conflictos en África y Asia), que además cuenta en su haber con el premio Nacional de Fotografía en 2009, y con más de una docena de libros publicados.
“La realidad que se explica en este proyecto fotográfico tiene que ver con la vida cotidiana de personas que pueden ser asesinadas en cualquier momento. Personas perseguidas por la defensa de la integridad de sus comunidades, personas que luchan como defensores de la tierra, contra las grandes empresas extractivista, que luchan por la naturaleza y riqueza de los ríos, y periodistas que intentan denunciar lo que pasa en Guatemala y Honduras”, señala Sánchez, que trabajó cuatro meses sobre el terreno en Guatemala y Honduras, entre 2018 y 2019, para realizar esta exposición que ahora ve la luz.
La muestra cuenta con un Área Virtual con material pedagógico para alumnos de secundaria creada por Entrepueblos en colaboración con expertos en el campo de la docencia de la Universidad de Barcelona y con expertos en defensores y defensoras de Latinoamérica. El material didáctico, que estará disponible a través de la web de Entrepueblos a finales de año, será totalmente gratuito.
Además, la editorial Blume ha publicado “Activistas por la vida”, una doble edición en castellano y catalán de 148 páginas, que recoge todos los testigos de la exposición. El libro ya está disponible en todas las librerías.
“Activistas por la vida”, una iniciativa de Entrepueblos, con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, viajará a 2021 en Vilafranca del Penedès, Tarragona y Valencia, y en 2022 lo hará por el resto del Estado español.
#28S (2020): ¡Grito y Acción Global por el derecho a decidir!
Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Ni muertas, ni presas, ni clandestinas, ¡nos queremos vivas y libres!
Por eso, un año más, desde Entrepueblos nos sumamos este 28 de septiembre al Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Una fecha que posibilita las confluencias y las sinergias de organizaciones de mujeres y movimientos feministas para reivindicar el acceso al aborto legal y seguro como un derecho, una causa pendiente en la mitad del planeta. En ese año, 67 países permitieron el aborto a petición de la mujer. No obstante, la interrupción del embarazo continúa estando totalmente prohibida en 26 países del mundo.
De modo paralelo a la pandemia global de la COVID-19 y a la consecuente crisis económica que ha provocado, estamos siendo testigos de los impactos específicos que gradualmente se están ocasionando sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y las niñas. Las ya existentes barreras de acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva se están multiplicando, y los servicios especializados de atención a la salud sexual y reproductiva han sido cerrados y/o han visto reducida su actividad, en la mayoría de los países.
Derechos sexuales y derechos reproductivos para todas, es lo justo.
Como cada año en esta fecha, queremos recordar que en la mayoría de los países de África y América Latina, el aborto está totalmente prohibido. En algunos de Asia está severamente restringido, e incluso cuando es legal, las mujeres tienen que sufrir costes elevados y la inaccesibilidad de la atención adecuada al aborto. En Europa y EEUU, nos enfrentamos cada vez más a feroces ataques de grupos fundamentalistas que desean reducir la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, imponiendo restricciones legales y financieras que obstaculizan aún más el acceso al aborto.
En el Estado español, estamos viendo renovados intentos por defender barreras tales como los períodos de espera obligatorios, los requisitos de consentimiento de los tutores, las desigualdades territoriales, la estigmatización de la intervención y las profesionales, la objeción de conciencia y los servicios limitados en las zonas rurales y remotas. A pesar de que se considere un tema “medianamente superado”, la situación es particularmente grave para aquellas mujeres migradas que desean abortar, pues se vulnera o se niega su derecho a la atención sanitaria universal que en muchos casos queda a libre interpretación.
Este 28 de septiembre nos sentimos comprometidas con las ACCIONESQUE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS, en formas muy diversas, impulsan en todo el planeta:
Aborto libre, gratuito, accesible y seguro para todas las mujeres, sin excepciones.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto libre, gratuito, accesible y seguro para no morir, al alcance de todas las mujeres y cuerpos gestantes, sin excepciones.
No necesitamos plazos, supuestos ni tutelas, sino apoyo y acompañamiento!
No toleraremos ningún retroceso en el reconocimiento de la autodeterminación sobre nuestros cuerpos.
Nuestro especial apoyo a la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC, que impulsarán el primer Festival Virtual por el Aborto Libre en América Latina y el Caribe, “que busca intensificar la llama de la alegría que habita la lucha feminista y organizar la rabia(…)”. Del 28 de septiembre al 2 de octubre,se podrá talleriar, cantar, escribir, leer, ver cine, pintar, conocer a otras y seguir conversando sobre el lugar político del aborto en las acciones de los movimientos feministas.
“No deseamos que ninguna mujer tenga que verse obligada a continuar con un embarazo no deseado ni a poner en riesgo su salud, su vida o su libertad. Queremos una sociedad que enseñe a los hombres a no violar y a las mujeres a ser dueñas de sus cuerpos y decisiones. La maternidad debe ser voluntaria, gozosa y elegida. Ese es nuestro derecho a decidir”.
En El Salvador, “Las mujeres que están encarceladas injustamente deben ser liberadas ante la pandemia por COVID-19”.Destaca el caso de Cindy Erazo, que tras dar a luz a un bebé muerto, fue condenada en 2014 por homicidio agravado. Ante esta medida, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, pidió la libertad condicional anticipada, que felizmente fue aprobada, aunque aún se sigue luchando por la libertad total de la joven. Como ella, aún quedan 18 mujeres encarceladas en El Salvador como consecuencia de sus leyes antiaborto, consideradas entre las más estrictas del mundo.
En Perú, se ha vuelto fundamental el implementar una educación sexual integral para que las mujeres en su diversidad puedan iniciar su vida sexual con consentimiento y sin riesgo de ETS (enfermedades de transmisión sexual) ni embarazos indeseados. #EducaciónSexualIntegral para#VivirSinMiedo, es una campaña iniciada por DEMUS y Asociación Kallpaen los momentos más críticos de la pandemia, que a través de las etiquetas #DecidirSinCulpa y #PrevenciónDelEmbarazoAdolescenteNoDeseado, defienden que “nadie puede obligarte a hacer algo que no quieres. La decisión es solo tuya ¡Sin mi consentimiento es violencia!”
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDH), reivindican el derecho de las defensoras a interceder y acompañar a otras mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Exigen al Gobierno de México, a los gobiernos de las entidades federativas y municipales garantías de seguridad para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
Por su parte, desde laArticulación Feminista Marcosur(AFM), que coordina organizaciones feministas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana y Uruguay, dan a conocer el sistemadealertasregional.org sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas en este municipio a 4.000 metros de altura y con una mina explotada por la compañía anglosuiza Glencore.
Cuando el 15 de julio cientos de personas tomaron las calles de Espinar, los medios callaron. Nadie se “volteó” a ver que estaba pasando en esta ciudad a casi 4.000 metros de altura en la región del Cusco en el Perú. Tres semanas después, se acumulan las personas heridas, contagiadas, abusadas, criminalizadas. Algunos dicen que es porque la minera no pagó un subsidio que la gente salió a las calles, otros que la protesta no puede ser entendida sin hacer una retrospectiva. La protesta es una imagen más, una secuencia de un largometraje que comienza con la llegada de la minería a la zona.
Luz, una de las integrantes del Maizal, colectivo de comunicación popular, señala en un foro virtual que escucho de fondo que “cada minuto que no se desarrolla la minería es una perdida para el capital y una ganancia para los pueblos”. Se refiere a Ñangalí, un páramo en las alturas de Piura cerca de la frontera ecuatoriana, asediado por el proyecto minero de capital chino Río Blanco que, gracias a la resistencia de las rondas campesinas, no ha logrado ser explotado.
Pero la minería llegó hace ya demasiado a Espinar, tanto que desde una perspectiva de larga duración, una no sabe si remontarse hasta la invasión española y la imposición del modelo extractivista-colonial o si bajar hasta el “acontecimiento”: la irrupción de la minera hace 40 años.
Espinar es un núcleo urbano de convivencia con la mina, donde gran parte de su actividad económica gira alrededor de la satisfacción de las necesidades de la empresa anglosuiza, Glencore
El paisaje, los orígenes
Espinar es una ciudad joven, con poco más de 100 años, llena de casas de ladrillo sin pintar, pequeños hoteles, un mercado, comiderías, no se diferencia demasiado del resto de ciudades que pueblan esta zona altoandina, pero el bullicio, los precios y determinadas ofertas de productos te hacen dar cuenta rápidamente que Espinar es un núcleo urbano de convivencia con la mina, donde gran parte de su actividad económica gira alrededor de la satisfacción de las necesidades de la empresa anglosuiza, Glencore, y sus trabajadores.
Pero Espinar es también mucho más que eso, es la cuna de la cultura K´ana, una sociedad preincaica que sigue viva en las costumbres, creencias y tradiciones de sus pobladores. La cultura k’ana es también una herramienta de protección legal. En abril del año pasado, representantes de las 79 comunidades de Espinar lograron el reconocimiento a través de una ordenanza municipal de su condición de nación Kána. En un país donde los derechos colectivos solo son parcial y muy deficitariamente reconocidos a aquellos pueblos leídos como indígenas u originarios por el Estado, este logro abre una ventana de oportunidad para el ejercicio de sus derechos sobre el territorio, su identidad cultural, el derecho a la consulta previa e incluso a la autodeterminación.
Dice José de Echave, investigador de CooperAcción, que Perú es uno los mayores productores de cobre a nivel mundial, pero también de conflictos mineros. A pesar de que una de las principales formas de prevenir los conflictos sociales es hacer a las comunidades partícipes de las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios, la población de Espinar nunca ha podido ejercer su derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT: ni con el proyecto Tintaya de Xtrata, ni con Antapaccay de Glencore y tampoco con su próxima ampliación: Coroccohuayco.
Dice José de Echave, investigador de CooperAcción, que Perú es uno los mayores productores de cobre a nivel mundial, pero también de conflictos mineros
Los impactos en las vidas y territorios
En octubre de 2018, recorríamos en furgoneta el serpenteante camino que conecta Cusco con la ciudad de Espinar, mientras clavaba la mirada en la tundra que cubría las montañas con el propósito de no marearme, una compañera de Derechos Humanos Sin Fronteras-DHSF me preguntó: ¿Ves esas montañas tan perfectas? Es parte de la labor social de Glencore, y la minera Antapaccay, cuando el entorno ya está muy degradado por la actividad minera buscan tapar los huecos o cubrir los relaves dándoles la apariencia de ser parte del paisaje, luego siembran encima la vegetación de la zona: paja brava o ichu que verdea o amarillea según la época del año, buscando dar la apariencia de que “aquí no ha pasado nada”.
En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de asomarnos hasta las entrañas de la minera Antapaccay. Confundidas con pobladoras de la zona a las que la minera estaba obligado a brindar derecho de paso por sus caminos de tierra, logramos llegar hasta al tajo abierto, allí donde enormes máquinas excavadoras horadaban la tierra, dejando a la vista estratos cobrizos, anaranjados y rojos. El tajo y la montaña de relaves eran los impactos visibles, los destrozos evidentes que la minera había causado en la comunidad de Alto Huarca.
José Antonio Lapa de DHSF me manda informes, muchos informes, resultado de un minucioso trabajo de investigación donde señala los otros efectos, aquellos que son deliberadamente invisibles a los ojos de la Empresa y del Estado: la contaminación de acuíferos, los metales en sangre, el ganado envenenado, las enfermedades respiratorias crónicas, la criminalización continua como medida disuasoria del ejercicio del derecho a la protesta, las distintas formas de violencias en el conflicto ecoterritorial. Gracias al trabajo de organizaciones como DHSF, CooperAcción, Red Muqui, la CNDDHH o Demus, podemos saber que detrás de cada dato, de cada cifra, hay también un rostro, un testimonio, un reclamo, una historia.
A pesar de que una de las principales formas de prevenir los conflictos sociales es hacer a las comunidades partícipes de las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios, la población de Espinar nunca ha podido ejercer su derecho a la consulta previa, reconocido en el Convenio 169 de la OIT
Las que ponen el cuerpo
Melchora Surco nos cuenta su historia, al pie de un pequeño cerro en el que unas 20 compañeras defensoras ambientales de todo el país nos acuerpamos para escucharla mejor, y que sus palabras no se las lleve ese gélido viento altoandino que endurece las manos y corta los labios. Ella es la presidenta de la Asociación para Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI), vivía a 200 metros de la relavera de Camaccmayo. En 2015 se convirtió en la cara visible de la lucha por la reparación y remediación causada por la contaminación por metales pesados en Espinar. Melchora, es la abuela también de Yedamel López Champi, un niño que nació en Espinar y al que, a la edad de siente años, le detectaron metales pesados como plomo, arsénico, cadmio y mercurio, calificados por la OMS como altamente cancerígenos. Lamentablemente, pese a que la contaminación por metales en las comunidades de influencia minera ha sido ampliamente constatada, el problema aquí es la causalidad. Se sabe que las fuentes de agua están infestadas de metales, pero demostrar que la contaminación es producto de la actividad minera es el último clavo al que se aferra la empresa para no dar razón. Antapaccay niega toda responsabilidad, parapetándose en una débil coartada: los metales existentes en el agua son de “origen geológico o natural”.
A este tipo de impactos por contaminación ambiental que sufren cientos de personas, se suma la precariedad económica: “El proyecto Antapaccay que el 2016 realizó ventas anuales por 878.666,942 euros, opera en un mar de pobreza y pobreza extrema, que alcanzó en el 2020 al 70% de los hogares”. Adicionalmente a esto, sólo el 34% de la población de Espinar recibió alguno de los bonos impulsados por el gobierno para ayudar a las familias durante los meses de aislamiento obligatorio, quedando el resto en situación de emergencia económica y social.
Es precisamente en este contexto de empobrecimiento masivo, agravado por la pandemia, donde la gente toma las calles exigiendo una compensación a la empresa, en un país donde el estado del bienestar brilla por su ausencia
Es precisamente en este contexto de empobrecimiento masivo, agravado por la pandemia, donde la gente toma las calles exigiendo una compensación. Y en un país donde el estado del bienestar brilla por su ausencia, la empresa a través de su convenio marco se convierte en el proveedor, sí, de contaminación y muerte, pero también de apoyos sociales de corte asistencialista, con el objetivo de lograr respaldo, y dividir a las organizaciones a través de prebendas y compensaciones negociadas bilateralmente.
Elsa Merma de la Asociación de Mujeres defensoras del territorio y la cultura K´ana de Espinar, pone voz a estas denuncias cada semana en su programa radial: “17 años han pasado desde que se firmó el Convenio Marco y no hemos visto con este presupuesto ningún proyecto sostenible en la provincia de Espinar no tenemos agua las 24 horas. Nosotros tenemos una gran empresa, pero no tenemos un hospital bueno, salud, educación (…)”. La mirada ecofeminista y del feminismo comunitario nos enseñó a entender los impactos diferenciados que viven las mujeres en zonas afectadas por el modelo de despojo extractivista. Por ello, son ellas las que en su mayoría han salido a protestar, ocupando en este último paro la primera línea de lucha. Son mujeres que, al igual que Elsa, por su recorrido y acciones en defensa del territorio han sido hostigadas, acosadas y estigmatizadas por las empresas, las fuerzas represivas del Estado y parte de su comunidad.
Una carta de denuncia del Grupo de género del sur andino, nos recuerda que esta vulneración de derechos en Espinar forma parte de una sistemática práctica de ataque a mujeres defensoras en el país. Sucedió en las protestas contra el proyecto minero Conga (Cajamarca) donde defensoras ambientales como Máxima Acuña fueron asediadas, difamadas y física y psicológicamente agredidas; también en Tía María (Arequipa) y en el levantamiento contra la Empresa minera Majaz (hoy Río Blanco Cooper), en el que dos mujeres defensoras, fueron violadas tras ser retenidas mientras participaban en las movilizaciones. Estos días en Espinar, se han reportado en medios locales y redes sociales denuncias de agresiones físicas y violencia sexual por parte de la policía y fuerzas del orden.
Desde el inicio de las movilizaciones se ha generado permanente enfrentamiento, agresiones y violencia a partir de la presencia de aproximadamente 200 policías y 100 militares, que se alojan en las instalaciones de la propia empresa minera, Wayka, un medio de comunicación alternativo, publicó un escalofriante relato sobre abusos a comuneros ocurridos el 22 de julio: “Según los testigos del pueblo de Cruzcunca, uno de los comuneros puestos contra el piso fue Juan Carlos Quirita Llasa, a quien redujeron con balas al aire, puñetes, patadas y varazos en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. “¡Trae gasolina para quemar a estos perros de mierda!”, gritó el policía que lo sujetaba (…) Juan Carlos sintió caer la gasolina sobre su cuerpo mientras le repetían a gritos que lo quemarían vivo. La misma sensación vivieron sus compañeros, que al igual que él, fueron rociados con combustible cuando ya estaban reducidos con las caras pegadas a la pista.”
Los policías se alojan en las instalaciones de la propia empresa minera, y un medio de comunicación publicó que el 22 de julio rociaron con gasolina a activistas, además de reducirles con balas al aire y golpes
En un país asolado por más de 20 años de conflicto armado interno, estos sucesos dan cuenta del continuum de violencia ejercida por las fuerzas del orden en el país, donde la cultura del abuso, la opresión y la impunidad, sigue siendo, lamentablemente, una práctica cotidiana, sobre todo en zonas rurales o periurbanas donde se concentran ciudadanos/as “de segunda clase” para el orden racista, clasista y patriarcal, vestigio de la colonia.
Estado maltratador y ausente
El pasado 3 de agosto, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, durante el discurso para la presentación de propuestas del gabinete ministerial en el Congreso, aseguraba que “la minería es, sin duda alguna, la columna vertebral de la economía en el Perú””. Las declaraciones sentaron como un tiro en un momento donde los conflictos sociales ascienden a 190, el 67.4% de estos principalmente de raíz socioambiental, 64.1% por minería. Frente a la situación de crisis económica, la reactivación de proyectos paralizados por el rechazo y falta de licencia social, se avizora como la respuesta estrella para encontrar soluciones cortoplacistas, algo que, como fácilmente podemos intuir, no hará más que profundizar en las causas estructurales de la multidimensionalidad de las crisis de las que el COVID19 es solo la punta del iceberg.
A este respecto, Roció Silva, congresistas por el Frente Amplio, le espetaba en el Congreso: Yo esperaba que Ud, Premier, pusiera en el centro la vida. Pero en su discurso se ha prioriza la reactivación económica y caminando hacia 40 mil muertos. Nos habla de la minería sin mencionar la cantidad de mineros contagiados durante esta emergencia, incluso en la propia Antapaccay, Espinar, hay más de 300 infectados. El Presidente Vizcarra mencionó que estamos caminando hacia un contagio masivo. Plantear una inmunidad de rebaño como excusa para la reactivación económica es sacrificar a los más vulnerables mientras se defienden los intereses económicos de la élite gobernante.
El premier, duró 20 días en el cargo, en redes lo llamaban jocosamente “Cateriano, el breve”.
Finalmente, cuando parecía que el conflicto no tenía visos de resolución, el 7 de agosto se conformó una mesa de negociación y dialogo, donde la empresa aceptó hacer “de manera extraordinaria y por única vez” el pago del subsidio de 1000 soles por “beneficiario” (unos 250 euros) como forma de paliar los impactos del COVID19, a cambio de que las movilizaciones cesaran y que dirigentes sociales “levantaran inmediatamente las medidas de fuerza social en toda la provincia, garantizando la paz social”.
Mientras la calma vuelve a las calles de Espinar cabe preguntarse qué entiende exactamente el gobierno por “paz social”, en una región donde las declaratorias de emergencia, la ocupación militar y la restricción de derechos se da de manera continua. Pero como dirían los y las peruanas “el sol no se puede tapar con un dedo” y resulta irrisorio pensar que una insignificante compensación económica que, a duras penas servirá a las familias para llegar a fin de mes, podrá reparar los daños generados por “años de minería sin control, contaminación, desidia y abandono de sucesivos gobiernos, y empresas”. El subsidio parecería un bálsamo temporal que, sin duda, precisa de la generación de un proceso de dialogo profundo, democrático y en igualdad de condiciones, que verdaderamente tenga la intención de reparar, remediar y proteger a la población afectada, así como investigar y sancionar a los culpables de la generación de daños, muchos de ellos, lamentablemente, irreversibles.
La posibilidad
Como nos han recordado estos días organizaciones ambientalistas, Perú, no es un país minero, Perú es uno de los 10 países más megadiversos del mundo, que en su conjunto alberga el 70% de la biodiversidad del planeta, incluyendo esto ecosistemas tan importantes como la Amazonía que llega a ocupar el 60% del territorio nacional, el complejo sistema de glaciares en los Andes, miles de especies y recursos genéticos nativos, y 55 culturas originarias, entre tantos otros.
Ante una élite sorda a los reclamos y ambientalmente suicida, la cultura K´ana, se convierte entonces en las raíces sobre las que soñar, construir e impulsar alternativas de vida a la imposición del modelo económico hegemónico, en la posibilidad que resquebraja el imaginario colectivo de territorio minero, que nos habla de un tiempo de convivencia en equilibrio con la naturaleza, en el que los pueblos eran soberanos. En las manos de estas mujeres y hombres que luchan desde sus raíces, y también en las nuestras, desde los sectores críticos de este sur global, está que las transformaciones urgentes que necesitamos sean posibles.
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