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Isidora Chaupe Acuña, entre lágrimas denunció una nueva agresión física de trabajadores de Minera Yanacocha contra su madre, Máxima Acuña, la campesina cajamarquina que le ganó un litigio de tierra a esta poderosa empresa minera al querer desalojarla de su terreno.

Los hechos ocurrieron el domingo 18, a las 9.30 de la mañana en su predio de Tragadero Grande, junto a la Laguna azul, cuando gente de Minera Yanacocha, entró en el terreno de la familia Chaupe sin ninguna autorización, y como en otras oportunidades, empezaron a alterar su terreno con diversas herramientas. Cuando Máxima Acuña y su esposo Jaime que en esos momentos se encontraban presentes, se acercaron a reclamar por la invasión y pidieron que se detenga esta irrupción ilegal y prepotente de los trabajadores mineros en su terreno, el personal de seguridad de la minera impidió que la familia avanzara para dialogar.

Fue en este momento que atacaron violentamente a Máxima y a Jaime, recibiendo Máxima Acuña fuertes golpes en su cuerpo y en su cabeza, dejándola gravemente herida.

 

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El pasado viernes se inició la primera audiencia pública contra militares acusados de violaciones sexuales en Manta y Vilca durante el conflicto armado interno. Se ha iniciado el juicio con mucha expectativa después de 30 años

Aunque la sesión ha sido suspendida hasta el próximo viernes, Demus, la Coordinadora de Derechos Humanos, el Frente Amplio y un montón de personas y organizaciones amigas y aliadas hemos estado presentes acompañando a las víctimas y sus familiares.

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, venimos acompañando estos casos desde hace 10 años, tanto a nivel jurídico y psicológico, como a través de campañas de comunicación: "Un estado no viola". 

 
 

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Este 15 de Junio de 2016, nos sumamos la acción global “Justicia para Berta Cáceres” para respaldar las exigencias de las organizaciones populares hondureñas.

Todas las carencias y vacíos que se presentan en las diligencias de la investigación del asesinato de Berta Cáceres, Nelson García, así como de las decenas de asesinatos de activistas en Honduras, no dejan duda de que se necesita de manera inmediata la creación de una Comisión Internacional Independiente de Investigación interdisciplinaria que garantice un proceso transparente que agote la autoría material e intelectual de los hechos, evitando que este quede en la impunidad.

Demandamos que a partir de todos los indicios presentados de la participación de la empresa DESA en el crimen, ésta se retire de manera inmediata del Río Gualcarque y asuma sus responsabilidades, al igual que lo deben hacer todas las entidades financiadoras involucradas.

 

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En todos los continentes las mujeres están destacando por su implicación y activismo en primera línea en defensa de sus comunidades, sus territorios y los bienes naturales frente a los negocios extractivos. Estos negocios están a menudo acompañados de corrupción, coacciones, estrategias violentas e incluso acciones criminales, como las que hoy tenemos que volver a denunciar. Hace una semana escasa Global Witness publicaba su informe anual donde se señala la creciente ola de atentados, violación de derechos y asesinatos de activistas ambientales. Precisamente Honduras y Filipinas tinen un triste protagonismo en esta lista por la cantidad de acciones criminales y por la impunidad de que gozan, ante la falta de una justicia activa en su persecución.

En una semana Gloria Capitan, en Filipinas y Lesbia Yaneth, en Honduras, han sido asesinadas por esas estrategias del lucro criminal, que no dudan en recurrir al asesinato. Las mujeres activistas son atacadas por lo que son, su identidad de género, y por lo que hacen, luchar por los derechos humanos para todos y todas, ya que sus luchas cuestionan supuestos fundamentales sobre los géneros y sus roles en la sociedad.

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Fuente: Observatorio Ciudadano (Chile) e IWGIA (Dinamarca)

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte apoya la Declaración sobre la crisis que afecta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es solo financiera, sino que responde a una estrategia política impulsada por los estados miembros de la OEA destinada a poner término al sistema de protección de DD.HH. en la región.

La grave crisis que vive el organismo, llega al punto que deberá suspender todas las visitas a países programadas para el presente año y las audiencias programadas para los meses de julio y octubre. Además, deberá despedir el 40% de su personal.  Esta crisis se genera debido a que los Países miembros de la Organización de Estados Americanos han disminuido sustancialmente las contribuciones voluntarias destinadas a esta entidad o han dejado de contribuir, por razones fundamentalmente de orden político.

 

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        Coop57 Revista Ecologia Política  Campaña NO al TTIP (Tratado de comercio e inversiones UE - EEUU)
 

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