Noticias relacionadas con nuestros proyectos de Cooperación en Centroamérica, Ecuador y Perú así como nuestras actividades por toda España y nuestros proyectos de Educación Emancipatoria.

Verdad, memoria y justicia para el pueblo peruano

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Entrepueblos como parte de la PEP nos reafirmamos en el compromiso con la defensa de los derechos humanos de todas y todos los peruanos. Mostramos preocupación ante la garantía de la defensa de la verdad, la memoria y la justicia, a lo largo del proceso electoral, por parte del gobierno peruano, los partidos políticos y medios de comunicación.

[Imagen de portada Somos 2074 y muchas más]

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LA PEP EXHORTA A GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES IMPARCIALES Y  NEUTRALES EN EL PERÚ

La Plataforma Europa Perú (PEP) expresa su preocupación por el reciente clima de polarización y crispación que el Perú está viviendo en torno a la segunda vuelta electoral presidencial. A solo unos días de celebrarse las elecciones, la PEP exhorta a la candidata y al candidato a la presidencia, a los medios de comunicación y a todas las partes a evitar utilizar un lenguaje difamatorio y politizar cualquier hecho sucedido que afecte a la población peruana con el fin de obtener un beneficio electoral. Solicitamos también a los medios de comunicación garantizar una cobertura electoral imparcial y que no se difunda información parcializada que no haya sido expuesta a escrutinio e investigaciones debidas.

A las organizaciones que integramos la PEP nos parecen de suma gravedad las declaraciones públicas que apuntan a minimizar violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, como las que han demeritado la lucha por justicia y reparación de las miles de mujeres que fueron esterilizadas forzosamente durante el gobierno de Alberto Fujimori. Tal como lo dijo el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, la cobertura electoral, con información parcializada, ha provocado un clima de miedo con el fin de beneficiar a la candidata Fujimori. El Tribunal a su vez advirtió sobre la necesidad de “diferenciar claramente la opinión de la información y a cumplir con la cobertura imparcial y objetiva de los hechos noticiosos que la ética periodística demanda”.

Lamentamos también el uso político que se viene haciendo del trágico suceso del 23 de mayo, el atentado en el VRAEM donde murieron 16 peruanas y peruanos. Las personas responsables de estas muertes tienen que ser identificadas y sancionadas tomando en consideración la gravedad de sus actos; así mismo, esa tragedia no puede ser instrumentalizada con fines electorales. Coincidimos con declaraciones de la sociedad civil peruana que añade que las “estrategias ‘políticas’ de esta naturaleza cuestionan los fundamentos democráticos y ponen en riesgo el actual proceso electoral”.

La PEP reafirma su compromiso al respeto y promoción de los derechos humanos de todas y todos los peruanos y exhorta al gobierno peruano, los partidos políticos y medios de comunicación a  que se garantice la defensa de la verdad, la memoria y la justicia a lo largo del proceso electoral. Esperamos que cesen los cuestionamientos indebidos a los organismos electorales y que las elecciones se lleven a cabo de manera pacífica y con plena garantía del sistema democrático y el estado de derecho. Demandamos a las misiones electorales internacionales presentes en el Perú que tengan bajo consideración los graves hechos antes señalados, y que estén vigilantes a irregularidades antes y durante el día de las elecciones.

 

Plataforma Europa Perú 

  • Action Solidarité Tiers-Monde – ASTM (Luxemburgo)
  • Asociación Pro Derecho Humanos de España (España)
  • Broederlijk Delen (Bélgica)
  • Catapa (Bélgica)
  • Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)
  • Commission Justice et Paix (Bélgica)
  • Entraide et Fraternité (Francia)
  • Entrepueblos (España)
  • FOS (Bélgica)
  • Informationsstelle Peru e.V. (Alemania)
  • Kampagne “Bergwerk Peru-Reichtum geht Armut Bleibt”, Campaña Perú País Minero (Alemania)
  • Peru Support Group (Reino Unido)
  • Peru Kommiten för MR (Suecia)
  • Secours Catholique (Francia)
  • 11.11.11 (Bélgica)

Entrepueblos presenta la web “Activistas por la Vida”

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De la exposición fotográfica de Gervasio Sánchez nace la web sobre activistas de derechos humanos y ambientales que viven bajo amenaza de muerte en Centroamérica, específicamente en Honduras y Guatemala, dos de los países más violentos del mundo.

¿Qué pasa en Centroamérica? ¿Por qué Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica? ¿Por qué desaparece la memoria histórica en países como Guatemala? ¿Quién es Rosalina Tuyuc? ¿Y Rosalina Dominguez? ¿Qué papel tenemos las personas del Norte Global en la vulneración de derechos humanos en el Sur Global? Son algunas de las preguntas que intentamos responder con la web de Activistas por la Vida.

La web de Activistas por la Vida, disponible en castellano → www.activistasporlavida.org y en catalán → www.activistesperlavida.cat, hace un repaso por la historia de Centroamérica, de  Honduras y Guatemala, denuncia el papel de las grandes empresas (hidroeléctricas, mineras, cementeras etc.) europeas y estadounidenses en la vulneración de derechos humanos en los países del Sur Global, resalta la importancia de los colectivos, movimientos sociales y entidades locales que se dejan la vida para defender el territorio, los ríos, el cuerpo o la memoria histórica, y nos acerca a la vida de las defensoras y los defensores y les pone nombre y apellido.

En tiempos de emergencia climática y ecológica, sus rostros y sus voces nos plantean la necesidad de cuestionar el crecimiento ilimitado del consumo material como base del bienestar. Nos advierten, de que agotando los bienes naturales y la biodiversidad, estamos socavando las bases de nuestra propia existencia.

El proyecto “Activistas por la Vida” es una herramienta más dentro del trabajo que Entrepueblos lleva años realizando en apoyo a las organizaciones defensoras de DD.HH., ambientales, feministas, indígenas en América Latina. Con  él queremos remarcar especialmente la situación crítica en la que desarrollan su activismo las defensoras y defensores en Honduras y Guatemala en contextos marcados por todo tipo de violencias impunes, una presión asfixiante sobre el territorio y las comunidades por parte del extractivismo, y estados capturados por las corporaciones y el crimen organizado.

Los materiales de “Activistas por la Vida”, desplegados en formatos audiovisuales, comunicativos y didácticos se articulan entre sí para tender un puente de solidaridad con las personas defensoras y sus comunidades.

Este proyecto ha sido posible gracias a nuestro amigo y fotoperiodista Gervasio Sánchez, a las personas protagonistas de esta historia, a las que aparecen y a las que han preferido no aparecer, a las queridas organizaciones y comunidades de Guatemala y Honduras que nos han brindado su confianza y su colaboración para que este proyecto fuera posible. Al Institut de Drets Humans de Catalunya que nos acompaña en el proyecto. Y a la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament por financiar la propuesta.

Protección internacional para las personas migrantes climáticas

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[FOTO: AFP]

Reclamamos a nuestros responsables políticos y gubernamentales, el compromiso de avanzar y dar respuesta a las personas que huyen del cambio climático. 

Manifiesto:

Entendemos por migración climática aquella en la que el deterioro irreversible del hábitat, provocado por el cambio climático, es la causa más destacada de la migración, aunque no sea la única.

Se trata de un tipo de migración que ya está dándose en las áreas tropicales del planeta. Hay zonas en las que los cultivos agrícolas y los pastos pierden productividad, porque las temperaturas ya no son las idóneas, o incluso desaparecen, transformándose en desierto; otros hábitats se deterioran porque ha aumentado la frecuencia de los ciclones, las lluvias torrenciales y las inundaciones; también la subida del nivel del mar está haciendo desaparecer hábitats costeros. Las personas que huyen de esos impactos climáticos van, en su mayoría, a las ciudades de su propio país, se convierten en desplazadas internas; pero una parte de ellas emigra a otros países, convirtiéndose en migrantes climáticas. Estas, generalmente, se quedan en los países vecinos, y solo una pequeña parte hace una migración de larga distancia (al igual que ocurre con otras migraciones forzadas, como son las provocadas por conflictos bélicos).

¿Qué respuesta deben dar los gobiernos a esas personas que llegan a sus territorios huyendo de los impactos climáticos? ¿Deberían estar obligados a darles una protección similar a la que se da a las personas refugiadas? Ahora no lo están: la obligación de dar acogida y protección a las personas refugiadas se deriva de un tratado internacional, la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951, que no incluye la causa climática, y no hay ningún tratado internacional que obligue a dar entrada y acogida a las personas migrantes (salvo por acuerdos suscritos entre países). Sin embargo, los migrantes climáticos tienen en común con los refugiados el ser víctimas de una acción política.

El derecho a la protección internacional se les otorga a aquellas personas que son víctimas de alguna acción política reprobable que las ha obligado a salir de su país; una acción política que ponía en peligro su vida o su integridad física, sea una persecución (étnica, religiosa, por opiniones políticas, etc.) o un conflicto bélico. Ser víctimas políticas es lo que las vincula con la idea que tenemos sobre lo que son las personas refugiadas. Pues bien, quienes huyen de sus países por los impactos climáticos también son víctimas de una acción política reprobable, la de los gobiernos que han vulnerado los tratados internacionales sobre el clima que han suscrito.

El cambio climático que ahora estamos viviendo no es un fenómeno natural, está provocado por los gases de efecto invernadero que venimos emitiendo desde el inicio de la industrialización. Esto es algo que sabemos desde hace bastantes décadas, pero, además, en las tres últimas se han ido sucediendo los tratados internacionales dirigidos a reducir las emisiones. El primero de ellos fue la Convención Marco sobre Cambio Climático de 1992 (después vendría el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París…). Estos tratados han sido sistemáticamente vulnerados, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero no han hecho más que crecer. Hay una responsabilidad política de los gobiernos que no puede ser eludida, y eso es lo que convierte a las víctimas del cambio climático en merecedoras de protección internacional. Si renunciamos a incluir las migraciones climáticas en el derecho a la protección internacional, estamos dejando un margen muy amplio a los gobiernos para que eludan esa responsabilidad, estamos favoreciendo que las identifiquen como migraciones económicas y que no se sientan interpelados por la obligación de otorgarles acogida y protección.

En las últimas décadas hemos considerado de facto como refugiadas a las personas que huyen de los conflictos bélicos, pese a que no fueron mencionadas en la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951 (como tampoco lo fueron en el desarrollo que se le hizo con el Protocolo de Nueva York de 1967). Ese ha sido un paso muy importante de ampliación del derecho a la protección internacional.

Hemos de avanzar por ese camino para dar respuesta a las personas que huyen del cambio climático. Debe abrirse el debate político sobre el marco jurídico del que hemos de dotarnos para hacer efectiva su protección. Reclamamos ese compromiso a nuestros responsables políticos y gubernamentales, y nos prestamos a ser parte activa de ese debate.

 

Suscriben* este manifiesto:
Àlex Guillamón (Entrepueblos), Ana María López Sala (Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC), Ángeles Solanes (catedrática de Filosofía del Derecho, Universitat de València), Aurelia Álvarez (Derecho Internacional Privado, Universidad de León), Beatriz Felipe (CEDAT, Universitat Rovira i Virgili), Blanca Garcés (coordinadora de investigación del CIDOB), Cecilia Carballo (directora de Programas de GREENPEACE), Cristina Blanco (presidenta del Foro para la Integración Social de los inmigrantes), Cristina Monge (Sociología, Universidad de Zaragoza), Daniel Ibarz (presidente de Red Acoge), Estrella Galán (directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR), Fernando Mudarra (director general de Ayuda en Acción), Ferran Camas (director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía, Universitat de Girona), Francisco Checa (catedrático de Antropología Social, Universidad de Almería), Javier de Lucas (catedrático de Filosofía del Derecho, Instituto de Derechos Humanos, Universitat de València), Jesús Marcos Gamero (Grupo de Investigación en Cambio Climático, Universidad Carlos III), José Antonio Oleaga (Fundación Begirune. Analítica en torno a las migraciones), José Larios (presidente de la Fundación Transición Verde), José Luis Rodríguez Candela (Derecho, Universidad de Málaga), Julia Fernández Quintanilla (presidenta
de ACCEM), Julia Shershneva (directora de Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración), Liliana Suárez-Navaz (directora del Instituto Universitario de Migración, Etnicidad y Desarrollo Social, Universidad Autónoma de Madrid), Macarena Vallejo (Antropología Social, Universidad de Málaga), Miguel Pajares (GRECS, Universitat de Barcelona, presidente de la CCAR), Nuria Blázquez (responsable de Internacional de Ecologistas en Acción), Olga Jubany (directora de la European Social Research Unit, Universitat de Barcelona), Ramón Almansa (director ejecutivo de la Fundación Entreculturas), Ricard Zapata-Barrero (catedrático GRITIM, Universitat Pompeu Fabra), Rosa Aparicio (investigadora del Instituto Universitario Ortega y Gasset – G. M.) Sergio de Otto (Proyecto Migraciones Climáticas de ECODES), Sònia Parella (coordinadora de CER-Migracions, Universitat Autònoma de Barcelona), Susana Borrás (CEDAT, coordinadora del Máster en Derecho Ambiental, Universitat Rovira i Virgili), Victoria Columba (portavoz del Movimiento #RegularizaciónYa), Verónica Barroso (responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional), Xabier Aierdi (Fundación Begirune. Analítica en torno a las migraciones).
(*) Aunque figura la entidad a la que pertenece cada cual, las firmas son a título individual.

Diálogos Feministas y Ecologistas

Diálogos Feministas y Ecologistas

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Diálogos feministas y ecologistas nace como un encuentro de  intercambios de experiencias y propuestas de alternativas desde los feminismos diversos, incorporando, entre otros muchos elementos, el ecologismo social tan necesario para la transición ecosocial a la que debemos dirigirnos, juntas, de manera colectiva para superar y desbordar la tan asentada práctica capitalista, heteropatriarcal, racista, y que opera contra la base de la vida y el derecho a los cuidados colectivos que garanticen vidas dignas para todas las personas y el planeta.

Caminando hacia las II Jornadas Diálogos Feministas y Ecologistas que celebraremos el próximo mes de diciembre de este año 2021.

Estos diálogos feministas y ecologistas permiten que nuestras luchas tengan inferencia real, se realimenten de esperanza, de sueños y voces que interpelen nuevas formas de conducta humana, capaces de transformarnos hacía un porvenir lleno de desafíos diarios.

→ I Diálogos feministas y ecologistas: justicia social y ambiental para (re)conocer saberes, acciones y experiencias que garanticen vidas dignas

A lo largo de estas jornadas de puesta en común y construcción de paradigmas emancipatorios pudimos compartir nuestras experiencias más significativas y nuestras capacidades reflexivas para articular discursos y prácticas, rodeadas de una vitalidad feminista repleta de energía y pasión, rebeldía y dignidad.

Intercambio de experiencias de resistencia, pero también de prácticas y agencias feministas

Tenemos la posibilidad de poner estas prácticas comunitarias al servicio, no solamente de las comunidades, sino de la globalidad, del mundo. Construcción de espacios que nos permitan seguir intercambiando experiencias de resistencia, pero también de prácticas y agencias feministas.

Una de las propuestas de aprendizaje más interesante [entre muchas otras] fue la de imaginarnos frente a la crisis capital-vida nuevas formas de organizar la sociedad. Porque los conflictos por los bienes comunes no son hechos aislados, responden a un modelo capitalista neoliberal extractivista, que se repite y se retroalimenta entre el norte, el sur, el centro y la periferia.

Cómo la usurpación, el despojo y la mercantilización de los bienes comunes ponen en evidencia profundas violaciones a los derechos humanos, donde incluso hay mujeres, en los respectivos territorios, que están exponiendo su vida para la defensa de algo que es comunitario y del bien de todo el planeta.

Las diferentes ponencias de las mujeres que nos acompañaron nos han servido para mostrar, una vez más, la capacidad autosuficiente del feminismo y su interacción a diversas escalas globales. De ahí la importancia de las relaciones internacionales, de las alianzas para poder enfrentar la defensa de lo común y la intolerancia reiterada de las violaciones constantes de los derechos humanos. 

 

 

Nuestro horizonte se vislumbra en la lejanía. Es algo común a todas las mujeres. Se trata de un horizonte de transformación emancipadora. Algunas de las estrategias que nos planteaban nuestras compañeras provienen de una lucha activa y militante del sur. De un sur global donde el despojo y la extorsión se perciben en el orden del día junto con la desobediencia, la rebeldía y la resistencia.

 

 

Poner la vida de las personas en el centro, sin dejar a nadie atrás.

Es por ello, que debemos desarrollar estrategias de democratización del conocimiento y la comprensión crítica de nuestra realidad social: difundirla, comunicarla, transmitirla para inferir en nuevas políticas feministas —económicas, culturales, sociales, de los cuidados— que nos permitan desarrollar un cambio real en nuestros espacios de vida cotidiana, poner la vida de las personas y el planeta en el centro sin dejar a nadie atrás.

De ahí, tal vez, podamos crear nuevas alianzas insólitas. Nuestra capacidad de politizar a la ciudadanía debe observar más allá de su única realidad, en el caso de Occidente, y aprender nuevas formas de activismo nutriéndonos de las experiencias  de resistencia del sur.

Nuestras compañeras  feministas ya han lidiado con temas tan escépticos por la sociedad como la defensa del territorio  y bienes comunes por parte de mujeres y hombres que ponen en riesgo su vida y sus cuerpos, cambio climático, a través de diversas formas de activismo de conciencia, consiguiendo mostrar la fractura que vincula el desarrollo del modelo neoliberal al medioambiente. Dando evidencia a esta crisis mediante su activismo, han conseguido dotar de consciencia al movimiento por la vida, superponiendo el estrato individualista del sistema político y económico tradicional, hacia una nueva lógica en la que las relaciones humanas y el entorno se anteponen al mercado, y que paradójicamente tiene que ver también con el reconocimiento de la sabiduría y las cosmovisiones de los pueblos indígenas, en definitiva con la sostenibilidad de la vida de las personas y el planeta.

 

 

Y es que puede no resultar tan paradójico pensar y reconocer que desde los feminismos comunitarios y pueblos originarios hace muchos siglos que se habita en armonía con la naturaleza sin causar daños irreparables en su entorno. Esto debería servir para replantearnos:

¿Hacia dónde dirigimos nuestras lógicas productivas?

Caminos entrelazados que ya nos muestran las mujeres que participan en estos diálogos a través del intercambio de experiencias desde diferentes territorios, luchas y rebeldías, alternativas y acciones conectadas que podemos recuperar a través de la sistematización de las sesiones y las cápsulas audiovisuales de las Jornadas Internacionales Diálogos Feministas y Ecologistas que tuvieron lugar en diciembre de 2020 y que puedes visionar en este enlace. 

También puedes revisar las relatorías de las Jornadas de 2020 en estos enlaces:

«El acuerdo comercial UE-Mercosur, un golpe de mercado»

«Construcción de nuevos paradigmas para la sostenibilidad de la vida, de las personas y el planeta»

«Juntas somos más fuertes: Imaginarios colectivos y prácticas comunitarias desde el buen vivir»

«Rescatar la esperanza: No dejemos el futuro en sus manos»

Uno de los objetivos de recuperar todo este intercambio de saberes y rebeldías es avanzar en estas articulaciones y alianzas feministas desde el ecologismo social que nos permitan continuar construyendo desde la diversidad y la inclusión. 

Seguiremos conectadas para poder encontrarnos de nuevo para esta puesta en común en el marco de las II Jornadas Diálogos Feministas y Ecologistas que celebraremos el próximo mes de diciembre de este año 2021.

Para más información puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico:

educacion@entrepueblos.org

Comunicado a la UE ante graves retrocesos en América Latina

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EU-LAT Network, red de 40 organizaciones europeas de derechos humanos y desarrollo, observa con mucha preocupación el retroceso del Estado de Derecho y la separación de poderes en algunos países latinoamericanos, así como el detrimento del orden democrático y su consecuente aceleración del ya reducido espacio para la sociedad civil. América Latina sigue ostentando los índices más altos de violencia contra personas defensoras -el 75% de los ataques en el mundo

Por ello hacemos un llamado  a la Unión Europea a:

1) mantener su  papel como observador internacional en derechos humanos, crucial en estos momentos,

2)  incrementar su voz política en los diálogos formales e informales y

3) aumentar los fondos de cooperación con la región.

En Colombia, las protestas de la ciudadanía ante la reforma tributaria ha sido reprimida violentamente, desatando un caos sin precedente y el debilitamiento de las instituciones democráticas. De acuerdo con la defensoría del pueblo, organizaciones internacionales de DDHH y medios, el trágico saldo a 7 de mayo es de 31 personas muertas en hechos que involucran abuso de la fuerza y armas de fuego contra civiles. Así mismo, la implementación del acuerdo de paz en el país ha sido empañada con la muerte violenta de 272 excombatientes en lo que pareciera ser una eliminación sistemática de los firmantes de la paz. Las negativas del gobierno colombiano a establecer un diálogo incluyente, y atender de forma efectiva las necesidades de protección a los Derechos Humanos de comunidades, manifestantes, líderes y defensores de derechos humanos, hacen que hoy veamos una crisis acumulada y un estallido social sin precedentes en los últimos treinta año.

A su vez, queremos llamar la atención sobre el debilitamiento del Estado de Derecho y los impactos que esta situación podría tener en la estabilidad democrática de la región centroamericana, en particular en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, y Nicaragua, poniendo en peligro también la independencia judicial. Por ejemplo, en El Salvador, el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa decidió destituir los magistrados titulares y magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, así como el Fiscal General de la Nación, lo cual evidencia la ruptura del sistema de pesos y contrapesos y una alta concentración de los poderes públicos por parte del órgano ejecutivo, lo que representa un peligro latente para los pilares del Estado de derecho.

Queremos mencionar específicamente Nicaragua, país que arrastra una crisis sociopolítica y de derechos humanos desde 2018. En Marzo de este año, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas4, condenaron la agudización de la represión en el país, instando al Estado de Nicaragua a combatir la impunidad y a buscar justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, considerando necesario que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre las múltiples formas de represión y violencia, incluidas las “presuntas” ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el contexto de 2018 y denunciadas anteriormente por varias organizaciones de derechos humanos. Un proceso electoral puede permitir la transición hacia la salida de la crisis.

En este contexto, nos preocupa las reciente reforma electoral reciente, que amenaza con repetir un fraude electoral en noviembre de este año, lo que negaría la posibilidad de una salida pacífica y democrática a la grave crisis que ya vive Nicaragua y mantendría en el poder al actual régimen por tiempo indefinido.

Sin olvidar que en México, organizaciones de derechos humanos, periodistas y organismos internacionales han sido blanco de difamaciones por parte de Andrés Manuel López Obrador. Estos señalamientos públicos contribuyen a una polarización social y a una fuerte estigmatización de la sociedad civil mexicana. Han provocado también ataques masivos en redes sociales contra las organizaciones señaladas y preocupa que funcionarios públicos de menor nivel repliquen estas prácticas e incluso escalen a ataques más graves contra la integridad física y psicológica de las personas defensoras. Al mismo tiempo, la militarización de la seguridad pública continúa siendo la principal estrategia de seguridad del Estado Mexicano, aun cuando desde el 2006, numerosos informes han cuestionado esta fórmula para enfrentar las causas estructurales de la violencia.

Toda esta situación ha sido agravada por la actual pandemia, que ha acelerado las desigualdades económicas, de género y raciales; y el acceso justo y equitativo a las vacunas. El virus no nos afecta a todos los colectivos por igual. Ha quedado en evidencia la falta de políticas públicas de calidad, como en el área sanitaria, y la necesidad de contar con un sistema de protección social universal. Las vacunas contra la covid-19 son una herramienta fundamental para la salida de la crisis.

Sin embargo, según la Organización de Estados Americanos, el 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a vacunas en 2021. Desde la Red EU-LAT se ha hecho un llamado a la solidaridad, haciéndose eco de las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “las vacunas deben ser un bien público mundial y estar al alcance de todas las personas.” Para ello, “los regímenes de propiedad intelectual deben dejar de ser un obstáculo que impida la producción de vacunas seguras y efectivas”5.

Las desigualdades y los impactos diferenciados se han exacerbado especialmente sobre tres grupos: las mujeres, los pueblos indígenas, y las personas defensoras. Según Naciones Unidas, el 54% de las mujeres trabajan en la informalidad, lo que conlleva un incremento alarmante de la pobreza. “Lejos de hospitales y atención mediática, las personas indígenas enferman y mueren sin acceso a los medios esenciales para protegerse. El 40% de hogares indígenas no tiene acceso a agua. Las infraestructuras sanitarias son muy deficitarias: en Perú, por ejemplo, apenas un 10% de las comunidades campesinas indígenas cuenta con puestos de salud”6. La formalización del trabajo informal debe ser una prioridad para el continente, dado los beneficios que pueden aportar en la reducción de la pobreza, el acceso a la protección social. El trabajo digno tiene que prevalecer con el pleno respeto de los derechos sindicales fundamentales (8 normas fundamentales de la OIT)

En este contexto, la Red EU-LAT lamenta que se esté dando prioridad a las industrias extractivas en los planes de recuperación económica, pues estas actividades son foco potencial de riesgo y representan asimismo un peligro ecológico significativo además de no brindar condiciones de trabajo digno para sus trabajadores. El Perú,  está actualmente considerado el cuarto país del mundo más peligroso para defensores de la tierra y líderes ambientales. La defensa del territorio por parte de comunidades indígenas contra diferentes economías de extracción como la maderera o minera, les está costando la vida. Esta situación se ve agravada por la crisis política que se mantiene a pesar de la primera ronda de elecciones, donde la agenda de derechos humanos supone un reto en la posible composición del poder legislativo La ratificación del Acuerdo de Escazú por los países de América Latina es fundamental. A su vez, recordamos la importancia del actual proceso legislativo europeo para una Directiva sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, y hacemos un llamado a la UE para que la nueva ley sea lo suficientemente fuerte y ambiciosa para prevenir vulneraciones de derechos humanos y para reparar a las víctimas.

El papel de la Unión Europea como cooperante, apoyando a la sociedad civil y como observador internacional es crucial en estos momentos. Es necesario adaptarse a la situación y buscar nuevas formas de seguir acompañando procesos como observadores internacionales, si las condiciones sanitarias no permiten hacerlo de manera presencial, aprovechándose de las oportunidades de las nuevas tecnologías

Comunicado de EU-LAT Network de la que Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte forma parte

1 Temblores &Indepaz, organizaciones de sociedad civil, reportan 47 muertes a Fuentes de sociedad civil indican a fecha 10 de Mayo.

(3) FIDH, El Salvador: Ad portas del autoritarismo, el Estado de Derecho y la independencia judicial en peligro, 05/2

(4) Ver Resolució de Consell de Drets humans a Nicaragua

(5) Fuente: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-21-es.pdf 

(6) Fuente: Informe Oxfam 2020, “Evitar el etnocidio”.

Una ley del clima insuficiente, una oportunidad perdida

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Debemos insistir en la lucha para corregir su falta de ambición

Un centenar de organizaciones ecologistas, sociales y sindicales nos sumamos al manifiesto sobre la recién aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Las organizaciones señalamos que el texto actual no permitirá al Estado español cumplir con sus compromisos climáticos en 2030 como reclama la comunidad científica. Por lo que siguen reclamando una ley a la altura de la emergencia climática

Hace más de dos años que se inició la tramitación del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que acaba de ser aprobado por el Congreso de los Diputados. Durante todo este tiempo las consecuencias de la emergencia climática avanzan, el planeta da cada vez más señales de graves alteraciones climáticas: las lluvias torrenciales, los episodios de sequía y los grandes incendios forestales siguen alcanzando enormes dimensiones y terribles consecuencias. De hecho, el año 2020 es nuevamente uno de los más cálidos jamás registrados.

Después de cinco años desde la firma del Acuerdo de París la ley climática falla nuevamente en atender las indicaciones científicas, lo que nos llevará a un incremento de la temperatura global muy por encima de 1.5C y 2 ºC. En 2019 la comunidad internacional y científica advirtió de la necesidad de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) en un orden superior al 7,6% anual. Un ritmo de reducciones que debería llevar al Estado español a una meta de reducción de emisiones GEI superior al 55% en 2030 con respecto a 1990. Sin embargo, la ley recientemente firmada se limita a una escasa reducción del 23%, que se queda muy lejos incluso de lo que el mismo gobierno ha aprobado en las instituciones europeas. Este es un aspecto clave, que, por sí solo, hace que la ley nazca claramente obsoleta.

La responsabilidad ante la urgencia de la emergencia climática hace ser lo suficientemente prudente como para admitir la necesidad de aprobar una ley para hacerle frente, pero los contenidos con que se nos presenta llegan con más de una década de retraso. Existen avances como la prohibición de la minería de uranio y de las prospecciones de combustibles fósiles, la rehabilitación energética o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero, así como la incorporación de un objetivo 100% renovable, aunque solo para el sistema eléctrico y demasiado lejano. Sin embargo, la falta de concreción de algunas de las propuestas, el dejar a normativas posteriores objetivos fundamentales o la falta de apuesta clara por auténticos mecanismos de participación ciudadana ponen en riesgo los tímidos avances que se den en los próximos años.

A lo largo de estos más de dos años de tramitación numerosas personas se han movilizado en las calles exigiendo justicia climática, se han trasladado numerosas observaciones al texto, se han publicado numerosas notas de prensa y manifiestos reclamando medidas a la altura del reto que afrontamos.

El texto final no recoge estas peticiones. De hecho, el proyecto de ley se ha debilitado durante este proceso al dejar la puerta abierta a los combustibles fósiles y permitir el uso del gas en todo el transporte, lo que es inadmisible. Tampoco contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y medidas necesarias para frenar el incremento de los viajes en avión o la creciente e insostenible industrialización de la agricultura y ganadería.

Con la aprobación de esta ley se cierra una ventana de oportunidad para enfrentar de forma real la emergencia climática. Un momento para responder a la falta de medidas capaces de frenar un modelo de producción y consumo que genera el cambio climático, y que además, se demuestra incapaz de satisfacer las necesidades vitales de las personas, precarizándolas y poniendo en situación de vulnerabilidad a gran parte de la población mundial; de los ecosistemas y el resto de seres vivos que habitan este planeta.

En la ley se promete un proceso de revisión de sus objetivos, que ya hoy están totalmente desfasados, para 2023, reclamamos que se inicie ya un debate público y ciudadano sobre unos objetivos climáticos mucho más acordes. En este sentido seguiremos atentamente la gestión que se haga de la Asamblea Ciudadana por el Clima que contempla la ley, ya que, con la experiencia de los precedentes en Reino Unido y Francia, consideramos importante que se lleve a cabo con garantías de representatividad, independencia respecto a partidos y partes interesadas, transparencia, debate público y compromiso político con sus resultados, y no se limite a un simulacro.

La norma incurre además en las atractivas falsas soluciones del capitalismo verde, que nos hablan de los milagros imposibles y de los adelantos tecnológicos sin tener en cuenta su elevado coste energético y material ni los efectos sobre nuestras vidas. Por el contrario, es imprescindible reducir nuestro consumo de materiales y energía, acompañándolo de una redistribución del trabajo que garantice puestos de trabajo compatibles con una vida digna para todas las personas, y con la construcción de modelos basados en la cooperación, la solidaridad local y global, y la interdependencia de los cuidados esenciales.

Seguiremos luchando por el cambio necesario, un cambio que ponga en el centro a las personas, los cuerpos, los territorios y la Tierra, sin dejar a nadie atrás.

 

PLATAFORMAS FIRMANTES

Rebelión por el Clima

Xarxa per la Justícia Climàtica

 

ORGANIZACIONES QUE APOYAN:

Abrir Brecha
Abrir Fenda
Acció Ecofeminista
Acció Ecologista Muntanyera
Alianza por el Clima IBIZA
Almáciga
Alternativa Antimilitarista.MOC Las Palmas/ADNV
Amigos de la Tierra
Amycos.org
Arcó. Asociación Rural Cepeda Órbigo.
Asamblea Antimilitarista de Madrid
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos
Asociación Ibiza Conciencia
Asociación Ibiza Ecologic
Asociación Libélula Verde
Asociación NOVACT Instituto Internacional para la Acción Noviolenta
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l'Arpa (BCN)
Associació de veïns i veïnes barri Rei En Jaume d'Alboraia
Associació per la Solidaritat/Plataforma de Suport Pers. Refugiades (Santa Coloma de
Cervelló)
Associació Som del Barri
ATTAC España
Bosco Global
Bumerang Takeaway SL
Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris
CGT
CIDES
Climaccio
Col.lectiu Agudells
Colectivo Memoria Viva de los Pueblos
Colectivo Pensionistas de Avilés COSPA
Colectivo TURCÓN-Ecologistas en Acción
Consell de la Joventut de Barcelona
COODECyL Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo Castilla y León
Cooperaccio
Coordinadora Balear en Defensa per les Pensions Públiques
Coordinadora d'ONG Solidàries
Coordinadora Ecoloxista d'Asturies
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
Creatives For The Planet
DonesXDones
ECOAR))) Global
Ecologistas en Acción
Ecoresiliencia
Edualter
El Brote Rebelde
Energetix Poble-sec
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte

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Retroceso democrático y vulneración de derechos en El Salvador

/ /por

[Foto de portada: EDH/ Jonatan Funes ]

Entrepueblos se solidariza con el pueblo de El Salvador ante la grave situación política que está viviendo el país, tras los hechos sucedidos el pasado 1 de mayo.

En la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa, en un acto ilegal e inconstitucional, se aprobó la destitución de las y los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República de El Salvador, con el nombramiento inmediato de nuevos titulares.

Estos hechos violentan la separación de poderes, el Estado de Derecho, los valores democráticos y los derechos humanos. En este sentido, nos adherimos al comunicado del Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria con El Salvador (FOCIS), del cual formamos parte.

San Salvador, 4 de mayo de 2021

El Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria con El Salvador (FOCIS) aglutina a una treintena de organizaciones internacionales que trabajamos junto a organizaciones sociales y comunitarias salvadoreñas, por el fortalecimiento del Estado de Derecho y la garantía de los Derechos Humanos en El Salvador.

Ante los hechos sucedidos el pasado 1 de mayo, realizados en la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa, en la cual, en un acto ilegal e inconstitucional, se aprobó la destitución de las y los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República de El Salvador, procedido por el nombramiento inmediato de nuevos titulares; estos hechos violentan la separación de poderes, el Estado de Derecho, los valores democráticos y los derechos humanos,

Por todo lo anterior:

  • Compartimos las preocupaciones manifestadas por las diversas expresiones de la sociedad civil salvadoreña, mostrando nuestra solidaridad, compromiso y acompañamiento.
  • Solicitamos a nuestros respectivos gobiernos y parlamentos estatales y territoriales, incluyendo la Unión Europea, que muestren su clara condena ante los hechos sucedidos y que insten a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de El Salvador a respetar los mecanismos y principios de la democracia; así como a mantenerse vigilantes ante cualquier otro indicio de retroceso democrático y de vulneración de derechos por parte de instituciones del Estado, dando seguimiento a los mecanismos internacionales de derechos humanos que se han activado.
  • Invitamos a la sociedad civil internacional a realizar acciones para la defensa solidaria del Estado de Derecho en El Salvador, condición básica para que el país avance en justicia social y desarrollo.

Grave violación de los derechos humanos en Colombia

/, , /por

Entrepueblos nos solidarizamos con la lucha del pueblo colombiano y con todas aquellas personas que en Colombia están saliendo a las calles, exponiendo su cuerpo para exigir una vida digna en condiciones de equidad y justicia social. Además denunciamos la grave violación de derechos humanos que están viviendo y junto con las organizaciones abajo firmantes enviamos la siguiente carta:

Carta a la Embajada Colombiana y al Ministerio de AAEE de España por la violación de derechos humanos en Colombia

A la atención de

Sr. Luis Guillermo Plata
Embajador de Colombia en España

Sra. Arancha González Laya
Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

7 de mayo de 2021

Las organizaciones abajo firmantes les hacemos llegar la siguiente carta al Embajador de Colombia en España y a la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en relación a la grave violación de los derechos humanos que se está cometiendo en Colombia.

Desde hace una semana se están produciendo amplias movilizaciones de la población en Colombia que siguen la convocatoria del paro nacional del 28 de abril. Las colombianas y los colombianos salieron a las calles en respuesta a la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque. Éstas derivaron en una ola de protestas sociales a través de las cuales se demandan cambios estructurales relacionados con medidas eficaces contra la desigualdad y en favor de la protección y los derechos de los sectores de la población con mayor vulnerabilidad. Las protestas masivas han sido de carácter pacífico y, frente a ello, el gobierno ha respondido recurriendo al terrorismo de Estado.

El uso de la violencia en contra de la protesta social en Colombia no es un hecho aislado y hace poco más de un año, en el marco del Paro Nacional, el pueblo colombiano enfrentó graves hechos de violencia institucional. Las estrategias del Estado colombiano y su ejército, policía y ESMAD, que violan los derechos humanos, no sólo no remiten sino que se extienden en un país que, a ojos de la comunidad internacional, está en una situación de postconflicto y paz.

Estos días hemos visto cómo las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y sicarios han sido parte de acciones de extrema violencia y han llegado a disparar a sangre fría, para matar a las personas manifestantes. Según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz a la fecha de 5 de mayo de 2020 (corte 10 a.m de la mañana) se han producido 34 homicidios presuntamente por parte de la Policía Nacional, ESMAD y por agentes sin identificar. Hasta el 4 de Mayo existe también registro de otras violencias de Estado entre las que destacamos: 87 personas dadas por desaparecidas, 1.220 personas heridas, 200 agresiones por parte de la policía, 18 víctimas de heridas en los ojos, 672 detenciones arbitrarias, 1.565 hechos violentos registrados y 9 víctimas de violencia sexual. “Hacemos un llamamiento al Estado colombiano a proteger los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, y a facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión”, ha afirmado la portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos.

En este contexto, las organizaciones firmantes exigimos:

1) La desmilitarización y el cese inmediato de la represión y la violencia contra la protesta social por parte del Estado colombiano.

2) El respeto de los derechos básicos como es el derecho a la protesta, en un país que pretende ser democrático.

3) La investigación, esclarecimiento y asunción de responsabilidades políticas y penales por las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido.

4) Que el gobierno español realice una declaración pública de condena y se respalde las exigencias de protección de los derechos humanos realizado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

5) Que el gobierno español exija la cláusula democrática y paralice el acuerdo comercial con Colombia. Asimismo, que paralice la venta de armamento y municiones al gobierno colombiano, y paralice los acuerdos en materia de defensa y militar, ante la fundada sospecha de que dicho gobierno los esté empleando en la represión de la protesta y violaciones de DDHH.

6) Que la comunidad diplomática y las Naciones Unidas pidan al Estado colombiano que brinde las garantías suficientes para el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social y promueva escenarios de diálogo para tomar acciones constructivas que permitan superar el actual estado de crisis de derechos humanos por el que atraviesa el país.

Igualmente queremos mostrar nuestra solidaridad con todas aquellas personas que en Colombia están saliendo a las calles, exponiendo su cuerpo para exigir una vida digna en condiciones de equidad y justicia social.

Organizaciones firmantes de la carta:

A.C.C.S. Córdoba Solidaria, Amigos de la Tierra, Asociación Colectivo Memoria Viva de los Pueblos, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos – AIETI, Asociación Paz con Dignidad, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Centro de Iniciativas para la Cooperación – Batá (CIC BATÁ), Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR Euskadi), Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca, Comisiones Obreras (CCOO), Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Grupo Intercultural Almáciga, ICID (Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Humanos, Mundubat, Mugarik Gabe, Mujeres en Zona de Confllicto

Carta sobre la violación de derechos humanos en Colombia >>

[Foto de portada tomada en la Concentración realizada en Madrid el 6 de mayo en apoyo al pueblo de Colombia. Cortesía: Patricio Realpe/ChakanaNews]

Por un Estado Plurinacional sin privatizaciones en Ecuador

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En Ecuador el pasado 11 de abril de 2021 fue electo el conservador Guillermo Lasso, del partido CREO, como nuevo presidente. Tras realizar los primeros anuncios sobre las políticas que implementará en su gobierno, desde el Pueblo Kitu Kara, que forma parte del Movimiento Indígena de Ecuador, han querido plasmar algunas reflexiones en este manifiesto

Manifiesto contra el neoliberalismo por la Construcción del Estado Plurinacional sin privatizaciones 

A las organizaciones del movimiento indígena ecuatoriano
A las organizaciones populares y de izquierda
A la ciudadanía en general

Frente a los primeros anuncios realizados por el presidente electo Guillermo Lasso, respecto a las políticas que implementará en su gobierno a partir de mayo, desde el Pueblo Kitu Kara consideramos necesario poner sobre la mesa algunas reflexiones en torno a la posición que deberíamos asumir como Movimiento Indígena, Pachakutik, Movimientos Sociales y Sectores Populares.

1. La historia de los últimos 30 años en el Ecuador nos demuestra que los acuerdos con el FMI aumentan las desigualdades sociales y económicas, aumenta la pobreza, la represión, el debilitamiento de la institucionalidad y la democracia, provocando sufrimiento para la mayoría del pueblo ecuatoriano y las nacionalidades indígenas. Ninguna de las políticas del FMI: privatizaciones, reducción de derechos sociales, flexibilización laboral, desregulación financiera, disminución de impuestos y remisión a los grandes capitales han beneficiado a las poblaciones empobrecidas, ni en el Ecuador, ni en ningún lugar del mundo. En los años 90s ese modelo nos llevó a la subida permanente de los combustibles y productos de primera necesidad, al feriado bancario, a la extrema pobreza, al desamparo social de millones de personas, a la destrucción de los sistemas públicos de educación y salud, y provocaron grandes migraciones al exterior, incluso desde dentro de las comunidades. Actualmente, la aplicación de los nuevos acuerdos con el FMI están provocado el incremento progresivo en el precio de los combustibles, el alza del pasaje, el aumento del precio de los productos de consumo, un pésimo manejo de la pandemia y el plan de vacunación, pero por otro lado aumenta los privilegios de los tradicionales grupos de poder.

2. El señor Lasso ha dicho también que “seguirá el modelo del ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, incluso su primera visita internacional ha sido para saludar al gobierno neoliberal de Iván Duque. Para todos es conocido que tanto Uribe como Duque, aplicaron a sangre y fuego el modelo neoliberal, beneficiando a grandes industriales, terratenientes, agroindustriales, exportadores, incluido el narcotráfico, llevando la guerra interna a extremos genocidas que continúa aun con asesinatos selectivos de campesinos, indígenas, opositores, críticos, dirigentes sociales, artistas e intelectuales de izquierda. Por otro lado saluda e invita al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien imbuido de fanatismo evangélico, racista, machista y militarista ataca a las organizaciones sociales y deja que el pueblo brasileño muera masivamente víctima de uno de los peores manejos sanitarios a nivel mundial de la pandemia del COVID 19. Por eso, y por otras enseñanzas de la historia, debemos recordar que el neoliberalismo viene siempre con violencia, destrucción, pobreza y muerte para el pueblo.

3. En el levantamiento de octubre de 2019 vimos con claridad como todas las derechas se juntaron en un solo bloque de poder para hacer frente a la protesta indígena y popular contra las políticas neoliberales. Ese bloque de derecha en el poder reprimió con inusitada violencia la protesta social, dejando varios muertos, más de mil heridos, mil detenidos y varios dirigentes y luchadores enjuiciados. La derecha se mostró sin escrúpulos para detener a un pueblo levantado. Ahí estuvieron Nebot, el PSC, las Cámaras de Comercio, los grandes medios de comunicación, CREO y Guillermo Lasso presionando al presidente Moreno para que aplique “mano dura”, enviando a  todas las fuerzas represivas del Estado, con Oswaldo Jarrín y María Paula Romo a la cabeza, en contra del pueblo.

4. El triunfo de Guillermo Lasso abre un gran espacio para la rearticulación de las derechas y los sectores más reaccionarios del país. Esto debe obligarnos a todas las organizaciones sociales a priorizar dos cosas urgentes: a privilegiar la unidad por sobre todas las diferencias; y, a una renovación y ampliación de las propuestas anticapitalistas. La plurinacionalidad, el feminismo, el ecologismo, las juventudes deben ser perspectivas que deben dar cuenta de las nuevas realidades y condiciones estructurales y de la coyuntura. Teniendo en cuenta esta necesidad, actuar privilegiando las diferencias y rivalidades organizativas internas no solo nos llevan a confusiones, dispersión política, sino que pone en riesgo a nuestras propias organizaciones. Lo que está en juego en este momento para el Movimiento Indígena y Pachakutik es cómo dar cuerpo y viabilidad al mandato expresado por las y los ecuatorianos en el levantamiento de octubre y en el proceso electoral. Nuestro enemigo principal en este momento no es otro que el neoliberalismo y su nuevo gobierno, y contra él hay que posicionarse con firmeza y claridad.

5. El Movimiento Pachakutik surgió en medio de la lucha contra las políticas neoliberales de los gobiernos de los años 90s. Nació como un espacio amplio de articulación de varios sectores sociales y la izquierda ecuatoriana: Movimiento Indígena, organizaciones poblacionales urbanas, Coordinadora de Movimientos Sociales -CMS-, sindicatos, y otros sectores populares, que luchábamos contra las privatizaciones, los recortes de la inversión pública en educación, salud, infraestructura, etc. En este sentido, Pachakutik se posicionó como una opción política para las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, sectores populares, clases medias bajas, pueblo afro, mujeres, jóvenes, jubilados, etc. La historia nos ha enseñado que nuestras luchas como Pueblos y Nacionalidades deben apuntar en la dirección del bien común de las grandes mayorías, no solamente por nuestros legítimos derechos; ¡Nada sólo para los indígenas! era la consigna. Si bien el Movimiento Indígena es la fuerza principal de Pachakutik, su capacidad como espacio de convergencia nacional de los sectores sociales y populares debe ser potenciada, ampliada y renovada, sobre todo a partir del inmenso apoyo electoral recibido el 7 de febrero y el 11 de abril. Ahí hay un mandato dado por cerca de dos millones de ecuatorianos y ecuatorianas y que debe ser construido urgentemente.

6. Cuando hemos dejado de lado las alianzas y convergencias, la retroalimentación y ampliación de nuestras propuestas, generalmente sucede que terminamos debilitados y aislados del resto de organizaciones del campo popular y de la sociedad, sin los cuales resulta mucho más difícil avanzar en la lucha. Por ello, la articulación con otros sectores sociales, de las organizaciones populares y de izquierda es absolutamente importante y necesaria, más en estos momentos en que las derechas se unifican en torno al gobierno de Lasso. Nosotros, como organizaciones de izquierda, no podemos seguir en disputas internas fratricidas, por más legítimas que éstas sean, pues lo único que provocaremos es el debilitamiento y la inacción política, abriendo las puertas a la posibilidad de una fuerte derrota estratégica. En este sentido, es totalmente necesario y urgente la conformación de un gran Frente Plurinacional, popular y anti neoliberal en donde confluyan todas las fuerzas anti neoliberales que tengan como objetivo el bien de toda la sociedad ecuatoriana. Este Frente debe articularse tanto al interior de la Asamblea Nacional así como en las calles.

7. Igualmente es urgente recoger las propuestas que construimos al calor de las acciones del levantamiento de octubre. La propuesta “Minga por la Vida” del Parlamento de los Pueblos debe ser una de las bases de la articulación, el debate y la acción político organizativa. Esta agenda urge ser socializada, debatida, ampliada y profundizada como base para definir prioridades legislativas en la Asamblea Nacional, así como para situar con claridad con quiénes podemos alcanzar acuerdos y alianzas en base a coincidencias programáticas en pos del bienestar de toda la sociedad ecuatoriana.

8. Finalmente recordar que, con la lucha de octubre y con los resultados del proceso electoral, a pesar de todas las dificultades, hemos logrado posicionarnos como una fuerza de izquierda legítima y viable contra el neoliberalismo y a favor de la construcción del Estado Plurinacional con justicia, derechos, equidad económica y democracia para todos los ecuatorianos. Fuerza y legitimidad que no se pueden olvidar, desechar ni manchar por agendas personales, grupales ni mucho menos por coqueteos con la derecha, eso equivale a traicionar los horizontes históricos de nuestras luchas que tanto sacrificio nos ha costado construir y sostener.

 

Por el Estado Plurinacional e Intercultural

 

Víctor Cochambay
Presidente (e) del Consejo de Gobierno
Pueblo Kitu Kara

Fernando Cabascango
Asambleísta Electo por Pichincha.

Justicia para Berta es justicia para el mundo

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Después de más de 5 años del asesinato de Berta Cáceres seguimos pidiendo #JusticiaParaBerta

Este lunes 26 de abril, se ha reiniciado el juicio contra de David Castillo, uno de los responsables

¡Estemos atentas!

El crimen contra Berta afecta tanto a las víctimas directas como a toda la sociedad en su conjunto.

Berta Cáceres, mujer, indigena y defensora del medioambiente, denunció activamente violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción perpetuados contra las personas más vulnerables en Honduras, por ello fue asesinada.

¡Es indispensable la búsqueda de la verdad y la justicia integral!

En la Causa Berta Cáceres es imprescindible, que el sistema judicial hondureño resuelva con independencia y avance en la implicación de los autores intelectuales, y que el Estado garantice que los procesos legales se desarrollen de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna.

David Castillo, es uno de los responsables del asesinato de Berta Cáceres. Empleado de la familia Atala Zablah, también involucrada en este crimen: Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala, propietarios y directivos de la empresa DESA. El 7 de abril del 2021 fue suspendido el juicio iniciado un día antes, ante nuevas maniobras dilatorias de su defensa.

“El asesinato de Berta Cáceres tuvo su origen cuando se otorgó la concesión ilegal del Río Gualcarque a la empresa DESA. Esta empresa fue empleada para cometer actos de corrupción y atacar al pueblo Lenca”.

“David Castillo es responsable del crimen de Berta Cáceres, se valió de su cargo y posición de poder como presidente de DESA realizando actos previos y posteriores a su muerte siendo pieza clave para entrelazar la estructura conformada por funcionarios y empleados de DESA y la operativa que ejecutó el asesinato”.

(Acusación Privada)

¿Por qué se suspendió el 7 de abril?

Este cortísimo juicio se había iniciado con total falta de transparencia, obstaculizando por parte de la defensa la justicia para las víctimas y para el pueblo hondureño.

Laura Zúniga, una de las hijas de Berta Cáceres, tuvo que presentar al tribunal una petición de respeto y garantía a sus derechos como víctima en el juicio contra David Castillo, ya que el martes 6 de abril, el tribunal le negó el ingreso en la audiencia. Audiencia que, por otro lado, se había iniciado sin participación presencial de observadores nacionales e internacionales.

Las investigaciones del Ministerio Público y de expertos independientes señalaron que el asesinato de Berta Cáceres tuvo su origen en las denuncias que hizo contra el Proyecto Agua Zarca, la empresa DESA, la familia Atala y los funcionarios públicos que aprobaron el proyecto.

Además, abogados de la familia de Berta Cáceres presentaron pruebas que demuestran el vínculo comercial y sicarial entre Castillo y la familia Atala, como la transacción de 1 millón 200 mil dólares por parte de Daniel Atala a David Castillo el 29 de febrero del 2016, dos días antes del asesinato de Berta Cáceres.

La impunidad del poder financiero y la corrupción del Estado hondureño, continúan violando derechos ante la persistencia de sus proyectos extractivistas. Por ello y ante la magnitud de esta causa, todas las responsabilidades deben ser determinadas para una justicia integral y garantía de no repetición de más crímenes por defender el medioambiente y el territorio.

Desde Entrepueblos seguiremos acompañado esta lucha por la verdad y la justicia, denunciando las iregularidades de este proceso.

Nos sumamos al comunicado de la Red Europea de Solidaridad con Honduras

Comunicado público en solidaridad con la familia de Berta Cáceres y COPINH

6 de abril de 2021

La Red Europea de Solidaridad con Honduras (RESH), venimos caminando junto a Berta Cáceres por su legado de lucha integral, búsqueda de justicia y solidaridad que nos convoca para continuar con su cosecha de despertares y para exigir que se haga justicia por su asesinato.

Berta Cáceres, lideresa indígena del pueblo lenca en Honduras, defendió la madre tierra, los guancascos comunitarios para garantizar la vida y los derechos humanos, oponiéndose a las opresiones con las que operan empresarias y empresarios para imponer sus proyectos de muerte y de las autoridades que se supone están para resguardarlas ante las violencias.

Berta Cáceres fue asesinada por su lucha de justicia, solidaridad y por ser una mujer indígena lenca que no se doblegó ante estas opresiones patriarcales y capitalistas. Pasando a ser un feminicidio político y crimen de lesa humanidad.

Hoy, martes 6 de abril, más de 5 años después de su asesinato, se da inicio a la audiencia oral y pública contra el señor Roberto David Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la empresa Desarollos Energéticos S.A. (DESA) y como tal subordinado a miembros de la familia Atala Zablah.

Desde las organizaciones que conformamos la RESH manifestamos lo siguiente:

Hay pruebas contundentes que señalan que Castillo es coautor del asesinato de Berta Cáceres por su acción en defensa de la vida y los ríos del pueblo Lenca, en concreto por su lucha en contra del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” en el río Gualcarque. Sería de gran importancia que se juzgue a Castillo con imparcialidad y siguiendo las reglas del debido proceso sin recaer en irregularidades.

Con la sentencia de un coautor no se acabará la búsqueda de justicia en la Causa Berta Cáceres. Debe continuar hasta llegar a los autores intelectuales y complices del crimen.

Los jueces que fallaron sobre el juicio de los siete hombres condenados como autores materiales e intermedios por el asesinato de Berta Cáceres notaron en su veredicto oral que los ejecutivos de la empresa DESA conocían y consentieron el plan para asesinar a Berta Cáceres.

El Informe del Grupo Asesor Internacional de personas expertas (GAIPE) ya en el año 2017 constató que „se debe investigar, juzgar y sancionar tanto a los autores vinculados a la empresa DESA como a los organismos de seguridad del Estado que formaron y fortalecieron las estructuras criminales que han actuado en contra de las comunidades lencas de Río Blanco e integrantes del COPINH con el fin de desmantelar dichas estructuras y prevenir futuros actos de intimidación y violencia.“

Estaremos atentas y atentos a la actuación del Tribunal de Sentencia que anuncie justicia en la causa Berta Cáceres cómo feminicidio político y crimen de lesa humanidad. Así demostrando que es posible construir justicia en Honduras y que uno de los poderes del estado está cumpliendo con su labor dando esperanza a un pueblo que está siendo flagelado con un contexto político manchado de corrupción, de impunidad y de falta de garantías sociales para una vida digna, contexto que ha traspasado fronteras y está siendo visibilizando a nivel internacional.

Así se estará ratificando un camino de justicia en el caso de Berta Cáceres y velando por los derechos de sus familiares y del COPINH y marcando precedentes que ante la vulneración de derechos humanos habrá menos impunidad. Nadie está encima de la ley, tampoco miembros de familias pudientes de la oligarquía y que ante cualquier violencia a las defensoras y los defensores estos serán juzgados.

Los gobiernos europeos y su cooperación con el régimen narco-dictatorial tienen muchas responsabilidades sobre lo que pasa en Honduras: a partir del apoyo que se ha brindado y se brinda a los régimenes posgolpes, a los impactos de empresas transnacionales y bancos europeos, a los cuales han abierto la puerta, gracias a las políticas neoliberales de países europeos. Por lo que también nombramos a la ciudadanía internacional a que se plantee estar vigilantes de sus impuestos y de la creación de instancias honestas, para que haya auditorías a los fondos destinados a proyectos que llevan la muerte a las comunidades.

Reiteramos nuestro apoyo incondicional a la familia de Berta y al COPINH, la Solidaridad Internacional no detendrá su lucha hasta obtener la justicia, o sea hasta que se tornen efectivos los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Estaremos pendientes de la audiencia contra Castillo y por eso se espera que el Poder Judicial transmita el mismo en vivo y con calidad técnica a través de sus medios. Nos unimos a las demás voces internacionales con acciones solidarias exigiendo justicia integral que incluya juzgar a la totalidad de los autores intelectuales y para que se revoque la concesión otorgada de manera fraudulenta sobre el río Gualcarque.

¡JUSTICIA PARA BERTA ES JUSTICIA PARA EL MUNDO!

 

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