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FIRMA LA PETICIÓN > Exigimos un juicio justo para Berta Cáceres y el COPINH

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Fuente: https://copinh.org/

El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca.

Los abajo firmantes hemos dado seguimiento del caso del asesinato de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en tentativa de homicidio desde el día 2 de marzo de 2016. Nunca habían estado los reflectores de todo el mundo atentos a un acontecimiento como éste. Honduras ha estado en la lupa de la comunidad internacional y ha observado la cantidad impresionante de violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso así como violaciones a sus mismas regulaciones procesales.

Ha sido evidente cómo la conducción de la fiscalía integrada por los fiscales Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, bajo la dirección del Fiscal General, Oscar Chinchilla, ha significado, de mala fe e incluso dolo, la obstaculización del proceso judicial, al evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como evitar a toda costa el análisis de pruebas de los allanamientos que implican a la empresa DESA y la familia Atala.

Una y otra vez el Ministerio Público se ha negado a presentar la información y los peritajes fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad, ha sido la regla de su actuación y esto merece una corrección ejemplar.

El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.

Por otro lado, los jueces del Tribunal de Sentencia responsables de la resolución de este primer proceso judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana y Delia Lizeth Villatoro, han negado que el COPINH sea reconocido como víctima cuando es obvio que el actor fundamental como defensor de los Derechos Humanos es el colectivo indígena; además no han admitido la propuesta de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen y se niega a la transmisión en vivo de las audiencias y del juicio. Nos preguntamos, ¿quiénes son los beneficiados de que no se conozca y evidencie en el juicio el contexto del crimen de Berta?

Nos preocupa además, el trato discriminatorio y racista por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia contra los miembros del COPINH que claman justicia y que ejercen su derecho a la verdad al presentarse a observar las audiencias y ser maltratados por su proveniencia. La observancia de las garantías para que el pueblo Lenca representado por el COPINH participe del juicio debe ser una prioridad entendiendo la trascendencia de este proceso.

El gobierno hondureño se negó a la creación de una Comisión Independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia, y ahora se ven las consecuencias de ello.

El Estado hondureño tiene el deber y la oportunidad de mostrar al mundo a través de este proceso judicial que es posible luchar contra la impunidad. Que en Honduras existe el Estado de Derecho y un Poder Judicial autónomo sin intereses más que la procuración de justicia, verdad y la garantía por los Derechos Humanos, por eso llamamos a que en este juicio se permita esclarecer, no solamente los hechos del 2 de marzo, sino todos los antecedentes y el contexto en el que se produce este crimen contra Berta Cáceres, la coordinadora general del COPINH y lideresa del pueblo indígena Lenca. Esperamos que cumplan con ese deber y abonen a saldar la deuda con las víctimas de este condenable crimen.

Atentamente,

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El juicio por el asesinato de Berta Cáceres se suspende tras exigencia del COPINH de cambiar de tribunal

Fuente: Nota informativa de Otros Mundos A.C.

Hoy, 17 de septiembre 2018, estaba por iniciar el juicio oral de las ocho personas imputadas por el asesinato de Berta Cáceres, quien coordinaba el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hasta que le fuera arrebatada la vida el 2 de marzo 2016. Se suspendió tras la decisión del COPINH y la familia de Berta de interponer ante el Ministerio Público de Honduras una acción de recusación en contra del Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia.

El juicio se iba a llevar a cabo hasta el 19 de octubre en la primera sala de juicios orales de este tribunal, pero el COPINH exigió un cambio de tribunal y el proceso solo podrá reiniciar hasta que el Ministerio Público resuelva el recurso. El COPINH tomó esta desición en respuesta a las múltiples irregularidades cometidas por dicha instancia de justicia durante todo el proceso previo al juicio y su falta de voluntad de juzgar a los autores intelectuales del crimen.

"Significa que rechazamos su accionar y su actitud para conocer de este caso y solicitamos que sea reemplazado por un tribunal que garantiza las condiciones para encontrar justicia en este proceso", anunció esta mañana la organización en una conferencia de prensa en frente de las Salas de Juicios Orales (ver foto). "Exigimos que se haga justicia, pero no justicia a toda costa y no de cualquier manera", insistió el COPINH, que percibe en el proceso de búsqueda de justicia para Berta Cáceres "la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reivindicación de la justicia con la verdad" y "de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de Derecho". (ver el video de la conferencia de prensa aquí)

DESA Culpable

Como bien lo dice el COPINH, la causa de Berta, asesinada por defender al pueblo lenca y al río Gualcarque ante la construcción de la represa hidroeléctrica "Agua Zarca", no es solo la de sus familiares y de la organización, sino la de las más de 200 personas asesinadas cada año en el mundo por defender sus territorios ante el avance del modelo extractivo y de organizaciones que trabajan por los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de las mujeres a nivel internacional. Es un ejemplo claro de la impunidad con la cual empresas criminalizan y asesinan a los y las que se oponen a su visión del "desarrollo" en complicidad con los gobiernos y las fuerzas armadas. Por ello, el COPINH lanzó en paralelo al seguimiento del juicio la campaña "DESA Culpable", destinada a visibilizar la responsabilidad en el crimen de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), dueña del proyecto "Agua Zarca".

A pesar de las evidencias que existen sobre la responsabilidad de DESA en el asesinato de Berta, las cuales han sido documentadas en el informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) "Represa de la violencia" publicado en noviembre 2017, el Tribunal de Sentencias ha obstaculizado el camino hacia la condena de los autores intelectuales del crimen. El pasado 4 de septiembre, durante la Audiencia de Proposición de Pruebas, rechazó la solucitud del COPINH de llamar a testificar en el juicio a los miembros de la familia Atala Zablah, dueños de DESA, bajo el argumento que sus testimonios no iban a tener que ver con los hechos ocurridos el 2 de marzo 2016. "La justicia hondureña sigue sin tener las agallas de sentar en tribunal a la poderosa voz de mando de la empresa", denunció el COPINH en un comunicado tras dicha decisión. El tribunal rechazó también la pericia de contexto social y político propuesta por el COPINH, la cual hubiera permitido evidenciar que el asesinato de Berta no fue fortuito sino que fue motivado por intereses políticos y económicos amenazados por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Además, se negó a considerar a los integrantes del COPINH como víctimas del crimen.

"Un tribunal que emite resoluciones pero no las hace cumplir, y así conduce a la indefensión, la impunidad y la falta de acceso a la justicia, es un tribunal que no goza, en perspectiva de las víctimas, de esa condición de imparcialidad e independencia que tiene que tener un tribunal", explicó el abogado del COPINH Victor Fernández durante la conferencia de prensa de esta mañana. Como muestra de la falta de respeto del Tribunal hacia el COPINH y los familiares de Berta, a las 11 horas de este 17 de septiembre aún no había empezado el juicio previsto a las 9 horas, mientras había iniciado la audiencia de proposición de pruebas de otro proceso judicial, denunció el COPINH en Twitter.

Solidaridad feminista y popular

El COPINH instaló el campamento "Justicia para Berta Cáceres" afuera del Tribunal y desde ayer empezaron las muestras de solidaridad, con una acción de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Esta denunció a través de un comunicado "la importancia de denunciar públicamente los mecanismos y maneras en que actúa el poder patriarcal y racista de Honduras en los entramados de su poder criminal para intentar someter a las comunidades a través del asesinato de sus líderes como Berta".

Esta mañana, a las comunidades que conforman el COPINH y están exigiendo justicia por su ex-coordinadora frente a la Corte Suprema, se sumaron compañeras afrodescendientes en el marco de Movilización de Mujeres indígenas y negras. Esta cuenta conla participación de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), la cual denunció en Twitter que "después de más de 30 meses del crimen se inicia juicio contra autores materiales de asesinato Berta Cáceres mientras el Estado aparentemente protege autores intelectuales, lo que ha desatado una campaña de revictimización".

Poco a poco, se conformó un importante plantón afuera del Tribunal, pero a las 12h30, la empresa DESA envió un grupo de choque a confrontarse con integrantes del COPINH y OFRANEH. "Responsabilizamos a la empresa DESA y sus directivos de cualquier agresión en contra de nuestros compañeros y compañeras", alertó el COPINH en sus redes sociales. (ver los videos de la denuncia aquí y aquí)

Una carrera contra el tiempo

Ahora que el juicio fue suspendido, el Ministerio Público tiene muy poco tiempo para resolver el recurso e iniciar un nuevo proceso en otro tribunal, ya que el 5 de noviembre se vence la detención preventiva de 4 de los 8 acusados que iban a ser juzgados a partir de hoy. Los 8 acusados son: Sergio Ramón Rodríguez (exgenrente ambiental de DESA); Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército); Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar); Elvin Heriberto Rápalo; Henry Javier Hernández; los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza; y Óscar Arnaldo Tareas.

Fuente: http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/151-defensores-y-defensoras-bajo-ataque/justicia-para-berta/2994-el-juicio-por-el-asesinato-de-berta-caceres-se-suspende-tras-exigencia-del-copinh-de-cambiar-de-tribunal

 

Familia de Berta Cáceres y COPINH interpone recusación a tribunal de sentencia del caso.

Fuente: https://copinh.org/

El día de hoy nos presentamos la familia de Berta Cáceres, los miembros y miembras de su organización, el COPINH, junto al equipo legal del MADJ a plantear nuestra postura frente al inicio del primer del juicio oral y público por el vil asesinato del 2 de marzo de 2016.

Desde los aciagos días de marzo de 2016, en los que supimos que manos criminales nos arrebataron la vida de nuestra querida Berta, hemos denunciado que esta muerte no ha sido un hecho fortuito sino el resultado de una amplia serie de crímenes contra su persona y el COPINH por su labor de resistencia en contra de la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

A lo largo de estos 2 años y medio de lucha nos hemos enfrentado a la tarea de buscar la justicia en medio de las circunstancias más adversas y aún así hemos podido develar la existencia de una estructura criminal detrás de esta muerte.

Una estructura que persiste en la actualidad y que se muestra activa en los ataques contra el COPINH con la incorporación del bufete Amsterdam & Partners mediante su campaña de difamación y estigmatización contra el COPINH y la causa de Berta Cáceres.

Nosotros y nosotras queremos y hemos exigido que se haga justicia, pero no justicia a toda costa, ni de cualquier manera. Hemos facilitado y hecho más de lo que deberíamos pero el Estado ha fallado en brindar las garantías de un debido proceso.

En estos hechos, el tribunal de sentencia que conoce el caso ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constitutiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad.

Por lo tanto, en este momento, a través de nuestros representantes legales del MADJ hemos interpuesto una acción de recusación contra el tribunal de sentencia de la sala primera, lo que significa que rechazamos su accionar y su aptitud para conocer de este caso y solicitamos que sean reemplazados por un tribunal que garantice las condiciones para encontrar justicia en este proceso.

Asumimos la tarea de búsqueda de justicia no solamente con el ánimo de encontrar justicia para el caso del vil crimen contra Berta Cáceres, sino entendiéndolo como la oportunidad de brindar al pueblo hondureño la reivindicación de la justicia con la verdad. Como la oportunidad de enfrentar y desmontar las estructuras que continúan actuando en contra de las comunidades hondureñas y el Estado de Derecho.

Exigimos justicia, pero no a toda costa ni de cualquier manera.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 17 días del mes de septiembre de 2018

VIDEO de la CONFERENCIA de PRENSA

Fuente https://copinh.org/2018/09/nota-de-prensa-del-copinh-17-de-septiembre-2018-espanol-english/

 

Comunicado de la Misión internacional de observación

Madrid/París/ Ottawa/ Ciudad de Quebec/ Washington/ Los Ángeles/ Ciudad de Guatemala/ San José/ Tegucigalpa/El Progreso, 13 de septiembre de 2018.- Quince organizaciones internacionales y nacionales; personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres. Esto, para garantizar que el primer juicio contra ocho imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca,  y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro, se desarrollen  de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna. Este primer juicio tendrá lugar del 17 de septiembre al 19 de octubre de 2018 en el Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa.

“La adecuada administración de la justicia es un componente esencial del Estado de derecho, y un sistema legal que funcione y demuestre su capacidad para actuar con independencia e imparcialidad es fundamental para una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos,” señalaron las organizaciones que conforman este grupo. Estas valoraciones se hicieron llegar al  Presidente de la Corte Suprema de Honduras, anunciando la conformación de dicha misión.

Berta Cáceres Flores, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 2 de marzo de 2016, en su casa en La Esperanza, en el departamento de Intibucá.    
               
Además del territorio, ella defendía los derechos culturales de los pueblos indígenas, y el campesinado, así como los derechos de las mujeres. Fue una destacada lideresa social, que en 2015 recibió el Premio Goldman, máximo galardón para quienes buscan preservar el medio ambiente.

A raíz de su lucha y su labor de defensa, Berta Cáceres fue víctima de numerosas amenazas y campañas de estigmatización y criminalización, lo que llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares desde el año 2009.

"En numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado una situación de impunidad estructural en Honduras, por lo tanto nuestra misión de observación es un esfuerzo oportuno para monitorear si el proceso judicial cumpla con los estándares internacionales", agregaron las organizaciones que conforman la Misión.

Durante la misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales; fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados defensores y de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio.

En este sentido, las organizaciones que formamos la Misión de Observación hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que permitan un correcto desarrollo del proceso, apegado a derecho y en consonancia con las responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos que ha asumido Honduras. Esto es particularmente relevante en un contexto en el que la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras está en el foco de atención de la comunidad internacional.

Canadá: Abogados Sin Fronteras Canadá
Canadá: Amanda Ghahremani, Centro Canadiense Para la Justicia Internacional
Colombia: Reynaldo Villalba, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Regional: Francisca Stuardo, CEJIL
España/Francia/: Mikel Cordoba, Observatoire International des Avocats
Estados Unidos: Annie Bird, Guatemala Human Rights Commission - USA
Estados Unidos: Katharine Valencia, Due Process of Law Foundation
Estados Unidos: Joseph Berra, El Instituto de Promesa, Universidad de California Los Angeles
Estados Unidos: Lauren Carasik, National Lawyers Guild
Francia: Natalia Yaya, Federación Internacional de los Derechos Humanos
Guatemala: Francisco Soto, Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos
Guatemala: Denis Martinez, Impunity Watch
Guatemala: Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunidad
Honduras: Dunia Pérez, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
Honduras: Wilfredo Méndez, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos

Afirmando el fundamento en el derecho a un juicio justo consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y constatando la Resolución 60/147 de la ONU sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos  a un recurso y reparaciones; invocamos, el Artículo 9 (3) (b) de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU que reconoce el derecho de los observadores de los juicios: "[a] asistir a audiencias públicas, procedimientos y juicios para formarse una opinión sobre su cumplimiento con la legislación nacional y las obligaciones y compromisos internacionales aplicables".

 

Organizaciones internacionales denunciamos negligencia estatal en el caso de Berta Cáceres

Tegucigalpa, 27 de agosto de 2018.- Organizaciones internacionales expresamos preocupación ante la persistente negligencia de las autoridades hondureñas en el proceso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores y la tentativa de asesinato del defensor Gustavo Castro. En este sentido, resulta censurable que, a dos semanas de iniciarse el juicio oral y público respecto de algunos partícipes, la Fiscalía no ha analizado prueba fundamental para la investigación y además continúa violentando el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia.

Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles, computadoras e incluso armasy casquillos de bala. Sin embargo, 2 años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo haya dañado la prueba.

Esta situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres.

Hasta el día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentenciacon Competencia Nacional Territorial en Materia Penal le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de consecuencia legal.

Por su parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.

Esta serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática, violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y condicionan su búsqueda de verdad y justicia.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(...) asegurar que los familiares (...) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana”.

Adicionalmente, según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las víctimas”.

En este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los responsables, en particular a los autores intelectuales.

Finalmente, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.  

Organizaciones firmantes:

8th Day Center for Justice, 67 Sueños – Estados Unidos, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador, Amnistía Internacional, Asociación Nicaragua en Duesseldorf – ALEMANIA, Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania, Carea e.V – Alemania, Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala, Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Chinese Progressive Association – Estados Unidos, Climate Justice Alliance – Estados Unidos, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El Salvador, Collettivo Italia Centro América – Italia, Comité Campesino del Altiplano – Guatemala, Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala, Comité de Unidad Campesina (CUC)  –  Guatemala, Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) –  Canadá, Common Frontiers  – Canadá, Corporate Accountability Lab – Estados Unidos, Diakonia, Earthworks – Estados Unidos, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, Foro Honduras Suiza, Francia América Latina – Francia, Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso, Grassroots Global Justice Alliance, Grassroots International, Green Peace, Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos, HEKS/EPER, Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala, Human Rights Defenders Project – Estados Unidos, Indigenous Environmental Network, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras), Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación –  Austria, International Service for Human Rights (ISHR), JASS Mesoamérica, Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Migrant Justice, “La Otra” Cooperativa –  Guatemala, MISEREOR –  Alemania, Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) –  Estados Unidos, Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia –  Alemania, OXFAM, Peace Watch Switzerland, Plataforma Urbana – Guatemala, Protection International, Red Comunitaria Guatemalteca –  Canadá, Right to the City Alliance – Estados Unidos, Rights Action, Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala, Share Foundation – Estados Unidos, Southern Maine Workers Center – Estados Unidos, Todos por Guatemala –  Canadá, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala, United Electrical Workers of America – Estados Unidos, United for Mining Justice –  Canadá, UPROSE – Estados Unidos, Women’s Organizing Network – Estados Unidos.

 

COPINH: Comunicado de Prensa 22/08/2018

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a la familia de la compañera Berta Cáceres, nos hacemos presentes de nuevo ante la opinión pública para denunciar una vez más el pacto de impunidad que se cierne sobre la causa Berta Cáceres debido a las actuaciones del Ministerio Público de Honduras.

Como ya es sabido, hemos denunciado la falta de negación de acceso a la información por parte de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, dirigida actualmente por el abogado Roberto Blend y en su momento dirigida por el abogado Roger Matus. Sin embargo, en esta oportunidad debemos denunciar la completa negligencia que podemos interpretar como un accionar dirigido a negar la justicia en este caso y el ocultamiento de la verdad por parte del Estado hondureño.

Después de que muy tardíamente, después de 4 órdenes judiciales y mandato expreso del Tribunal de Sentencia con fecha 27 de julio de este año, las fiscales nos responden a las interrogantes que hemos venido haciendo desde abril de 2017, con que no nos pueden brindar la información que hemos peticionado puesto que esta se encuentra en aparatos electrónicos y demás evidencia que el Ministerio Público NO ha procesado ni analizado.

¿Cómo es posible que una semana antes de la audiencia judicial en la que se supone que se expongan las pruebas para que se juzguen a 8 personas por el asesinato de nuestra compañera y madre Berta Cáceres, que el Ministerio Público nos venga a decir que ellos simplemente no realizaron el análisis de la información que puede darnos detalles de lo sucedido con la persecución y asesinato de Berta Cáceres?Esto es inadmisible en cuanto a que la información que las fiscales no han procesado responde coincidentemente a los aparatos recolectados en los allanamientos a el Mayor del Ejército de Honduras Mariano Díaz Chávez, el  empleado de la empresa DESA Douglas Bustillo, así como lo realizado en las mismas oficinas de la empresa DESA. Elementos de prueba, contenida en teléfonos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular, discos duros extraíbles y computadoras

Estas actuaciones corroboran las denuncias del COPINH sobre la falta de confianza de parte de las víctimas de las investigaciones del mismo Estado que propició la muerte de Berta Cáceres.

Debemos resaltar que las autoridades de Honduras y de la embajada de Estados Unidos en Honduras tienen responsabilidad en las irregularidades en este proceso judicial debido a su apoyo irrestricto al Ministerio Público y la negación de una investigación internacional y deben asumir sus responsabilidades en esta situación y satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.

Ante lo anterior, exigimos:

  1. Que se garantice el análisis y extracción de toda la información contenida en los aparatos electrónicos producto de las diligencias del MP que permitan develar la verdad y se garanticen todas las condiciones del acceso a la información.
  2. Que las autoridades responsables del Ministerio Público, encabezadas por el Fiscal General Óscar Chinchilla se responsabilicen por la falta de debida diligencia y el acceso a la información y el debido proceso en general.
  3. Que la comunidad internacional en un caso emblemático como este, se pronuncie y exhorte a que se den las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso judicial.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 22 días del mes de agosto de 2018.

 

SIGNA LA PETICIÓ > Exigim un judici just per a Berta Cáceres i el COPINH

L'Estat hondureny té el deure i l'oportunitat de mostrar al món a través d'aquest procés judicial que és possible lluitar contra la impunitat. Fem una crida a que en aquest judici es permeti aclarir, no solament els fets del 2 de març, sinó tots els antecedents i el context en què es produeix aquest crim contra Berta Càceres, la coordinadora general del COPINH i lideresa del poble indígena Lenca.

Els sotasignats hem donat seguiment del cas de l'assassinat de Berta Càceres i de Gustavo Castro en temptativa d'homicidi des del dia 2 de març de 2016. Mai havien estat els reflectors de tot el món atents a un esdeveniment com aquest. Hondures ha estat a la lupa de la comunitat internacional, que ha observat la quantitat impressionant de violacions als drets de les víctimes durant el procés així com violacions als seus mateixes regulacions processals.

Ha estat evident com la conducció de la fiscalia integrada pels fiscals Ingrid Figueroa, Melissa Aguilar, Javier Núñez, David Salgado, Roger Matus, Roberto Blen, sota la direcció del fiscal general, Oscar Chinchilla, ha significat, de mala fe i fins i tot dol , l'obstaculització del procés judicial, en evitar la realització de peritatges, entorpir el degut procés, amagar informació, operar amb negligència en les investigacions, impossibilitar l'anàlisi de proves i peritatges, així com evitar com sigui l'anàlisi de proves dels violacions de domicili que impliquen a l'empresa DESA i la família Atala.

Una i altra vegada el Ministeri Públic s'ha negat a presentar la informació i els peritatges fonamentals per al procés de recerca de la veritat, ha estat la regla de la seva actuació i això mereix una correcció exemplar.

El govern hondureny es va negar a la creació d'una Comissió Independent que garantís una adequada investigació per la procuració de justícia, i ara es veuen les conseqüències d'això.

D'altra banda, els jutges del Tribunal de Sentència responsables de la resolució d'aquest primer procés judicial, Esther Carolina Flores, José Anaím Orellana i Delia Lizeth Villatoro, han negat el reconeixement del COPINH com a víctima quan és obvi que l'actor fonamental com a defensor dels Drets Humans és el col·lectiu indígena; a més no han admès la proposta de testimonis claus que donen fe de l'actuació d'empleats de DESA davant del crim i es nega a la transmissió en viu de les audiències i del judici. Ens preguntem, qui són els beneficiats que no es conegui i evidenciï en el judici el context del crim de la Berta?

Ens preocupa més, el tracte discriminatori i racista per part de les autoritats de la Cort Suprema de Justícia contra els membres del COPINH que clamen justícia i que exerceixen el seu dret a la veritat al presentar-se a observar les audiències i ser maltractats per la seva provinença. L'observança de les garanties perquè el poble Lenca representat pel COPINH participi del judici ha de ser una prioritat entenent la transcendència d'aquest procés.

El govern hondureny es va negar a la creació d'una Comissió Independent que garantís una adequada investigació per la procuració de justícia, i ara es veuen les conseqüències d'això.

L'Estat hondureny té el deure i l'oportunitat de mostrar al món a través d'aquest procés judicial que és possible lluitar contra la impunitat. Que a Hondures hi ha l'Estat de Dret i un poder judicial autònom sense interessos més que la procuració de justícia, veritat i la garantia pels Drets Humans, per això cridem a que en aquest judici es permeti aclarir, no solament els fets del 2 de març, sinó tots els antecedents i el context en què es produeix aquest crim contra la Berta Càceres, la coordinadora general del COPINH i lideresa del poble indígena Lenca. Esperem que compleixin amb aquest deure i abonin a saldar el deute amb les víctimes d'aquest condemnable crim.

Atentament,

CLICK AQUI PER SIGNAR

 

Comunicat de la Missió internacional d'observació

Madrid / París / Ottawa / Ciutat de Quebec / Washington / Los Angeles / Ciutat de Guatemala / Sant Josep / Tegucigalpa / El Progreso, 13 de setembre de 2018.- Quinze organitzacions internacionals i nacionals; persones expertes en drets humans, dret internacional i dret nacional han format una missió per observar el respecte del dret a un procés degut, la tutela judicial efectiva i el dret d'accés a la justícia de les víctimes per l'assassinat de la defensora de drets humans Berta Càceres. Això, per garantir que el primer judici contra vuit imputats per l'assassinat de la líder indígena Lenca, i l'intent d'assassinat de l'activista ambiental mexicà Gustavo Castro, es desenvolupin d'acord amb els millors estàndards internacionals i la normativa interna. Aquest primer judici tindrà lloc del 17 de setembre al 19 d'octubre de 2018 en el Tribunal de Sentència a Tegucigalpa.

"L'adequada administració de la justícia és un component essencial de l'Estat de dret, i un sistema legal que funcioni i demostri la seva capacitat per actuar amb independència i imparcialitat és fonamental per a una societat democràtica basada en el respecte dels drets humans" han assenyalat les organitzacions que conformen aquest grup. Aquestes valoracions es van fer arribar al President de la Cort Suprema d'Hondures, anunciant la conformació d'aquesta missió.

Berta Càceres Flors, coordinadora general del Consell Cívic d'Organitzacions Populars i Indígenes d'Hondures (COPINH), va ser assassinada el 2 de març de 2016, a casa seva a la Esperanza, en el departament d'Intibucá.
               
A més del territori, Berta defensava els drets culturals dels pobles indígenes, i la pagesia, així com els drets de les dones. Va ser una destacada lideresa social, que el 2015 va rebre el Premi Goldman, màxim guardó per defensors i defensores del medi ambient. Arran de la seva lluita i la seva tasca de defensa, Berta Càceres va ser víctima de nombroses amenaces i campanyes d'estigmatització i criminalització, que van portar al fet que la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) li atorgués mesures cautelars des de l'any 2009.

"En nombroses ocasions la Comissió Interamericana de Drets Humans ha identificat una situació d'impunitat estructural a Hondures, per tant la nostra missió d'observació és un esforç oportú per monitoritzar si el procés judicial compleix els estàndards internacionals", han afegit les organitzacions que conformen la missió.

Durant la missió d'observació, els membres de l'equip es reuniran amb funcionaris i funcionàries judicials; fiscals, missions diplomàtiques, organismes internacionals de drets humans, advocades i advocats defensors i de les víctimes, en un esforç per obtenir una àmplia perspectiva del judici.

En aquest sentit, les organitzacions que formem la Missió d'Observació fem una crida a les autoritats judicials perquè permetin un correcte desenvolupament del procés, ajustat a dret i d'acord amb les responsabilitats internacionals en matèria de drets humans que ha assumit Hondures. Això és particularment rellevant en un context en què la situació dels defensors i defensores de drets humans a Hondures està en el focus d'atenció de la comunitat internacional.

Canadà: Advocats Sense Fronteres Canadà
Canadà: Amanda Ghahremani, Centre Canadenc Per a la Justícia Internacional
Colòmbia: Reynaldo Villalba, Corporació Col·lectiu d'Advocats José Alvear Restrepo
Regional: Francisca Stuardo, CEJIL
Espanya/ França: Mikel Cordoba, Observatoire International des Avocats
Estats Units: Annie Bird, Guatemala Human Rights Commission - USA
Estats Units: Katharine València, Due Process of Law Foundation
Estats Units: Joseph Berra, L'Institut de Promesa, Universitat de Califòrnia Los Angeles
Estats Units: Lauren Carasik, National Advocats Guild
França: Natalia Yaya, Federació Internacional dels Drets Humans
Guatemala: Francisco Soto, Centre d'Acció Legal per als Drets Humans
Guatemala: Denis Martinez, Impunity Watch
Guatemala: Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunitat
Hondures: Dunia Pérez, Equip de Reflexió, Investigació i Comunicació
Hondures: Wilfredo Méndez, Centre d'Investigació i Promoció dels Drets Humans

Afirmant el fonament en el dret a un judici just consagrat en l'article 10 de la Declaració Universal de Drets Humans; i constatant la Resolució 60/147 de l'ONU sobre el dret de les víctimes de violacions greus de les normes internacionals de drets humans a un recurs i reparacions; invoquem, l'Article 9 (3) (b) de la Declaració dels Defensors dels Drets Humans de l'ONU que reconeix el dret dels observadors dels judicis: "[a] assistir a audiències públiques, procediments i judicis per formar-se una opinió sobre el seu compliment amb la legislació nacional i les obligacions i compromisos internacionals aplicables".

 

Organitzacions internacionals denunciem negligència estatal en el cas de la Berta Càceres

Tegucigalpa, 27 d'agost de 2018.- Organitzacions internacionals expressem preocupació davant la persistent negligència de les autoritats hondurenyes en el procés d'investigació per l'assassinat de la Berta Càceres Flors i la temptativa d'assassinat del defensor Gustavo Castro. En aquest sentit, resulta censurable que, a dues setmanes d'iniciar-se el judici oral i públic respecte d'alguns partícips, la Fiscalia no ha analitzat prova fonamental per a la investigació i a més continua violentant l'accés de les víctimes a la veritat i la justícia.

Des de maig de 2016, el Ministeri Públic té en el seu poder una sèrie d'articles que van ser decomissats a escorcolls realitzats als habitatges de les persones imputades i a les oficines de l'empresa DESA, com ara telèfons mòbils, memòries USB, càmeres fotogràfiques, pastilles electròniques, xips de cel·lular, discs durs extraïbles, ordinadors i fins i tot armes i casquets de bala. Tanmateix, 2 anys després, el Ministeri sosté que aquests aparells no han estat objecte de perícia, és a dir, no hi ha hagut una investigació diligent i hi ha un risc que el transcurs del temps hagi danyat la prova.

Aquesta situació ha estat informada pel Ministeri Públic recentment, tot i les nombroses gestions realitzades pel Consell Cívic d'Organitzacions Populars i Indígenes d'Hondures (COPINH) i familiars de Berta Càceres.

Fins al dia d'avui, el Ministeri Públic ha negat l'accés de les víctimes a la informació en, almenys, 35 ocasions, i, encara que el Tribunal de Sentència amb Competència Nacional Territorial en matèria penal li ha ordenat en múltiples oportunitats que lliuri la informació, aquest òrgan investigador ha incomplert obertament l'ordre sense cap tipus de conseqüència legal.

Per la seva banda, el Tribunal de Sentència no ha acceptat que es consideri el COPINH com a víctima del cas, limitant indegudament la participació d'aquest moviment en el procés penal per l'assassinat de la seva lideressa.

Aquesta sèrie d'irregularitats, que s'han practicat de manera sistemàtica, violenten el dret de les víctimes a participar en totes les etapes del procés, limiten de manera injustificada el seu accés a la informació i condicionen la seva recerca de veritat i justícia.

Davant d'aquesta situació, les organitzacions signants considerem inadmissible que el procés avanci sense l'anàlisi i el lliurament de tota la informació disponible. Com sosté la Cort Interamericana de Drets Humans, els Estats han de "(...) assegurar que els familiars (...) tinguin ple accés i capacitat d'actuar en totes les etapes i instàncies d'aquestes investigacions i processos, d'acord amb la llei interna i les normes de la Convenció Americana".

Addicionalment, segons l'Alt Tribunal, els Estats tenen "l'obligació de remoure tots els obstacles fàctics i jurídics que puguin dificultar l'aclariment judicial exhaustiu de les violacions a la Convenció Americana perpetrades en aquest cas, el judici dels responsables i la deguda reparació d' les víctimes ".

En aquest cas concret, l'actitud negligent del Ministeri Públic planteja seriosos dubtes sobre la seva voluntat real d'aclarir els fets i identificar a tots els responsables, en particular als autors intel·lectuals.

Finalment, les organitzacions signants fem una crida a les autoritats hondurenyes a rectificar immediatament les seves actuacions i recordem que l'assassinat de la Berta Càceres Flors exemplifica la violència i la impunitat a la qual s'enfronten defensors i defensores de drets humans en exercir la seva tasca en aquest país. L'Estat d'Hondures té l'obligació d'investigar aquests casos de manera ràpida, exhaustiva, independent i imparcial.

Organitzacions signants:

8th Day Center for Justice, 67 Sueños – Estados Unidos, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El Salvador, Amnistía Internacional, Asociación Nicaragua en Duesseldorf – ALEMANIA, Cadena de Derechos Humanos Honduras – Alemania, Carea e.V – Alemania, Centro de Formación, Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala, Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – Alemania, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Chinese Progressive Association – Estados Unidos, Climate Justice Alliance – Estados Unidos, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El Salvador, Collettivo Italia Centro América – Italia, Comité Campesino del Altiplano – Guatemala, Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) – Guatemala, Comité de Unidad Campesina (CUC)  –  Guatemala, Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) –  Canadá, Common Frontiers  – Canadá, Corporate Accountability Lab – Estados Unidos, Diakonia, Earthworks – Estados Unidos, Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Federación de Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP) – Guatemala, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe, Foro Honduras Suiza, Francia América Latina – Francia, Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso, Grassroots Global Justice Alliance, Grassroots International, Green Peace, Guatemala Human Rights Comission USA – Estados Unidos, HEKS/EPER, Hijas e hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala, Human Rights Defenders Project – Estados Unidos, Indigenous Environmental Network, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras), Instituto de Investigaciones Interculturales y de Cooperación –  Austria, International Service for Human Rights (ISHR), JASS Mesoamérica, Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace & Justice, La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Migrant Justice, “La Otra” Cooperativa –  Guatemala, MISEREOR –  Alemania, Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) –  Estados Unidos, Northern Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia –  Alemania, OXFAM, Peace Watch Switzerland, Plataforma Urbana – Guatemala, Protection International, Red Comunitaria Guatemalteca –  Canadá, Right to the City Alliance – Estados Unidos, Rights Action, Seguridad en Democracia SEDEM – Guatemala, Share Foundation – Estados Unidos, Southern Maine Workers Center – Estados Unidos, Todos por Guatemala –  Canadá, Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala, United Electrical Workers of America – Estados Unidos, United for Mining Justice –  Canadá, UPROSE – Estados Unidos, Women’s Organizing Network – Estados Unidos.

 

COPINH: Comunicat de Premsa 22/08/2018

El Consell Cívic d’Organitzacions Populars i Indígenes d’Hondures COPINH, l’equip legal del Moviment Ampli per la Dignitat i la Justícia, al costat de la família de la companya Berta Càceres, ens fem presents de nou davant l’opinió pública per denunciar una vegada més el pacte d’impunitat que plana sobre el cas Berta Càceres a causa de les actuacions del Ministeri Públic d’Hondures.

Com ja és sabut, hem denunciat la negació d’accés a la informació per part de la Fiscalia Especial de Delictes Contra la Vida, dirigida actualment per l’advocat Roberto Blend i en el seu moment dirigida per l’advocat Roger Matus. Tanmateix ara hem de denunciar la completa negligència que podem interpretar com un accionar dirigit a negar la justícia en aquest cas i l’ocultació de la veritat per part de l’Estat hondureny.

Molt tardanament, després de 4 ordres judicials i mandat exprés del Tribunal de Sentència amb data 27 de juliol d’aquest any, les fiscals ens responen a les preguntes que els veníem fent des d’abril de 2017, amb que no ens poden brindar la informació que hom demana, ja que aquesta es troba en aparells electrònics i altres evidències que el Ministeri Públic NO ha processat ni analitzat.

Com és possible que una setmana abans de l’audiència judicial en què se suposa que s’exposin les proves perquè es jutgin a 8 persones per l’assassinat de la nostra companya i mare Berta Càceres, que el Ministeri Públic ens vingui a dir que ells simplement realitzaran l’anàlisi de la informació que pot donar-nos detalls del que ha passat amb la persecució i assassinat de Berta Càceres? Això és inadmissible en el fet que la informació que les fiscals no han processat respon coincidentment als aparells recollits als escorcolls al major de l’Exèrcit d’Hondures Mariano Díaz Chávez, l’empleat de l’empresa DESA Douglas Bustillo, així com el realitzat en les mateixes oficines de l’empresa DESA. Elements de prova, continguda en telèfons mòbils, memòries USB, càmeres fotogràfiques, pastilles electròniques, xips de cel·lular, discs durs extraïbles i ordinadors.

Aquestes actuacions corroboren les denúncies del COPINH sobre la manca de confiança de part de les víctimes en les investigacions del mateix Estat que va propiciar la mort de Berta Càceres.

Hem de ressaltar que les autoritats d’Hondures i de l’ambaixada dels Estats Units a Hondures tenen responsabilitat en les irregularitats en aquest procés judicial a causa del seu suport sense restriccions al Ministeri Públic i la negació d’una investigació internacional i han d’assumir les seves responsabilitats en aquesta situació i satisfer les necessitats d’accés a la justícia.

Davant això, exigim:

– Que es garanteixi l’anàlisi i extracció de tota la informació continguda en els aparells electrònics producte de les diligències del MP, que permeti desvetllar la veritat i es garanteixin totes les condicions de l’accés a la informació.

– Que les autoritats responsables del Ministeri Públic, encapçalades pel fiscal general Óscar Chinchilla es responsabilitzin per la falta de deguda diligència i l’accés a la informació i el degut procés en general.

– Que la comunitat internacional en un cas emblemàtic com aquest, es pronunciï i exhorti que es donin les condicions necessàries per al desenvolupament del procés judicial.

Ciutat de Tegucigalpa als 22 dies del mes d’agost de 2018.

 

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